Llamamiento a la
convergencia y a la acción: ¡hay que hacer frente al abuso!
Las
mujeres y hombres que firmamos este llamamiento lo hacemos porque
creemos que es urgente despertar la conciencia de la opinión
pública, es urgente que la ciudadanía pase a la acción. Creemos
imprescindible actuar cuanto antes para frenar los abusos que se
están cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras, contra los
que ni siquiera han tenido la oportunidad de serlo como es el caso
de millones de mujeres, contra los pensionistas o contra los
pequeños y medianos empresarios que también padecen los abusos de la
banca y de las grandes empresas.
Firmamos
este llamamiento para denunciar las amenazas que se ciernen no solo
sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta
menos la opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los
financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio
ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las
pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más
lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población
(porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de
ella y disponen de menos recursos).
Y lo
hacemos para promover la convergencia de todos los ciudadanos y
ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas,
sindicales, sociales, no gubernamentales o culturales para poner en
marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a
la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales
y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil
Estado de Derecho en el que vivimos.
Las
fuerzas
políticas que defienden las políticas que se vienen aplicando, los
gobiernos que han decidido no enfrentarse a los poderes financieros
y numerosas instituciones nacionales e internacionales están
haciendo recaer el principal coste de la crisis sobre sus víctimas,
sobre la mayoría de la población, sobre las clases trabajadoras, los
pensionistas y trabajadores autónomos. Su única receta para salir de
la crisis es la reducción de sus ingresos, el recorte de sus
derechos sociales y laborales, el sacrificio del Estado del
Bienestar y el estrangulamiento de pequeños y medianos empresarios
que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas para
hacer frente a la crisis. Gracias a su enorme influencia política y
mediática extorsionan a los gobiernos elegidos y logran hacer creer
a la mayoría de la gente que su versión de la crisis y sus recetas
son las únicas posibles para conseguir salir de ella.
Los
gobiernos
de derechas, y también algunos de base social progresista como el
español, están capitulando frente a esos poderes que ahora llaman
"los mercados" pero que en realidad son los intereses endogámicos de
los propietarios de las grandes empresas y entidades financieras.
Han renunciado a ser expresión de la soberanía popular y
desmovilizan a la ciudadanía diciéndole que nada se puede hacer
frente a ellos.
También queremos denunciar con este llamamiento el engañando de la
ciudadanía porque lo cierto es que existen otras formas mucho más
realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas
más eficaces para salir de ella, políticas que no provocarían otra
más grande en poco tiempo y que no harían pagar sus consecuencias a
los que menos tienen. Expertos y expertas de todo el mundo y la
propia Asamblea General de las Naciones Unidas demuestran que esas
alternativas existen y que serían viables si los gobiernos
decidieran ponerlas en marcha.
Lo que está ocurriendo es una inmoralidad flagrante y contraria a
los principios más elementales de la democracia y de la justicia
social. Pero si se quiere evitar no se puede hacer frente a esta
situación con el silencio, con la desunión entre las personas que se
sienten comprometidas con la justicia social y con la dignidad de
todos los seres humanos. No es posible hacer frente a esta situación
sin un consenso amplio, coordinado y sin exclusiones entre quienes
se oponen a ella y sufren sus
consecuencias.
Por eso hacemos este llamamiento urgente a todas las personas,
organizaciones, movimientos y grupos comprometidos con la justicia,
la democracia y la transformación social, a todos aquellos y
aquellas víctimas de esta situación para que converjan en un espacio
unitario de lucha y de denuncia alrededor de un programa inicial de
mínimos. Este programa es un comienzo y podrá ser desarrollado en
los próximos
meses.
Proponemos el siguiente.
a) Inmediata elaboración y dotación
presupuestaria
de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha
contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el
desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género. En concreto,
inmediata puesta en marcha de normas ya aprobadas y no aplicadas y
otras de nueva creación para garantizar la plena integración de las
mujeres en el empleo de calidad y en la sociedad, así como la de los
hombres en el ámbito del espacio privado: permisos por nacimiento y
adopción iguales e intransferibles para ambos progenitores;
universalización del derecho a la educación infantil pública y
asequible desde los cero años; implantación general de la semana
laboral de 35 horas y racionalización de horarios, prestaciones
especiales para las familias monoparentales; eliminación de las
barreras para el acceso al crédito de las mujeres y supresión de
todos los incentivos para la permanencia de las mujeres en el hogar
o en la economía sumergida (declaración conjunta en el IRPF,
incentivos al tiempo parcial, excedencias no pagadas, prestación por
cuidadoras en el entorno familiar, pensión de viudedad vitalicia,
etc…).
b) Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar que
cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas,
se queden sin servicios básicos de luz o de agua o
sean
desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la
crisis. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la
banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los
daños y pérdidas ocasionados.
c) Puesta en marcha de un plan de financiación urgente y
extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de
pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos
suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y
vuelvan a crear empleo. Para ello es imprescindible la paralización
o derogación de todos los proyectos o medidas adoptadas para
entregar las cajas de ahorros al capital bancario privado;
nacionalizar aquellos bancos
y cajas de ahorros que no cumplan con la función de financiar la
actividad productiva así como la creación de una banca pública de
nuevo tipo sometida a principios éticos y de servicio público.
d) Anulación de las reformas emprendidas para
debilitar
el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre
el futuro del sistema que no ponga sobre la mesa los recortes en el
gasto sino estrategias para aumentar los ingresos del sistema de
la seguridad social mediante la creación de empleo y
especialmente del femenino, el incremento de la productividad y,
sobre todo, mediante la recuperación del peso que han perdido los
salarios en el renta nacional en los últimos quince años.
e) Puesta en marcha de
una reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes
fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las
grandes empresas, y sobre las transacciones financieras
especulativas.
f) Adopción de un plan urgente contra la economía
sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como
prohibición inmediata de la actividad de los bancos y
cajas
de ahorros españoles en paraísos fiscales.
g) Renegociación del pago de la deuda pública
generada
por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y
de la sociedad.
h) Impulso inmediato de los programas de gasto social
imprescindibles para lograr que se reactive la economía española
equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en
educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad.
Puesta en marcha de un plan de austeridad orientado a la reducción
de gastos superfluos en la administración que no son precisamente,
como afirman la derecha y los grandes grupos empresariales, los que
merman el autogobierno, la defensa de los trabajadores y
trabajadoras o el funcionamiento de las instituciones en las que se
basa
la democracia moderna.
i) Rechazo claro del gobierno de las actuaciones
antidemocráticas de la burocracia europea, de su connivencia con los
intereses financieros y de sus continuos ataques contra la soberanía
de los estados y de los pueblos. Exigencia de un mayor peso del
Parlamento europeo en la toma de decisiones, de un funcionamiento
verdaderamente democrático de las
instituciones
europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos
de creación de empleo y bienestar en Europa.
