mientrastanto.e Num. 49 del 07-2007

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Crónicas de la Barbarie: Junio 2007
El extraño atentado del Líbano contra tropas españolas.- Hipótesis sobre el fin de Eta.- La izquierda y el pacifismo.- Fumar puede matar.- Palestina partida en dos.- Las elecciones, ¿son la democracia?- Alhaurín instructivo.- El comprensivo Tribunal Supremo.- Mossas y tortazos.- Cuestión menor: los exámenes de catalán.

Bullshit
... Anthony Blair contaba, en el momento de anunciar la renuncia a su cargo, con 1.815 asesores de prensa...

Un modelo energético 100% renovable
... Greenpeace-España presentó en Madrid y Barcelona un trabajo titulado Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica.


Salarios devaluados
España vive una década de bonanza económica. Esto es lo que al menos dice la mayoría de los analistas económicos.

El acoso inmobiliario como vulneración del derecho a la vivienda
... un conjunto de prácticas de hostigamiento llevadas a cabo por propietarios...

La biblioteca de Babel
· Arcadi Oliveres y Pere Ortega (eds.), El militarismo en España. Balance crítico del ciclo armamentista español hasta 2007.

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Crónicas de la Barbarie: Junio 2007

     El extraño atentado del Líbano contra tropas españolas.- Hipótesis sobre el fin de Eta.- La izquierda y el pacifismo.- Fumar puede matar.- Palestina partida en dos.- Las elecciones, ¿son la democracia?- Alhaurín instructivo.- El comprensivo Tribunal Supremo.- Mossas y tortazos.- Cuestión menor: los exámenes de catalán.


El extraño atentado del Líbano contra tropas españolas

     Hace un año, con las batallas entre Israel y Hezbolá que arrasaban a la población del Líbano, con una destrucción de nuevo terrible en ese país, el envío de tropas en el marco de un programa de pacificación de la ONU y la Unión Europea no me pareció el peor de los males. Tal vez eso evitaría que siguieran las matanzas de inocentes, aunque también abría la puerta a que entre las víctimas hubiera en adelante soldados españoles.

     Y las ha habido. Pero el atentado contra un vehículo del ejército español no parece haber sido obra del ejército israelí ni de Hezbolá, las partes en conflicto. La diplomacia española lo atribuye a “algún grupo” relacionado con Al Quaeda. Y entramos así en la nebulosa lógica conspirativa para explicar ese atentado.

     Porque “algún grupo” de Al Quaeda es una hipótesis opaca. Hoy se puede atribuir gratis a Al Quaeda mucho de lo malo que pasa en el mundo. Si ha sido gente de Al Quaeda, ¿por qué en el Líbano, y no en Afganistán, donde lo tienen mucho más fácil, en una situación de guerra entre los talibanes y la Otan? Veamos primero quién reivindica el atentado, y si esa reivindicación esperable está fuera de la opacidad.

     Pues también cabe la suposición alternativa de que ese atentado del Líbano haya sido obra de los servicios secretos habituados a este tipo de cosas.

     (Ya se sabe: tirar la piedra y atribuirlo al contrario, o poner la piedra en manos del idiota para que la tire él.)

     El atentado no es manifiestamente un acto de guerra que pretenda acabar con la presencia militar española o de la ONU: para eso habría de encuadrarse dentro de una campaña de atentados. Ese atentado es un acto político. Pongamos la hipótesis, pues, de que nos hallamos ante un atentado político. Específico contra el ejército de España, esto es, contra su gobierno.

     Entonces, una pregunta importante: ¿a quién beneficia el atentado, a quién perjudica? Y la respuesta sería, en términos de la política española, que beneficia a Rajoy, empeñado en igualar ante la opinión pública la presencia en el Líbano con la participación en la guerra de Iraq, y que perjudica a Zapatero, pues erosiona al único dirigente político occidental que se ha atrevido a desafiar abiertamente la política de Bush en Iraq.

     En los próximos días veremos qué partido le saca el PP a este raro atentado. Enmarcado objetivamente —en cualquier hipótesis— en la perspectiva electoral española. Por mi parte recomiendo no fiarse de nada y examinar las cosas con algo menos de superficialidad que la habitual en los medios de masas.

     En cualquier caso el atentado —que ha costado la vida a unos pobres soldados españoles y emigrantes— pone de manifiesto una vez más la barbarie en que vivimos.

     La única manera de que no haya ataques armados es que no haya armas, y poco ayuda, si es que ayuda, llevar más a donde ya las hay.


Hipótesis sobre el fin de Eta

     Las premisas del problema pueden ser formuladas como sigue:

1. La gente no puede aceptar —y por tanto el Estado no puede aceptar— que se impongan cambios políticos por la violencia.

2. En Euskadi hay una base social propicia a la continuidad del terrorismo de Eta, probablemente mucho menor que en años anteriores, a la que se puede llamar “búnker” nacionalista radical.

3. Hay organizaciones político-sociales que son el brazo político del “búnker” (y que acaban de perder un tren hacia su consolidación política con la ruptura del “proceso de paz”).

4. Hay organizaciones político-sociales nacionalistas radicales que no apoyan el terrorismo de Eta. Son radicales no violentos. Gente políticamente decente.

5. Para Eta son prioritarios sus objetivos políticos, como la anexión de Navarra a Euskadi y la formación de un Estado vasco independiente. La situación de sus presos ha sido subordinada a esta prioridad, que en la última tregua ha mostrado ser irrenunciable, al exigir que se diera un paso en este sentido. Eta se ha equivocado de medio a medio una vez más.

. Para las personas de convicciones democráticas serias hay dos “axiomas” esenciales:

a) El dictado y la coacción violentos son completamente inaceptables. Bajo la amenaza nada se puede negociar, como no sea el cese de la amenaza y de las coacciones.

b) Las cuestiones de nación sólo pueden ser resueltas mediante el ejercicio en libertad del derecho de autodeterminación, sin violencia ni coacción ni perspectiva de que éstas reaparezcan.

Y un “corolario”:

c) Cambiar un estatuto institucional mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación exige una consulta popular cuyos resultados sean concluyentes, lo que supone una elevada participación de la población en la consulta para que ésta sea válida y una mayoría cualificada para un cambio de estatuto significativo. De otro modo se crearían las condiciones de un enfrentamiento civil de tipo “balkánico”.

En estas condiciones, ¿cuál puede ser el final de la violencia?

     En mi modesta opinión, el final de la violencia no se puede dar fácilmente: Eta ha creado en Euskadi un sentimiento nacionalista radical minoritario pero muy intenso en el que el recurso a la violencia está fuertemente arraigado. La violencia y las coacciones forman parte de la cultura interiorizada por una parte pequeña pero significativa de la población. Incluso en el supuesto de que la dirección de turno de Eta decidiera dejar las armas, sería previsible que una parte relevante de la organización se resistiera a este viraje y el grupo armado se fraccionara, y tal vez se fraccionara igualmente su “brazo político”.

