Cuaderno
de crisis/4
Albert Recio
¡Al
ataque!
Era
previsible: la reforma del mercado laboral vuelve a plantearse como
la gran solución patronal a la crisis económica. Durante los
primeros meses de la crisis, cuando todas las evidencias mostraban
que ésta es una crisis generada por financieros, promotores
inmobiliarios y especuladores de todo tipo
—o
sea capitalistas—
nadie se atrevía a abrir demasiado la boca. Como mucho para rogar
que el estado interviniera para salvar sus dineros. Los neoliberales
estaban deprimidos y desorientados y todos los focos apuntaban al
sistema financiero.
Pero
a medida que pasa el tiempo, la crisis se agudiza en todos los
sectores y el desempleo se masifica renace la oportunidad de volver
a la carga con los temas laborales. Empezando por el despido libre
(de momento no se atreven tanto con los salarios porque hay
demasiadas evidencias que una caída brusca de salarios agudizaría la
caída de la demanda).
El
pistoletazo de salida no vino del sector privado, sino de un
servidor público. En concreto, del Gobernador del Banco de España,
Miguel Fernández Ordóñez, en una conferencia ofrecida a la
Federación de Usuarios de las Cajas de Ahorro (se puede encontrar el
discurso completo en la web del diario Público). El discurso
no tiene desperdicio y es una buena muestra del tipo de
argumentación a la que nos tienen acostumbrados muchos expertos.
Después de repasar las causas del crecimiento económico pasado y de
la crisis actual
—en
lo que no entraré—
llega al meollo de la cuestión. El argumento central es que para
salir de la crisis la cuestión básica es el aumento de la
productividad y conseguirlo “pasa inevitablemente por llevar a cabo
reformas estructurales en numerosos campos”. Pero cuando uno
esperaría, cuando menos, una enumeración de las mismas, el
conferenciante da un quiebro y plantea que “Hoy, por razones de
tiempo, dedicaré exclusivamente mi intervención a la reforma de las
instituciones laborales”. Planteado así, es evidente que se está
sugiriendo que éste es el tema más urgente a resolver, y que el
resto de “reformas estructurales necesarias” pueden postergarse en
el tiempo. Aun siendo discutible esta premisa uno esperaría que en
este caso se procediera a un análisis más completo de las
instituciones del mercado laboral, de las líneas de fuerza que lo
delimitan, pero casi todo el análisis se focaliza en el tema de la
regulación del despido, alegando que las indemnizaciones por despido
“desincentivan la movilidad de los trabajadores por miedo a perder
los derechos adquiridos”. Frente a este modelo, el Sr. Gobernador
plantea como alternativa el modelo danés o el austriaco en los que
ciertamente el despido no recibe indemnización pero en contrapartida
hay una amplia cobertura social. Pero olvida plantear que el paso a
un modelo de este tipo supondría a la vez reformas laborales, de
protección social y de impuestos. Algo difícil de esperar de alguien
que en su propio discurso ha atribuido parte del mérito del
dinamismo español a que “tenemos un sector público con un peso
relativo más reducido que el de otros países europeos”. Olvida por
ejemplo que (según datos de Eurostat) mientras el gasto social
español en 2006 representaba el 20,9% del PIB, el de Austria se
elevaba al 28,5% y el de Dinamarca al 29,1%. No hay nada en su
discurso que abone una propuesta de estatalización a la nórdica. Más
bien parece, como viene siendo habitual en los discursos de los
burócratas europeos, que se tomen ejemplos puntuales fuera de
contexto para apuntalar argumentaciones en las que el objetivo es
otro. Y parece fuera de dudas que abaratar el despido en España, al
menos en el marco actual, difícilmente daría lugar a otro tipo de
“compensaciones”.
Al
menos esto es lo que han entendido las organizaciones patronales que
animadas por estas declaraciones ya se han lanzado a la ofensiva
para avanzar en lo que ha constituido una línea estratégica de la
patronal: el despido libre sin costes, sin condicionantes. De hecho
el despido libre ya existe en España, varía su coste según sea el
tipo de contrato y la forma de despido. Las sucesivas reformas
laborales no sólo han favorecido la temporalidad del empleo, también
han abaratado los costes del despido de los empleados fijos
estableciendo una gradación según el despido sea por un ERE
—20
días por año (el 50% a cargo del Fondo de Garantía Salarial en el
caso de las pymes)—,
de 33 días en los contratos fijos creados a partir de 1996, 45 días
en caso de despido improcedente (la reforma de 2002 prácticamente ha
eliminado los salarios de tramitación, los que debía pagar el
empresario entre el día de despido y el de la celebración del
juicio), y cero para los despidos disciplinarios. Si se paga más es
porque se negocia, sólo en las grandes empresas donde abundan los
recursos y donde, a menudo, los despidos obedecen más a estrategias
empresariales que a la simple situación de crisis. Los estudios
comparativos muestran que en nuestro país algunos despidos son más
caros pero su procedimiento es más sencillo y menos garantista. Lo
que pide ahora la patronal no es cambiar el procedimiento sino
abaratarlo y hacerlo aún más fácil, especialmente eliminando la
autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de
Empleo (EREs), que constituye un medio que concede tiempo y resortes
a la acción colectiva. Quizás lo que pretenden es aprovechar la
coyuntura. O simplemente ahorrarse la necesidad de dedicar una
parte de su patrimonio a indemnizar a las víctimas de su propio
fracaso (o de su irresponsabilidad). El neoliberalismo impuso una
traslación del riesgo desde la empresa a los trabajadores y al
conjunto de la sociedad. Las ayudas públicas al sector financiero,
el aval público a los préstamos, está elevando aún más esta
transferencia de riesgos, y la gratuidad del despido no deja de ser
otra variante de lo mismo.
Que
el abaratamiento del despido no va a generar ningún empleo es
evidente. Puede incluso que en el corto plazo contribuyera a
aumentar los despidos. Ya se sabe que cuando algo sale gratis se
producen efectos imprevisibles. Por eso hay razones para oponerse
lisa y llanamente a la propuesta. Y empezar a denunciar la enorme
rigidez que en el funcionamiento de la economía real introducen las
prácticas empresariales. Al fin y al cabo muchas de las demandas de
flexibilidad laboral no son otra cosa que los intentos de respuesta
empresarial a la propia rigidez del sistema productivo. En parte por
mero instinto de clase. Pero en parte también porque la tecla que
tocar es mucho más fácil cuando se trata de lo laboral. Es más
sencillo conseguir que gente sin poder, acogotada por la necesidad
de un empleo, acepte rebajar sus demandas, se adapte a una pérdida
de derechos, que negociarlo con instituciones poderosas. Para muchas
pymes esto resulta evidente, su poder de negociación con grandes
clientes, con proveedores de “inputs” esenciales, o con
instituciones financieras es nulo. También para los propios
Gobiernos resulta más factible que los asalariados y las
organizaciones sindicales transijan ante una “emergencia nacional”
que no que lo hagan poderosas instituciones internacionales o
grandes empresas transnacionales. Y aunque de momento el Gobierno
Zapatero siga defendiendo que nada de reforma sindical, no podemos
esperar una actitud demasiado firme a medida que se consolide el
desempleo y el Gobierno necesite votos para aprobar propuestas
esenciales (por ejemplo el Presupuesto). La larga sombra de CiU o el
PNV planean ya sobre la posibilidad de una nueva embestida. La
movilización patronal ha servido para calentar motores, diseminar
discurso. Quizás también como cortina de humo para impedir otro tipo
de debates.