Pero los buenos argumentos no bastan, hay que
poner
los medios para difundirlos y para que transformen en actos. Para
ello, para crear un nuevo estado de opinión en todo el país y poder
pasar a la acción de forma efectiva y coordinada, también hacemos un
llamamiento a la ciudadanía para que se agrupe y organice sobre
bases unitarias.
Para ello llamamos a la creación inmediata de Mesas de
Convergencia Ciudadana en todos los barrios, en todos los
pueblos y localidades y en todos los centros de trabajo.
Estas mesas tienen tres objetivos. El primero es que los ciudadanos
de buena voluntad se sienten a deliberar desde la pluralidad,
pacífica y democráticamente, sean o no miembros de partidos, de
sindicatos o de cualquier otra organización, que lleguen a acuerdos
y consensúen posturas y argumentos erradicando el sectarismo. El
segundo objetivo es informar al resto de la ciudadanía sobre
la verdadera naturaleza de la crisis, desenmascarar a sus
verdaderos culpables y difundir las propuestas alternativas. El
tercer objetivo es impulsar acciones conjuntas para exigirle
a los poderes públicos locales, autonómicos y estatales soluciones
justas y democráticas a la situación creada, soluciones que no estén
basadas, como está ocurriendo, en el recorte de derechos y recursos
de los
débiles,
sino en los principios elementales de responsabilidad, de equidad,
de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
La iniciativa de convergencia unitaria y democrática a la que
llamamos no pretende ni debe suplantar las iniciativas
de
partidos y organizaciones políticas, culturales y sindicales contra
el neoliberalismo que ya están en marcha. Todo lo contrario. Quiere
potenciarlas y hacerlas más eficaces poniéndolas en común,
fomentando la comunicación entre todas ellas, generando un clima
para el entendimiento, para la discusión constructiva y para las
iniciativas conjuntas.
Para poner todo esto en marcha, para divulgar nuestra invitación a
la acción y para organizarla, convocamos
a
toda la ciudadanía a un encuentro estatal el próximo día 19 de
febrero de 2011 a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid sito en la Calle Lope de Vega nº 40 e
invitamos a quienes estén de acuerdo con nuestros propósitos y
compartan nuestro compromiso, a suscribir este llamamiento en el
espacio de la red que figura a continuación, espacio en el que
iremos informando sobre el desarrollo de la iniciativa.
http://mesasdeconvergencia.wordpress.com/
mailto:mesasdeconvergencia@gmail.com
Madrid, enero de 2011
Cuaderno de crisis /
25
Albert Recio Andreu
De la huelga al pacto:¿el
viaje a ninguna parte?
Escribo esta
nota de oídas, sólo con la información que dan los medios y las
páginas sindicales. Hay riesgo de error. Sería feliz si el próximo
mes tuviera que desdecirme. Pero corriendo ese riesgo ahí van unas
reflexiones de urgencia.
Que se den
pactos
no es malo en sí mismo. Aunque sean defensivos y en ellos se pierdan
plumas. Las correlaciones de fuerzas son las que son y a menudo
hemos de tragar píldoras amargas. Las elites dominantes y sus
voceros de hecho estaban a favor de que el gobierno Zapatero
aplicara reformas radicales sin negociar. Con ello se cobrarían dos
pájaros de un tiro: profundizar su contrarrevolución social y
ahondar el desprestigio social del PSOE. Esta misma será la razón
que aducirán los dirigentes sindicales para justificar su postura:
que han frenado las reformas más radicales y que han aislado a la
derecha. Aunque el acuerdo tuviera estas características queda por
ver que ocurrirá en los trámites parlamentarios y cuál será la
respuesta de una patronal cada vez más envalentonada por la
debilidad del adversario y los presagios electorales.
No está claro,
sin embargo, que lo conseguido en la mesa de negociación signifique
un cambio substancial frente a la propuesta del gobierno. Los
sindicatos habían estado todo el otoño hablando de cuestiones
“innegociables” como la retirada de la reforma laboral y el aumento
en la edad de jubilación (de la tercera pierna de la reforma, la de
la negociación colectiva, no han hablado mucho). Por lo que ahora
sabemos de la reforma laboral, lo único que ha cambiado es la
eliminación de las pérdidas futuras como causa del despido objetivo
y una redacción menos “liberal” del reglamento de empresas de
colocación. De la reforma de las pensiones se acaba imponiendo los
67 años (pero se amplía el período de transición al nuevo modelo y
se modera el aumento de años de cotización necesarios para alcanzar
el derecho a jubilarse a los 65 sin penalización), se amplia el
período de cálculo a 25 años y se introducen medidas correctoras
para algunos colectivos (becarios, mujeres que aceptan una
excedencia para cuidar hijos) a los que se les conceden dos años de
rebaja. De la reforma de la negociación colectiva de momento sabemos
poco, aunque vuelve a sonar la música de la flexibilidad. Si esto es
todo, ni se ha derogado la reforma laboral del pasado verano, ni se
ha frenado sustancialmente el recorte de las pensiones futuras (las
primeras estimaciones apuntan a una reducción del 20% de las
pensiones medias), ni se han cambiado los factores de inequidad del
sistema actual. No se contemplan por ejemplo las desigualdades en
materia de salud, en trayectoria laboral a que dan lugar los
diferentes tipos de empleos y que castigan particularmente a los
trabajadores de niveles inferiores de la pirámide laboral. La
esperanza de vida y, sobre todo, los años de vida con buena salud
son muy diferentes según la experiencia laboral (no sólo en el caso
de algunos empleos “penosos”). Tampoco se contemplan otras salidas
temporales del mercado laboral que no sean la de crear nueva fuerza
de trabajo (por ejemplo, se ignora la cuestión del cuidado a mayores
o enfermos, dando por asumido que las cuidadoras de niños deban ser
necesariamente mujeres). Simplemente, se han atenuado alguno de los
efectos a cambio de legitimar la totalidad.
Dado el
grado
de debilidad de la clase trabajadora, la fuerza de los poderes
financieros y la ideología dominante en las elites gobernantes, lo
conseguido es posiblemente el máximo a que se podía llegar. Al menos
en una negociación a puerta cerrada, sin movilización social ni un
mínimo debate social. No en vano la semana pasada los ínclitos
economistas de Fedea, convencidos de la debilidad del enemigo,
seguían clamando que era mejor una reforma de verdad que un pacto.
Lo que resulta más discutible es si lo conseguido ha valido lo
suficiente para equilibrar el coste social que ha generado la forma
como los sindicatos han gestionado la operación.
Lo que gana el
Gobierno con el pacto es sobre todo hacer aparecer a UGT y CCOO como
cofirmantes de una reforma que la mayoría de la población percibe
como un verdadero retroceso social. Ya se encargarán los medios de
reforzar esta imagen de coautoría sindical en la reforma de las
pensiones. Los sindicatos sólo pueden aducir que han rebanado
levemente los recortes pero a cambio de romper con su discurso
anterior y de dejar a su base social aún más perpleja y desanimada
que nunca.