     No se debe olvidar que el Ira irlandés llegó incluso al asesinato “interno” de militantes no dispuestos a abandonar la violencia; ni que en la historia pasada de Eta hay casos similares, ni tampoco que durante el reciente “alto el fuego” se han dado casos, probablemente incontrolados, de kale borroka. Al dejar escapar la ocasión de una “retirada ordenada” en sus conversaciones con el gobierno, Eta ha abierto la puerta a que sus conflictos internos acaben dirimiéndose por el método que es consustancial en ella: la violencia.

     La derecha social y política —el Pp— sólo ofrece una respuesta a todo esto: la represión. Esta estrategia estrecha e insuficiente es la más cómoda para esa derecha. Porque le proporciona un argumento permanente para las actuaciones estatales autoritarias, y porque le facilita una subsistencia no marginal en Euskadi, que perdería en una situación de libertad (hipótesis en la que sería tan poco operante como en Cataluña).

     La estrategia del Pp, que reduce la política a los medios policiales —la represión sería así la política por otros medios—, perjudica al conjunto de la sociedad, sobre todo a las personas efectivamente demócratas y de izquierda, para entendernos, y contribuye a alimentar la convicción del “búnker” radical-nacionalista de que la actividad armada y violenta aún puede ser rentable, porque al menos mantiene su presencia mediática.

     El Partido socialista —o sea, el tibio reformismo de la sociedad española— va a experimentar el desgaste producido por los dos radicalismos que le atenazan, violento el uno y amenazante el otro. Ha creído ingenuamente que el final de Eta estaba muy cerca, dada la ausencia de atentados mortales intencionales en los últimos años —aunque el atentado de Barajas difícilmente encaja en esta categoría—, y, desde el gobierno, lo ha hecho creer a mucha gente. El desencanto de las expectativas generadas puede ser un incentivo al descenso de la participación política en las próximas elecciones generales (son signos alarmantes la deriva derechista de la población francesa, el descenso de la participación política juvenil, etc.). El hipotético regreso al gobierno español de la derecha política sería una catástrofe más en este barbarizado mundo de catástrofes: entonces tendríamos Eta para otro rato.

     Y parece que esto es lo que desean quienes dirigen Eta: no deja de ser significativo que en su comunicado de “fin del alto el fuego” ni siquiera se mencione al Partido Popular y se “culpe” sólo al gobierno; sin embargo el Partido Popular no ha hecho otra cosa que poner palos en las ruedas del “proceso de paz” ante la opinión pública.

     La única manera de acelerar el fin de Eta consiste en tratar de dividir el mundo de la izquierda radical y aislar al “búnker”. Lo que se traduce en la necesidad de mimar al nacionalismo radical no violento, y de escuchar sus propuestas. Es necesario pactar con él un programa de consultas democráticas futuras, aplazadas y condicionadas al cese de la violencia. Aislar al “búnker” violento es asegurarle una muerte lenta “por inanición”, como, en otro orden de cosas, la de los Grapo. Una muerte de Eta por aislamiento y fragmentación no dejará de ser, de todos modos, un proceso lento y lleno de momentos difíciles. Conviene no olvidarlo.

     La izquierda social, pese a su debilidad, debe tratar de llevar al Psoe, y a los demás partidos que quieran incorporarse, a una estrategia de este corte. Sus elementos habrían de ser:

1. La represión del “búnker” violento, intensificada y diversificada aunque inexcusablemente dentro de los límites estrictos del sistema de libertades políticas y de los derechos y garantías individuales. Pero esto último merece comentario especial, que se formula más adelante.

2. Una declaración de reconocimiento del derecho de autodeterminación democrática del pueblo vasco, y, al mismo tiempo, de condicionamiento de este derecho al transcurso de un plazo prudencial desde el fin de la violencia política.

3. Acuerdos para asegurar la gobernabilidad de Euskadi dentro de un consenso de fuerzas políticas democráticas, incluido necesariamente el nacionalismo radical no violento, hasta el fin de la violencia política en el país.

4. La adaptación de la población española al reconocimiento de los resultados del ejercicio del derecho de autodeterminación cualesquiera que sean éstos: ya en el plano institucional, mediante la implantación de una estructura estatal federal informada de valores republicanos, ya en el plano material.

Las leyes de excepción deben ser revisadas en un sentido garantista.

     La izquierda, como los demócratas de otras ideologías, no puede aceptar ninguna medida legal ni judicial que criminalice el pensamiento o la ideología. Nunca dará cobertura a la tortura. Nunca aceptará que no se respeten principios jurídicos básicos como la presunción de inocencia. En una época en que el “antiterrorismo” es la ideología del sistema, es preciso insistir en todo ello, hoy insuficientemente asegurado. Sólo se pueden perseguir delitos a partir de hechos, y nunca aplicando la doctrina neonazi, pero que está ganando adeptos, de un “derecho penal del enemigo”. Ya la propia expresión ‘antisistema’ —en “manifestantes antisistema”, p.ej.— tiende a dar un cheque en blanco a las instancias represivas. Los llamados antisistema por el poder político y mediático —okupas, p.ej., pero también ecologistas, sindicalistas, etc.—, suelen poner el dedo en la llaga de los problemas sociales reales de este mundo barbarizado. No se olvide.

     Por otra parte, los “formadores de opinión” de este país deben hacer una seria autocrítica. Se dejan llevar demasiado por el pensamiento desiderativo y por las alianzas económico-políticas de las empresas que les pagan. La falta de rigor es achacable a todos, y así debemos hacérselo saber.


La izquierda y el pacifismo

     La izquierda social y política no acaba de asimilar que el “modelo de 1917” de superación del capitalismo ha pasado al museo de la historia de las ideas. Y, con esta falta de asimilación de la experiencia histórica, su andamiaje cultural se muestra renuente ante la firme posición del pacifismo y su radicalismo de principios. Hay gente que no percibe aún que estamos en una etapa de resistencia a la barbarie, y que los principios, más que el pragmatismo y las componendas, son fundamentales. La izquierda prefiere aún las expresiones ambiguas, como “no violencia”. Os invito a hacer la prueba: “no violencia”, en la izquierda, puede pasar, pero “pacifismo” no pasa: la palabra resulta todavía sospechosa. Por mucho que para cualquier pacifista esté claro el derecho a defenderse de un ataque violento.

     Las razones de esta resistencia a ver con claridad lo que necesita la lucha del futuro es la tendencia no ver con malos ojos cualquier cosa que se proclame nominalmente socialista: como el régimen cubano, por ejemplo, o como el populismo de Chávez. Como si la proclama verbal de socialismo lo disculpara todo.

     Por sus obras los conoceréis, dijo un rebelde del pasado. Si algo debería estar claro es que lo que cuenta es lo que se hace, y no lo que se dice. Nadie puede presuponer que todo lo que hace un sujeto va a ir en la misma dirección. Chávez, por poner un ejemplo, ha redistribuido en favor de los pobres las ganancias del petróleo, pero también tolera en su gobierno y en su administración dosis gigantescas de corrupción. Y mucha gente le absuelve de eso porque luego se va a ver a Fidel Castro y está políticamente aliado con Evo Morales, que hoy por hoy es lo más limpio de América Latina.