Oponerse
a la reforma sin más puede resultar a la larga insuficiente. Sin
duda la pueden colar dada la cultura política de las elites
políticas y la correlación de fuerzas en el Congreso. La única
posibilidad de eludirla es la existencia de una poderosa resistencia
social que amenace con movilizaciones y pérdidas de votos a quien
ose llevarla a cabo. Y para que ello ocurra es imprescindible tener
un discurso de fuerte calado. Basado a mi entender menos en las
cuantías de las indemnizaciones (al fin y al cabo una fuente de
enormes desigualdades entre grupos de asalariados) y más en los
mecanismos de regulación del despido y en los sistema de protección
social. El Presidente del Banco de España lanzó una provocación de
mala fe, está ha sido siempre la línea de los técnicos de la
institución. Pero responder al reto exige generar un discurso
alternativo que vaya más allá del “Virgencita, virgencita, que me
quede como estoy”. Requiere articular propuestas que supongan
alterar el actual reparto de riesgos sociales, que supongan crear
barreras efectivas a los despidos arbitrarios y que supongan
efectiva protección social a las víctimas inevitables de la crisis
actual. Siempre se ha dicho que el ataque es la mejor defensa.
Quizás llevamos tiempo en continua derrota porque nadie es capaz de
plantear más que respuestas defensivas a los ataques de la patronal
y sus servidores.
Finanzas y riesgo colectivo
Hemos
perdido la medida de la enorme cantidad de fondos financieros
entregados a las empresas bancarias en todo el mundo. Sin que de
momento se vislumbren resultados claros de esta ayuda masiva, más
allá de que ésta ha permitido mantener abiertas (con nombre propio o
mediante fusión) a las casas bancarias responsables del problema.
Da
la impresión que nadie tiene una idea clara de verdad sobre los
criterios de intervención. A excepción de la negativa a nacionalizar
el sistema financiero que surge una y otra vez siempre que se
pregunta a un “experto” sobre esta eventualidad. La alergia de lo
público está tan internalizada en la cabeza de muchos economistas
que estos responden a la pregunta sin pensarlo dos veces y casi
siempre sin argumentarlo. Y lo cierto es que el aporte de millones
de euros no parece haber servido para garantizar la liquidez al
sistema económico que justificaba la enorme donación de recursos.
Algo que era esperable por dos razones: por un lado, el alto
endeudamiento de los propios bancos, necesitados de dinero para
cubrir los vencimientos de sus propios créditos y, por otro, su
aversión a mantener la política de crédito fácil ante unas empresas
y unos consumidores asimismo endeudados. Es posible que las
restricciones crediticias acaben por afectar a empresas saneadas,
pero esto, como en la guerra, forma parte de los “daños colaterales”
derivados del “gran daño central”. Al final los bancos lo que están
haciendo es tomar el dinero aportado por el estado para tapar
agujeros y colocarlo en inversiones seguras. Es bastante probable
que el resultado final va a ser una enorme masa de endeudamiento
público que estará en manos de los propios bancos y que significará
una enorme transferencia anual de dinero público hacia los mismos.
Si no lo remediamos la deuda y las pérdidas de los grandes bancos
pueden trastocarse en obligaciones hacia los mismos del conjunto de
la comunidad. Una nueva variante de la usura tradicional que ya han
experimentado muchos países en desarrollo y que ahora tiene lugar a
escala global.
La
población doliente tiene muy poca capacidad de intervención en este
campo. Somos como el personaje de la “Ventana indiscreta” que
presencia impotente un asesinato que se comete en la casa de
enfrente. O al menos esta es la posición en la que nos tiene
encajonado el actual marco institucional. Pero podemos empezar a
pedir a nuestros parlamentarios que planteen medidas de control, que
exijan información pública de los planes de salvamento. Que
pregunten por qué no se compran los bancos a su precio de mercado.
Que exijan la comparencia de los representantes de la autoridad
monetaria para que expliquen cuáles son sus medidas de control.
Seguramente habrá pocos parlamentarios dispuestos a ello, pero por
alguno habrá. Y también podemos desarrollar alguna iniciativa
ciudadana exigiendo información, debates públicos, medidas de
control.
Hay
demasiado en juego y demasiada lentitud en aplicar medidas. Cuando
la evidencia del desastre es patente. Y cuando la de la
incompetencia es supina. Por ejemplo en el caso del Banco Central
Europeo, presunta autoridad monetaria de la zona euro que, aparte de
insuflar liquidez y mover el tipo de cambio (con enorme torpeza: la
subida de tipos a principios del 2008 alegando la inflación de las
materias primas probablemente agravó la crisis financiera al hacer
insostenible las cargas de la deuda de mucha gente), ha sido
completamente incapaz de elaborar, sugerir y animar a los estados
miembros a llevar a cabo una política común de intervención
bancaria. Con el resultado de que cada país ha actuado por su cuenta
y el resultado esperable es la persistencia de las incoherencias y
del sálvese quien pueda.
Habrá
que ver hasta qué punto la propuesta de los países del G 20 europeos
de pasar a una regulación estricta de los activos financieros y
eliminar los paraísos fiscales se lleva a cabo. De querer, al menos
la segunda cuestión debería ser fácil de resolver puesto que una
parte importante de los mayores paraísos fiscales son países de la
Unión Europea (como Luxemburgo y en menor medida Holanda), colonias
suyas (Gibraltar, Jersey, Guernesey, Virginias Británicas, Cayman.,
Turks y Caicos) o países con estrecha relación comercial (Suiza,
Andorra, Liechstenstein, Mónaco). Por esto no estaría mal que en la
campaña de las elecciones europeas se interpelara a los candidatos
con esta cuestión. Porque aunque el sistema financiero se presenta
como un asunto complejo para iniciados, al final sabemos que en este
proceso nos jugamos el tener que pagar a una banca incompetente una
renta permanente.
Nos
jugamos seguir estando sojuzgados por un capital financiero que
lleva demasiados años gestionando la economía como un coto privado y
colando como intereses de la colectividad lo que es simple y
llanamente su propio privilegio social
Crisis económica,
crisis ecológica y el resurgimiento del keynesianismo
[Intervención en la jornada sobre Crisis económica y
alternativas, organizada por el IU-ICV en el Congreso de Diputados,
Madrid, 20 de febrero de 2009]
Jordi Roca Jusmet
En
esta intervención reflexionaré sobre la crisis económica y las
respuestas a la misma en el contexto de una crisis ecológica con una
dimensión diferente y de solución aún más difícil.
En
primer lugar, querría destacar que aunque las dos crisis, la
económica y la ecológica, son de carácter muy diferente tienen algo
importante en común. La raíz de los problemas de degradación
ambiental está en que empresas y consumidores se preocupan de sus
costes y beneficios privados pero se desentienden de los impactos
ambientales que generan, los cuales recaen sobre el conjunto de la
sociedad.
Una
de las raíces de la actual crisis financiero-económica es un marco
institucional en el que los que toman decisiones muchas veces no
tienen incentivos para preocuparse lo suficiente sobre los riesgos y
costes sociales de esas decisiones. Esto es así para los que
invierten el dinero de otros asumiendo elevados riesgos, para los
ejecutivos que tienen sus ingresos blindados pase lo que pase con el
negocio que gestionan, para los que cobraban comisiones o ascendían
en función de cuanto dinero prestaban en créditos hipotecarios a
personas que ingenuamente pensaban que los tipos de interés se
mantendrían siempre en mínimos y que los precios de sus viviendas
nunca bajarían, para los que piensan que de ir mal dadas ya se
socializarán las pérdidas gracias a la intervención de las
administraciones públicas o incluso simplemente de los accionistas
que tienen “responsabilidad limitada” en las pérdidas, sin que los
posibles beneficios tengan ningún límite.