Este es para mi el quid
de la cuestión. CCOO y UGT llevaban meses denunciando las reformas
del gobierno, organizando movilizaciones (aunque ya en diciembre se
vio que faltaba empuje), señalando algunas “líneas rojas” que no se
podían traspasar. Esta actitud tenía al menos el valor de crear una
cierta conciencia social, una cultura de los derechos sociales. Con
pocos resultados a corto plazo pero capaz de generar nuevas
actitudes sociales. Para avanzar en esta línea era necesario
profundizar en la explicación y perfilar el programa. Explicar
insistentemente a la población trabajadora el alcance de las
reformas en marcha, sus efectos futuros. Profundizar en las
contrapropuestas y reivindicaciones, en desarrollar propuestas
reformistas claras. Abrir el espacio de alianzas hacia otros
sectores sociales, con objeto de mejorar las propias propuestas y
ampliar la densidad social de la respuesta. Encerrarse a negociar
con el Gobierno (sin una clara explicación de cuáles son las
propuestas que se van a defender, aquello en que no se puede ceder,
aquello que es deseable negociar) es la peor forma de avanzar en
esta dirección. Para muchas personas, entre las que me incluyo, ha
sido difícil entender cómo hemos pasado en pocos días de una llamada
a la movilización a una negociación a puerta cerrada de la que sólo
se nos permite conocer el resultado final. Uno está tentado a pensar
que a los dirigentes sindicales les ha podido más su hábito de
profesionales de la negociación que la necesidad de dar respuestas
estratégicas a una situación realmente hostil. Puede que en lo
primero hayan tenido algún éxito, pero con el grave riesgo de
ahondar la apatía, el desánimo y el miedo que hoy atenaza a millones
de personas en todo el mundo y sobre el que se consolida la sinrazón
neoliberal. No veo cómo van a afrontar con estas fuerzas el huracán
que ya empieza a soplar para desmantelar los elementos más
protectores de la negociación colectiva.
Negociar sólo de
cuestiones
sociales, sin entrar en terrenos como la reforma del sistema
financiero, o el tratamiento de la crisis hipotecaria, es una
muestra más del carácter subsidiario que se da a los representantes
sindicales. Sólo se les considera aptos para negociar lo que afecta
directamente al mundo laboral, mientras que la gestión económica se
deja a los dictados de los expertos y de los empresarios. Peor que
las concesiones concretas es que se ha perdido otra oportunidad de
realizar pedagogía social, rearme democrático de la población. Y se
ha puesto otro peldaño en esa construcción imaginaria que día a día
sostiene que “no hay otro mundo posible” y que a las clases
subalternas sólo les queda conformarse y, como mucho, pelear por
moderar levemente la profundidad de los recortes.
El gran asalto a las cajas
En mi infancia
me
enseñaron que las Cajas de Ahorros eran una institución distinta a
los bancos. En mi ciudad aún estaba vivo el recuerdo de la quiebra
del Banco de Barcelona que había arruinado a personas modestas. Las
cajas, en cambio, eran vistas como instituciones no especulativas,
defensoras del ahorro de los menos ricos, instituciones amigas del
entorno (en las escuelas de mi barrio eran habituales los premios en
forma de pequeños depósitos: los escolares ahorrábamos sumas
modestas mediante la compra de unos sellos pensados para alentar una
cultura de la responsabilidad). Esta figura de las cajas como
instituciones sociales empezó a quebrar con la liberalización
financiera de principios de los ochenta y la transformación de estas
instituciones en operadores financieros normales de la mano de una
camada de dirigentes formados en las escuelas de negocios. Aunque
resulta evidente que se ha ido difuminando su diferencia con los
bancos, ésta ha persistido en ciertos aspectos: las condiciones
laborales, los retornos a la comunidad (pese a que hay mucho de
criticable en las obras sociales de las cajas, sobre todo de exceso
de acciones publicitarias, salen bien paradas cuando se las compara
con los bancos privados) e incluso la implicación en la financiación
del tejido productivo local. (No era impensable que una mayor
democratización de sus órganos directivos las hubiera podido
convertir en impulsoras a gran escala de la economía social). Por
ello, con todos sus aspectos criticables, seguían apareciendo, a
ojos neoliberales, como una “peligrosa anomalía económica”.
Por tanto, hacía tiempo que las cajas españolas estaban en el punto
de mira de los funcionarios del gran capital financiero. Ellas
mismas han contribuido a su desmatelamiento con errores propios,
especialmente el de subirse al carro de la especulación inmobiliaria
a gran escala. Si la gran banca española está saliendo mejor parada
de la crisis que las cajas no es tanto por su “eficiencia” como
porque su internacionalización previa (explotando chollos
financieros como el de las pensiones privadas latinoamericanas) les
ha permitido compensar los problemas locales. La crisis actual esta
siendo, para los intereses dominantes, como el cerdo: todo resulta
aprovechable. Y tras el mercado laboral y las pensiones ahora toca
que las cajas sean “reformadas” (seguramente con el caluroso apoyo
de algunos de sus directivos formados en cualquier “Business School”
local o yanki y esperanzados con que con la transformación podrán
obtener los generosos “bonus” que reciben las cúpulas bancarias). La
secuencia del proceso constituye en sí misma una maniobra clásica de
golpe de estado: primero se dice que deberán alcanzar un determinado
grado de solidez financiera, después se anuncia que ésta deberá ser
superior a la de los bancos (ya se sabe: la economía social es menos
fiable y hay que asegurarse) y finalmente se afirma que las
entidades que no alcancen dicha solidez serán “nacionalizadas” (o
sea que pasarán por un programa de saneamiento financiado por la
colectividad) como paso previo a su venta total o parcial a
inversores privados. También pueden acortar el camino y optar de
entrada por la venta al capital privado (es lo que ya ha anunciado
la Caixa, una de las instituciones más sólidas). Vistas en
perspectiva, las tormentas financieras recientes que asolaron al
país parecen ser el mismo tipo de maniobras de amedrentamiento que
realizan los “señores de la guerra” o las mafias cuando quieren
conseguir que alguien les ceda un activo o
les
“solicite” protección.
