Sobre
el ignominioso artículo 8
El artículo 8 de la
Constitución es consecuencia y reflejo de la función política que los
militares desempeñaron durante la transición. De la misma forma que,
según ese artículo, son ellos los custodios armados del ordenamiento
constitucional –una función que necesariamente exige decidir cuál es la
frontera entre lo constitucional y lo inconstitucional– también fueron
ellos los que establecieron entonces los límites de la reforma del
franquismo. Hay una relación directa entre dicho artículo y el
comunicado del Consejo Superior del Ejército, hecho público el 12 de
abril de 1977 para protestar por la legalización del PCE, en el que se
señalaban los asuntos que no podían ser objeto de negociación: unidad de
España, monarquía, bandera de los vencedores de la guerra civil, “buen
nombre” de las FF.AA. y tutela militar de la reforma, de la cual el
comunicado, en sí mismo, era una prueba fehaciente. Más tarde, cuando ya
se había aprobado la Constitución, cuando comenzaba el rodaje del
“Estado de las Autonomías” y cuando todavía no se había decidido cuál
debía ser la ubicación exacta de España en el bloque militar occidental,
el Ejército impulsó una reconducción del sistema político en la
dirección señalada por los poderes nacionales e internacionales. Lo hizo
mediante el pronunciamiento del 23-F. En éste unos hicieron de policías
“malos” y otros de policías “buenos”. Entre ellos discutieron, se
engañaron, negociaron y, salvo en unos pocos casos, se acabaron
perdonando los unos a los otros tras haber alcanzado los grandes
objetivos en los que todos estaban de acuerdo.
El redactor del
artículo 8 –y ardoroso defensor de su inclusión en la Constitución en
los debates constituyentes– fue Miguel Herrero de Miñón. Este miembro de
la Comisión Trilateral y brillante jurista es ahora Letrado Mayor del
Consejo de Estado y forma parte de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas. Entre 1976 y 1977 fue Secretario General Técnico del
Ministerio de Justicia y, como tal, colaboró muy activamente en la
elaboración de la primera Ley de Amnistía, de la Ley para la Reforma
Política y de la Ley electoral que, con algunos retoques, continúa
vigente. También fue diputado por UCD, por Alianza Popular y por el
Partido Popular, así como uno de los “siete padres” redactores de la
Constitución. Su nombre apareció como posible ministro de educación en
la lista del non nato gobierno del general Armada, esto es, del
gobierno que debía alumbrar el 23-F y que nunca vio la luz por culpa de
la obcecación y cortedad de miras del teniente coronel Tejero.
En los debates
constituyentes, Herrero defendió la introducción del artículo 8 en el
Título preliminar, con la consecuencia de que su reforma o supresión
sólo se puede hacer por el complicadísimo procedimiento del art. 168. Lo
justificó afirmando que en España el Ejército no sólo era un cuerpo de
la administración, sino “algo más” (y esto lo dijo, seguramente,
lanzando una mirada de complicidad a su auditorio). Herrero ha escrito
varias veces sobre ese artículo. La última, en El País del
pasado 23 de enero. Ahí repitió sus argumentos de siempre, alguno de los
cuales son, desde una perspectiva democrática, de esos que se llaman de
Pero Grullo. Dijo, por ejemplo, que según la Constitución es el Tribunal
Constitucional quien, en último término, debe dirimir la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de cualquier cambio
legislativo realizado de acuerdo con los cauces legales. O bien, que el
Ejército siempre debe estar sometido al poder civil porque es el
gobierno, a tenor de lo prescrito en el art. 97, quien dirige la
política militar incluso en el supuesto que se declare el estado de
sitio. Pero, junto a ello, introdujo de refilón otra cuestión que ha
pasado desapercibida a la mayoría de comentaristas y tertulianos.