La
crisis no ha estallado, desde luego, por problemas ecológicos, ya
que los mecanismos de retroalimentación entre problemas ecológicos y
dinámica económica son pocos y generalmente muy retardados. Si, por
ejemplo, los ecosistemas naturales no pueden absorber las emisiones
de gases de efecto invernadero ello no tiene porqué afectar a los
negocios privados (y a veces incluso la degradación ambiental genera
oportunidades de negocio en nuevas actividades). En cambio, en los
mercados es diferente: si la demanda de vivienda no puede absorber
una oferta desmesurada, el mercado se acaba hundiendo (como era muy
fácil de prever que acabaría pasando en España: lo extraño es que no
pasase antes).
El
único
terreno en el cual parecía —antes de la crisis— que las tensiones
entre sistema económico y abuso de la naturaleza podían causar una
crisis económica a corto plazo era en el de la insostenibilidad del
modelo energético. El alza de los precios del petróleo (¡que llegó a
los 150$ el barril hace menos de un año!) parecía imparable y
reflejaba tensiones reales entre una demanda creciente y una
capacidad de oferta casi al límite y reflejaba también unas
expectativas de que la tensión aumentaría en el futuro. El aumento
del precio del petróleo tuvo efectos económicos —en el déficit
exterior de muchos países, en la dramática alza de los precios de
los alimentos,... — pero, sin embargo, la crisis no ha tenido como
un factor desencadenante el precio del petróleo: la relación de
causalidad ha ido en sentido contrario, es la crisis
económico-financiera la que ha disminuido la demanda de petróleo y
con ello los precios. Sin embargo, el debate sobre el fin próximo de
la era del petróleo debe seguir tomándose muy en serio y me parece
irresponsable que el hundimiento de los precios del petróleo se
considere una buena noticia económica: menor precio del petróleo
significará consolidación de la adicción al petróleo cuando lo que
se necesita es una rápida (y nada fácil) transición hacia otro
modelo energético. Para mí sería el momento no de alegrarse de que
baje el precio de los carburantes sino de aumentar la fiscalidad
sobre los carburantes (que por cierto en España es
significativamente más baja que en la mayoría de países de la UE):
los ingresos fiscales, además, bienvenidos serían para el necesario
aumento del gasto público en la coyuntura actual.
La
crisis económica ha golpeado de forma tan rápida e intensa y con
efectos tan dramáticos sobre la población que uno puede entender que
la respuesta dominante sea la de dar prioridad absoluta al
crecimiento para volver a los “buenos tiempos”, cuando la economía
iba bien. Buenos tiempos para muchos pero tiempos de
precariedad e insatisfacción para muchos otros; tiempos de
desigualdad (con por ejemplo grandes sueldos frente a contratos
basura; grandes pelotazos inmobiliarios frente a dificultades para
el acceso a la vivienda); tiempos de creciente consumo energético y
de insostenibilidad ambiental.
Desde
hace muchas décadas ha habido importantes críticas a la
identificación entre éxito económico y crecimiento del Producto
Interior. Críticas que provienen, además, de muy diversos frentes.
La crítica feminista que destaca que toda la actividad no remunerada
ligada al cuidado de personas y al trabajo doméstico no aparece para
nada en las Cuentas Nacionales. La crítica social que señala que la
distribución del ingreso o el nivel de prestaciones públicas son
tanto o más importantes que el ingreso per cápita para determinar el
nivel de vida de la mayoría de la población. Y la crítica de la
economía ecológica que denuncia que la destrucción de recursos
naturales y de servicios ambientales no aparece reflejada en
absoluto en el Producto Interior Bruto ni tampoco en el PI Neto.
Todos
estos debates han generado una potente línea de disensión respecto
al objetivo del crecimiento económico que para mí podría resumirse
en dos conclusiones:
La
primera.
¡Lo que nos debe importar es el bienestar de las generaciones
actuales y la perspectiva de bienestar de las generaciones futuras y
no lo que pase con el PIB!
La
segunda.
¡Dado el actual nivel de consumismo en los países ricos es
perfectamente posible pensar en una economía estacionaria o en
decrecimiento en la que aumente el bienestar de la mayoría de
personas!
Ello no
significa, por supuesto, que el decrecimiento sea siempre bueno —¡la
actual crisis económica es obviamente nefasta para muchísima gente!
— del mismo modo que el crecimiento no siempre es bueno. La cuestión
no es crecer o no crecer sino discutir —¡y planificar! — qué
actividades fomentar y cuáles desincentivar, y cómo distribuir tanto
los ingresos y los servicios públicos como el trabajo.
Sin
duda,
en mi opinión, por poner un ejemplo, en los países ricos debemos
buscar un futuro con menos producción y uso de coches (sean más o
menos eficientes: el trasporte en coche particular es extremadamente
intensivo en energía en cualquiera de los casos y provoca muchos
otros problemas ambientales; está muy bien que se diferencie
fiscalmente entre coches según su potencial contaminador como se
decidió en este congreso de diputados para el impuesto de
matriculación en España y como se tendría que hacer también con el
impuesto municipal de circulación reformando la ley de haciendas
locales; pero lo que no se debería hacer es subvencionar ni directa
ni indirectamente a la industria del automóvil); también me parece
claro que debería reducirse la industria de la publicidad que no
hace otra cosa que fomentar el consumismo; en cambio, debería
aumentar el gasto en terrenos como la energía fotovoltaica, el
aislamiento energético de edificios, el transporte público, la
financiación de la atención a las personas mayores, la educación,
etc.
En los
momentos actuales de crisis ha resurgido —de una forma que no
hubiésemos creído hace muy poco tiempo— el keynesianismo. Además, lo
que es muy interesante, muchos han visto en el gasto en energías
limpias y en conservación ambiental un componente fundamental de una
estrategia keynesiana frente a la actual crisis; incluso se ha
acuñado el término keynesianismo verde o new deal verde. Mi
reacción ante este resurgimiento del keynesianismo es ambivalente.
En
primer
lugar, hay que celebrar el cambio de aires cuando hasta hace poco
toda la ortodoxia económica abogaba a favor de las virtudes del
mercado y de una reducción del papel del sector público.
En
segundo
lugar, coincido totalmente en que es momento de aumentar de forma
importante el gasto público en protección social (para reducir los
efectos sociales negativos de la crisis), en servicios públicos y en
reestructurar la economía para hacerla más sostenible. Los puestos
de trabajo que ello genere por supuesto muy bienvenidos serán.
Estos
son
los aspectos claramente positivos para mí.
Sin
embargo,
el actual “keynesianismo verde” también tiene sus peligros. Me
preocupa que a veces se defiendan las inversiones en lo que
podríamos llamar el sector “energético-ambiental” no tanto por su
necesidad para una mayor sostenibilidad sino por su posible papel
como nuevo “motor de crecimiento económico”; para volver al
considerado irrenunciable objetivo del crecimiento económico.
Cuando
éste es el planteamiento, puede pasar fácilmente que el argumento
“verde” sea oportunista, simplemente una justificación de una
actuación determinada sin analizar seriamente su conveniencia desde
el punto de vista de la sostenibilidad. Un ejemplo claro —ya
apuntado— es la apuesta por la industria automovilística como
“sector de futuro” aunque sea con coches más eficientes o coches
eléctricos:
está
bien que la industria investigue en coches más eficientes y en
coches con combustibles alternativos pero
un futuro más sostenible pasa necesariamente por una reducción del
uso de coches en los países ricos.
Lo que
puede ser una consecuencia de la “reestructuración ecológica de la
economía” —generar actividad económica y requerimientos de trabajo—
no debe considerarse como el objetivo en sí mismo puesto que un
camino hacia una mayor sostenibilidad ha de comportar también —o
incluso sobre todo— cambios que no generan actividad económica y
requerimientos de trabajo sino que los reducen: mayor durabilidad de
los productos, menos consumismo, mayor austeridad en los países
ricos. (Además, en el caso español, la disminución del consumismo es
necesaria no sólo por cuestiones ambientales sino de mera
sostenibilidad económica si tenemos en cuenta el enorme déficit de
la balanza por cuenta corriente española).