Si la rendición final se
produce
—en
estos tiempos casi todo lo indeseable acaba por ser inevitable—
estaremos expuestos a nuevos problemas. De una parte, toda la
experiencia anterior de liberalizacion financiera y de privatización
en lugar de redundar en la pretendida competencia creativa se ha
traducido en un mero proceso de oligopolización económica. Esto ha
ocurrido claramente en el sector bancario, donde hemos acabado, como
en la liga de fútbol, con sólo dos grandes grupos. Y también ha
pasado en el resto de sectores privatizados. No hay ninguna razón
para que esto no vuelva a ocurrir con las antiguas cajas. Quizás lo
único que ganaremos es que a todo el mundo le queden más claros
quiénes son los “amos” del país. La otra posibilidad es que, al
menos en un plazo inmediato, la privatización sea una puerta de
entrada de los fondos financieros, siempre ávidos de entrar en
aventuras cortoplacistas. Y sus efectos especulativos se pueden
dejar sentir en muchos campos: nuevas operaciones especulativas en
el campo financiero, tratamiento más duro de la clientela e incluso
impactos negativos en las redes de empresas locales que aún dependen
de las cajas. Teóricamente las cajas preservaran su obra social
mediante el cobro de dividendos de sus bancos participados, pero la
pérdida de control de la gestión directa refuerza la posibilidad de
que estos ingresos disminuyan por cambios en las políticas de
gestión (retribuciones a los altos directivos y a los inversores
privados, desvíos de fondos mediante operaciones financieras “ad hoc”,
etc.)
Aunque el
final
parece inevitable hay que seguir insistiendo en que la participación
pública en las entidades debería ser el embrión de una nueva banca
pública y no una mera etapa hacia la privatización. Y deberíamos
plantear directamente la cuestión a “nuestros” teóricos
representantes en los consejos de las cajas (representantes de
sindicatos, impositores, corporaciones locales) para que reviertan
el proceso. Porque el triunfo de los mercados es en gran parte el
producto de la dejación de responsabilidades de los presuntos
representantes de los intereses colectivos.
Garzón como síntoma
Juan-Ramón Capella
Los
discutibles
procesos judiciales penales en que se ha visto envuelto el juez
Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la
Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón, que
han suscitado esos procedimientos penales ante —o del— Tribunal
Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma
Garzón?
Si uno
hace
memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que
explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos.
Un primer pecado grave es que Garzón sometió a persecución a los
GAL, esto es, al terrorismo de estado de la época de gobierno de
Felipe González: como consecuencia, un ministro y un viceministro
acabaron en la cárcel mientras sus amigos, el presidente y altos
cargos, se rasgaban las vestiduras. Margarita Robles, hoy en el
Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, es el
largo brazo del Psoe de Felipe González y Garzón la ha recusado.
Para los jóvenes hay que recordar que, además de los cargos
mencionados, en la época ejemplar de Felipe González acabaron
en la cárcel el Director General de la Guardia Civil, el Gobernador
del Banco de España y la Directora del Boletín Oficial del Estado,
por
mencionar unos pocos carguillos. Otros dimitieron para evitar el
banquillo.
Un segundo
pecado
de Garzón es que ha destapado la trama Gürtel. De modo que se
ha ganado la animadversión del otro partido, del PP. Algunos
juristas garantistas que se la pillan con papel de fumar ven pecado
en que Garzón interviniera la comunicación de los procesados con
abogados presuntamente encargados no solamente de la defensa sino
también de operar con los fondos de esa trama en paraísos fiscales.
De modo que para estos juristas la intervención de la comunicación
de los principales encausados con sus segundos vulneró los
derechos de defensa... que el propio juez había tomado la
precaución de proteger en sus autos. La cuestión es opinable
jurídicamente: lo que para unos son garantías para otros es
impunidad. Aunque también se intervienen legalmente las
conversaciones de terroristas con sus abogados sin que nadie ponga
el grito en el cielo. Si la ley no está clara, el asunto es de
interpretación, y resulta más que feo que para el hecho hermenéutico
del juez Garzón el garantismo se desvanezca. Lo que nos tememos los
observadores del asunto es que a la trama Gürtel y a sus
complacientes políticos afines la vara de la ley jamás llegue a
alcanzarles gracias... a los votos y a la magistratura. Los
españolitos estamos acostumbrados a que la Administración de
Justicia llegue casi siempre tarde cuando se trata de perseguir a
las gentes con poder. Todo prescribe: las dobles contabilidades de
los bancos, los cohechos, los fraudes a la Hacienda Pública...
Ah, un tercer pecado de Garzón es la vanidad. Es un juez
estrella. La estrella más brillante. El
observador
no cree que eso sea independiente de su voluntad. Y comprende que a
otros honorables magistrados tanta estrella les jorobe en lo más
íntimo de su ser. ¿Habría que alguacilarle? La vanidad no es delito;
la prevaricación, sí.
Pero el cuarto pecado
de Garzón es el peor de todos: haber pretendido aplicar la ley
universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la
guerra civil española. Esto sí que no se puede tolerar: que se
investiguen los crímenes del franquismo, los asesinatos
masivos, los robos, las venganzas. No vaya a ser que los hijos de
los autores de esos crímenes vean descubiertas las vergüenzas de sus
padres, que han estado viviendo impunes entre nosotros, compartiendo
las autopistas, los autobuses, la vida cotidiana; no vaya a ser que
las falsificaciones de los registros (de la propiedad, o el
mismísimo registro civil) les obliguen a devolver lo obtenido; que
además los delitos comunes queden al descubierto.
La aceptación por el sistema constitucional de las leyes
internacionales sobre el genocidio ha de quedar en papel mojado. Y
Garzón quiso lanzarse sobre los molinos de viento
sin
advertir que eran gigantes: que el franquismo no ha sido nunca
derrotado. Sin percibir que incluso la modesta ley de amnistía
española se ha aplicado como una ley de prescripción, sin investigar
siquiera si los asesinatos del bando franquista tenían motivaciones
políticas, como es el supuesto de esa ley, o simplemente, caso por
caso, si había además o sobre todo odios y venganzas, medios para
usurpar hijos o bienes, toda la porquería social que puede producir
este jodido país —por emplear la certera calificación del
padre de Federico García Lorca, cuyo asesinato, por supuesto, jamás
ha investigado eso que en España llamamos la Justicia—.
Las víctimas de los
nazis
han obtenido reconocimiento y reparaciones. También las víctimas de
los generales genocidas argentinos. Incluso los polacos asesinados
por orden de Stalin. Pero el genocidio español ha de pasar como el
genocidio armenio: al olvido.
El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la
ley del olvido, una norma de
la
constitución tácita del actual sistema político español. Pero esta
vez puede ser una vergüenza para la Justicia local: las
instituciones europeas de Justicia no tienen por qué enjuiciar el
pecado de la vanidad, ni proteger a trama alguna, ni vengar a los
GAL, ni ser complacientes con el genocidio.
Aún se puede esperar que el
tiro
salga finalmente por la culata.
América
Latina: los retos del “Buen vivir”
Gerardo Pisarello
La apertura de
nuevos
procesos constituyentes en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador
ha sido un acontecimiento importante no sólo para América Latina
sino para el resto del mundo. Dichos procesos permitieron la
irrupción en escena de un amplio abanico de movimientos sociales y
populares marginados durante lo que Mariátegui llamaba las
“repúblicas falseadas”. Pero también lanzaron al mundo el mensaje de
que era posible plantear desde las instituciones alternativas al
pensamiento único neoliberal.