Herrero recordó que cuando el gobierno estuvo secuestrado durante el
23-F, el Ejército “bajo el mando supremo del Rey (art. 62 h) estuvo a la
altura de las circunstancias para restablecer, de inmediato, el orden
constitucional amenazado”. Con ello Herrero hacía alusión, como quien no
quiere la cosa, a que el artículo 8 tiene una relación directa con la
Corona. En efecto: el rey, en tanto que Jefe supremo militar, también
forma parte de ese Ejército que es “algo más” y cuya misión interna es
custodiar las esencias de la Constitución. Otro artículo de la misma, el
61, remacha el clavo encargando explícitamente al rey la función de
“hacer guardar” la Constitución. Pero entonces ¿qué tipo de relación
jerárquica existe entre el gobierno elegido por el parlamento y ese
Comandante en Jefe no elegido democráticamente por nadie que también es
Guardián de la Constitución? Si fuera de subordinación, como se
debería deducir del artículo 97, el rey sería un soldado más al servicio
del poder civil y cuando va vestido de militar se debería cuadrar ante
el presidente del gobierno y decirle aquello de “a las órdenes de usía”.
¿Alguien ha visto alguna vez una escena semejante? Nunca hemos visto
nada parecido ni lo vamos a ver. Herrero siempre ha dicho que, según la
Constitución, el rey comparte el mando efectivo del Ejército
con el gobierno, pero no está subordinado a él. Los detractores de la
tesis de Herrero en la doctrina constitucional, sin atreverse a afirmar
que el rey-soldado le debe obediencia al gobierno (a quien por otro
lado, rizando el rizo, él debe moderar y arbitrar),
han intentado remendar el desgarrón antidemocrático que es el artículo 8
afirmando que, en realidad, el mando militar del rey no es efectivo sino
“honorífico”. Se trata de un parche muy mal cosido que, a lo largo de un
cuarto de siglo, ni siquiera ha conseguido alcanzar el status
de doctrina legal. En la última Ley de Defensa Nacional, aprobada a
finales de 2005, se repite que el rey es el mando supremo de las Fuerzas
Armadas, pero no se aclara si es “honorífico” o “efectivo”, algo que
perfectamente se podía haber hecho. Como ha escrito en otra parte
Herrero de Miñón, el rey ejerció durante el 23-F una jefatura militar
muy efectiva con el aplauso de casi todo el mundo. Y el 23-F (o mejor
dicho: la “versión oficial” de ese acontecimiento) es el hecho que dio
legitimidad al rey a los ojos de la mayoría de la población.
Que este país tiene
pendiente un debate sereno y racional sobre la vertebración y
distribución territorial del poder político, es algo evidente desde hace
muchos años. Como también lo es que la discusión pública generada por el
proyecto de nuevo Estatuto catalán ha estado muy lejos de reunir tales
características. Las condiciones ambientales no han permitido discutir
en serio sobre naciones, competencias, reparto del dinero público o
sobre si UDC y el “sector negocios” de Convergencia reclaman más
soberanía fiscal para que los empresarios catalanes paguen más o menos
impuestos. El momento sociopolítico no es propicio para ello y, además,
para muchas personas de buena fe (dejando de lado, pues, a los cínicos y
a los canallas) en los últimos meses no se ha discutido sobre la
estructura deseable del poder político, sino sobre algo más huidizo,
inaprensible y emotivo: la identidad, las raíces culturales, los
sentimientos de pertenencia, la propia autoestima, etc. A finales de
enero, lo que se avista en el horizonte es un cierre en falso de ese
debate y un final político que no se prevé feliz para la izquierda
catalana (como, por otra parte, viene siendo habitual desde la muerte de
Franco). Si los dioses no lo remedian, la finca catalana volverá a ser
administrada en breve por quienes se consideran sus legítimos
propietarios y son los beneficiarios de leyes electorales hechas a su
medida, a saber: por los patriotas del 3%.
