Interrogantes tras la huelga general
I
La
convocatoria
de huelga general ha sido un �xito. Especialmente si se compara con los
presagios de d�as anteriores, con los sondeos que auguraban que una
�nfima minor�a de la poblaci�n ir�a al paro. El m�rito es de los
sindicalistas y de los activistas sociales que han realizado un esfuerzo
de convocatoria y movilizaci�n a la altura de las circunstancias. Y han
conseguido, cuanto menos, activar a sectores importantes de la clase
trabajadora a pesar del des�nimo, la ausencia de perspectivas, la
precarizaci�n y el desempleo masivo. Una vez m�s se ha puesto de
manifiesto que los grandes sindicatos, UGT y CCOO tienen capacidad de
llegar a muchas partes y de promover procesos sociales de gran
envergadura. M�rito tambi�n de los sindicatos menores, cr�ticos
habituales de los grandes, pero que han comprendido que el envite era
crucial y han aportado tambi�n su parte de esfuerzo al �xito de la
jornada. Y m�rito sin duda de los millones de personas que antepusieron
su dignidad y sus principios al temor a las represalias, a la p�rdida de
ingresos y a los argumentos de la reacci�n a favor de la pasividad.
El
que
el paro no fuera total forma parte de la normalidad. En todo el mundo
las huelgas generales suelen ser como �sta: paros y manifestaciones
importantes sin colapso total. Especialmente en un pa�s donde se aplican
servicios m�nimos. Y resulta err�neo comparar cualquier movilizaci�n de
este tipo con la del 14-D de 1988 cuando el paro fue espectacular. Pero
all� confluyeron tantos elementos favorables que dif�cilmente se
repetir�n: desde el fundido en negro de TVE a las 12 de la noche hasta
el apoyo evidente de la derecha a la huelga, pasando por el p�nico
generado desde el propio Gobierno que, posiblemente, sirvi� para que
muchos establecimientos cerraran de �motu propio� por temor a los
piquetes. Despu�s, todo el mundo aprendi� lecciones y el resto de
huelgas generales han sido parecidas: movilizaciones fuertes pero no
colapsos totales. Lo que permite a los medios de comunicaci�n realizar
valoraciones en funci�n de su posicionamiento previo, en la mayor�a de
casos minimizando su impacto. Sin embargo, los n�meros indican que la
actual ha sido una movilizaci�n parecida a la del 2002 frente a Aznar, a
pesar de desarrollarse en una coyuntura m�s dif�cil. Y sirve al menos
para demostrar dos cuestiones b�sicas: que, a pesar de la impotencia,
una parte importante de la poblaci�n es consciente de la estafa
colectiva que est� padeciendo; y que los sindicatos tienen m�s apoyo
social efectivo del que resulta de algunas encuestas.
II
El perfil de la movilizaci�n muestra, una vez m�s, la complejidad de la
poblaci�n asalariada. La incidencia de la huelga fue desigual. Los
n�cleos industriales fueron una vez m�s el centro de la movilizaci�n,
aunque tambi�n se sumaron nuevos asalariados de los servicios. Donde el
paro fue sin duda menor fue entre los sectores de asalariados
profesionales, muchos en el sector p�blico. Un segmento de poblaci�n
que, pese a haber experimentado la agresi�n de un importante recorte
salarial, sigue manteniendo comportamientos insolidarios de clase media,
atrapado en su individualista visi�n de la carrera profesional. Y, en
algunos casos, claramente alineado con la derecha, como se ha constatado
en el pasado con algunas huelgas profesionales (m�dicos, jueces...) o
como se constata ahora viendo la proclama anti-huelga del CSIF en la que
el boicot al paro se justificaba con un argumento corporativista: que
los funcionarios ya hab�an hecho �su� huelga y no deb�an perder m�s
dinero con otra (se supone de la casta inferior). La ampliaci�n de la
movilizaci�n a estos sectores va a seguir siendo dif�cil y exige pensar
en un trabajo
cultural
espec�fico.
En
otro
plano distinto, esta huelga trajo tambi�n una novedad pol�tica, la de
sectores radicales que trataron de generar su �movilizaci�n alternativa�
ante lo que ellos consideran �responsabilidad� de los sindicatos en la
situaci�n actual. Su importancia num�rica no es grande, aunque sus
acciones acaban teniendo bastante eco medi�tico. Seguramente su
incidencia local es variable, pero en ciudades como Barcelona la
influencia de este argumentario ha calado en una parte no desde�able del
activismo social. Cualquiera que tuviera acceso a los debates que
circulan por la red pod�a advertir la amplitud relativa de un espacio en
el que cualquier estructura institucionalizada es vista como parte del
�sistema�, donde los sindicatos ocupan el mismo espacio que los
financieros y los �pol�ticos�, donde est� ausente toda reflexi�n seria
sobre los mecanismos de dominaci�n y consenso social y donde
continuamente se confunde la opini�n personal con la de pomposos
movimientos sociales. Ciertamente, se trata de un nuevo tipo de
movimiento social cuya caracter�stica m�s preocupante es su incapacidad
de entender que cualquier cambio social relevante exige comunicaci�n,
creaci�n de empat�a, di�logo, complejidad, mediaciones... Muchas de las
nuevas actitudes son reflejo de la propia impotencia, frustraci�n y
desorientaci�n que genera el momento, a lo que hay que a�adir tambi�n
los propios errores y sectarismos que emanan las organizaciones
tradicionales. Pero, m�s all� de lo llamativo de sus insensatas
intervenciones, lo realmente crucial es analizar c�mo conseguir que esta
base de activismo social deje de ser un espacio autorreferencial que
esteriliza esfuerzos, genera tensiones innecesarias en las grandes
luchas sociales y bloquea m�s que activa procesos sociales.
III
La huelga ha sido un �xito en tanto respuesta social a las pol�ticas del
Gobierno. Dif�cilmente lo va a ser en lo que respecta a conquistas
tangibles. El Gobierno no va a retirar la reforma laboral. Y nada apunta
a que vaya a hacer muchas concesiones en el caso de la reforma de las
pensiones. Las razones de este enroque son diversas y f�cilmente
reconocibles. Empezando por el recobrado poder (si es que alguna vez lo
perdieron) del sector financiero y sus adl�teres, las organizaciones
internacionales que no est�n dispuestas a soltar la presa (FMI, OCDE,
UE) y no van a permitir ning�n relajamiento en las pol�ticas sociales.