La constitución
venezolana
de 1999, la ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009 son en parte
la cristalización de dicho proceso y definen una hoja de ruta
novedosa para las sociedades donde se aprobaron. En razón de su
origen popular, todas vienen animadas por un impulso
regeneracionista, dirigido a romper con los regímenes elitistas,
excluyentes, del pasado. Este impulso se traduce en la importancia
dada a ciertos mecanismos correctivos de democracia representativa,
como la revocatoria de mandatos, así como a nuevas formas de
democracia participativa y comunitaria, no sólo en las instituciones
sino fuera de ellas. Desde el punto de vista económico, los nuevos
textos se sitúan además en unas coordenadas claramente
pos-neoliberales, es decir, consagran una serie de principios y
reglas dirigidos a frenar y revertir el indirizzo
privatizador dominante en los años 90’. Este programa pos-neoliberal
se expresa en cuestiones como la recuperación del control público de
ciertos recursos económicos estratégicos, como el petróleo o el gas,
o en la consideración de los derechos sociales como derechos
fundamentales al mismo nivel que el resto de derechos
constitucionales. Desde el punto de vista de la política exterior,
el nuevo constitucionalismo viene marcado por una inequívoca
vocación latinoamericanista y anti-imperialista, concebida en buena
medida como reacción a la histórica injerencia ejercida en la zona
por los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales.
Esta vocación no sólo se expresa en la caracterización de los
respectivos territorios nacionales como territorios libres de bases
extranjeras. También se refleja en el rechazo de los mecanismos de
integración basados en la primacía del libre mercado y de la libre
competencia y en la apuesta por nuevas formas de integración
latinoamericana fundadas en principios de complementariedad,
cooperación y comercio justo.
Naturalmente, cada uno de
estos textos tiene sus propios énfasis, que reflejan la historia de
los diversos procesos constituyentes y la composición social interna
de cada país. La constitución boliviana y la ecuatoriana, por
ejemplo, están especialmente marcadas por el peso decisivo de los
movimientos indígenas y campesinos en los procesos políticos más
recientes. De ahí el papel central concedido a principios como los
de plurinacionalidad e interculturalidad. El propósito de estos
principios constitucionales es revertir la pesada herencia del
racismo y del colonialismo, así como otorgar un reconocimiento
adecuado a demandas de diversidad nacional y cultural largamente
postergadas.
En todo caso, la plurinacionalidad no
sólo
se proyecta sobre el ámbito cultural, sino que atraviesa la
estructura del Estado, la configuración de los derechos y la propia
constitución económica. Esta vis expansiva se expresa de manera
clara en el concepto de “buen vivir”, traducción de la expresión
kichwa “sumak kawsay”, de la aymara “suma qmaña” y de la guaraní “ñandareko”.
El buen vivir, recogido en 99 artículos de la constitución
ecuatoriana de 2008, aparece, por un lado, vinculado al ejercicio
integral y sin jerarquías internas de todos los derechos humanos, en
un marco de respeto a la diversidad cultural y nacional y de armonía
con la naturaleza. Por otro lado, el buen vivir constituye un
régimen económico, político, socio-cultural y ambiental que plantea
formas alternativas de desarrollo e incluso alternativas al
desarrollo y al crecimiento tradicionales.
Los derechos del buen vivir y su vinculación
a una forma de organización social concreta responden a prácticas
materialmente constitucionales ancestrales, vinculadas a la
cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas. En dicha
cosmovisión, el desarrollo no aparece como la consecuencia de un
proceso lineal, evolutivo, que deba ser alcanzado forzando la
destrucción de las relaciones sociales y de la naturaleza. Por el
contrario, tiene que ver la promoción de formas de producción y de
consumo comunitarias, que aseguren una relación respetuosa con la
naturaleza, que preserven la biodiversidad y que garanticen a todos
derechos básicos como el derecho al agua o a la soberanía
alimentaria.
Así concebido, el buen vivir no sólo
supone
una relectura de los derechos humanos tradicionales. También implica
una reconsideración de los fundamentos exclusivamente
antropocéntricos sobre los que ha reposado la teoría moderna de los
derechos en beneficio de una visión más biocéntrica y si se quiere
holística. Esto explica que la constitución ecuatoriana sea la
primera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y en
hacer del respeto a los derechos de la naturaleza una precondición
para la garantía del derecho a la existencia de las personas y los
pueblos.
En realidad, aunque la noción de buen vivir
recogida
en la constitución de Montecristi está estrechamente ligada a los
saberes y prácticas indígenas, también puede encontrar sustento,
como ha recordado el ex presidente de la Asamblea Constituyente,
Alberto Acosta, en otras tradiciones filosóficas y políticas:
aristotélicas, marxistas, libertarias, feministas, ecologistas,
gandhianas. Todas estas tradiciones parten de la constatación de que
el actual modelo de crecimiento capitalista resulta insostenible e
injusto en términos sociales y ambientales, además de inviable desde
un punto de vista energético. Igualmente, señalan la inviabilidad de
todo intento de superar esta incompatibilidad apelando a formas de
“desarrollo sustentable” o de “capitalismo verde” que no alteren
sustancialmente los procesos de revalorización del capital.
Estos presupuestos culturales,
políticos
y productivos, naturalmente, convierten al buen vivir en una noción
exigente, en franca tensión con algunas lecturas desarrollistas y
productivistas que han pretendido hacerse de las nuevas
constituciones. En los últimos años, en efecto, muchas economías
latinoamericanas, incluidas las de Venezuela, Bolivia o Ecuador, han
experimentado un cierto crecimiento del PIB producto del elevado
precio en los mercados internacionales de recursos como el petróleo,
el gas o la soja. Esta coyuntura, sumada a la recuperación de un
cierto control público sobre dichos recursos, ha permitido a los
nuevos gobiernos críticos con las políticas neoliberales financiar,
por ejemplo, políticas de asistencia social dirigidas a sectores
significativos de la población y a liberarse de la dependencia
unilateral de los mercados estadounidenses y europeos. El fenómeno
ha tenido, empero, consecuencias contradictorias. Ha contribuido a
que los índices de pobreza disminuyan, al menos en algunos estratos
de la población. Pero también ha consolidado la cultura rentista,
generando una inercia contraria a la erradicación de algunas
desigualdades estructurales y a la realización de cambios de fondo
en el modelo productivo o en el sistema impositivo. Pero lo que es
peor, ha alentado prácticas extractivistas —en materia petrolera,
pero también en otros ámbitos como la minería a cielo abierto— con
un grave impacto ambiental y social, sobre todo para las poblaciones
que habitan en los territorios donde se encuentran dichos recursos.