Ahora bien, harina
de otro costal es la irrupción en la escena de los militares diciendo,
directa o indirectamente, que de todo eso no se puede ni hablar porque a
ellos les parece inconstitucional, que es lo que vino a decir el
teniente general Mena cuando invocó el artículo 8. Hay que tener en
cuenta que después de Cataluña viene el País Vasco y que allí la vieja
cuestión de la distribución territorial del poder está aderezada con
asesinatos, sangre, torturas, amenazas, vidas destrozadas y centenares
de presos. Esto permite prever un incremento de los exabruptos y las
bajas pasiones. En consecuencia, vale la pena no relegar al olvido la
reciente polémica sobre el artículo 8, así como el dato de que fue el
rey, vestido de Capitán General, quien clamó antes que el prejubilado
Mena por la “indivisible unidad” de una cosa muy rara llamada “patria”.
[José Luis
Gordillo]
IRPF: neoliberalismo que no cesa
La actuación del
Gobierno Zapatero muestra, en muchos campos, que efectivamente es
posible hacer políticas diferentes. Pero también que existen limites
estructurales a esta libertad de movimiento que no se pueden o no se
quieren tocar. Y es en el campo de la política económica donde estos
límites son más evidentes. La propuesta de reforma del IRPF constituye
una nueva muestra de lo poco que se diferencian en algunos campos las
políticas de unos y otros cuando ejercen el poder. Es posible que el
nuevo modelo incorpore algunos avances marginales respecto al modelo
anterior (el cálculo preciso es siempre complejo y requiere realizar
simulaciones que están fuera de esta nota de urgencia), especialmente en
el nuevo tratamiento del mínimo personal. Pero se trata sólo de cambios
marginales, que no afectan a gran parte del contenido básico del
modelo.
Hay tres cuestiones
que parecen básicas al respecto. En primer lugar la insistencia del
Gobierno en reducir la carga del IRPF (el titular del día era que se
bajará una media del 6%). El segundo es la persistencia de un trato
discriminatorio favorable a las rentas del capital (la gran mejora
consiste en aumentar el tipo del 15 al 18% y someter a esta cotización
los planes de pensiones). Y el tercero los recortes en los tipos máximos
(del 45 al 43%), así como el del Impuesto de Sociedades (del 35 al 30%,
aunque aquí es posible que la reducción de descuentos tenga algún efecto
compensatorio) y una nueva reducción en el número de tramos (con tres
legislaturas más llegaremos a aplicar la tasa única que propugnaba un
desnortado aspirante a ministro de Economía que acabó en otra
cartera).
Reducir impuestos,
especialmente impuestos directos, es uno de los leitmotivs de las
políticas neoliberales. Y es también el resultado perverso del tipo de
marketing electoral que domina la esfera política que tiende a limitar
todo debate serio y a tratar al votante como un mero consumidor de
dádivas políticas. Es bien conocido que el nivel de carga fiscal del
país está en los niveles más bajos de la Unión Europea, más de 5 puntos
por debajo de la media (un 41,5% en el conjunto frente a sólo un
36-36,5% en España). En impuestos bajos solo superamos a Portugal,
Chipre, Malta, Irlanda y alguno del Este de Europa (Polonia, Chequia y
los bálticos). Países todos ellos caracterizados por una débil provisión
de bienes y servicios públicos. Y una de las necesidades básicas de
nuestro país es mejorar sustancialmente la cantidad y calidad de muchos
servicios públicos y las transferencias a los sectores más
desfavorecidos. En definitiva, un crecimiento de la provisión pública
que sólo puede hacerse aumentado el peso de los ingresos públicos.
Insistir en el deseo de bajar los impuestos es una forma de eludir un
debate básico sobre prioridades sociales y hacerle creer a la ciudadanía
que puede exigir al Estado prestaciones sin ser corresponsable de sus
costes. Con irresponsables y desinformados nunca se alcanzará un modelo
social que garantice el pleno desarrollo social.