Finalmente,
una reflexión sobre el déficit público. No creo que sea en absoluto
el momento de dar prioridad al equilibrio presupuestario pero
tampoco debería frivolizarse sobre el déficit público. En el
contexto actual, el de los países de la zona euro, el déficit
público se financia con deuda pública. Un optimista keynesiano puede
pensar que esto no es problemático ya que si el déficit público es
exitoso generará crecimiento económico y este crecimiento servirá
para pagar el servicio de la deuda. Sin embargo, si uno es escéptico
sobre las posibilidades y sobre la propia deseabilidad del
crecimiento, entonces la carga futura de la deuda, que puede
representar un porcentaje importante de la renta y del gasto público
—sobre todo si se dispara su coste en caso de surgir dudas sobre el
cumplimiento del Estado con los pagos—, es más preocupante.
Una
conclusión clara es que no hay que disminuir en absoluto la presión
fiscal. Al contrario, en mi opinión, la tendencia debería ser
—prudentemente— aumentar la recaudación fiscal: ante todo, revisando
la actual fiscalidad favorable para los ingresos de capital; y
aumentando también la fiscalidad sobre los ingresos medios y
elevados. La mayor fiscalidad sobre los mejor situados (con la
pérdida de poder adquisitivo privado que comportaría para algunos)
tendría efectos reductores sobre la desigualdad y el consumismo y
tendría como contrapartida la posibilidad de una mayor oferta de
protección y servicios públicos sin crear una enorme carga para el
futuro.
Se
deberían también dar pasos decididos hacia la fiscalidad ambiental
(o alternativamente a la venta —y no distribución gratuita como
hasta ahora— de permisos de contaminación) para penalizar
diferencialmente los consumos que generan más contaminación. El
objetivo principal de la fiscalidad ambiental no es desde luego
recaudar dinero sino incentivar cambios de comportamiento: pero en
momentos en que las necesidades de gasto son tan importantes,
bienvenidos serían también los ingresos fiscales obtenidos.
En
definitiva,
y a modo de resumen, en mi opinión no debemos pensar en respuestas a
la crisis económica que olviden la crisis ecológica. Ante la actual
crisis económica no deberíamos aparcar las críticas al objetivo del
crecimiento económico sino que la crisis debería ser una oportunidad
para poner en primer plano las cuestiones distributivas y el debate
sobre qué actividades incentivar y cuáles desincentivar.
Días
de diario
Juan-Ramón Capella
En el interior del PP
Que
las decisiones administrativas tienen un valor económico es una de
las pruebas a que están sometidos los sistemas políticos,
resguardados cuidadosamente del control popular y por tanto bastante
ciegos ante los negocios mafiosos. El control de muchas actividades
impropias o delictivas queda en las casi siempre atadas manos de los
funcionarios públicos del Tribunal de Cuentas y de Poder Judicial.
Ello da lugar a episodios o prácticas continuadas de corrupción que
afectan sobre todo al plano local. Es en ese ámbito donde la mafia
económico-política encuentra el terreno ideal de
operaciones, para sus construcciones.
Ninguno
de los dos grandes partidos está libre de la actuación de
desaprensivos. Pero el Partido Popular aparece, en estos momentos,
como una especie de coto particular. Ciertos “casos” se
eternizan en los tribunales, como los que afectan al gafasoleado
Fabra, sempiterno capo de Castellón; otros parecen alcanzar a
personas destacadas del partido en la comunidad valenciana, incluso
pertenecientes a cordadas políticas contrarias. Y los casos que se
dan en la comunidad de Madrid, en que distintos clanes del mismo
partido en el poder en esa comunidad amagan con arrojarse lodo los
unos a los otros, y con expresiones —las que resultan de las
escuchas telefónicas decretadas por los jueces— que los muestran
como vulgares matones, y no sólo como negociantes, siempre
traficando influencias en busca de adjudicaciones de obras y de
privatizaciones —ahora las apetitosas aguas de Madrid—, superan lo
que cualquiera podía suponer. El PP no ha encontrado mejor política
para minimizar los daños que arremeter contra jueces y fiscales:
tratar de atemorizarles. Si lo consiguieran amordazarían la
democracia, pero por lo visto no les importa.
La
mayoría nunca pensó —algunos nos lo temimos— que la
descentralización administrativa abriría paso a mafias locales. En
mi modesta opinión una república bien ordenada tendría que repensar
el reparto de competencias a las comunidades autónomas, que tan caro
le resulta al contribuyente en comisiones a políticos y en ejércitos
de funcionarios que jamás fueron necesarios.
La
ignominia
de Madrid sólo tiene un efecto beneficioso: dejar malparada en sus
ambiciones políticas a la señora bajo cuya responsabilidad última se
perpetran muchas de esas prácticas poco elegantes, por dejarlo en
eso. La señora Aguirre, cuya fotografía los madrileños que la
votaron hubieran debido mirar bien —esa sonrisa que no se traduce en
los ojos, esa dura línea vindicativa de los labios—, ya mostró su
modo de hacer con la entrada de su consejero Lamela como caballo
siciliano en las urgencias hospitalarias madrileñas, aterrorizando a
los médicos. A ella, a quien corresponde la responsabilidad política
última, se le debe que hoy morir en Madrid entrañe un grave
riesgo añadido de sufrimiento. Que esa señora se postule como
candidata a dirigir el principal partido de la oposición es hoy tan
descabellado que, mira por dónde, la corrupción política produce
—eso sí, a costes altísimos— resultados inesperados.
La
querella
del PP contra el juez Garzón y la famosa cacería en la que el
cazador Bermejo resultó cazado —falta de mano izquierda con los
jueces mediante—, con su enorme impacto político, obligan a pensar.
Pues pensemos. La dimisión y cese de Bermejo le da al gobierno un
plus de seriedad. “Aquí cumplimos”, nos viene a decir. Pues veamos
el otro lado. ¿Por qué sigue Fabra inmutable en su puesto? Pues
porque tiene el apoyo del presidente de la Comunidad Valenciana,
Camps. Por algo lo debe tener, porque de otro modo no se explica. Y
¿por qué puede apoyarle Camps, cuando eso es un coste político
serio? Pues porque Camps es necesario para Rajoy: éste, sin su
apoyo, no podría seguir presidiendo el PP. De modo que las cosas
están así: Rajoy prisionero de apoyos nada deseables. Y entretanto
asoma un problema con la tesorería del PP. La pregunta: ¿sólo hay
por ahí una pandilla de indeseables a los que la actual dirección
del PP no quiere retirar el apoyo, o hay algo más sistémico, más
adentro del partido? En manos de los jueces están las cosas. Menos
es nada.
Imperatores supra lex regunt
En
referencia
a la administración Bush, responsable de tantos delitos
internacionales e internos, Obama ha dicho que es preciso mirar
hacia delante y no hacia atrás. Eso quiere decir que el actual
Imperator es en eso igual que los demás.
Ya Bush
padre consiguió que Clinton ordenara no investigar las
irregularidades y mentiras de su mandato. América primero.
Ahora el actual presidente no está dispuesto a que se persigan las
autorizaciones a la tortura (y específicamente la preferida, la
bañera, que los antifranquistas recordamos bien), las
atrocidades en la guerra de Iraq, y un muy largo etcétera.
Tampoco
se
sabrá por ahora qué ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2002.