Esta inercia desarrollista, desde luego, no sólo amenaza con
desvirtuar los principios económicos ligados al buen vivir. También
está afectando los presupuestos participativos sobre los que los
nuevos marcos constitucionales se sostienen. En efecto, si la huida
hacia adelante productivista se ha visto favorecida por la pugnaz
oposición a cualquier reforma por parte de las oligarquías
económicas y de las antiguas élites, también ha ido abriendo brechas
importantes entre los nuevos gobiernos y una parte de sus bases
sociales. En el caso de Ecuador, y en menor medida, de Bolivia,
estas tensiones y distanciamientos son notorios sobre todo dentro de
los movimientos indígenas y campesinos, que son los afectados más
inmediatos por las políticas desarrollistas y extractivistas en
curso. La calculada ambigüedad de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) ante el levantamiento policial contra
el presidente Rafael Correa es una prueba de ello.
Esta aparición de un doble frente crítico
proveniente
de la derecha y de una parte de los movimientos sociales ha colocado
a los gobiernos progresistas de la región ante una coyuntura
complicada. A veces, han dado muestras de querer profundizar los
procesos en marcha en un sentido democrático. En otras ocasiones, en
cambio, lo que se ha impuesto ha sido la respuesta defensiva, en la
que las justificadas críticas a la oposición conservadora y
oligárquica, se ha mezclado con la descalificación arbitraria de
todos aquellos sectores que cuestionan el rumbo adoptado desde
posiciones social y ecológicamente más avanzadas. A diferencia de la
primera reacción, este tipo de dinámica ha tendido a debilitar la
apuesta por la democracia participativa recogida en las nuevas
constituciones, favoreciendo el personalismo, la concentración de
poder en manos del ejecutivo y algunos intentos injustificados de
restricción de la libertad de crítica. Las recientes propuestas de
reforma constitucional y de consultas populares impulsadas por
Rafael Correa en materias judiciales o de prensa deberían leerse en
este contexto.
A pesar de estas dificultades reales, no parece que el ciclo
constituyente democrático abierto en la última década se haya
cerrado. Por el contrario, todavía es posible atisbar algunas
iniciativas social y ecológicamente incisivas al interior de estos
procesos. En Ecuador, por ejemplo, diferentes organizaciones
sociales, indígenas y ambientales han empujado al gobierno a asumir
la iniciativa Yasuní-ITT, en virtud de la cual el gobierno
ecuatoriano acepta no explotar las reservas petrolíferas situadas en
el Parque Nacional Yasuní. A cambio de ello, la “comunidad
internacional” se compromete a compensarlo económicamente a través
de aportaciones a un fideicomiso gestionado por Naciones Unidas.
Recientemente, también, un grupo de activistas entre los que se
encontraban Vandana Shiva y el propio Alberto Acosta, presentaron
ante la Corte constitucional ecuatoriana una demanda contra la
actuación de la British Petroleum en el Golfo de México. En su
escrito, invocaron precisamente los derechos de la naturaleza y la
jurisdicción universal reconocidos en la constitución de
Montecristi. Ambas iniciativas pueden, evidentemente, ser
desvirtuadas de múltiples formas. Sin embargo, han generado
interesantes procesos de movilización y discusión social y señalan,
en todo caso, un camino que habrá que reemprender en el futuro.
La tensión entre desarrollismo y buen vivir no es sencilla de
resolver. Exige combinar crecimiento y decrecimiento en diferentes
esferas productivas y reproductivas y redefinir en términos de no
explotación las relaciones entre zonas urbanas y rurales. Pero sobre
todo, requiere contar con fuerzas políticas, sociales y sindicales
capaces de liderar la transición hacia modelos energéticos
sostenibles, justos y combatibles con la preservación de la
biodiversidad y de la soberanía alimentaria. Esto es un desafío para
el Sur, pero también es un problema para el Norte, aunque el actual
contexto recesivo y la apelación acrítica a la “recuperación del
crecimiento” tiendan a ocultarlo. Como bien apunta Boaventura Sousa
Santos, la puesta en marcha de formas de producir y de consumir
sostenibles y no capitalistas es urgente, pero exige un cambio
civilizatorio profundo, que sólo puede pensarse a mediano o largo
plazo. La noción de buen vivir, con todas sus implicaciones
filosóficas, económicas y jurídicas, podría ser un puente útil entre
lo urgente y lo importante. Para ello, habría que preservarla de las
posiciones simplistas que propugnan una imposible vuelta atrás en el
reloj de la historia. Pero sobre todo, de las ilusiones
neoproductivistas dispuestas a limarle su arista crítica y a
convertirla en una consigna a medida de los informes de buenas
prácticas tan caros al Banco Mundial.
Desde mi barrio, 4
Albert Recio Andreu
Contaminación
invisible
Las grandes
ciudades
españolas, especialmente Madrid y Barcelona, siguen presentando
niveles de contaminación que superan ampliamente los límites máximos
acordados por la Unión Europea. Y ello repercute en la salud de sus
habitantes en forma de enfermedades diversas (respiratorias,
cardiovasculares) asociadas a la misma. Hay también pocas dudas de
que el factor determinante de estos niveles de contaminación es el
tráfico rodado. Responsable asimismo de la contaminación acústica
generadora de otros problemas parecidos. Resulta por tanto evidente
que reducir la contaminación y mejorar la salud pasa por una
reducción del tráfico y la consiguiente promoción del transporte
público, la bicicleta y la locomoción a pie (tan agradable y sana).
De la misma forma que reducir la contaminación en los locales
públicos ha exigido imponer normas de restricción del consumo de
tabaco en los mismos.
Lo que parece lógico no acaba por resultar evidente. La cultura del
automóvil ha arraigado de tal manera que constituye una parte
sustancial de la cultura hegemónica del capital. El automóvil
privado se ha naturalizado como medio de transporte y ha generado el
efecto de hacer invisible a buena parte de la población los enormes
costes sociales que genera en forma de accidentes, contaminación,
ocupación del espacio público, costos de gestión pública etc. Una
hegemonía que está especialmente arraigada entre los hombres de
clases medias-altas, que constituyen el grupo de adictos más
compacto. Y es que el automóvil no constituye sólo un medio de
transporte, es también una forma de consumo posicional, de
privatización del espacio público, de afirmación personal. Casi
ningún infractor grave reconoce su culpabilidad y responsabilidad
por el hecho de circular con exceso de velocidad. La cultura del
todo en coche forma parte del modelo de consumismo
individualista que tan funcional resulta a sectores clave del
capitalismo oligopolístico actual (empezando por los constructores
de autos y
siguiendo
por los promotores de centros comerciales, urbanizaciones,
infraestructuras viarias...). Agentes de la desertización urbana y
el aislamiento social.