Sabemos además que
el modelo actual de IRPF es enormemente injusto y regresivo en cuanto a
la carga fiscal. En la práctica se reconoce que es casi un mero Impuesto
sobre Rendimientos del Trabajo, del tipo que se trató de imponer en los
años terminales del Régimen franquista. Quizás no todo lo dejaron atado
pero si bien orientado a favor de los intereses de los grupos
dominantes. La nueva reforma aporta poco para cambiar esta decisión. Las
rentas del capital seguirán teniendo un trato diferencial, con el
pseudo-argumento de que hay que fomentar el ahorro privado. Y es cosa
bien conocida que el nivel de ahorro está directamente relacionado con
el nivel de renta y patrimonio de cada cual, por lo que el trato
preferente al ahorro tiene un sesgo clasista y antiigualitario
innegable. El recorte en la cotización máxima contradice además parte de
la mejora introducida con el aumento de cotización a las rentas del
capital, con lo que posiblemente la única mejora en lo que respecta a
progresividad se reduzca a aumentar la contribución de los asalariados
con mayores salarios y reducir un poco la de los salarios más bajos.
“Solidaridad dentro de una misma clase” se llama a este ejercicio, el
único al que se reducen las políticas de la tercera vía en la
que hace años estamos instalados y que nos dejan en vía
muerta.
El diferente
tratamiento fiscal no explica todo el desequilibrio fiscal entre rentas
salariales y del capital (incluidas las llamadas “rentas mixtas”: los
ingresos típicos de las empresas familiares y muchos autónomos). Una
gran parte de la desigualdad es también el fruto de la muy superior
capacidad de evasión fiscal de los no asalariados. Para estos evasores
la mera reforma del impuesto no cambia las cosas, mientras sigan
contando con el nivel de impunidad del que tradicionalmente gozan. Hay
evidencia que bajo el Gobierno del PP esta impunidad fue promocionada
(reduciendo las inspecciones y sanciones), pero tampoco en esto se ha
producido un giro radical. El término “economía sumergida”, tan
popularizado, sirve más para despistar que para aclarar conceptos, pues
sugiere que estamos en presencia de redes paralelas que se desarrollan
en un inframundo difícil de conocer (más o menos como la sociedad
ratonil que reside en las cloacas de cualquier ciudad). Sabemos en
cambio que una parte de esta tarea de evasión ocurre a la luz del día:
basta tratar de adquirir una vivienda en cualquier promotora para que a
uno le especifiquen qué porcentaje debe “pagar en negro”. No parece
difícil pensar que un buen grupo de agentes de Hacienda podrían llevar a
cabo acciones ejemplares contundentes que redujeran sensiblemente estas
prácticas. De la misma forma que es en las labores agrícolas a pleno sol
donde abundan los contratos y los pagos ilegales. Pero hace años que
nadie en el poder plantea en serio esta cuestión de justicia y las
políticas de inspección se limitan a una práctica burocrática que
difícilmente pasa de hollar la punta del iceberg. Y es que en tiempos
neoliberales los presuntos magos socialdemócratas se han transmutado en
meros administradores de políticas sociodisminuidas. [Albert Recio]
Los guardianes del
“civismo” y el derecho a la ciudad
La cruzada contra
el “incivismo” emprendida por el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en
evidencia algunas de las inercias que el capitalismo global está
generando en diferentes ciudades del planeta. Entre las más visibles, la
privatización del espacio público y la criminalización de las diferentes
formas de exclusión social y de disidencia político cultural que dicho
proceso genera.
Pensada para
apaciguar una interesada construcción mediática y política de la
“inseguridad” y del “desorden”, la ordenanza municipal proyecta una idea
del “civisimo” discriminatoria y autoritaria. Ciertas conductas y
prácticas, ligadas a las necesidades de los colectivos más vulnerables
de la ciudad o a usos del espacio público diferentes a los predispuestos
por las burocracias municipales o por el mercado, son hipervisibilizadas
y perseguidas. Otras, provocadas por la actuación abusiva de la propia
administración o por actores privados considerados “respetables”, se
mantienen en cambio en una privilegiada zona de penumbras.