Sabemos —gracias a cámaras oportunas— que dos aviones se estrellaron
sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Y hemos visto a ciudadanos
norteamericanos arrojarse al vacío para no morir abrasándose. Pero
el caso de los atentados neoyorkinos, que permitió entrar en guerras
a un presidente votado como no intervencionista en política
exterior, presenta demasiados puntos oscuros. Como el derrumbamiento
en vertical de tres edificios —contra uno de los cuales no se
estrelló nada— de una forma que sólo se puede atribuir a la
demolición controlada. O ese avión presuntamente estrellado contra
el Pentágono, del que no fue posible recuperar los restos de los
motores pero sí los del equipaje de los supuestos pasajeros.
Probablemente la fábula de las Torres Gemelas ocupará a los
historiadores del futuro, pero nadie se atreve a que ocupe las
páginas de los diarios del presente.
La
inexigencia de responsabilidades a Bush y a su banda significa, por
segunda vez en pocos años, que la Presidencia norteamericana se
sitúa por encima de la ley. Justamente lo contrario de lo que
propugnaban los padres de la patria de los norteamericanos. Obama no
es Bush, cierto. Pero ya ha perdido su crédito. No va a moralizar en
serio la administración norteamericana. También él queda por encima
de la ley. Nos hicimos algunas ilusiones, aunque menos que los
votantes norteamericanos.
Inscripción de fetos malogrados
Entre
las necesidades expresadas por la gente aparece una nueva, no
necesariamente antiecológica: dar nombre a los fetos malogrados para
que sea posible que tengan un sepelio como si fueran personas. Y
numerosas personas pagadas por los contribuyentes van a elaborar,
tras deliberaciones y estudios, una propuesta en este sentido. Todo
sea para bien. Pero que no se limite a los fetos: también debería
valer los abortos, para partes del cuerpo humano, para animales de
compañía y qué sé yo qué más. La oreja de Van Gogh debiera haber
tenido un nombre y no ser conocida por un grupo musical en este
mundo al revés. ¡Venga, un registro más! Con su registrador, sus
administrativos, su espacio amueblado, su ventanilla y sus tasas.
Gobernador independiente se independiza
El
Gobernador
actual del Banco de España, una de esas autoridades
independientes del neoliberalismo, que no tiene que rendir
cuentas a nadie, ha aprovechado la coyuntura para pedir el
abaratamiento del despido. No está en sus atribuciones hablar de
eso, pero si le tosemos aludirá a su libertad de expresión.
Sacrosanta. Que se vaya.
La
especulación en el París del segundo imperio
José
A. Estévez Araujo
La
editorial
Akal publicó hace unos meses un libro del geógrafo y urbanista David
Harvey, titulado París, capital de la modernidad. La mayor
parte del libro se centra en el periodo 1848-1870, durante el cual
Haussmann fue prefecto de París y ejecutó su ambicioso programa de
reforma urbanística de la ciudad. Harvey analiza de forma
independiente y, a la vez, articulada, los diversos aspectos de la
vida social parisina de la época: el trabajo, la situación de las
mujeres, el ocio, el progreso técnico, el comercio… Pero lo que más
sorprende es el análisis de los sectores inmobiliario y financiero.
Pues se ponen de manifiesto muchas analogías con las circunstancias
que desencadenaron la actual crisis financiera (y que son
intencionalmente subrayadas por el autor).
La
cuestión
que se plantea a propósito de estos sectores es cuál fue el motor
que hizo posible que se materializaran las profundas reformas
proyectadas por Haussmann. ¿De dónde se obtuvieron los recursos
financieros y materiales? ¿De dónde se sacó la fuerza para llevar a
cabo las expropiaciones o el impulso para construir los nuevos
bulevares? La respuesta a esas peguntas se resume en una palabra:
“especulación”. Zola dedicó al tema dos de sus novelas, La jauría
y El dinero. En la segunda, el personaje que encarna al
especulador, Saccard, dice: “La especulación es el mecanismo
central, el corazón mismo de una enorme aventura como la nuestra.
Sí, atrae la sangre, la toma en pequeños arroyos de cualquier
fuente, la devuelve en todas direcciones formando ríos y establece
una enorme circulación de dinero”.
La
metáfora
de la sangre de Zola se adecua perfectamente a las nuevas
instituciones financieras que surgieron durante el Segundo Imperio:
a los bancos que crearon los hermanos Pereire, muy diferentes de la
“haute banque” de los
Rothschild. En particular, describe muy
gráficamente lo que los Pereire llamaban la “asociación de
capitales”, que consistía en la captación del ahorro nacional de
cara a movilizarlo de forma centralizada para la financiación de
grandes proyectos.
Sus
dos
bancos
emblemáticos fueron el Crédit Mobilier y el Crédit Foncier. El
primero era un banco de inversión industrial y el segundo se
dedicaba al mercado inmobiliario e hipotecario. Los Pereire crearon
un “holding” en el que los bancos concedían préstamos a bajo interés
a las empresas del grupo para financiar proyectos en las que éstas
obtenían enormes beneficios. De ese modo, el dinero aportado por los
ahorradores era remunerado muy por debajo de los beneficios que se
obtenían de las inversiones. Al final, el imperio de los Pereire se
desplomó como consecuencia de la crisis financiera de finales de los
sesenta, pero el nuevo sistema permaneció implantado hasta nuestros
días. Buena muestra de ello es el Crédit Lyonnais, que fue creado en
1863 a imagen de los nuevos bancos de los Pereire.
Los
nuevos
instrumentos sirvieron para financiar las obras de Haussmann y se
combinaron con una especulación inmobiliaria a gran escala centrada
en las compras de terrenos y la construcción de edificios en las
nuevas calles de París. Los especuladores se beneficiaron en muchas
ocasiones del conocimiento anticipado de los futuros planes de
reforma urbana, para adquirir terrenos que, luego, veían
multiplicado su valor. Los propios hermanos Pereire compraban
terrenos a bajo precio en lugares que, posteriormente, ellos mismos
eran los encargados de conectar con los nuevos bulevares.
Durante
el mandato de Haussmann floreció el negocio de los promotores
inmobiliarios por encima del de los antiguos propietarios de pisos.
Los primeros buscaban obtener un beneficio del aumento del valor del
suelo y la vivienda, en lugar de rentas por alquileres. La
especulación dio lugar a una segregación espacial, con la
construcción de barrios burgueses y zonas exclusivamente comerciales
y financieras. El precio de los inmuebles o el valor de los
alquileres expulsaron del centro de París a las personas con rentas
más bajas y a las actividades industriales.
A
todo
eso
se unió la “contabilidad creativa” de Haussmann y la especulación
inmobiliaria practicada por el propio ayuntamiento. Leyendo a
Harvey, casi puede decirse que Haussmann fue un pionero en las
prácticas de “centrifugación de la deuda”. Es decir, en la invención
de procedimientos para que la deuda de la que deben responder las
entidades públicas aparezca, en realidad, como deuda de otras
entidades y no se contabilice como tal. Una de esas prácticas
consistía en no pagar a los constructores hasta después de que
entregaran las obras. De ese modo, eran éstos quienes tenían que
endeudarse para financiarlas (a veces con la garantía del propio
estado).
El
tinglado
funcionó durante unos años, pero luego llegó la crisis financiera,
la destitución de Haussmann, la crisis de la construcción, el paro y
una deuda pública de 2500 millones de francos pesando como una losa
sobre la ciudad de París. Cosas todas que recuerdan bastante
diversos aspectos de la situación actual. Aunque hoy en día las
instituciones financieras mueven tal cantidad de fondos que se
convierten en abismos insondables cuando el sistema cae en
bancarrota (nunca mejor dicho).