Por otro lado, el frente interno representado por los poderes econ�micos
del pa�s y en el que tambi�n se cuentan los asesores econ�micos de m�s
prestigio (empezando por el todopoderoso Gabinete de estudios del Banco
de Espa�a). Y tambi�n, porque Rodr�guez Zapatero ha optado por dotarse
de una imagen de firmeza y seguridad, incluso de una cierta aureola de
�pol�tico que sacrifica su prestigio e ideales en aras a su
responsabilidad�, como v�a para tratar de escapar a lo que puede ser su
jubilaci�n
anticipada.
En
el
marco actual hay poco margen para la negociaci�n. Lo mismo ocurri� tras
la huelga de 1994 que fue incapaz de alterar el signo de la pol�tica
laboral y social.
El
dilema
para los sindicatos es c�mo seguir. Continuar la escalada de
movilizaciones es una posibilidad. De hecho, es lo que piden los
sectores m�s radicales. Pero el ejemplo de Grecia o Francia tampoco
genera demasiado optimismo por cuanto la sucesi�n de meritorias luchas
es insuficiente para alterar las pol�ticas. �ste es el drama de los
pr�ximos tiempos. Y es el drama que hace a�os atenaza al movimiento
sindical. El desplazamiento de los partidos socialdem�cratas hacia el
espacio neoliberal deja sin referente en el campo pol�tico a las luchas
sociales. Permite incluso que su discurso sea presentado como un mero
reflejo de intereses particulares (el de las burocracias sindicales, los
de los trabajadores con empleo estable....). Y est� claro que la
movilizaci�n debe, de un modo u otro, continuar.
Para afrontar la actual situaci�n se requiere, a mi entender, la suma de
diversos aspectos. El primero, el desarrollo de un proyecto social
alternativo al neoliberal en el que puedan insertarse con una cierta
coherencia las demandas sociales. Es una tarea dif�cil y que exige un
importante esfuerzo de reflexi�n, elaboraci�n y propuesta. S�lo posible
si se consiguen aunar energ�as e iniciativas sociales diferentes que
cristalicen un m�nimo referente, lo que requiere desarrollar procesos
que vayan en esta direcci�n. En segundo lugar, la posibilidad de que
alguna fuerza pol�tica recoja este impulso y permita cuanto menos
quebrar la total hegemon�a neoliberal en la esfera pol�tica. Algo que va
m�s all� incluso del espacio nacional o estatal. No es tampoco un
proceso sencillo en ning�n pa�s, pero resulta m�s necesario que nunca.
En Espa�a ello es a�n m�s dif�cil por la incapacidad de una parte del
movimiento sindical, hasta el momento, de distanciarse del PSOE, y por
la existencia de los problemas de configuraci�n nacional que complican
los encajes. Y en tercer lugar, el despliegue en la sociedad de una
actividad cultural, prepol�tica, orientada a deslegitimar la propaganda
neoliberal, a romper el fraccionamiento social, a desarrollar la
participaci�n y la reflexi�n. Demasiadas tareas para sindicatos que
padecen tambi�n de acomodamiento y burocratizaci�n. Pero sin generar
din�micas en estos tres campos tenemos pol�ticas neoliberales
y desastres sociales para mucho tiempo.
De
hecho,
el actual techo de movilizaci�n ya se experiment� en 1994. Entonces, la
respuesta sindical fue un repliegue respecto a sus posiciones anteriores
(la Propuesta Sindical Prioritaria, de corte socialdem�crata avanzado, y
la actitud movilizadora que tuvo lugar en el per�odo 1988-1992) y el
predominio de unas pol�ticas de concertaci�n social de bajo perfil. El
crecimiento econ�mico posterior a 1995 y las t�midas pol�ticas
reformistas del primer gobierno Zapatero permitieron que se dieran
modest�simos avances sociales o que, cuanto menos, el desastre social
tuviera niveles �tolerables� (en gran medida porque los mayores costes
del mismo fueron sostenidos por el nuevo ej�rcito de reserva de los
reci�n llegados, ellos mismos m�s dispuestos a tolerar unos costes
sociales aceptados como �peaje� de entrada). Puede que despu�s de la
Huelga y la constataci�n de la imposibilidad inmediata de revertir la
situaci�n la tentaci�n del regreso a la normalidad vuelva a presentarse.
Pero no parece que la coyuntura vaya a ser igual de permisiva que en el
pasado. Ante la prolongaci�n y endurecimiento del contexto actual es
hora de tomar en serio la necesidad de un cambio de estrategia.
IV
La convocatoria de Huelga General ha dado entrada a una nueva l�nea
pol�tica por parte de la derecha. En sus medios de comunicaci�n
(mayoritarios) la cr�tica a la convocatoria ha estado directamente
orientada a la criminalizaci�n de la acci�n sindical, a reclamar
pol�ticas dirigidas directamente a quebrar las estructuras sindicales.
Nunca la derecha ha sido favorable a los sindicatos, sus intereses de
clase se manifiestan m�s claramente que en la izquierda, pero ahora el
tono y las propuestas se han elevado a unos extremos que retrotraen a
los tiempos de Margaret Thatcher o a los EEUU pre y post fase
keynesiana. Haciendo un resumen de lo que estos d�as han largado los
numerosos contertulianos y editorialistas de derechas, el lema podr�a
ser el de �sindicalista bueno, sindicalista muerto� y la plasmaci�n
pol�tica de �ste, medidas orientadas a eliminar a los sindicatos del
mundo laboral. Como las propugnadas por esa aspirante al puesto
�Thatcher del Manzanares� por el que trabaja con
denuedo
Esperanza Aguirre.