Como en las viejas
leyes de vagos y maleantes, se persiguen con saña la mendicidad, la
prostitución callejera o el trabajo informal. Pero nada se dice sobre
las condiciones de exclusión y explotación que los hacen posibles. Se
condenan actividades lúdicas o festivas en el espacio público que se
incentivan cuando es el gran mercado quien las asume. Se censura el
patinaje, pero no la insostenible cultura del coche privado. Se reduce
el incivismo al botellón, las pintadas o la orina en la calle. Ni una
línea, sin embargo, para la especulación urbanística, la contaminación
acústica a gran escala o el mercantilizado turismo de masas publicitado
por la propia administración.
La ordenanza recrea
así un imaginario del “mal ciudadano” al que van a parar, sin
diferenciación alguna, inmigrantes pobres, grafiteros, trabajadoras
sexuales o trileros. El especulador rampante, el explotador sin
escrúpulos o el instigador de un consumo voraz e irresponsable, obtienen
discreto cobijo bajo un manto de silencio. Para unos, el estigma, la
sanción sin proporción y la intervención policial discrecional. Para
otros, la respetabilidad, la tolerancia y la subvención.
Estas medidas de
“populismo punitivo” no pueden interpretarse como un simple arranque
autoritario o como un provisional gesto electoralista. Son el reverso, a
escala local, de un modelo anti-social y anti-ecológico de apropiación
del espacio público que exige mantener a raya a los excluidos y
disciplinar la discrepancia cultural, estética y política. La
globalización capitalista lo incentiva con celo similar en Londres,
Nueva York, Buenos Aires o México D.F. Pero sus aliados se reclutan no
sólo entre la derecha neo-victoriana sino, como muestra el caso de
Barcelona, entre importantes sectores de la izquierda tradicional.
Este modelo de
apropiación, gestión y control del espacio urbano es un ataque al
corazón mismo de lo que el filósofo marxista Henri Lefebvre llamó “el
derecho a la ciudad”. Reivindicarlo supone rechazar la idea de la ciudad
como un reducto para la “privatopía” y asumirla, por el contrario, como
una obra colectiva, conflictiva y cotidiana. En esas luchas concretas
por ciudades igualitarias y plurales, sostenibles y no alienadas, se
juega, por lo demás, la suerte de cualquier programa internacionalista a
la altura de los tiempos. [Gerardo
Pisarello]
El acoso
comercial
Ahora que se habla
de tantos tipos de acoso, es oportuno no ignorar el acoso
comercial. El acoso comercial tiene varias expresiones. Recibes por
teléfono ofertas múltiples. Las más frecuentes son ofertas de empresas
de telefonía, con precios rebajados, packs con varios
componentes (conexión a internet, tarifas especiales y hasta abono a
canales televisivos, por ejemplo) y otras maravillas sin cuento. Las
ofertas suelen tener varias trampas. Así, por ejemplo, suscribes un
contrato porque no hay cuota fija, sino sólo pago por llamadas, pero al
cabo de un año empiezan a cobrarte una cuota: la limitación temporal iba
en la letra pequeña. Las tarifas son tan complejas (según que la llamada
sea en la propia ciudad o provincia, en el resto de España o en el
extranjero) que resulta imposible comparar con otras empresas. De hecho,
hay que dedicar muchas horas para poder comparar las ofertas y elegir la
más conveniente, con el riesgo permanente de que cambien sin avisar las
condiciones contractuales. Fue un escándalo (hasta que el gobierno del
Estado tomó cartas en el asunto) la dificultad que uno tenía para darse
de baja de una compañía telefónica.