Apropiación de un
holocausto
El
Primo
Comparto
la idea de que el resultado final de la modernización no puede ser
evaluado sin tener en cuenta lo que conocemos como Holocausto. El
libro de George Steiner En el castillo de Barbazul es, en ese
sentido, una referencia obligada: según Steiner, la disciplina de la
tortura y la muerte puesta en práctica en los campos nazis tendría
su raíz en la propaganda cristiana de los tormentos del infierno.
Por eso no es casual que Pasolini ordenara las fases del exterminio
que representó en Salò siguiendo la pauta de los círculos (gironi)
del infierno descrito por Dante en su Divina Comedia.
El
problema
está
en que ese test fundamental del proyecto moderno está siendo
objeto de una manipulación política que bloquea cualquier
posibilidad de análisis medianamente aceptable. Esa manipulación
consiste en reducir el holocausto al genocidio infringido a los
judíos e identificar a sus víctimas con el estado de Israel para, a
continuación, sacar todo el jugo posible de la mala conciencia de
una cultura occidental y moderna que arrastraría la culpa del
holocausto por los siglos de los siglos. O sea: el holocausto como
coartada de una política de expansionismo militar que,
paradójicamente, hace recaer la culpa de los muy cristianos nazis
sobre la fracción del mundo árabe que resiste a dicho
expansionismo.
Es
bueno
recordar, por eso, que también la etnia gitana, así como los
mendigos, los homosexuales y todos los afectados por algún tipo de
minusvalía física o psíquica, fueron tan víctimas del holocausto
como los propios hebreos. Ahora mismo, en Italia, el populismo
ultrarreaccionario de Berlusconi está dando fuerza de ley a una
implacable persecución de los gitanos. ¿No estamos, de nuevo, ante
un Holocausto? La retórica es la misma: ellos son los culpables de
la pobreza, la inseguridad y los mayores delitos. Y procedimientos
como los campos de internamiento avalados por la Unión Europea se
parecen tanto a los del régimen nazi como para pensar que un tipo
como Berlusconi no tendrá el menor reparo en dar el paso siguiente.
El
Holocausto
es un hecho histórico de tal magnitud que merece ser tomado mucho
más en serio.
Penas de cárcel y
rescates de miles de millones: Enron, Citigroup y otras historias
José A. Tapia Granados
La
revista
Fortune publica anualmente la lista “Global 500” en la que se
enumeran las 500 empresas más grandes del mundo según ventas brutas
anuales. En las primeras posiciones de la lista Global 500 que se
publicó a comienzos de 2008, encabezada por la cadena de
supermercados norteamericana Wal-Mart, figuran empresas que se han
hecho tristemente famosas en estos últimos meses por sus quiebras,
absorciones o nacionalizaciones. General Motors, ahora al borde de
la quiebra, ocupa la novena posición en Global 500, mientras que
Ford ocupa el puesto 13. Bancos y grupos financieros que han
quebrado, han sido absorbidos o han sido puestos bajo control
gubernamental también ocupan altas posiciones en Global 500. Por
ejemplo, Citigroup ocupa el puesto 17 de la lista, Bank of America
el 28, JPMorgan el 32, AIG el 35, Goldman Sachs el 61, Morgan
Stanley el 62, Merrill Lynch el puesto 100, Lehman Brothers el 113,
Fannie Mae el 161 y Freddie Mac el 162. Bancos extranjeros que han
sido sustancialmente intervenidos o nacionalizados por sus gobiernos
son por ejemplo el banco suizo UBS o el Royal Bank de Escocia, que
ocupaban los puestos 31 y 36, respectivamente.
Debido
a la pérdida proporcional de ventas en el mercado de automóviles de
EEUU frente a las empresas japonesas y coreanas, pero sobre todo por
la caída abismal de las ventas de coches en los últimos meses,
General Motors, Ford y Chrysler están al borde del abismo y han
solicitado al gobierno estadounidense decenas de miles de millones
para evitar la quiebra. Independientemente de lo que ocurra con los
tres grandes de la industria automovilística estadounidenses, sus
nombres ya forman parte de la lista de empresas importantes que se
han hundido o han sido salvadas por el Estado en 2008. El que los
fabricantes de automóviles europeos también hayan pedido ayuda
financiera a los gobiernos de sus países es una prueba más del
carácter mundial de la actual crisis económica.
El
banco
Bear Stearns fue el primer nombre de la lista cada vez más larga de
corporaciones financieras importantes que quebraron o fueron
rescatadas por el gobierno de EEUU en el 2008. Uno de los bancos de
inversión más grandes del mundo, con más de 15.000 empleados, en
marzo pasado no pudo ser salvado por la ayuda del Banco de la
Reserva Federal de Nueva York y, al borde de la quiebra,
inmediatamente fue adquirido por JPMorgan a un precio de 10 dólares
por acción, muy por debajo del precio máximo de 133 dólares por
acción al que Bear Stearns había cotizado pocos meses antes. Fannie
Mae y Freddie Mac, las dos corporaciones especializadas en
adquisición de hipotecas y conversión de hipotecas en activos
negociables, fueron nacionalizadas a primeros de septiembre. El
grupo de seguros AIG fue nacionalizado una semana después. Merrill
Lynch también se vino abajo y fue comprado a precio de ganga —y con
garantías de la Reserva Federal— por Bank of America. Lehman
Brothers también quebró en septiembre.
Inmediatamente
después de que el plan TARP (por sus siglas inglesas) de compra de
activos comprometidos propuesto por el Secretario del Tesoro de EEUU
Henry Paulson y el presidente Ben Bernanke de la Reserva Federal
fuera aprobado por el Congreso —con enmiendas importantes de los
políticos para hacerlo más digerible—, cada uno de los nueve bancos
más grandes de EEUU, incluyendo Citigroup y Bank of America, recibió
25.000 millones de dólares a mediados de octubre. Puesto que el
dinero del erario publico compró participaciones en esos bancos, el
gobierno de EEUU es ahora accionista de estas instituciones
financieras. La operación es en esencia lo que tradicionalmente se
ha llamado nacionalización, aunque este término ha sido
cuidadosamente evitado por los políticos. Sea como fuere, quizás
para no parecer excesivamente “entrometido”, el Departamento del
Tesoro de EEUU no ha enviado ningún representante gubernamental a
sentarse en el consejo de administración de estos bancos
“inyectados” con miles de millones de dólares de dinero de los
contribuyentes.
Los
200.000
millones de dólares que los principales bancos estadounidenses
recibieron en octubre parecen haber sido simplemente un ítem más en
la lista de medidas estabilizadoras que no sirven para lo que
supuestamente deberían servir. Primero fue el plan de reactivación
económica que se pasó en febrero del 2008, con un costo
presupuestado de 152.000 millones de dólares para el 2008 y otros
124.000 millones para los diez años siguientes. Por supuesto, nadie
puede decir cuál sería el estado actual de la economía de EEUU si el
plan de reactivación de febrero del 2008 no se hubiera pasado. Pero
dada la situación a finales del 2008, parece obvio que el plan de
reactivación de febrero no fue muy eficaz para prevenir la
recesión.
En
un
contexto
de cambios continuos en los planes de salvamento de los bancos y
estabilización de los mercados financieros —el plan original TARP de
compra de “activos tóxicos” fue abandonado y en vez de eso el Tesoro
adquirió participación directa en los grandes bancos— se aplicaron
diversas medidas que resultaron ineficaces. El grupo de seguros AIG
fue nacionalizado en septiembre, recibiendo una línea de crédito de
emergencia de 85.000 millones del Tesoro de EEUU. Sin embargo, a
primeros de octubre otros 38.000 millones tuvieron que ser agregados
al paquete cuando se puso de manifiesto que los 85.000 millones
iniciales no eran suficientes. Se ha estimado que cuando la
operación finalice, el erario público de EEUU habrá prestado un
total de 150.000 millones a AIG. Citigroup, el mayor grupo bancario
del mundo, es el ejemplo más reciente de los intentos fallidos de
estabilización de los mercados financieros. Además de recibir 20.000
millones más del gobierno de EEUU después de una inyección inicial
de 25.000 millones a mediados de octubre, el complejo plan de
salvamento a Citigroup demanda del gobierno de EEUU cerca de 306.000
millones en avales y garantías.