Detr�s
de esta ofensiva puede haber simple maniobra pol�tica de corto alcance
�encontrar
un discurso propio en un conflicto en el que el protagonismo
correspond�a a Gobierno y sindicatos�
o un nuevo y peligroso giro a la derecha, cuya plasmaci�n se concretar�a
tras una victoria electoral del Partido Popular. La idea de liquidar a
los sindicatos ha estado presente en toda la historia del capitalismo y
se ha traducido en pr�cticas diversas en los planos legal
(prohibiciones, normas de control, etc.), represivo y
socio-organizativo. Un estudio atento a los cambios en la organizaci�n
del trabajo permite reconocer el objetivo antisindical como uno de los
factores que juegan en las din�micas de cambio organizativo. Una huella
que es visible en el desarrollo del taylorismo y el fordismo a
principios del siglo pasado y que es asimismo palpable en los cambios en
la organizaci�n empresarial a partir de la d�cada de los setenta. La
fragmentaci�n de la estructura empresarial, las pol�ticas de
subcontrataci�n en cadena y muchas de las medidas de flexibilidad tienen
como uno de sus objetivos aumentar el control sobre la fuerza de
trabajo, lo que incluye minimizar el papel y alcance de la acci�n
colectiva. Las pol�ticas antisindicales son patentes en diversos modelos
de capitalismo hegem�nico, como el norteamericano previo al New Deal, el
japon�s o el chino. Sin descontar todos los reg�menes dictatoriales en
los que el antisindicalismo ha constituido un rasgo esencial. El
antisindicalismo forma parte de la matriz ideol�gica de la derecha
espa�ola desde el inicio de la industrializaci�n. Ahora que las reformas
ya han abierto paso a la individualizaci�n de las relaciones laborales
(v�a despido basura y posibilidades de descuelgue generalizado de los
convenios sectoriales) la tentaci�n de acabar la faena con una remoci�n
de las bases institucionales de la actividad sindical no constituye en
absoluto una amenaza menospreciable. Y si fuera as� estar�amos
asistiendo a la primera ofensiva de una batalla que podr�a continuar un
posible Gobierno del PP. O que, cuando menos, le servir�a para paralizar
la acci�n de los sindicatos con la amenaza de nuevas derogaciones de
derechos si se portan mal. Algo de ello ya ocurri� en el primer mandato
de Aznar, cuando UGT y CCOO prefirieron optar por una pol�tica de
moderaci�n por temor a la aplicaci�n de reformas laborales m�s
dr�sticas.
Por tanto, no hay que despreciar la posibilidad de que estemos
asistiendo a la apertura de una nueva ofensiva antisindical contra toda
forma de acci�n colectiva aut�noma de la poblaci�n asalariada. Y para
evitarlo tambi�n es necesario desarrollar una pol�tica de amplio alcance
que genere una resistencia social de suficiente envergadura. Los
sindicatos, especialmente los grandes, deben ser conscientes que si bien
mantienen una importante presencia social tienen un bajo nivel de
aprecio y estima en amplios sectores de asalariados. Que en la situaci�n
de desconcierto actual las propuestas populistas, profundamente
antidemocr�ticas y antiobreras pueden pescar en r�o revuelto. Y que sin
una mayor sensibilizaci�n y acercamiento a las bases sociales el peligro
puede
traducirse
en desastre.
Que
una
amenaza exista no garantiza que se adopte la respuesta adecuada. De
hecho la misma puede traducirse en una continuidad de las pol�ticas
sindicales actuales. Y seguir confiando en el papel del PSOE como mal
menor. Para Zapatero las bravuconadas antisindicales de la derecha le
pueden resultar una baza a jugar. Los gui�os que �l mismo y sus
ministros han realizado ante la huelga indican algo al respecto. Pero
alguien que s�lo ofrece sumisi�n al sistema financiero, que ataca con
tanta insensatez el sistema de negociaci�n colectiva, no deber�a poder
presentarse nunca m�s como garante de derechos sociales en los que cree
poco. El momento es de giro estrat�gico, de trabajo duro y de
resistencia inteligente. Quien no lo entienda puede ser la pr�xima
v�ctima de un proceso que de momento ya ha dejado a millones de personas
en la inseguridad del desempleo, la precariedad laboral, el
endeudamiento y los problemas de vivienda.
V
La Huelga General ha evitado lo peor, el fracaso de la movilizaci�n. Y
con ello ha mostrado que a�n queda capacidad de resistencia social. Pero
los tiempos siguen siendo duros y exigen de todos honestidad
intelectual, coraje y trabajo para afrontar en serio la amenaza de un
mundo con muchas desigualdades, pocos derechos sociales, escasa
democracia y desastre ambiental a la vuelta de la esquina. La lucha debe
seguir: en los centros de trabajo, en la calle, pero tambi�n en la
producci�n de proyectos, de referencias culturales, en la generaci�n de
solidaridad y empat�a entre los que seguimos pensando que un pu�ado de
potentados no
tienen
derecho a dominarnos.
Las
expulsiones de ciudadanos europeos de etnia gitana
Antonio Madrid
Los gitanos constituyen
la minor�a �tnica con mayor presencia en la Uni�n Europea. Se calcula
que entre 10 y 12 millones de personas pertenecen a esta minor�a (puede
consultarse http://www.euromanet.eu/).
En todos los pa�ses miembros de la Uni�n Europea hay personas que se
identifican como gitanos. En el caso de Espa�a se suele hablar de una
poblaci�n de alrededor de 700.000 personas.
De estos 10-12 millones
de personas, la gran mayor�a poseen la nacionalidad de un estado miembro
y, por tanto, a efectos jur�dicos y pol�ticos son considerados
ciudadanos de un estado perteneciente a la Uni�n Europea. Este punto es
importante cuando se habla de expulsiones de �gitanos�; en realidad, si
la informaci�n que se transmite quiere ser fidedigna, hay que hablar de
la expulsi�n de ciudadanos. Por tanto, inicialmente la cuesti�n pol�tica
y jur�dica ha de quedar clara: dado que la expulsi�n en un estado de
derecho como puede ser el franc�s o el italiano ha de seguir un
procedimiento regulado legalmente, la expulsi�n afecta a un ciudadano,
con independencia de que sea gitano, congoide, musulm�n, cat�lico o
ateo. La expulsi�n no se puede producir por raz�n del grupo �tnico de la
persona, de lo contrario estar�amos ante una flagrante violaci�n del
derecho europeo y de los principios b�sicos del constitucionalismo
contempor�neo.
Sin embargo,
recientemente hemos tenido noticia de que el estado franc�s est�
expulsando de su territorio a colectivos gitanos. La prueba de que estas
expulsiones de colectivos gitanos (especialmente de nacionalidad rumana)
responden a un plan previamente trazado se encuentra en distintas
circulares enviadas desde el Ministerio del Interior franc�s a los
prefectos de polic�a indic�ndoles que hab�a que erradicar los
asentamientos de inmigrantes, tomando como prioridad la expulsi�n de los
gitanos (circular de 5 de agosto de 2010). El 13 de septiembre, el
ministro de Interior dict� una nueva circular sobre evacuaci�n de
campamentos il�citos con la intenci�n de evitar cualquier malentendido
sobre una eventual estigmatizaci�n (los textos y la secuencia de los
hechos puede seguirse en
http://www.lecanardsocial.com/Article.aspx?i=193).