     ¿Ya ha olvidado la izquierda lo que fue el culto de la personalidad?

     Volviendo a nuestro asunto: ¿podría alguien explicar por qué ‘no violencia’ parece preferible a ‘pacifismo’ como signo distintivo de una izquierda que rechaza por invivible esta barbarie en que vivimos?


Fumar puede matar

     Efectivamente: desde que los norteamericanos y sus aliados intervinieron en Iraq han muerto más de 750.000 personas, principalmente civiles.


Palestina partida en dos

     Lo dijimos hace casi un año en estas páginas: una guerra civil entre palestinos era el objetivo de Israel. Molestaba Arafat y murió de una enfermedad rara; la Unión Europea pedía elecciones democráticas y las hubo, pero las ganó Hammás, y todo el mundo cortó a su gobierno el grifo del dinero. Ahora, esto. Más víctimas civiles de la alta política que se decide al otro lado del Atlántico.


Las elecciones, ¿son la democracia?

     Cada vez somos más los que pensamos que no. Hoy lo que hacen los procesos electorales es “sustraer la decisión a los verdaderos protagonistas y fundar un consenso blando sobre el que se apoya la clase dirigente”. Lo dice José Vidal Beneyto en una de sus columnas en El País.


Alhaurín instructivo

     Los vecinos han reelegido al alcalde procesado por corrupción. Eso del ladrillo, no se olvide, da de comer a mucha gente, y a fin de cuentas casi todo el mundo saca tajada. Diez empresarios imputados en el mismo proceso recibieron los aplausos de los vecinos al salir de la cárcel bajo fianza. De modo que “los verdaderos protagonistas” de Vidal Beneyto se convierten, a veces, en antagonistas atontados de la democracia. Aunque, claro está, los peores no son éstos.


El comprensivo Tribunal Supremo

     Como era de esperar, la ley no es igual para todos: ahora el Tribunal Supremo ha rebajado y dejado en nada las condenas del caso Turismo. Para los que no recuerdan: un montón de implicados de Unió Democrática que se pusieron las botas para ellos o para su partido malversando casi un millón de euros en el Consorcio de Turismo de Catalunya. El mayor caso de corrupción política descubierto en Cataluña.

     Así, también quedan en nada los esfuerzos —y los riesgos personales— de los funcionarios que denunciaron el asunto; o el de los periodistas que lo hicieron público haciéndose malvistos por sus empresas.

     El Tribunal Supremo sigue en la tónica judicial abierta con el proceso al ex-presidente del BBV, Ibarra; con la consideración de normal atribuida a la hipermillonaria indemnización al ex presidente de Argentaria por el Banco de Santander; con el proceso archivado a Botín por fraude fiscal, y suponemos que en el futuro también con César Alierta (uso de información privilegiada cuando presidía la Tabacalera).

     Los poderes políticos y económicos son intocables. Ellos no delinquen: sólo incurren en irregularidades. Para que delincan de verdad han de perjudicar a otros de la misma camada, como Mario Conde, que mientras vaciaba Banesto desde dentro era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense.

     Habrá que ver el trato que dan los mass media al caso Alierta, que, por cierto, es hoy el patrón supremo de Telefónica, o sea, del Anunciante supremo y supremo Patrocinador de lo que sea.

     El asunto da para una tesina sobre este aspecto del “Estado social y democrático de derecho” de la Constitución de 1978.


Mossas y tortazos

     La mossa que abofeteó a una detenida y la despojó de su sujetador, grabado todo ello por cámaras en un recinto policial —unas grabaciones que, por cierto, deberían estar en todos los recintos policiales, y conservarse a disposición de los detenidos y de los jueces—, ha aclarado un poco las cosas: dice que no abofeteó a la detenida, sino que le apartó la cara porque intuyó que la iba a escupir, y añade que hace poco resultó infectada de tuberculosis en otro cacheo. Eso por una parte. Por otra, alega que estaba vigente un protocolo que obligaba a “retirar” los sujetadores “que tuvieran aros”.

     De modo que está claro: a la detenida le apartó la cara de una bofetada porque intuyó que la iba a escupir, y además la mossa tiene visión microscópica porque puede ver por donde andan los bacilos de Koch. Por cierto: esa mossa ¿estará ya curada de tal infección de tuberculosis? ¿No sería conveniente que pasara una temporada en algún lugar de montaña, mágica a ser posible?

     Interesante es también lo del protocolo. ¿Imagináis a la Autoridad Policial sopesando la peligrosidad de los distintos tipos de sujetador? Pues parece que la Autoridad cobra también por dedicarse a menesteres como ése. Queda una duda, sin embargo: ¿habrá también un protocolo para retirar los calzoncillos de Dolce & Gabanna? ¿O los de Kalvin Klein? El pozo de nuestras ignorancias en materia de la policía autonómica catalana resulta insondable.

     Aunque sí sabemos algo: las brigadas antidisturbios, o como se llamen, de la poli catalana no están integradas por personas seleccionadas por características adecuadas al caso: están integradas por voluntarios, esto es, por gente a la que por gusto le va la marcha.

     El conseller Saura y el president Montilla harían bien en revisar las disposiciones policiales de la época de Pujol, no sea que tengamos más disgustos.


Cuestión menor: los exámenes de catalán

     La posesión de un certificado de “nivel C” de conocimiento de la lengua catalana sigue siendo indispensable en Cataluña para desempeñar funciones públicas —en las administraciones, en la educación y la sanidad públicas, etc.— y para algunas actividades privadas, p.ej. en la enseñanza “concertada” (esa que consiste en financiar los salarios del personal a las empresas educativas de las órdenes religiosas, órdenes que, por otro lado, andan tan escasas de efectivos que no podrían mantener por sí mismas sus escuelas-negocio). Los jóvenes escolarizados en catalán no necesitan de tales certificados, los cuales de todos modos son un eficaz filtro para fomentar la catalanización de Cataluña.

     Algunas de las preguntas orales de las últimas pruebas para la certificación del conocimiento al nivel C de la lengua catalana merecen ser destacadas. Por ejemplo: “¿Para qué necesitas el nivel C de catalán?”, o “¿Cuál es tu ocupación actual?” Tuteo indebido aparte, ésas son cuestiones que invaden la esfera privada del ciudadano que se está examinando en el acto mismo del examen. Que por sí mismas descalifican al sistema que las permite. Pero hay otra que se lleva la palma: “¿Piensas en catalán?”

     El autoritarismo intrínseco de tales preguntas posiblemente pase inadvertido para los emocionalmente nacionalistas. Que desgarrarían sus vestiduras —por emplear la expresión bíblica— en el caso de que el Tribunal Constitucional pusiera freno a alguno de estos excesos de la religión de la lengua —por otro nombre, política lingüística— a la que los ciudadanos de Cataluña se van acostumbrando con la mansedumbre de los corderos.