Si
la
crisis económica se terminara ahora mismo, ya habría producido un
enorme daño a la gente común. Además de los puestos de trabajo que
se han perdido, las perspectivas de jubilación han sido dañadas
seriamente por la caída del valor de los fondos de jubilación y
muchos de quienes se creyeron los cuentos de hadas de los valores de
bolsa siempre en ascenso o el precio de los inmuebles que nunca
podría bajar han perdido los ahorros de toda la vida.
Como
es la historieta que da algún fundamento racional y moral a sus
actividades,
los banqueros y los financieros son verdaderos creyentes en la idea
de que los bancos crean abundancia manejando el dinero de los demás.
Manteniendo los ahorros de unos y dando préstamos a otros, los
bancos proporcionan la sangre que nutre la actividad económica: al
menos, eso es lo que nos cuentan. Gracias a la actividad de los
bancos se crean nuevos puestos de trabajos y se proporciona
préstamos hipotecarios que hacen que el sueño americano de ser
propietario de una vivienda pueda convertirse en una realidad para
muchos. Esa fantasía, tan bien representada por la película de Frank
Capra It’s a Wonderful Life (“¡Qué bello es vivir!” se tituló
en España), emitida miles de veces por la televisión desde que se
produjo en 1946, ha sido materia prima de la cultura americana en el
último medio siglo.
Pero
los
banqueros y los financieros, como los demás, se comportan según las
reglas básicas de nuestro sistema económico, siguiendo el interés
individual. En años recientes los salarios de los altos ejecutivos
de los bancos y las empresas financieras a menudo eran de decenas e
incluso centenares de millones de dólares y esos millones tenían que
venir de alguna parte. Venían de los beneficios obtenidos por los
bancos en las actividades de ingeniería financiera.
La
ingeniería
financiera es básicamente un sistema de técnicas muy complejas que
producen “títulos” —o sea, trozos de papel— conectados muy tenue e
indirectamente con la propiedad de cosas valiosas tales como
edificios, plantas industriales, carreteras, trigo o petróleo. Estos
productos financieros derivados, o derivatives como se
denominan en Wall Street, se compran y se venden en los mercados
internacionales a precios que son muy difíciles de conectar con la
economía real. El evangelio económico al uso decía sin embargo que
la información sobre activos y pasivos de las compañías que cotizan
en bolsa, los honestos informes de las empresas de contabilidad, la
atinada evaluación de las agencias de clasificación crediticia que
estiman la fiabilidad de los prestatarios y, sobre todo, la
sabiduría de los mercados, hacían que esos precios fueran
“fundamentalmente correctos”.
En
los
últimos quince o veinte años el mercado mundial de productos
financieros derivados creció hasta un volumen de cientos de billones
de dólares. Las masas enormes de dinero proveniente de diversas
fuentes (millonarios individuales, fondos de pensiones, fondos de
inversión, países con un superávit de exportaciones como China,
naciones productoras de petróleo) buscaban salidas de inversión y
los productos financieros derivados prometían buenos rendimientos.
Cientos de billones de dólares se invirtieron en esos instrumentos
financieros, pero para consternación de quienes poseían derivados
respaldados por hipotecas, pasados pocos años “se descubrió” que los
títulos probablemente “valían” mucho menos de lo supuesto
originalmente. Quienes se enteraban, inmediatamente intentaban
librarse de estos instrumentos financieros devaluados, vendiéndolos
tan rápidamente como fuera posible, como patatas calientes. Tan
pronto como la venta masiva comenzó, los precios cayeron a plomo, en
algunos casos hasta cerca de cero. Pero muchos en los bancos y las
empresas financieras se habían creído sus propios cuentos de hadas y
muchas instituciones quedaron cargadas de títulos ahora
invendibles.
En
la
situación actual sólo la transferencia masiva del dinero del erario
público al sistema financiero privado está evitando quiebras
generalizadas de bancos y de compañías de seguros de todo el mundo.
Irónicamente, el dinero va a las mismas instituciones que lograron
beneficios enormes estos últimos años y que pagaron sueldos
astronómicos y primas obscenas a sus altos directivos.
Hace
apenas ocho años, inmediatamente antes de su quiebra, Enron había
declarado ventas anuales de 100.000 millones de dólares, que
colocaban a esa empresa entre las veinte o treinta corporaciones más
grandes del mundo. Especializada en fuentes de energía, Enron había
crecido vertiginosamente durante los años noventa y el prestigio de
sus ejecutivos solo era parangonable a sus remuneraciones. En
diciembre del 2001 Enron fue declarada en quiebra y varios de sus
directivos, Kenneth Lay, Jeff Skilling y Andrew Fastow, fueron
acusados y juzgados por múltiples cargos de fraude y conspiración.
Ken Lay murió durante el proceso, pero Andrew Fastow y Jeff Skilling
están en la cárcel por su participación en el desastre de Enron.
Fastow firmó una confesión de culpabilidad y mediante un compromiso
de colaboración con las autoridades judiciales consiguió ser
condenado a una pena de diez años de prisión que luego se redujo a
seis años. Skilling proclamó su inocencia y fue condenado a una
multa de 45 millones y una pena de 24 años de cárcel, actualmente
apelada.
Pero,
¿cuáles fueron realmente los delitos de los ejecutivos de Enron? La
quiebra de Enron ―hasta
el 2008 la de mayor entidad en la historia de EEUU— hizo que los
accionistas perdieran miles de millones y que 20.000 empleados se
quedaran sin trabajo y muchos de ellos también sin sus ahorros, que
habían invertido en acciones de la empresa. Las acusaciones de las
que Fastow y Skilling fueron encontrados culpables incluyeron
conspiración, operaciones ilegales de compraventa de títulos por
conocimiento privilegiado, declaraciones falsas a interventores,
lavado de dinero y fraude bursátil. Sin embargo, no hay que ser un
genio de las altas finanzas o de la gerencia empresarial para darse
cuenta de que las ideas tras el “éxito” de Enron en los años noventa
tenían una llamativa semejanza con las ideas que han alimentado los
mercados de productos financieros derivados estos últimos años. La
filosofía de Enron era que la empresa no necesitaba realmente tener
activos verdaderos. Al final, lo único que había era un montón de
deudas.
Los
bancos,
las compañías de seguros y otras empresas financieras dicen
gestionar los riesgos financieros de sociedad mediante la asignación
eficiente de capital a las actividades más útiles. Usando su
capacidad profesional para decidir qué prestatarios son dignos de
recibir préstamos y cuáles no lo son, las entidades financieras
cumplen un papel clave en la administración de los fondos de la
comunidad. Pero en realidad, las entidades financieras son ante todo
negocios y su objetivo primario es maximizar ganancias. Si los
préstamos hipotecarios son un buen negocio y los precios de la
vivienda están al alza, no importa mucho que el prestatario no pueda
pagar, ya que si así ocurre, el préstamo se recuperará de cualquier
manera al ejecutar la hipoteca. Con ese razonamiento, el mercado de
hipotecas basura creció alimentado por casos como el del jornalero
mexicano que trabajaba en tareas agrícolas y que con ingresos
anuales de 14.000 dólares y sin saber hablar inglés recibió un
préstamo de 720.000 dólares para comprar una casa en California.