Esta rectificaci�n
formal del estado franc�s responde a varios factores que no han de
quedar olvidados en un tiempo en el que la defensa de los derechos y
libertades de las personas se ha convertido en una tarea prioritaria.
Viviane Reding, Comisaria de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadan�a, y
primera vicepresidenta de la Comisi�n Europea, critic� en t�rminos
pol�ticos y jur�dicos las actuaciones del estado franc�s. Por otra
parte, la sociedad francesa se ha tenido que enfrentar de nuevo con una
vieja caracter�stica de nuestras sociedades, la hipocres�a que disimula
un racismo latente cuando no evidente. A su vez, distintas
organizaciones internacionales han reaccionado contra estos nuevos
atropellos a los derechos de libre circulaci�n y no discriminaci�n de
los ciudadanos europeos (a modo de ejemplo:
http://www.enar-eu.org European
Network Against Racism y
http://erionet.org/site/ European Roma Information Office).
Las expulsiones de
territorio franc�s no son un fen�meno aislado. En distintas ocasiones se
han denunciado violaciones semejantes producidas en otros pa�ses:
Italia, Dinamarca, Suecia� No es por tanto un hecho puntual, sino que
conforma una grave situaci�n que hay que tomarse en serio ya que da
noticia de la salud de las garant�as jur�dicas y pol�ticas de las
democracias europeas.
Junto a esta visi�n, que
desde el punto de vista jur�dico exige el cumplimiento del derecho
vigente y, por tanto, el respeto y garant�a de los derechos de las
personas reconocidos por los ordenamientos jur�dicos estatales y el
derecho comunitario (art. 3 del Tratado de la Uni�n Europea, la Carta de
Derechos Fundamentales ―art. 21, entre otros―, la Directiva 2000/43/CE
sobre igualdad racial y la Directiva 2000/78/CE sobre la discriminaci�n
en el �mbito del empleo, entre otras), hay que abordar una cuesti�n
�ntimamente relacionada: el mantenimiento de percepciones sociales de
car�cter racista frente a las personas de etnia gitana, al igual que
frente a otras personas que se puedan ocupar posiciones subsidiarias en
nuestros sistemas sociales.
La salud de las
garant�as jur�dicas y pol�ticas de las democracias europeas depende en
buena medida de lo que su poblaci�n est� dispuesta a hacer. La
democracia no es s�lo un procedimiento o un conjunto de acuerdos
jur�dicos y pol�ticos, es b�sicamente una cultura que ha de definir sus
principios b�sicos. Cuando surgen situaciones como la que comentamos, es
inevitable prestar atenci�n a argumentos que tratan de justificar las
expulsiones. Estos argumentos, m�s que jur�dicos, son b�sicamente
sociol�gicos. Hablan, no de ciudadanos, sino de un rasgo de la persona,
en este caso la identificaci�n �tnica: ser identificado como gitano, ya
sea por unos rasgos faciales, un color de piel, la forma de vida, la
actividad de la que se ocupa o, en algunos casos, la lengua utilizada o
incluso la forma de vestir. Los argumentos que suelen utilizarse son
�stos: los gitanos no se integran, los gitanos son peligrosos, los
gitanos roban, los gitanos viven como animales� y argumentos de este
tipo. En realidad, estos son falsos argumentos, son falacias, ya que
parten de premisas err�neas. Se trata de opiniones basadas en emociones
y prejuicios que pese a no tener una base s�lida, sirven para sentar
lugares comunes que ahorran el esfuerzo de pensar m�s o comprobar los
fundamentos de esa opini�n.
Sin embargo, esto no
quita que haya una realidad que no puede ser obviada: barriadas
degradadas, chabolismo, desempleo, problemas de convivencia entre
vecinos, consumo de drogas que envenenan las relaciones personales y
familiares� Estas condiciones de vida no afectan evidentemente s�lo a
los ciudadanos de etnia gitana, sino en realidad a todos los colectivos
y personas que se encuentran en situaci�n de especial vulnerabilidad. La
cuesti�n a abordar, por tanto, es la pervivencia e incremento de las
desigualdades que afectan a personas, que marcan la biograf�a de las
familias. Si se quiere, la gran cuesti�n a tratar sigue siendo la
realidad de la pobreza en las sociedades europeas, entendiendo por
pobreza una situaci�n fruto de la interacci�n de factores econ�micos,
pol�ticos, residenciales, culturales, laborales, de g�nero, salud y
edad. La pobreza es una realidad multifactorial.
Si se entiende de esta
forma la realidad de sociedades como la francesa o la italiana, o
cualquier otra, lo que se aprecia son situaciones que responden a
desigualdades preexistentes y, en su caso, la reproducci�n de las mismas
desigualdades. En un momento en el que los derechos sociales han sido
puestos en quiebra, en que se cuestionan los contenidos sociales del
estado, y no s�lo se cuestionan por la situaci�n generada por la
depredaci�n del capitalismo financiero, sino que ya se cuestionaban en
los discursos pol�ticos y econ�micos neoliberales antes de la crisis de
2008 (ver Naomi Klein, La doctrina del Shock. El auge del capitalismo
del desastre), en esta situaci�n, hay que recordar el texto que Lo�c
Wacquant public� hace a�os: Castigar a los pobres. El gobierno
neoliberal de la inseguridad social. No se trata tanto de gitanos,
musulmanes, prostitutas, sin techo, inmigrantes� como de personas que
viven en condiciones de pobreza y que, como siempre ha ocurrido, son
convertidos f�cilmente en v�ctimas propiciatorias.