[Juan-Ramón Capella, mayo de 2007]

 

Bullshit

     De acuerdo con la información contenida en un artículo del número de junio de Le Monde Diplomatique (edición española), Anthony Blair contaba, en el momento de anunciar la renuncia a su cargo, con 1.815 asesores de prensa y relaciones públicas. No se trata de un par de consejeros o de un pequeño equipo, sino de un auténtico ejército de casi dos millares de personas (cantidad comparable a la de los miembros del MI5, el servicio secreto británico). Naturalmente, uno se pregunta para qué hace falta un número tal de gente.

     La respuesta tiene que ver con el carácter representativo (en el sentido escénico del término) de la actividad política actual. Los ciudadanos de a pie no nos relacionamos directamente con los políticos profesionales, ni los conocemos personalmente (salvo en el caso de las autoridades municipales de pequeñas poblaciones). Se trata de figuras lejanas que se nos aparecen cuando lo consideran oportuno y siempre a través de los medios de comunicación.

     Y ¿qué es lo primero que hace un político profesional cuando se levanta por la mañana? Lo que hace es mirar todos los periódicos a ver qué dicen... de él. Al menos, es lo que hacía el único pez gordo que yo he conocido. Eso puede ayudar a explicar la necesidad de un número reciente de asesores que aumenta exponencialmente a medida que se asciende a la cúspide política.

     El político profesional tiene que calcular el efecto que van a producir las cosas que hace y las palabras que dice en los medios de comunicación y, a través de ellos, en los electores-votantes. Obviamente, después ha de comprobar si los efectos producidos se corresponden con sus previsiones y para ello tiene que leer todos los periódicos, ver todos los informativos de la televisión y escuchar algunas de las tertulias matinales de la radio. Vista la respuesta de los medios, tiene que calcular de nuevo cuál es la reacción más adecuada; en especial si esa respuesta no es la que se pretendía. Además, entre tanto, habrán surgido otros temas y asuntos sobre los que habrá tenido que pronunciarse y tomar medidas (siempre con el ojo puesto en los efectos que actos y palabras puedan producir en los media). Y esta es una tarea que debe realizarse diariamente, en relación con muchos asuntos, respecto a muchos medios y, en el caso de figuras como Anthony Blair, en diversos escenarios: como líder laborista, como primera autoridad electa de Gran Bretaña, como representante de su Estado en las reuniones de la Unión Europea, como integrante del G-8, como representante de un Estado que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU... Son espacios muy diferentes y lo que Blair suelta en un meeting en plena campaña electoral laborista puede no resultar conveniente decirlo en una Cumbre Europea. Debe dar una imagen adecuada en cada momento. Y, a veces, los diferentes escenarios se dan simultáneamente y tiene que ofrecer un perfil que no desentone en ninguno de ellos.

     Todo esto supone una cantidad de cálculos, análisis, exámenes de medios de comunicación locales, nacionales, europeos y mundiales, seguimiento de cadenas de televisión estatales, regionales y globales... que excederían con mucho la capacidad de trabajo de un solo hombre, aunque este hombre fuese Fraga. Por tanto, he ahí la explicación de la cohorte de asesores de prensa, relaciones públicas y demás que se ocupan de controlar la imagen que Anthony Blair ofrece al mundo.

     Todo este impresionante despliegue de medios humanos rememora las tesis de un librito traducido al castellano por Editorial Paidós el año pasado y titulado On Bullshit (título que, con buen criterio, el traductor español, Miguel Candel, conservó). El autor de esta obra es un filósofo norteamericano llamado Frankfurt (no confundir con la Escuela del mismo nombre), que se aplica con una seriedad sólo posible de encontrar en un analítico, en desentrañar rigurosamente el sentido de dicho término ofreciendo una ––hasta ahora no existente–– teoría del bullshit.

     El significado de “bullshit” es algo que conocen bien quienes ven películas norteamericanas en versión original subtitulada. Los subtítulos traducen “Bullshit” por “tonterías”, “chorradas”, o “gilip...” según el contexto y la extracción social del personaje que pronuncia el término. Literalmente “Bull” significa toro y “shit” es una palabra que todos conocemos, veamos películas en versión original o no. Por ello, una adaptación hispánica de esta expresión yankee podría ser “caca de la vaca”. En cualquier caso, en el texto del librito de Frankfurt se opta por la traducción “charlatanería”.

     ¿Qué tiene que ver la bullshit o charlatanería con los 1.800 y pico asesores de prensa de Blair? Pues bien, es bastante sencillo:

     De acuerdo con la “teoría” que elabora Frankfurt, la “charlatanería” está estrechamente emparentada con la mentira, el farol, el fraude, la falsificación y otros primos de la misma ralea. En ese entorno, lo que diferencia y especifica a la bullshit es que se trata de un medio para hacer ver que una determinada persona tiene unas creencias, unos valores, unas actitudes o unas convicciones que puede poseer realmente o no (eso no importa), pero que es conveniente que parezca que los tiene en un momento determinado. Así, por ej. el líder de la oposición en nuestro país se esfuerza continuamente en ofrecer una imagen de hombre serio, responsable, categórico, con soluciones realistas para todos los problemas, en contraste con la irresponsabilidad, extravagancia, ineptitud y falta de seriedad del gobierno socialista. Eso es bullshit de la especie más pura analizada por Frankfurt.

     Llegados aquí es fácil comprender la cantidad de “charlatanería” que hay que producir para fabricar una imagen conveniente de un líder como Anthony Blair, que se mueve por unos escenarios tan diversos. Necesita una imagen adecuada para cada ocasión, aunque, por lo visto, la pose del líder mundial a quien Bush trataba como un igual quedó destrozada por una frase que el presidente norteamericano pronunció sin pensar (!) y que fue captada por micrófonos indiscretos.

     Quien se ocupa de diseñar los gestos, actitudes, palabras, aspecto físico, etc. que componen esas imágenes es el ejército de asesores. Lo cual nos lleva a percatarnos de que un porcentaje muy significativo de la actividad que rodea a los políticos profesionales tiene que ver fundamentalmente con el cuidado de su imagen. Esa es la esencia de la democracia como representación. Como en aquella película en que la reina madre le decía al príncipe heredero: “¡Saluda! ¡Que para eso te pagan!”.

[José Antonio Estévez Araújo]

 

Un modelo energético 100% renovable

     El pasado mes de abril Greenpeace-España presentó en Madrid y Barcelona un trabajo titulado Renovables 100%. Un sistema eléctrico renovable para la España peninsular y su viabilidad económica. Lo ha elaborado un equipo de ingenieros y técnicos del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Comillas. El trabajo tiene una intención más teórica que pragmática. No ofrece un modelo directamente aplicable. Pretende sobre todo mostrar ––para el horizonte del 2050— que técnicamente es viable que toda la electricidad consumida en la España peninsular se obtenga de fuentes renovables. Incluso proyecta esa viabilidad a todo el suministro energético (incluido el doméstico y del transporte), aunque sin entrar en detalles. Pretende también evaluar el coste económico del sistema. El principal valor del estudio es que consigue fundamentar con argumentos y cálculos plausibles lo que se propone, derribando el prejuicio convencional según el cual las renovables pueden ser complemento del modelo energético que hoy tenemos, pero nunca una alternativa global. Es más: los cálculos económicos arrojan la conclusión de que todas las técnicas renovables examinadas resultarán en 2050 más baratas que las convencionales, incluso que las centrales de gas de ciclo combinado (que son las más eficientes de las fósiles). En estos cálculos internalizan los costes ambientales mediante estimaciones derivadas de los precios que actualmente se pagan en el mercado de emisiones de carbono.