Las
penas
de prisión de Andrew Fastow y de Jeff Skilling contrastan con el
tratamiento actual del sector financiero, cuyos ejecutivos hicieron
en gran parte lo mismo aunque ahora están libres y recibiendo
montones no de millones, sino de miles de millones de dólares. La
empresa de contabilidad Arthur Andersen, que se hundió debido al
escándalo de Enron, había sido obviamente culpable de ayudar los
ejecutivos de Enron a encubrir los aspectos turbios de sus
operaciones. Sin embargo, diversos bancos importantes, entre ellos
Citigroup, el Royal Bank de Escocia y el Deutsche Bank, también han
sido acusados e incluso condenados en procesos judiciales por su
complicidad en algunos de los negocios de Enron. Mientras que Jeff
Skilling está en cárcel y los que poseían acciones de Enron
perdieron su dinero, Vikram Pandit, director ejecutivo de Citigroup,
el príncipe Al-Waleed de Arabia Saudita y los demás accionistas de
Citigroup han recibido en préstamos directos y garantías indirectas
varios cientos de miles de millones de dólares del gobierno
estadounidense, que supuestamente representa a los ciudadanos de
EEUU.
Según
se ha informado recientemente, durante 2008 el gobierno de EEUU ha
asumido cerca de 7.8 billones de dólares en obligaciones financieras
directas e indirectas, lo que equivale más o menos al presupuesto
acumulado de EEUU para 2005, 2006 y 2007. Muchos otros gobiernos
están siguiendo el mismo camino. Ese montón descomunal de dinero se
está lanzando al agujero aparentemente insondable de las deudas de
los bancos, las compañías de seguros y otras corporaciones
financieras dirigidas por expertos que han asignado los fondos de
sus instituciones “a las aplicaciones más eficientes para la
sociedad”.
El
dramaturgo
alemán Bertolt Brecht se preguntó una vez con sorna: “¿Qué es robar
un banco, comparado con fundar un banco?”. La crisis financiera
mundial del 2008 parece indicar que su pregunta no iba muy
descaminada.
Fuentes
• R.
Sorkin y M W. Walsh, “A.I.G. May Get More in Bailout,” New York
Times, 9 de noviembre de 2008
•
Eric Dash, “Citigroup to Halt Dividend and Curb Pay,” New York
Times, 23 de noviembre de 2008
•
“Lay, Skilling Guilty on Nearly all Counts: Former CEOs Convicted of
Fraud, Conspiracy, Face Lengthy Prison Terms,” MSNBC, 25 de mayo de
2006, disponible en
http://www.msnbc.msn.com/id/12968481/
• La
historia de Enron está muy bien contada en el excelente documental
Enron: The Smartest Guys in the Room, dirigido en el 2005 por
Alex Gibney
• M.
Lewis, “The End,” Portfolio, Nov. 2008.
http://www.portfolio.com/news-markets/national-news/portfolio/2008/11/11/The-End-of-Wall-Streets-Boom
- page1
• El
escándalo de los títulos Terra, la malversación de cuentas de
clientes y otras prácticas “turbias” en las que se ha implicado
Citigroup han sido documentadas en fuentes diversas. Pueden verse
resumidas en la entrada sobre Citigroup en Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Citigroup
Nota: La versión original en inglés de este texto aparecerá
en el número de marzo de 2009 de la revista CNS—Capitalism, Nature,
Socialism
La biblioteca de Babel
Joaquim Sempere
Mejor
con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica
Crítica, Barcelona 2009
Discutir
de necesidades es una cuestión esencial para desarrollar políticas
económicas y sociales frente a las amenazas de crisis ecológica y
económica. Nuestro compañero Quim Sempere retorna en este libro
imprescindible a reflexionar sobre lo que constituye uno de sus
grandes temas de trabajo. Elabora una teoría de las necesidades en
las que es posible situar los diversos factores que influyen en
nuestros comportamientos de consumo y con ello contribuye a
visualizar los mecanismos y procesos en los que hay que incidir para
orientarnos hacia una sociedad justa, sostenible y deseable. Y ello
sin caer en recetas facilonas sino mostrando la complejidad y los
aspectos contradictorios de la experiencia del consumo. La única vía
que nos puede permitir elaborar respuestas inteligentes a los retos
del presente.
[ARA]
Steve Fraser y Gary Gerstle (editores)
Ruling
America: A History of Wealth and Power in a Democracy
Harvard University Press, 2005, 384 pp.
En
1984, el senador de Nueva York Daniel Patrick Moynihan exclamaba:
"Al menos la mitad de los miembros del Senado actual son
millonarios... Nos hemos convertido en una plutocracia... Se suponía
que el Senado tenía que representar los estados; en vez de éstos,
representa los intereses de clase". Desde entonces, Estados Unidos
ha visto crecer la desigualdad social de forma espectacular. En un
contexto mundial como el actual, donde el retroceso de conquistas
democráticas y el fortalecimiento de tendencias plutocráticas han
sido la norma, resulta sorprendente la escasez de estudios como
Ruling America. A History of Wealth and Power in a Democracy.
Coeditado por los historiadores Steve Fraser y Gary Gerstle, y
publicado por la Universidad de Harvard, el libro se propone
analizar la historia de las distintas élites políticas económicas
norteamericanas y su siempre conflictiva relación con los ideales
democráticos de la nación.
Desde
los tiempos de la Constitución (un proyecto de las élites del
momento para frenar los "excesos" democráticos de las legislaturas
estatales) hasta el día de hoy (cuando, en los procesos electorales,
el declive de los aparatos de partido ha hecho aumentar la
desmesurada influencia de los donantes privados multimillonarios),
los ocho capítulos de Ruling America tratan de las diferentes
formas en que las sucesivas élites del país han construido su
universo social, ideológico y político en el seno de un sistema
formalmente democrático. El libro no relata la historia de un
triunfo total y definitivo, sin obstáculos ni tensiones. Al
contrario, los autores prestan especial atención a las divisiones
internas de las élites y a los desafíos —a veces sólo amenazantes,
otras veces coronados con éxitos parciales— del exterior, es decir,
del demos o pueblo llano. Las aportaciones de Michael Lind y
Godfrey Hodgson se cuentan entre las mejores, aunque toda la obra
bien se merecería una traducción a cualquier lengua peninsular, como
primer paso para inspirar un reto similar entre los economistas e
historiadores españoles.
[Andreu Espasa]
Enric Prat Carvajal
Activistes de la pau
Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, 2008, 210 págs. Prólogo de Anna Alabart.
Enric
Prat, a modo de complemento de Moviéndose por la Paz (Hacer,
2006), publica el estudio de campo que fundamentó una parte de ese
libro. Gracias a los datos obtenidos a partir de un cuestionario
realizado a 175 destacados activistas por la paz, E. Prat nos ofrece
una visión interesantísima sobre las características sociológicas y
políticas del movimiento por la paz catalán de los años 80 del
siglo pasado. El retrato de grupo resultante es bastante nítido: la
lucha por la paz, el renovado interés por el antimilitarismo y la no
violencia, la reivindicación de la disolución de los dos bloques
militares, fue sobre todo cosa de rojos internacionalistas,
antidogmáticos y nada sectarios.
[José Luis Gordillo]
Cine
Sam Mendes
Revolutionary Rd.
A
través de unas imágenes que se sitúan en los años cincuenta, Sam
Mendes presenta una demoledora crítica del american way of life
a través de una ácida presentación del sistema familiar
norteamericano. Una película sobre los problemas de género realizada
con técnica impecable e interpretaciones soberbias, con la única
reserva de que otro maquillaje no le habría ido nada mal al
sempiternamente
aniñado
rostro de L. Di Caprio.
[JRC]