La condici�n de v�ctima
propiciatoria ha de verse contestada, como m�nimo, desde dos posiciones
que han de estar, a poder ser, articuladas entre s�. Por un lado, como
ya se ha dicho, la defensa de los derechos y libertades de las personas
es importante per se, como condici�n de una sociedad democr�tica,
con independencia de que estas personas sean identificadas como gitanas,
prostitutas, enfermos, inmigrantes, sin techo� Es por tanto una
condici�n objetiva de la sociedad democr�tica. Por otro lado, los
propios colectivos han de articularse pol�ticamente para defender sus
derechos y sus intereses. Esta articulaci�n pol�tica es deficiente y
requiere superar dos limitaciones: hallar m�s complicidad a nivel
europeo entre las distintas comunidades pol�ticas y, a su vez, plantear
la causa gitana, no en t�rminos identitarios, sino en t�rminos
universales, haciendo causa com�n con todas aquellas personas y
colectivos que padecen los procesos de exclusi�n, discriminaci�n y
explotaci�n. Esta es una causa pendiente que se muestra cada vez m�s
necesaria.
Una
"lecci�n de cosas"
Juan Ram�n Capella
Nada
como la gran crisis econ�mica �y social� de principios del siglo XXI
como lecci�n de cosas, como experiencia directa de los derechos
de las personas. Una estallido de violencia profunda en el �mbito de las
relaciones econ�micas ha dinamitado el mundo de los derechos sociales,
por empezar por ah�.
Millones
de personas han sido expulsadas de sus ocupaciones. Los derechos de los
trabajadores como tales han sido cercenados. El coste del despido se ha
abaratado para los empleadores. Los puestos de trabajo tienden a ser
entendidos jur�dicamente como provisionales o temporales. Las
indemnizaciones y subsidios por desempleo se recortan. Las condiciones
para el derecho a pensiones de jubilaci�n se endurecen y las pensiones
mismas se deterioran, etc. Tambi�n se recortan los servicios prestados
por las instituciones p�blicas y se imponen a pesar de eso mayores
cargas fiscales a las gentes.
Dicho
en pocas palabras: el sistema de relaciones econ�micas ha impuesto un
recorte gigantesco de la remuneraci�n directa e indirecta de los
trabajadores en beneficio de los empleadores.
Lo
ha hecho ante todo mediante la violencia estructural. Mediante la
potencia de la coerci�n econ�mica. Ese imperativo econ�mico, por
decirlo as� �pues en realidad no es s�lo econ�mico, sino tambi�n un
mixtum militar, cultural, pol�tico�, ha impuesto a las
instituciones pol�ticas de los estados la juridificaci�n y
legitimaci�n de sus dictados. Gobiernos y parlamentos han
obedecido. Ha sido escenificada la farsa mediante la cual las voluntades
del capital aparecen como manifestaciones de la voluntad general.
Han sido juridificadas y legitimadas como decisiones democr�ticas.
O
sea:
el demos, la gente, ha querido la reducci�n de sus
derechos, seg�n el argumento de la farsa.
Que
se ha hecho moment�neamente visible.
Esa
visibilidad moment�nea debe hacer posible describir la falsificaci�n de
la democracia en las barbarizadas sociedades contempor�neas.
Y, en otra opci�n,
tambi�n posibilita analizar mejor qu� son esas fr�giles entidades a las
que llamamos nuestros derechos, que como es natural las gentes
queremos defender y conservar. Pero todav�a sin plena consciencia de que
eso, en �ltimo t�rmino, s�lo est� en nuestras manos.
De
tigre a rat�n
Albert Recio
Hace
pocos a�os hab�a un pa�s que era presentado como el modelo a seguir. Le
apodaron el �tigre c�ltico�. Su �xito se basaba en la aplicaci�n
estricta de un programa neoliberal: pocos impuestos y libertad de
movimientos para las empresas multinacionales. Su crecimiento y nivel de
vida eran presentados no como un milagro sino como el �xito de un
proyecto bien concebido. Hoy sabemos que no era m�s que uno de los
m�ltiples espejismos de la era post-moderna. Que el modelo se basaba en
una variante del capitalismo especulativo que tambi�n se ha dado en su
pariente lejano, �el lince mediterr�neo�. Y que cuando el endeudamiento
financiero y la burbuja inmobiliaria estallaron, el modelo se vino
abajo. Y se aplicaron ajustes dur�simos sobre sus inexpertos ciudadanos.
Sus pol�ticos sin embargo no han cejado en el empe�o y, en lugar de
trabajar para cambiar de modelo, se han esforzado en seguir aportando
fondos para salvar a sus bancos (especialmente el AngloIrish Bank),
generando un nuevo endeudamiento y nuevas presiones de los mercados
financieros que acaban por afectar a terceros pa�ses. Ahora la Uni�n
Europea le exige a Irlanda que suba impuestos, que acabe con las
pol�ticas de baja fiscalidad. Se acab� el modelo exitoso. Aunque ahora
los impuestos ir�n a pagar las deudas del banco y no a satisfacer
necesidades de la gente. Alguien al menos deber�a aprobar una
reprobaci�n p�blica de unos modelos que convierten a los pa�ses en
ratones indefensos. Y pedir que esto se estudie en las facultades de
Econom�a, donde el neoliberalismo sigue defendi�ndose como verdad
cient�fica incontestable.
Intervenci�n
en apoyo a la huelga general del 29-S
Miquel A. Falguera i Bar�
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
Perm�tanme que en este acto tan importante reflexione como un simple
jurista. Y, perm�tanme tambi�n que recuerde que los juristas no hablamos
de dineros sino de derechos. Que nuestra raz�n de ser no pasa por el
incremento de las riquezas sino por el avance de la civilidad.
Tengo
la impresi�n de que vivimos unos tiempos tan inciertos que es necesario
recordar obviedades. Como, por ejemplo, recuperar el sentido de las
palabras. As�, habr� que recordar que, en contra de lo que se nos quiere
hacer creer, la democracia no s�lo es sin�nimo de libertad sino que es
algo m�s. Est� claro que no hay democracia sin libertad. Pero la
democracia es tambi�n igualdad. Y la democracia es tambi�n la
fraternidad �es decir, el derecho de todos los hombres y todas las
mujeres a desarrollarse como personas a partir del reconocimiento social
de unos m�nimos de subsistencia. O, como afirmaban los padres
constituyentes norteamericanos: el derecho a la felicidad.
Nadie
puede ser libre si no tiene la posibilidad de desarrollar todas sus
potencialidades como ser humano. De aqu� que Arist�teles caracterizara
la democracia como �el gobierno de los hombres pobres libres� a
diferencia de la oligarqu�a, �el gobierno de los hombres ricos libres�.
De estos conceptos simples surgieron las ideas centrales de la
Ilustraci�n, de la que somos hijos.