     La Fundació Terra, radicada en Barcelona, por su parte, ha hecho público este mes de junio otro estudio referido a Cataluña que llega conclusiones semejantes.

     Es llamativo que ambos trabajos, de notable sofisticación tecnocientífica, hayan sido promovidos y financiados por entidades ecologistas de la sociedad civil y no por organismos oficiales del Estado. Es más: el proyecto catalán llegó a las mesas del gobierno unitario de las izquierdas pero no mereció la atención, ni menos el compromiso y la financiación, de éste. Los gobiernos español y catalán toman compromisos (como el protocolo de Kioto) o quedan vinculados por promesas hechas por la Unión Europea (como alcanzar con fuentes renovables el 20% del suministro energético en 2020), pero no se sienten concernidos por esos compromisos. Hay que suponer que creen en milagros. Esperemos pasivamente... y en 2020... ¡hale hop!... tendremos renovables por un tubo. Y creíamos vivir en una sociedad laica, racionalista y supertecnológica...

     Pero no todo son malas noticias en este ámbito. Las renovables, pese a todo, despegan. Sobre todo la eólica. El gobierno de España previó que en el decenio 1991-2000 se habría llegado a tener 167 MW (megavatios) de potencia eólica instalada. Pues bien, la realidad es que en 2003 España contaba ya con 6.200 MW y en 2006 con 11.616 MW instalados. La empresa, la empresa privada, ha desbordado con creces las audaces previsiones de nuestros gobernantes. Y es que la eólica ya es negocio en este país. España es hoy el segundo país del mundo en potencia eólica instalada, después de Alemania, y exporta aerogeneradores y tecnología a muchos países, entre ellos a Estados Unidos y China.

     Vale la pena detenerse en dos factores que han desempeñado un papel impulsor. Uno es la iniciativa técnica y empresarial de un grupo de ingenieros catalanes que en 1981 crearon una cooperativa, Ecotècnia, que ha sido pionera en el mundo. Hoy figura entre las 10 principales empresas que fabrican aerogeneradores del mundo (y segunda en España, después de Gamesa). Desde 1994 forma parte de Mondragón Corporación Cooperativa. Otra es que allí donde la eólica ha prosperado más, y más de prisa ––Navarra, donde el 60% de la electricidad consumida se produce de fuentes renovables, con expectativas de que esta proporción siga creciendo—, el gobierno foral, entonces en manos del PSN-PSOE, tomó en 1989 la iniciativa de crear una empresa pública, Empresa Hidroeléctrica de Navarra (EHN), con un 48% de capital público (38% de la Comunidad Autónoma y 10% de la Caja de Navarra) para impulsar el proyecto. En otras palabras: cuando el capital privado no se decide a invertir, dados los riesgos e incertidumbres de una línea totalmente nueva de producción, la iniciativa pública puede ser el factor desbloqueador. Esto es lo que ha ocurrido en Navarra. Hoy Acciona (que pertenece a Entrecanales) posee más del 50% del capital de EHN, y el gran capital está apostando en todas partes por la eólica y por otras energías renovables. En otras comunidades autónomas, como las dos Castillas, que son 2ª y 3ª en potencia eólica instalada, las inversiones mayoritarias son de Iberdrola.

     Con el fin de la era del petróleo en el horizonte, hace falta un cambio radical de matriz energética. Empezamos a saber, gracias a estudios como los mencionados, que un modelo 100% renovable es posible. La implantación de la eólica, la fotovoltaica, la solar térmica, la solar termoeléctrica y otras fuentes renovables es una ocasión para desarrollar una línea productiva industrial de futuro, con una demanda interior segura durante decenios (por lo menos) y con unas ventajas medioambientales indiscutibles. El caso de Navarra nos muestra también que incluso en plena hegemonía neoliberal es posible hacer políticas industriales desde el sector público. ¿Acaso no le tocaría a la izquierda política, sindical y social ser la primera, en todas partes, en impulsar esta mutación técnica e industrial? ¿Dónde están las políticas industriales de las fuerzas de izquierda que podrían tomar el relevo de un aparato productivo obsoleto, fácilmente deslocalizable y precario? El ejemplo de Ecotècnia, por otra parte, muestra el potencial de la economía cooperativa en líneas innovadoras, donde a menudo empresas pequeñas o medias tienen ventaja frente a otras mayores cuando se trata de asumir riesgos desconocidos (como ha ocurrido varias veces en el campo de la informática). También en materia de cooperativismo nuestras izquierdas brillan por su insensibilidad.

     Finalmente, es importante señalar que los estudios técnicos mencionados llegan oportunamente para hacer frente a las proclamas pro-nucleares que se lanzan desde todas partes: y no sólo desde los sectores mayoritarios de la patronal, sino también desde algunos dirigentes sindicales. Las renovables no son energías de apoyo o de complemento. Son la base energética del futuro, e incluso la base para que haya futuro para la humanidad.

[Joaquim Sempere]

 

Salarios devaluados

     España vive una década de bonanza económica. Esto es lo que al menos dice la mayoría de los analistas económicos. Pero hay datos que son tozudos y ahora resulta evidente que el poder adquisitivo del salario medio ha descendido a lo largo de la presente década. Y asimismo lo ha hecho la participación de los salarios en la renta nacional, a pesar de que el porcentaje de asalariados en la población estadísticamente activa (pues no se cuenta el trabajo doméstico) no ha dejado de crecer. Una parte más grande de la población se reparte una parte más pequeña del pastel total. La contrapartida es clara: la sucesión de crecientes beneficios empresariales, de rentas de los altos cargos y consejeros....

     La evidencia es tan clara que hoy ni siquiera la discuten los poderosos “think tanks” capitalistas. Aunque bueno sería recordarles que posiblemente los datos que poseemos siguen sobrevalorando el nivel del salario medio. Ello es debido a las limitaciones de las estadísticas salariales. Éstas no toman en consideración ni los salarios agrarios, ni los del servicio doméstico, ni los de las empresas de menos de 10 empleados... áreas donde se concentran los salarios más bajos. Pero no hay que pedir imposibles. Aun con las numerosas limitaciones de información es evidente que el “milagro económico español” lo ha sido sólo para una minoría social. Vale la pena añadir que el cálculo del IPC con el que se mide la variación del salario real, no tiene en consideración la evolución del precio de la vivienda de compra (pues no se considera un consumo sino una inversión) lo que minusvalora la pérdida de poder adquisitivo real de la parte de población que está en situación de compra de vivienda (lo que por edad corresponde a la parte de población que por edad está más presente en el mercado laboral).