Otros acosadores
son las compañías de electricidad y gas, en su guerra comercial para
arañar nuevos clientes. Los bancos y cajas no se quedan atrás. Aparte
del escándalo de las comisiones, las instituciones de crédito destacan
por ofertas que “colocan” con el conocido truco de “si no nos dice lo
contrario, le cobraremos esto con este nuevo y fabuloso sistema que le
supondrá un ahorro”. Por ejemplo, el BBVA ofrece la modalidad “Cuentas
claras”, que consiste en pagar un tanto mensual fijo a cambio de que te
supriman todas las comisiones. Salvo para los clientes que tienen mucho
movimiento en su cuenta, este sistema es ruinoso. Si te despistas y no
pides que no te lo apliquen, puedes llegar a pagar tres o cuatro veces
más que con el sistema de comisiones para cada operación. Otro truco
bancario es mandarte por correo tarjetas de crédito que no has pedido (y
maldita la falta que te hacen) y que tienes que tomarte la molestia de
anular si no quieres quedar atrapado en la red. El acoso telefónico ha
sido adoptado por otro tipo de empresas, incluidas editoriales, que
mandan el producto a tu casa sin haberlo tú pedido
Los bancos, además,
te regalan objetos gratis o rebajados de precio según los “puntos” que
acumules. Se trata de estimularte a comprar, a consumir. Ni siquiera te
ofrecen la posibilidad de destinar el dinero de esos “puntos” a
beneficencia o solidaridad.
Mientras tanto, los
bancos y cajas exhiben sus triunfos del año anterior, presentando como
éxito indiscutible unos beneficios colosales, que últimamente crecen de
año en año. La Caixa, por ejemplo, tuvo en 2005 más de 3.000 millones de
euros de beneficio. Su éxito no es el servicio prestado (para adquirir
viviendas o hacer prosperar negocios, por ejemplo), sino haber acumulado
beneficios. ¿Para cuándo la socialización de estas entidades y su
conversión en auténticas empresas sin afán de lucro (como son
hoy las cajas... según sus Estatutos)?
Este consumismo
con forceps empieza a ser agobiante y a suscitar reacciones
airadas. En el campo de la telefonía resulta evidente que la
privatización de Telefónica ha sido no sólo una entrega a bajo precio de
un patrimonio público a intereses privados, sino además un deterioro de
las condiciones para el usuario. La estructura empresarial adoptada por
las compañías privadas –basada en la externalización de muchos servicios
y los salarios reventados– conduce a situaciones kafkianas para los
usuarios. El servicio técnico de ADSL puede estar en manos de una
empresa subsidiaria, el de telefonía en manos de otra, el servicio
comercial puede funcionar al margen, y así sucesivamente, de modo que
lograr que te solucionen un problema puede resultar un via crucis.
El tan aireado
estereotipo de que la empresa privada funciona mejor que la pública hace
aguas en muchos casos. Los británicos sufrieron en carne propia la
privatización de los ferrocarriles. En España estamos sufriendo la de la
telefonía. De hecho, los servicios públicos que implican un “monopolio
natural”, como dicen los economistas, no suelen ganar nada con la
privatización. Al contrario. Entre ellos se cuentan los ferrocarriles,
la banca, la energía y las comunicaciones. ¿Cuándo seremos capaces de
reivindicar la socialización de esos servicios y su funcionamiento como
reales servicios públicos? Lo que necesitamos no es una competición
ficticia entre operadores privados que lleva a una fragmentación, a
marear al usuario, a aumentar las tendencias consumistas, sino una
fiscalización de esos servicios, una vez socializados, por asociaciones
independientes de consumidores y usuarios y por auditorías competentes.
Hay casos que claman al cielo. En un momento en que el ahorro energético
es un imperativo insoslayable, la propiedad privada en el sector de la
energía es contraproducente, puesto que si se hace negocio
vendiendo energía es prácticamente imposible que las empresas
estén interesadas en ahorrarla.
Finalmente, ¿no es
acoso comercial también la apabullante presencia de los reclamos
comerciales –mal designados con el noble nombre de publicidad–
en los medios de comunicación, un acoso que no sólo persigue de manera
inmisericorde al telespectador, sino que tiene efectos nefastos al
convertir la “guerra por la audiencia” en prioridad absoluta (porque
aumenta la cotización de los anuncios) y en factor de degradación de la
calidad de las emisiones? ¿Hasta cuándo toleraremos tanto acoso? [Joaquim Sempere]
¿Quién
conoce a Bubakar Diallo?