Prueba de esta invisibilidad de los
costes
sociales y de la aceptación social del modelo es el papel que el
tema ha jugado en la pasada campaña electoral catalana. Una de las
propuestas “estrella” de CiU ha sido nada menos que la de eliminar
el límite de 80 km por hora en los accesos a Barcelona
—a
pesar que hay evidencia que ha contribuido a reducir la
contaminación y los accidentes—
coherentemente a su oposición frontal al tranvía que ayudó a
provocar una de las mayores derrotas políticas del ayuntamiento
socialista. La libertad indiscutible del coche sigue dando réditos
electorales y el conductor insensato sigue teniendo más predicamento
social que el ecologista sensible.
Si bien la derecha ha sido la
gran
defensora del modelo, algunos sectores de izquierda, especialmente
los de cultura obrerista, no han hecho mucho por cambiar esta
percepción. El papel de la industria del automóvil en la
configuración de la clase obrera local tiene mucho que ver en ello.
El temor a que las restricciones al coche se acaben traduciendo en
destrucción de empleo juega un papel determinante. Y ello a pesar de
que en los últimos años estamos asistiendo a un goteo persistente de
cierres de empresas del sector (esta misma semana Yamaha, por medio
de un Conseller de la Generalitat en funciones de mamporrero,
anuncia su deslocalización a Francia y la pérdida de 400 puestos de
trabajo), y de que éstas constituyen la punta de lanza de la
demolición de derechos laborales y parasitan un gasto público que
podría utilizarse para promover otro tipo de actividades. El
imaginario
de
la clase obrera fordista constituye un paradójico aliado del
conductor irrestricto.
No podemos seguir así por más tiempo.
Hay que convertir la contaminación en un problema de primer orden. Y
propiciar un cambio en el modelo de movilidad y uso del espacio.
Pero esta acción cultural que ya realizan grupos ecologistas y
asociaciones ciudadanas requiere también de propuestas de política
económica orientadas a romper la alianza implícita que ha mantenido
el lobby del automóvil con un sector importante de la clase obrera
industrial. Romperlo exige desarrollar propuestas que muestren que
es posible vivir y trabajar de otra forma.
Cajón desastre
El Lobo Feroz
Después de inaugurar la
Sagrada Familia en el aniversario de la Revolución de Octubre,
Ratzinger proclamará santo a Wojtyla el Primero de Mayo.
Por cierto: si
Wojtyla
declaró que el Infierno no es un lugar, ahora Ratzinger dice
que el Purgatorio es un estado interior. Como diría Goethe,
"Si nos quitan las metáforas, ¿qué nos queda?".
Para las
indulgencias,
esto es, para salir de ese estado interior, ir a:
http://www.devocionesypromesas.com.ar/las_indulgencias.htm
Ahí se
puede
comprobar que la Iglesia administra muy cuidadosamente los tiempos
divinos y no sólo los humanos.
***
Sin indulgencia ha
entrado
en vigor la ley antifumadores, la ley del Psoe que estimula la
delación. ¡Con lo fácil que hubiera sido una regulación de espacios
rigurosa como la que tienen los mexicanos desde hace décadas! ¡Ah!
Los paquetes de tabaco podrían valer unos 40 céntimos de euro: todo
lo demás son impuestos, que pagan los fumadores sin que se sepa qué
servicio obtienene por ello. Los impuestos del tabaco son como los
antiguos impuestos sobre la sal. En realidad, paradójicamente, la
ley es una cortina de humo: se habla y habla, y nadie
protesta por el aire contaminado de veras por partículas tóxicas.
Que es muy igualitario y no discrimina.
***
Ahora resulta que la
señora
Tura, la que ponía de rodillas y esposados a los detenidos
"antisistema" cuando era consejera de Interior de la Generalitat
catalana, quiere ser alcaldesa de Barcelona, tururú, alcaldesa,
tururú.
El nuevo consejero
de
Interior de la misma Generalitat quita las cámaras colocadas por su
antecesor en los centros de detención. También deroga el Código
Ético de la policía autonómica. ¿Una concesión a los maderos
catalanes? ¿Qué podemos pensar? ¿Ahora leña?
Por cierto: Jordi Pujol se ha
vuelto
independentista. Estaba en sus genes. Pero el españolísimo Fondo de
Garantía de Depósitos le vino muy bien cuando llevó a la quiebra a
Banca Catalana. De haberle faltado, en vez de votantes hubiera
tenido manifestaciones de cuentacorrentistas gritando: ¡Volem
cobrar!
El último comunicado de
ETA
no descarta la continuidad de la acción armada. No tienen radar; aún
van con péndulo, varita de avellano, y pistola.
***
Mariano Cero Principios Rajoy va dejando caer que proyecta
cambiar la ley del aborto, que las centrales nucleares durarán más y
que derogará la ley que permite el matrimonio
entre
personas del mismo sexo. Recortes sociales, los que haga falta.
Del antiguo Tesorero
del
PP, Bárcenas, el que tenía toda la confianza de Cero Principios,
ya ni se sabe donde para. Y con el tiempo todo (lo de ellos)
prescribe.
Ferrovial
aparece
en bastantes noticias de comisiones y pagos indebidos a
organizaciones políticas, y como si nada. No se mata a la gallina de
los huevos de oro.
Y, hablando de
esto
último, Artur Mas, en su papel de President, ha pretendido
que no se procese a la gente de su partido liada en el escándalo del
Palau de la Música. Cree, con tradición y fundamento, que el
cohecho se resuelve por vía electoral. Por cierto, ¿estuvo Mas en la
boda de la hija de Millet? ¡Queremos las fotos!
Parece que Fabra se
está levantando a sí mismo una inmensa estatua en Castellón. (Por
cierto, en la hermosísima Catedral de Mallorca, junto al decorado
de Barceló, el honorable Jaume Matas es mencionado
en un cartel). Pero eso no es anormal: en Barcelona hay un monumento
a un negrero y otro a quien financió los bombardeos de la ciudad
durante la guerra civil, todo en la misma calle.
***
Revolución democrática aún indecisa en Túnez a la hora de escribir
estas líneas. Han echado a un dictador, pero el poder político no es
aún democrático. Un cambio laico (se trata de una sociedad
políticamente laica) y democrático en
Túnez
sería una bonísima noticia en este mundo de desastres.
Otra buena noticia es
que
el gobierno vasco va a hacer algo para que el derecho constitucional
a la vivienda no sea del todo papel mojado.
***
Nos llaman
catastrofistas,
pero somos catastrofóbicos. Con lo de jóvenes antisistema
aciertan a medias: no todos somos jóvenes.
enero 2011
Informaciones
Carta de Derechos de Ciudanía
Decenas de entidades madrileñas han
redactado
una Carta de Derechos
de Ciudanía. La encontrarás en:
http://www.trasversales.net/cdcmadrid.pdf
Para sumarse:
forosocialmadrid@yahoo.es
La
biblioteca de Babel
Democratitzant la ciutat
Carme Molinero i Pere Ysàs (coords.)