     La pregunta pertinente es ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo podemos combatirlo?

     Para saber qué ha ocurrido hay que comparar tres tipos de datos: la información sobre negociación colectiva ?que indica qué pautas salariales se han negociado?, la evolución de los salarios ?que no sólo depende de la negociación colectiva, también de los cambios en el empleo, los pagos de antigüedad de primas salariales etc.? y la evolución del empleo por sectores, categorías profesionales, etc. No es tarea fácil, pero algunas cosas sí parecen claras. En la negociación colectiva per se no se ha perdido poder adquisitivo. Los sindicatos han negociado fundamentalmente aumentos de salarios algo superiores a la inflación (del orden del 0,5% por encima del IPC). Y en muchos casos han introducido cláusulas antiinflación que han permitido que una inflación mayor a la prevista se comiera toda la ganancia. Esto quiere decir que un trabajador con empleo estable ha experimentado una ligera mejoría de poder adquisitivo (aunque si es joven y ha tenido que comprar el piso el precio del mismo y/o el encarecimiento de la hipoteca se ha más que comido esta mejoría). Un primer problema es que no todo el mundo está cubierto con un convenio (aunque sí la mayoría) y otro, más común, es que en muchos el convenio se incumple.

     Pero sin duda la mayor pérdida se ha producido por otra vía: por el mayor crecimiento de los empleos de bajos salarios (o de salarios inferiores). Ello ha ocurrido por vías diversas. Entre las principales pueden destacarse las siguientes. Primero, el mayor crecimiento del empleo en sectores donde predominan salarios bajos ?construcción, hostelería, servicios empresariales (limpieza, seguridad...), servicios sociales (geriatría), etc.? sin contar la expansión del servicio doméstico que ni siquiera se contabiliza. Segundo, las políticas de reorganización empresarial mediante el recurso al empleo temporal y la subcontratación. Los empleados temporales a menudo no reciben pluses a los que tienen derecho los empleados fijos. Más evidente es aún el juego de la subcontratación como un mecanismo de discriminación y abaratamiento salarial, puesto que a menudo las empresas externalizadas se acogen a convenios de sueldos más bajos. Por ejemplo la extrema externalización que usan las empresas automovilísticas permite observar que parte de la fuerza de trabajo que utilizan está amparada por convenios provinciales de otras ramas (químicas, metal, madera, transporte, etc.) Tercera, la sustitución generacional de plantillas, se despide a los empleados antiguos, que cobran pluses diversos, por gente joven sin tales derechos, cuando no se establece una doble escala para los nuevos. En definitiva, es la combinación de un cambio estructural con una reorganización del proceso productivo lo que está en gran medida en la base de este cambio.

     Se habla mucho del papel de la inmigración. Este proceso ha sido sin duda promovido por los empresarios locales para garantizar un ejército de reserva que presionara los salarios a la baja (y hay numerosas evidencias en este sentido). Aunque una vez se han asentado los primeros grupos, la dinámica inmigratoria cobra una cierta autonomía. Pero su efecto sobre la caída de salarios debe matizarse en varios sentidos. Primero, los bajos salarios de los inmigrantes no se explican sólo por su impacto numérico. En gran medida son el resultado de las condiciones legales en las que tiene lugar el proceso migratorio. Las políticas migratorias de flujos no sólo constituyen barreras a la entrada, son un importante mecanismo de regulación del mercado laboral. Constituyen el trasfondo legal sobre el que se crean empleos con derechos sociales degradados (de servidumbre en el caso de los asistentes domésticos). No es “la oferta” donde está el problema, sino en la regulación. Segundo, los inmigrantes se han ocupado de actividades en franco crecimiento de la ocupación. No han generado una competencia por los mismos puestos de trabajo. Más bien han permitido a determinados sectores con escasez de mano de obra ?agricultura, construcción, comercio y logística, servicio doméstico y cuidados personales? expandirse con muy bajos salarios. Tercero, la degradación y aceptación de malas condiciones laborales no se limita a los inmigrantes, toda una masa de nuevos asalariados, especialmente jóvenes y mujeres de clase obrera, se han integrado a este mercado de condiciones degradadas. Como muestran las encuestas de opinión, el paro sigue constituyendo la mayor preocupación del país. Todo el mundo tiene el recuerdo de los años de paro masivo y sobre este temor se ha construido una cultura social de enorme tolerancia hacia la precariedad laboral.

     Los responsables principales de esta degradación, y los principales beneficiarios, son sin duda los empresarios y su larga cohorte de directivos y asesores. Ellos son los protagonistas principales de los procesos de reestructuración organizativa y los principales impulsores de medidas favorables a la consolidación de esta situación. No deja de ser un sarcasmo que una parte de los ideólogos de la socialdemocracia demediada insistan en poner en ridículo la idea del conflicto entre clases sociales, cuando estamos asistiendo a una continuada, y hasta el momento bastante exitosa, ofensiva del capital frente al resto de la sociedad. Pero cabe preguntarse cuál es la responsabilidad del resto de agentes sociales y del Gobierno.

     En una economía liberal ciertamente los salarios y los precios no los fija el Gobierno (con algunas excepciones), se negocian colectiva e individualmente. El papel del Gobierno en este terreno se concentra en la fijación del margen general ?las regulaciones básicas, la política macroeconómica, el discurso político que legitima determinadas actitudes? y en algunas pocas regulaciones específicas ?el salario mínimo?. En el primer campo, es evidente que los sucesivos gobiernos han contribuido a generar un espacio político favorable a esta situación. Las regulaciones laborales, las políticas migratorias y la política macroeconómica han favorecido un marco para la degradación salarial. Quizá aún peor es el discurso tecnocrático que se ha utilizado para justificar estas medidas. Un discurso basado en el catecismo de la economía neoliberal que cuenta con legiones de economistas socializados en estas creencias y que ha conseguido calar incluso en algunos sectores de las cúpulas sindicales. Quizá es inevitable, viendo tanto la hegemonía cultural del pensamiento neoclásico en el mundo universitario como el papel que juegan los organismos internacionales (Unión Europea, O.C.D.E., F.M.I...) que marcan las pautas a seguir a los Gobiernos. En el campo del salario mínimo, es también evidente que la política del país lo ha convertido en un instrumento incapaz de combatir los salarios más bajos. El salario mínimo español es el segundo más bajo de los países desarrollados y es inferior a la mayoría de salarios que se pagan en el mercado. Esta situación es el resultado de una política consciente de degradación que se inició con Felipe González y se agravó con Aznar. El gobierno Zapatero se comprometió a revertir la situación y ciertamente parece que va a cumplir el compromiso de acabar la legislatura con un salario mínimo de 600 €. El problema es que éste es aún un nivel inaceptable que no resuelve ningún problema real. Situar el nivel en torno a los 1000 €, lo que no parece descabellado, que realmente tendría un impacto sobre un elevado volumen de gente, se plantea como objetivo difícil vistas las resistencias que se generan cada vez que se pretende mejorar algo la situación. Ejemplo de ello es la “revuelta” que afrontó Zapatero cuando se comprometió con los sindicatos a revisar el salario mínimo de acuerdo con la inflación (como ocurre con las pensiones), una revuelta en la que fueron de la mano la CEOE, el Banco de España y el mismo Ministro de Economía. No deja de ser curioso que el argumento contrario a un aumento del salario mínimo ?la pérdida de competitividad exterior? ignore que la mayoría de salarios más bajos se sitúa en sectores que producen bienes y servicios para el consumo interno. Y que un sector como el turismo con salarios muy bajos se encuentre entre los que han experimentado aumentos más sostenidos de precios. La resistencia no es por miedo a la inflación, es porque afectaría a la distribución de la renta. Y ya se sabe que el dinero de los ricos no se toca.