Bubakar Diallo es uno de los dos
niños senegaleses que resultaron muertos por accidente días atrás
durante el rallye Lisboa-Dakar. Del otro se desconoce el nombre. Los
organizadores se han justificado diciendo que la seguridad ha mejorado:
ahora queda pendiente “la educación del público”. Los dos muertos de
este año no han merecido ningún gesto, a diferencia de dos muertos más
ilustres –éstos europeos: Thierry Sabine, el inventor del rallye, y
Daniel Belavoine, muertos hace 20 años al estrellarse el helicóptero en
que viajaban–, cuya pérdida ha sido conmemorada este año justamente. De
hecho ya han muerto 31 personas en total durante las 28 ediciones
(¿cuántos africanos?, la mayoría...). Ya se sabe, los deportes de riesgo
se cobran tarde o temprano sus víctimas. El problema es que aquí las
víctimas no son los que disfrutan del festival, descargan su adrenalina
y se llevan su recompensa, sino unos espectadores tal vez ilusionados,
pero también atónitos ante la exhibición de un lujo tecnológico
insultante, aunque seductor. El Dakar es una muestra impúdica y
prepotente del desprecio europeo por África. El automóvil, uno de los
fetiches de una civilización despilfarradora, se exhibe sin pudor ante
los ojos de quienes carecen de todo, exaltando una máquina cuyo uso
habría que embridar y no jalear. El Dakar es un símbolo del
despropósito, la petulancia, la irresponsabilidad de nuestra sociedad.
¿Cuándo acabaremos con él? [Joaquim
Sempere]
Pequeña
Luna. Enero 2006
El fracaso de la educación para la
paz.
Las Navidades han
sido altamente educativas. A los años de actividad de los grupos de
educadores para la paz –¿recordais los inventos de juegos infantiles
para la solución dialógica de conflictos? ¿Recordais los esfuerzos de
tantos pedagogos y tantos pacifistas? – les cae encima una Navidad
cualquiera. Ésta, por ejemplo: la Navidad, el tiempo de la paz, “Noche
de Paz”: con anuncios televisados de juguetes bélicos, con publicidades
ahora computerizadas de destrucción; con juegos para la play station en
que es la simulación del juego; con películas y anuncios de película que
magnifican la destrucción. Y, naturalmente, con el reportaje de la
violencia cotidiana, desde las muertes de las guerras del petróleo a las
muertes de la carretera. La televisión educa, ¡y tanto que educa! En
unas semanas, arrasa con todo el trabajo de la educación para la paz,
con el microscópico esfuerzo por poner las bases de una cultura social
diferente. Y ¡hala, a volver a empezar!
La
libertad de expresión
¿Es esto, la
libertad de expresión? ¿La libertad que ampara a los perversores de los
juegos por ordenador y de las películas de entretenimiento? Está claro:
no lo es.
La libertad de
expresión individual es una garantía democrática, que protege a las
personas en su manifestación salvo que según un juez traspasen los
límites legales acordados. No hay libertad de expresión para propugnar
crímenes, por ejemplo. Pero la ley no ha impedido la extensión de esta
libertad no ya a las personas, sino incluso a las industrias del
espectáculo y de la publicidad, y éstas la usan para cultivar lo
morboso, un impulso psíquico común y por tanto útil, y ofrecer iconos
sociales aberrantes presentándolos como modelos. El poli “con licencia
para matar”; el poli eficaz frente a los jueces y políticos timoratos;
el grupo de rambos que matan y matan y matan. Y los juegos que consisten
en matar. Eso tiene nombre: forma parte del sistema de educación
informal. Luego, los mejor educados por el entretenimiento y la
publicidad (y padres imbéciles) queman a los indigentes y apalean a los
inmigrantes por juego.
Los juristas tienen
trabajo: inventar conceptos que impidan todo eso sin tocar ni un ápice
de la libertad de expresión individual.
Sentimientos Navideños
Sabiendo lo que
sabemos acerca de los millones de personas que están sufriendo hambre y
miseria en el mundo, el sentimiento más auténtico de las Navidades lo
experimentamos al internarnos en cualquier planta de El Corte
Inglés.