Construint la
ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i
la transició
Icària, Barcelona, 2010.
Elisenda Alamany, Marc Serrà i Gemma Ubasart (eds.)
Construint municipi des dels moviments socials. Candidatures
alternatives i populars i barris en lluita
Icària, Barcelona, 2010.
Moviments socials
com el veïnal han
estat i continuen sent un dels factors primordials per la
democratització de les nostres societats. Darrerament han aparegut
dos llibres col·lectius que ens donen una excel·lent oportunitat per
a reflexionar sobre aquesta tasca avui imprescindible com mai.
El primer llibre
que presentem és el resultat d’una recerca col·lectiva duta a terme
pel Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID)
de la UAB i dirigida pels reconeguts historiadors Carme Molinero i
Pere Ysàs. Miquel Caminal expressa en la seva presentació que cal
considerar aquest volum com “una eina indispensable per a
l’aprofundiment i estudi de la contribució del moviment veïnal a la
fi de la dictadura i a la construcció democràtica de la ciutat”.
Consta, a més de la Introducció escrita pels directors del projecte,
de quatre llargs i documentats textos, dividits en tres parts. La
primera tracta sobre el naixement i els primers anys de la
trajectòria del moviment veïnal i inclou un text d’Ivan Bordetas
(“De la supervivència a la resistència: la gestació del moviment
veïnal a la Catalunya franquista”) i un text de Xavi Domènech (“La
reconstrucció de la raó democràtica. Del suburbi a la ciutat.”). La
segona part es dedica als ‘anys gloriosos’ del moviment veïnal i
està integrada per un text escrit conjuntament per Ivan Bordetas i
Anna Sánchez, “El moviment veïnal en (la) transició, 1974-1979”.
Tanca el llibre un text de Ricard Martínez titulat “Construir futurs.
La dimensió anticapitalista del moviment veïnal” que conforma la
tercera
part.
Avui, la
democratització en l’àmbit local
presenta nous reptes. En els darrers anys, les anomenades
candidatures alternatives i populars a Catalunya han assumit el
repte, gens fàcil, d’actuar com espai de connexió entre la política
institucional local i la dinàmica políticosocial desenvolupada en el
si dels moviments socials. El segon llibre que presentem és el fruit
d’unes jornades de debat organitzades a Castellar del Vallès el 25
d’abril de 2009 per a reflexionar sobre aquestes experiències que
pretenen fer realitat les paraules tantes vegades repetides de “fer
política d’una altra manera”. També està dividit en tres parts. La
primera està dedicada a informar sobre algunes d’aquestes diferents
apostes municipalistes del moviments socials catalans, sovint força
desconegudes. En la segona part, amb textos de més volada teòrica,
es tracten d’aportar raons per a justificar l’estratègia dual
–social i institucional– que impulsa el municipalisme alternatiu.
Aquests textos, com a mínim, posen sobre la taula elements per la
discussió argumentada d’aquestes estratègies. La tercera part, per
últim, es centra en analitzar dos aspectes més concrets d’aquestes
experiències: la qüestió territorial i ambiental i les polítiques
socials.
[Xavier
Pedrol]
Foro de webs
Dos experiencias de participación comunitaria en el ámbito de la
exclusión
A través de la
mediación
de nuestra colaboradora Txus Lence, nos llega información de (y una
invitación a participar en) dos experiencias que, además del interés
objetivo de la actividad social que despliegan, constituyen un
ejemplo de participación horizontal en la toma de decisiones y de
funcionamiento autogestionado:
RED 2002
http://www.red2002.org.es
La Red
Comunitaria
sobre el VIH/sida del Estado español (RED2002) es una red de
trabajo, solidaria y participativa, integrada por personas con VIH,
profesionales de organizaciones civiles o instituciones y personas
implicadas en el tema. Junt@s colaboramos comunitariamente para
aportar nuestra experiencia en la respuesta a la pandemia del VIH en
nuestro país y en el mundo. La comunicación de RED2002 es
principalmente a través de correo electrónico. ¡TÚ TAMBIÉN puedes
ser parte de la RED! Sólo tienes que escribirnos a contact@red2002.org.es y
te daremos de alta en la lista de distribución. Para darte de
baja puedes dirigirte a esta misma dirección electrónica.
Grupo de movilización de drogas. MDM Vigo
Somos un
grupo
de personas vinculadas a Médicos del Mundo que valoramos la
necesidad de complementar los programas de intervención directa con
el activismo social y la denuncia pública dando un paso más
en la reivindicación de los derechos de las personas en
situación de exclusión social en la ciudad de Vigo.
A raíz de
la
inexistencia de recursos sociosanitarios dignos, nuestra labor se
concentra principalmente, en la reivindicación de un Centro de
Inclusión Social, pero trabajamos
otros objetivos como: la denuncia de la vulneración de los derechos
de las personas; la investigación de la situación de las personas
consumidoras de drogas; la sensibilización y el conocimiento de la
sociedad sobre el colectivo; la reflexión y el planteamietno teórico
sobre el uso de sustancias...
Pueden
colaborar con nosotr@s como personal voluntario-colaborador
(presencial o vía online):
Grupo Movilización Drogas Vigo | Facebook
http://gl-es.facebook.com/people/Grupo-Movilizacion-Drogas-Vigo/100001693601857
http://medicosdomundogalicia.blogspot.com/
dirección correo electrónico:
gmdv2010@hotmail.com
Páginas
amigas
Centre de Treball
i Documentació (CTD)
http://www.cetede.org
Nómadas. Revista Crítica de
Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com
La Insignia
http://www.lainsignia.org
Sin permiso
http://www.sinpermiso.info
Revista
mientras
tanto
Número 115
(En prensa)
mientras
tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Invierno 2010
115
OBAMA, LA IZQUIERDA Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA NORTEAMERICANA
Andreu Espasa
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU
Michael T. Klare
SOBRE EL PICO DEL PETRÓLEO. ENTREVISTA A ROBERT H. HIRSCH
Matthieu Auzanneau
ESTATUTO JURÍDICO DEL SAHARA OCCIDENTAL
José Antonio Yturriaga Barberán
CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO
RELIGIÓN Y FE HOY. UNA APORTACIÓN AL FORO MUNDIAL DE TEOLOGÍA Y
LIBERACIÓN
Jaume Botey
IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO LAICO
Juan José Tamayo
ATEISMO Y LAICIDAD
Joan Carles Marset
SOBRE LAICISMO Y EDUCACIÓN
José Manuel Barreal
CONTRA LA AUTONOMÍA FEMENINA: EL ABORTO COMO MATERNIDAD NEGADA
Antonio Giménez Merino
CUESTIÓN DE PALABRAS
Álvaro Salvador
CITA
Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia
|
mientras
tanto bitartean mientras tanto mentrestant
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB
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