Y habr�
que recordar tambi�n �porque se olvida a menudo� que los actuales marcos
constitucionales de los pa�ses occidentales no aparecieron de la nada,
sino que son fruto del inmenso esfuerzo de las personas pobres, m�s o
menos libres, a lo largo de dos siglos. Que son la consecuencia de la
lucha, la sangre y el padecimiento de la pobreza laboriosa. Despu�s que
dos generaciones de trabajadores europeos y norteamericanos dejasen la
vida en los campos de batalla en las dos guerras mundiales se consigui�
un pacto social trascendental que comport� nuevas reglas de reparto de
la tarta de la riqueza (que, ciertamente, obviaba la realidad de los
pa�ses menos desarrollados), recuperando un modelo social que hab�a sido
m�nimamente dise�ado por las constituciones de Weimar y Quer�taro.
A pesar
de ello, hace un cuarto de siglo �a ra�z de la aparici�n de lo que se
conoce como neoliberalismo� las condiciones contractuales han cambiado.
Y de esta manera los valores constituciones se han visto pervertidos.
Aunque nadie lo diga, los textos de nuestras cartas magnas han quedado
en papel mojado, en simples declaraciones sin contenido.
A lo
largo de estos a�os, los juristas hemos visto, estupefactos, hasta qu�
punto las conquistas de civilizaci�n eran puestas en solfa; c�mo el
Derecho ten�a que someterse a la econom�a.
Muchas
veces asistimos a discursos oficiales que cuestionan la igualdad y la
fraternidad por �antiguas� y reivindican una supuesta �sociedad del
riesgo�, que comporta la instauraci�n del neodarwinismo social. Ahora
somos m�s desiguales que hace unas d�cadas. En otras palabras, los ricos
son m�s ricos y los pobres m�s pobres. Y no s�lo en escalas de los
pa�ses opulentos, tambi�n a nivel mundial como constata la OIT.
Discursos y pol�ticas que reclaman �menos Estado� y �menos regulaci�n�,
es decir, el abandono de la intervenci�n de la sociedad como colectivo
en las relaciones privadas, de tal manera que los m�s poderosos acaben
imponiendo sus intereses.
En ese
marco los juristas hemos asistido, boquiabiertos, a la negaci�n de que
la propiedad tiene una finalidad social, tal y como afirman la mayor
parte de los textos constitucionales occidentales. Y, as�, el triunfo a
la vida parece pasar por el simple enriquecimiento y no por la
autoemancipaci�n individual y colectiva del ser humano y la mejora de
nuestras sociedades. Un enriquecimiento a cualquier precio y a costa de
los dem�s: la ca�da del concepto de ciudadan�a social en favor del
individualismo descarnado.
Hemos
asistido a la negaci�n de los derechos y valores colectivos a favor del
individualismo en contra de lo que afirman las Constituciones. Cada vez
son m�s frecuentes las pol�ticas, declaraciones y normas que cuestionan
a los sindicatos, la negociaci�n colectiva o el derecho de huelga. En
estos precisos momentos tenemos claros ejemplos. Se nos dice �y se nos
quiere hacer creer� que estas instituciones colectivas, conquistadas por
hist�ricas luchas desiguales, impiden el crecimiento econ�mico.
Se ha
recortado la solidaridad social a trav�s de una pol�tica fiscal
regresiva. Y ello ha comportado el incremento de la desigualdad, en
derechos b�sicos, como el derecho a la ense�anza, el derecho a la
vivienda, el derecho a la tutela judicial efectiva, los derechos de
conciliaci�n de la vida laboral y efectiva o las situaciones de
dependencia. El sistema de Seguridad social �la gran conquista de la
pobreza laboriosa y el m�ximo exponente de la fraternidad social�
tambi�n es negado, porque se nos dice que afecta a la econom�a y nos
hace incapaces de afrontar los riesgos de encarar los riesgos de las
sociedades modernas. Constantemente aparecen estudios �directa o
indirectamente pagados por entidades financieras� que indican la
imposibilidad de pervivencia del actual modelo de previsi�n social, con
gran resonancia en los medios de comunicaci�n que ocultan las p�rdidas
elevadas de los sistemas privados de previsi�n. Entretanto, nuestras
pensiones se van reduciendo y se endurecen los requisitos de acceso a
ellas.
Con la
excusa del empleo �excusa que la pr�ctica ha demostrado ser falsa�
llevamos veinticinco a�os de recortes de los derechos de los
trabajadores ante los empresarios. Y asistimos a la regulaci�n de
mayores facilidades para el despido y a graves limitaciones de su
posterior control judicial.
Asistimos a un uso abusivo de la mano de obra extranjera en un
interesado dise�o de leva de un aut�ntico ej�rcito industrial de reserva
que abarata los costes salariales. Y, en paralelo, asistimos tambi�n al
incremento preocupante de discursos xen�fobos y con actuaciones de los
gobiernos de los pa�ses ricos que incumplen los tratados
internacionales.
Con
estas pol�ticas contrarias a la igualdad y a la fraternidad somos cada
vez menos libres. Porque asistimos a unos momentos en que los votos de
los hombres pobres libres no sirven de nada para delimitar las grandes
pol�ticas sociales y econ�micas. Estas pol�ticas se dise�an en
organismos y corporaciones trasnacionales que no han sido votadas por
nadie ni nadie las votar�. Y somos menos libres porque toda voz
m�nimamente cr�tica no s�lo es omitida sino quemada inquisitorialmente
en la plaza p�blica.
La
actual crisis no es imputable a los trabajadores y a los pobres hombres
libres sino a estas pol�ticas neoliberales. No deja de ser sorprendente
que, poco despu�s del inicio de la crisis, voces destacadas empezaran a
hablar de reformar el sistema, de regular la econom�a. Fue una idea
ef�mera. Una vez que los hombres libres pagaron de su bolsillo los
excesos financieros, la conclusi�n de los poderosos fue que estas
pol�ticas suicidas ten�an que incrementarse. Dijeron que eran los
pensionistas, los empleados p�blicos y las personas dependientes quienes
deb�an pagar las consecuencias. Que la soluci�n a la crisis era menos
igualdad y menos fraternidad. Que hab�a que continuar recortando los
derechos de los trabajadores y los sindicatos. Han omitido que la causa
de la actual situaci�n no es la igualdad sino precisamente los recortes
de los derechos constitucionales de las personas.