     Los sindicatos tienen también su parte de responsabilidad, aunque bastante menor. Aun con su timidez, no puede negarse que han realizado una acción de denuncia difícil de llevar a cabo en un marco social diseñado en parte para eludir la presencia sindical. Puestos a buscar responsabilidades creo que hay dos campos en los que sí se les deberíamos pedir cambios. Uno tiene que ver con su “discurso” cultural. Casi siempre a remolque de las directivas oficiales. Creyéndose a veces gestores de la economía y asumiendo los postulados de la economía neoliberal a menudo sin entenderlos. Por ejemplo cuando el Secretario de CC.OO. dice que el problema de los bajos salarios proviene de que en España se crean empleos de baja productividad, ignora dos cuestiones básicas. Primera, que es dudoso que el salario sea la contrapartida a la productividad y segunda, que es imposible saber cuál es la productividad relativa que genera cada sector. No es fácil discutir estos dogmas, pero esto es lo que deberíamos exigir a un dirigente sindical. Que fuera capaz de enfrentarse al discurso patronal con un discurso alternativo que diera sentido y orientación a sus propias bases y que fuera realmente eficaz para plantear los problemas de equidad y eficacia social que a la postre se dirimen en la cuestión salarial

     Hay también un problema con la negociación colectiva. De una parte en el plano macroeconómico. Los neoliberales han sido capaces de hacernos olvidar que sólo hay una regla que impide que los salarios pierdan peso social, la de los aumentos salariales equivalentes a la suma del aumento de precios y de productividad. Pero también otra de modelo de negociación. En nuestro país la negociación obedece a un modelo confuso, hay convenios de empresa (habitualmente en las grandes) y sectoriales a diversos niveles ?provinciales, estatales, autonómicos? según el sector de actividad. Esto promueve el mantenimiento o incluso el crecimiento de las desigualdades, puesto que cada cual negocia según su correlación de fuerzas y, como ya se ha comentado, las empresas pueden jugar, dentro de ciertos límites, a elegir el marco de negociación más favorable. La propuesta neoliberal es la de promover una profundización de la negociación fragmentada que sin duda agravaría el problema. Reducir las enormes desigualdades salariales y, sobre todo, aumentar los salarios más bajos, sólo puede llevarse a cabo desde una negociación global en la que este objetivo esté explícito (como ha ocurrido en el bastante centralizado y, sin duda, bastante más igualitario modelo nórdico). Este debería ser un objetivo básico de la acción sindical. Aunque no puede ignorarse que alcanzarlo supone cambios importantes en el modelo sindical. Incluido en ello la cultura de los sectores más combativos que han hecho de la lucha en una sola empresa, habitualmente grande y con salarios más altos, el bastión de su acción. Luchar contra los bajos salarios y la degradación salarial exige una movilización y un debate general, y esto solo será factible si se plantea desde una dinámica que ayude a la recomposición de unas clases trabajadoras divididas y desorientadas.

[Albert Recio]

 

 

El acoso inmobiliario como vulneración del derecho a la vivienda

     El acoso inmobiliario es un fenómeno extendido en las grandes urbes y sus extrarradios consistente en un conjunto de prácticas de hostigamiento llevadas a cabo por propietarios de inmuebles ––con o sin la mediación de sociedades inmobiliarias–– cuyo destinatario es el legítimo poseedor de éste y el objetivo de las cuales es que el sujeto afectado abandone su domicilio y renuncie a cualquier derecho que le pudiera corresponder en virtud de su título posesorio. Así, es frecuente que las personas afectadas por dichas prácticas vean cómo los propietarios de los inmuebles, además de negarse a realizar las obras de conservación del edificio necesarias, practiquen cortes en los suministros de agua, electricidad o gas, produzcan averías intencionadas en las instalaciones comunes de los edificios, provoquen ruidos nocturnos o inundaciones e incluso se nieguen a recibir el pago de las rentas arrendaticias para poder demandarles por impago e instar el desahucio.

     El conocido mediáticamente como mobbing inmobiliario constituye unas de las más flagrantes manifestaciones de la violencia inmobiliaria, práctica que no es nueva en las ciudades industrializadas y cuyos orígenes se remontan al blockbusting de los años sesenta en los Estados Unidos, con el eco de fondo de las tensiones raciales producidas a raíz del éxodo masivo del campo a la ciudad de la población afroamericana después de la segunda guerra mundial. No obstante, el caso español presenta una configuración propia cuyos cimientos jurídicos se asientan en el RDL 2/1985 ––Decreto Boyer––, aprobado meses antes del ingreso de España en la Unión Europea, y cuyo magma socioeconómico se inserta en el marco de una economía en la que la plúmbea huella del ladrillo ha hecho crecer a España, en la última década, a índices superiores a la media europea (mientras se está a la cola en investigación, desarrollo, productividad, etc.).

     El Decreto Boyer, en cuya exposición de motivos figuraban como dos de sus objetivos “reducir la presión al alza de los alquileres con beneficio para el propietario y para el arrendatario” y “satisfacer las necesidades de vivienda a una generación de jóvenes”, supuso la modificación de la LAU de 1964, ley franquista que curiosamente contemplaba un régimen ampliamente tuitivo para los arrendatarios ––con posibilidad de prórrogas forzosas de los contratos de arrendamiento y amplias facultades de subrogación de los parientes más próximos al arrendatario––. Además, el RDL 2/1985 dio lugar a una actualización de las rentas arrendaticias que no resultaba de obligatoria aplicación a los contratos de arrendamiento realizados al amparo de la antigua normativa. El resultado fue que la gran mayoría de los arrendatarios con contratos anteriores a 1985 se acogieron a la posibilidad que se les ofrecía de conservar la renta antigua y de que ésta se incrementase progresivamente a índices notablemente inferiores a los de mercado.

     En el actual panorama inmobiliario español, la posibilidad de mantenimiento de las condiciones contractuales pactadas al amparo de la normativa arrendaticia de 1964 es vista por ciertos sectores de propietarios como un retén a sus actividades especulativas, razón por la que deciden llevar a cabo esa serie de conductas que suelen tener como destinatarios colectivos que por razones de índole social, económica, cultural o por cuestiones de edad o salud se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

     Las prácticas de mobbing pueden ser vistas desde dos perspectivas jurídicas no excluyentes: como incumplimientos contractuales o como ilícitos penales. Los incumplimientos contractuales vienen constituidos básicamente por la no ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de la vivienda por parte del arrendador (art. 107 de la LAU de 1964 y artículo 21.1 de la LAU de 1994), lo cual concede al arrendatario la posibilidad de ejecutar las obras con cargo al arrendador (art. 115 y 116 de la LAU de 1964 y art. 21.3 LAU de 1994). Cabe resaltar que los incumplimientos contractuales del arrendador se producen con la aquiescencia omisiva de la Administración, que está obligada a promover las obras necesarias para garantizar la habitabilidad de las viviendas, ejecutando, si es preciso, las medidas coercitivas necesarias para ello; en Cataluña estas obligaciones aparecen contempladas tanto en el Reglamento de Urbanismo (arts. 29, 253 y 254), también de aplicación en el resto del Estado, como en la ley catalana 24/1991 de Vivienda (arts. 8.2 y 30).

     Desde un prisma jurídico-penal, las prácticas de acoso inmobiliario pueden ser calificadas como un delito de atentado contra la integridad moral contemplado en el artículo 173.1 del Código Penal, que sanciona a quien infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, o como un delito de coacciones (172.1 CP), pudiendo aplicarse una agravante genérica por abuso de superioridad (22.2 CP) en casos de notorio desequilibrio entre las partes.

     Independientemente de que consideremos estas prácticas desde una u otra perspectiva jurídica, lo cierto es que el mobbing inmobiliario constituye la vulneración de la quizás más iridiscente de las facultades ínsitas al derecho a la vivienda: el derecho a la seguridad en la tenencia. No es, por ello, válido aquí el discurso que pretende afirmar que los derechos de contenido eminentemente social como los habitacionales son derechos graciables que dependen de la política prestacional o económica del gobierno de turno, pues incluso desde los postulados del liberalismo clásico pueden identificarse disfunciones en la tutela de los derechos habitacionales que suponen vulneraciones de principios básicos del Estado de derecho tales como la seguridad jurídica o la obligación del Estado de someterse a las leyes que él mismo crea, incluida la normativa que obliga a la administración a intervenir en las relaciones inter privatos en las que concurre parte débil.

     Los derechos habitacionales constituyen, en la medida en que entroncan con derechos considerados, desde una perspectiva constitucionalista-juridicista, como derechos fundamentales stricto sensu (los contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I, tales como el derecho a la intimidad, a la integridad física y moral, o al libre desarrollo de la personalidad), un elemento esencial en la construcción de los derechos de ciudadanía. Reconocida constitucionalmente (art. 47 CE78), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) y en Tratados Internacionales ratificados por España como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 8.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11), la tutela efectiva del derecho a la vivienda debe pasar de forma inextricable por la intervención pública y por una actitud diligente de los operadores jurídicos ––jueces, notarios, registradores, etcetera—, que deben eliminar cualquier resquicio de complicidad con este tipo de conductas. Evidentemente, dado que el mundo no se reduce a lo jurídico y a los juristas, también es indispensable el activismo y la labor pedagógica de las entidades cívicas, asociaciones, colectivos y ciudadanos que han hecho de la denuncia del acoso inmobiliario su bandera.

[Facundo Solá González y
Sergio Tamayo Leiva]

 

 

 

La biblioteca de Babel

Arcadi Oliveres y Pere Ortega (eds.)
El militarismo en España. Balance crítico del ciclo armamentista español hasta 2007
Icaria, Barcelona, 2007, 262 págs.

     Este libro, realizado por el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs de Justicia i Pau, realiza una radiografía de los ámbitos más importantes en los que se manifiesta el militarismo en nuestro país. Los campos analizados son: la política de defensa, las intervenciones militares en el exterior, la profesionalización del ejército, el gasto militar, la I+D militar, la industria

de guerra, la política de exportaciones de armas, y la participación en ferias internacionales de armamento. El libro permite así formarse una idea global sobre cómo lo militar penetra en los distintos ámbitos de la vida social y cuáles son las decisiones políticas que se han adoptado para conseguirlo.

[Eduardo Melero]

 

 

 

 

PÁGINAS-AMIGAS
Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
www.elviejotopo.com
La Insignia-
www.lainsignia.org

 

 

Revista mientras tanto

Contenido del número 101

 mientras tanto
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Invierno 2007

101

NOTAS EDITORIALES
El proyecto de Ley de Memoria histórica
Quim Sempere
Corrupción y delincuencia económica
Albert Recio

ARTÍCULOS
LAS RAZONES DEL TERRORISMO ‘GLOBAL’
Danilo Zolo

CÉSARES AMERICANOS Y CATONES ISLÁMICOS
Domenico Losurdo

ESTADOS UNIDOS SABE MATAR, PERO MATA MEJOR CON BOMBAS DE URANIO
Ernesto Carmona

LAS OTRAS VIOLENCIAS EN EL MUNDO, UN RETO PARA EL MOVIMIENTO POR LA PAZ
Tica Font

LA GRAN MURALLA. ALGUNAS TESIS SOBRE EL CAPITALISMO GLOBALIZADO EN CHINA
Ángel Zaragoza

EL VIETNAM HACIA DENTRO
Giaime Pala

SOBERANÍA ALIMENTARIA
Ernest Cañada

SOBRE LA PENA DE MUERTE
Karl Marx

DOCUMENTO
CÓMO DESMONTAR LOS CUATRO PILARES DEL NEOLIBERALISMO Y CON QUÉ SUSTITUIRLOS

Discurso de Álvaro García Linera


CITA

 

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
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Avance del número 102 (en prensa)

 mientras tanto
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Primavera 2007

102

NOTAS EDITORIALES
Capitalismo intangible
A. Recio
Memoria democrática o memoria fascista
X. Doménech
¿Un doctorado en crímenes de guerra y daños colaterales?
J. L. Gordillo

ARTÍCULOS
EL ORIGEN NORTEAMERICANO DE LA IDEOLOGÍA DEL TERCER REICH
Domenico Losurdo

LA CABEZA DE JANO. EL DERECHO DE EXCEPCIÓN NORTEAMERICANO EN EL PRIMER MANDATO DE GEORGE BUSH
Ramón Campderrich

NUEVO CAPITALISMO, PRISIÓN Y LÓGICAS DEL CASTIGO
Brandáriz García

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL: UNA CRÍTICA AL MODELO VIGENTE
Eduardo Melero Alonso

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA DEL GÉNERO. REFLEXIONES DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA
Antonio Giménez Merino


EDUCAR COMO TAREA POLÍTICA
José Manuel Barreal San Martín y
Manuel García-Morán Escobedo

RESEÑA
Pedro de la Llosa, Retratos plumistas,
Pepe Gutiérrez

 

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