Por
eso, mi asociaci�n profesional, Jueces para la Democracia, ha decidido
dar p�blico apoyo a la huelga general del pr�ximo 29 de septiembre.
Porque esencialmente nosotros somos juristas y nuestra pasi�n es el
Derecho. Alguien podr�a dudar y pensar que los motivos de la huelga en
nada nos afectan, que son cosa de los trabajadores y los sindicatos.
Quien as� piense se equivoca. Lo que nos jugamos ese d�a es mucho m�s
que el redactado de unas leyes. Lo que nos juzgamos es si nuestro futuro
lo decidir�n nuestros votos o las organizaciones financieras
internacionales. Lo que nos jugamos es si optamos por la democracia o
por la oligarqu�a.
* [El texto,
publicado con el consentimiento de su autor, recoge una de las
intervenciones en apoyo a la huelga general del 29-S que se dieron en el
Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 22.09.2010. La versi�n
castellana (el discurso fue pronunciado en catal�n) que se ofrece la ha
realizado la Escuela de Traductores de Parapanda y ha sido tomada del
blog de Jos� Luis L�pez Bulla:
http://lopezbulla.blogspot.com/2010/09/los-juristas-no-hablamos-de-dineros.html]
Carta
abierta al conseller Joan Saura
Barcelona, 1 de octubre del 2010
Estimado Conseller Saura,
No soy
una joven violenta anti-sistema. Soy una mujer cincuenta�era, enferma
del S�ndrome de la Fatiga Cr�nica que raramente puede salir de su casa.
El 26 de septiembre hice el esfuerzo de ir a Pla�a de Catalunya, al
banco ocupado por colectivos trabajando para una sociedad mejor, para
participar en una interesante y fruct�fera reuni�n sobre la
�Politizaci�n de los Cuidados�. Participamos enfermos, tetrapl�gicos y
mujeres inmigrantes, que son las que cuidan de enfermos y ancianos en
nuestros hogares. Se hizo un serio trabajo de reflexi�n sobre c�mo
organizarnos entre todos ya que ni el gobierno de la Generalitat ni el
de Madrid nos prestan la ayuda m�nima que necesitamos.
Era mi
intenci�n haber vuelto el d�a de la Huelga General para continuar
participando en los interesantes talleres que se estaban llevando a cabo
en ese espacio, pero mi salud no me lo permiti�. Desde mi cama pude ver,
horrorizada, por televisi�n que usted hab�a decidido desalojar ese
espacio ese mismo d�a y con una violencia impresionante. Me pregunto qu�
fue de los ni�os y de los ancianos que tambi�n participaban en las
actividades en ese espacio.
Pero me
pregunto, sobre todo, que por qu� decidi� usted desalojar ese espacio
justo el d�a de la Huelga General. Podr�a haber esperado al d�a despu�s
si tanto le amenaza que los ciudadanos hablemos de la politizaci�n de
los cuidados. �No ser�a una manera de despistar a la prensa de la Huelga
General? Cual fuera su intenci�n, la prensa en toda Espa�a, cuando habla
de la Huelga General en Barcelona, s�lo habla de los �okupas�
acus�ndoles de violentos (personas que, por cierto, quedaron heridos y
bastante magullados). Pero para a�adir al despiste, y como si usted no
tuviera nada que ver con la violencia contra los alter-mundistas,
mientras los Mossos pegaban usted tomaba un sitio central en la
manifestaci�n. Ese tipo de perversi�n es lo que le va a costar a su
gobierno las pr�ximas elecciones.
Tambi�n
quer�a informarle de que el peque�o bid�n de gasolina (la justificaci�n
que usted da en la prensa por el salvaje ataque) que hab�a en ese
espacio era para el generador de electricidad para poder tener luz y
utilizar ordenadores en nuestras actividades.
Pero la
verdad siempre prevalece y hasta con cierta poes�a, a�n en tiempos de
pol�ticas neoliberales salvajes: La �S� que alguien a�adi� a las
palabras �DE CREDITO� en la puerta del banco para as� formar la palabra
�descredito�, veo en la prensa, que sigue en pie, despu�s de que ustedes
hayan tapiado la puerta con ladrillos. Tambi�n siguen en pie, al lado de
la puerta, las palabras: �Aqu� se sue�a�.
Sinceramente,
Clara
Valverde
Presidenta Lliga SFC (S�ndrome de Fatiga Cr�nica, Fibromialgia y
Sensibilidades Qu�micas M�ltiples)
http://www.ligasfc.org
La
biblioteca de Babel
�ric Raynaud
11-S. Las verdades ocultas
Editorial Akal, Madrid, 2010, 254 p�gs.
The New York Times,
el 23 de
septiembre
pasado, a ra�z de la demanda de una investigaci�n internacional sobre el
11-S formulada el d�a anterior por Mahmud Ahmadineyad en la Asamblea
General de Naciones Unidas, hizo p�blico el resultado de una encuesta
global sobre la credibilidad de la versi�n oficial de los famosos
atentados. El resultado fue cuando menos sorprendente. Seg�n dicha
encuesta, la atribuci�n a Al Qaeda de la autor�a del 11-S no se la cree
el 23% en Kenia, 29% en Nigeria, 36% en Alemania, 37% en Francia, 42% en
Ucrania, 42% en Palestina, 43% en Gran Breta�a, 43% en Rusia, 44% en
Italia, 51% en Corea del Sur, 53% en Taiwan, 61% en Turqu�a, 67% en
M�xico, 68% en China, 77% en Indonesia, 84% en Egipto y 89% en Jordania.
En t�rminos globales, el 54% de las 16.063 personas encuestadas no se
cre�a la versi�n oficial. �C�mo es posible que tantas personas de
lugares tan dispares duden de dicha versi�n, si todo parece estar tan
claro seg�n los gobiernos y los grandes medios de comunicaci�n
occidentales? Pues, tal vez, porque esa supuesta claridad tiene que ver
m�s con la fe que con la raz�n. Fe, sobre todo, en que la versi�n
oficial es el producto de una investigaci�n seria, rigurosa e
independiente. Pero todos los que hayan le�do el informe de la Comisi�n
del 11-S y las cr�ticas al mismo (otra cosa son los que hablan de o�das;
esos lo que tiene que hacer es leer y estudiar) saben que el resultado
de los trabajos de la Comisi�n no merece ninguno de esos calificativos.
Entre otras cosas, porque as� lo han sugerido sus principales
responsables. Lee Hamilton y Thomas Kean, presidente y vicepresidente de
la Comisi�n del 11-S, han dejado escrito que la Comisi�n del 11-S
�estaba organizada para fracasar� (en su libro Whithout Precedent.
The Inside Story of the 9/11 Commission, Vintage Books, New York,
2007 y en varias declaraciones p�blicas, como la que se puede ver y o�r
en Youtube en el v�deo titulado �The 9/11 Commision Failed�). La
investigaci�n period�stica de �ric Raynaud est� escrita para los amantes
de la raz�n, el empirismo y la decencia. Su contenido consiste en una
infinidad de datos, hechos y pruebas que pulverizan la versi�n oficial
del 11-S. Todo el mundo
deber�a
leerla.
[Jos� Luis Gordillo]
Alejandro Teitelbaum
La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales
en el mundo contempor�neo
Icaria, Barcelona, 2010
Teitelbaum
trabaja
como abogado. Es el representante de la asociaci�n americana de juristas
ante las Naciones Unidas
http://www.aaj.org.br/ En este libro presenta las principales
caracter�sticas del proceso de mundializaci�n de las compa��as
transnacionales y el peso que han adquirido en el funcionamiento del
capitalismo contempor�neo.
Se trata de un texto cr�tico y bien documentado que da
informaci�n al lector acerca de cuestiones tan relevantes como las
responsabilidades de las transnacionales, las insuficiencias de la
regulaci�n internacional y las v�as de escape que encuentran para evitar
responder por los da�os que causan. Junto a esto, explica qu�
actuaciones a nivel internacional est�n dando resultado a la hora de
exigir responsabilidad a las transnacionales. Esta tarea es una de las
m�s urgentes que tenemos planteadas a nivel global: establecer
instrumentos de regulaci�n y supervisi�n a las actividades de las
transnacionales.
[Antonio Madrid]
Juan Hern�ndez Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.)
El negocio de la responsabilidad. Cr�tica de la Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas transnacionales
Icaria, Barcelona, 2009
En este libro
se muestra cr�ticamente a
qu� se refiere la mayor parte de las corporaciones transnacionales
cuando hablan de su responsabilidad social corporativa (rsc). Una de las
conclusiones a la que se llega es que o se consigue que la rsc sea de
cumplimiento obligatorio, y sus contenidos se acuerdan y controlan a
nivel estatal e internacional, o, en la mayor�a de lo casos, la rsc no
ser� m�s que la auto-publicitaci�n blanqueadora de los desmanes de las
transnacionales.
La rsc se ha convertido,
y puede seguir siendo as�, en un instrumento de legitimaci�n de las
transnacionales, de modo que aparecen como creadoras de riqueza, al
tiempo que tratan de eludir su responsabilidad como causantes de crisis
e injusticias. El uso dominante de la rsc expresa un acuerdo
t�cito que deber�a ser revisado. Este acuerdo dice: la buena cara
de las transnacionales se mantiene mientras no se toque la
tasa de beneficio, no se
alteren las condiciones pol�ticas y econ�micas que se exigen, es decir,
mientras las grandes corporaciones puedan definir las reglas de juego.
El
libro aborda la cuesti�n de
la rsc desde diversas perspectivas: publicidad, c�digos de conducta,
consumo, relaci�n entre la rsc y la protecci�n del medio ambiente, el
papel de los sindicatos y la realidad de las transnacionales espa�olas.
Es una buena introducci�n a la cr�tica del uso dominante de la noci�n de
responsabilidad social corporativa.
[Antonio Madrid]
Cine
Achero Ma�as
Todo lo que t� quieras
Esp., 2010, 101�
Dudo que el nuevo film
del director de El Bola y de Noviembre pase de esta semana
en cartelera. No es un film reconfortante para el espectador. Y ser�a
una l�stima esperar a que salga en DVD o la echen por la tele
para verla, pues se trata de una pel�cula cuya profundidad, bien
subrayada por la l�gubre luz oscura que lo domina y por la hondura de
las interpretaciones, no se puede captar bien si no es en una sala de
proyecci�n. La nueva obra de Ma�as es, como sus predecesoras,
veraz y sincera: como ha sido divulgado, trata de la cuesti�n
identitaria y de la homofobia, en el marco de una relaci�n heterosexual
normal alterada por un suceso imprevisto. Pero tal vez el mayor
inter�s del film radique justamente en hacernos reflexionar sobre esos
acontecimientos que inesperadamente se nos presentan para revelarnos lo
limitado de nuestra experiencia y lo clasada e ideologizada que suele
estar nuestra manera de mirar. La evoluci�n del prota, un abogado
pijo y bien casado, puede que resulte poco cre�ble, pero muestra el
verdadero valor de la renuncia en unos tiempos poco dados a actos
revolucionarios.
[Antonio Gim�nez]
P�ginas
amigas
Centre de Treball
i Documentaci� (CTD)
http://www.cetede.org
Nómadas. Revista Crítica de
Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com
La Insignia-
http://www.lainsignia.org
Sin permiso
http://www.sinpermiso.info/
Revista
mientras tanto
N�mero 114
mientras tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Oto�o 2010A los 25 a�os de la
muerte de Manuel Sacrist�n
Presentaci�n
Manuel Sacrist�n Luz�n: Ponencia de las jornadas intelectuales
comunistas de Barcelona
Manuel Sacrist�n Luz�n: Introducci�n a un curso sobre los nuevos
movimientos sociales
Juan-Ram�n Capella: La obra de Manuel Sacrist�n Luz�n:
sugerencias de lectura
Los cr�menes del
franquismo y la justicia espa�ola
LOS JUECES Y EL APRENDIZAJE DE LA IMPUNIDAD, A PROP�SITO DE
LOS CR�MENES DEL FRANQUISMO
Ram�n Saez
ILEGITIMIDAD FRANQUISTA
FRENTE A LEGALIDAD REPUBLICANA
Carlos Jim�nez Villarejo
JUECES Y FISCALES ANTE
CR�MENES DEL FRANQUISMO
Antonio Do�ate Mart�n
RESE�AS
Retrato del cerebro de Adam Zeman
Alfons Barcel�
Sobre los escritos
filos�ficos de Castoriadis
Xavier Pedrol
CUESTION DE PALABRAS
Tres consideraciones
de Luis Garc�a-Montero
CITA |
mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
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