Militares: la Pascua
Vuelve a haber
rumor en los cuarteles; hasta ahora es sólo rumor. Pero un teniente
general no habla si no sabe que han hablado otros. Y la prensa dice que
en la Junta de Jefes del Estado Mayor se ha hablado del Estatut, aunque
esto no consta en acta (lo que es muchísimo peor). En el fondo, el
penoso art. 8 de la Constitución, que sólo modifica un ‘insti’ por un
‘consti’ el artículo correspondiente de la Ley Orgánica del Estado
franquista.
Hay además otra
cosa: circula una ominosa lista con nombres: nombres de personas de
izquierda. Fabricada al parecer en Miami. Son los nombres de la gente
que habría que detener en seguida en caso de golpe de estado.
Es verdad que
estamos lejos de eso a pesar de la retórica apocalíptica del PP. Pero
mientras esté Bush en la presidencia americana estas cosas hacen muy,
pero que muy, poca gracia.
Conviene tener
claro que en caso de emergencia hay que salir con toda decisión a
defender las libertades políticas. Recuérdalo tú, recuérdalo a
otros.
Los
despidos de SEAT
Seat ha acordado
con la administración el despido de 660 trabajadores. La selección de
los despedidos ha sido además una ignominia. CCOO y UGT han aceptado esa
barbaridad. Las administraciones estatal y de la comunidad autónoma le
han dado a la empresa muchos millones de dinero público. Y Seat le ha
transferido al grupo Volkswagen bastante más que las ganancias
acumuladas desde 1996. La multinacional pretende simplemente reducir
costes laborales. Más en general, la patronal quiere abaratar y agilizar
los despidos. Las concesiones de la Generalitat catalana al grupo VW,
impropias de un gobierno nacional, preanuncian lo que puede
venir si se lleva adelante el Proyecto de Reforma Laboral ahora en
trámite.
Reforma laboral
Pues los
empresarios quieren abaratar aún más el despido y hacer “más flexible”
el empleo, o sea, ahora trabajas y ahora no. Los lectores jóvenes no
sabrán, seguramente, que los gobiernos socialistas son mucho mejores
para estas cosas que los gobiernos de la derecha derecha: ésta no puede
hacer ciertas cosas porque todo el mundo se les echaría encima. Un
gobierno “socialista”, a efectos empresariales, Baden-Baden.
La
Segunda República
El 14 de abril la
proclamación de la II República española cumplirá 75 años. Aquella gran
institución de libertades debe recibir nuestro recuerdo y nuestro
homenaje.
Nucleares otra vez
La insostenibilidad
de la civilización basada en el petróleo cuando el petróleo escasea se
va volviendo manifiesta. Y ahora se ha generado un multilateral lobby
pro-nuclear, que prepara el terreno para construir nuevas centrales.
Lector: habrá que revisar los primeros números de nuestra revista
mientras tanto para recordar los argumentos contrarios a este
peligroso (biológica y socialmente) tipo de energía.
Es insostenible el
modelo de crecimiento. El crecimiento de las megalópolis en particular:
es cada vez mayor el número de las personas que viven lejos de su lugar
de trabajo, con medios de transporte públicos incómodos, insuficientes,
lentos, trabajosos. Una movilidad insostenible. El tipo de
organización territorial que le corresponde se debe frenar y sustituir.
Luchar por eso es luchar por el socialismo hoy.
Prodigios de la tecnología
La CIA, mediante su
sistema de satélites, puede ver los espacios exteriores de toda la
Tierra. Hasta leer la matrícula de un automóvil. Casi como Dios, vamos.
Y puede bombardear mediante un avión no tripulado incluso una remota
aldea del Pakistán. El resultado de estos prodigios tecnológicos ya lo
conoceis.
Guantánamo
Sigue estando ahí.
Hay que cerrarlo y encerrar a los que lo inventaron y lo sostienen.
También nosotros hemos de hacer una lista de nombres y de hechos: para
llevarlos al Tribunal Penal Internacional.
El país de la silla
eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal y la horca ha condenado
a tres años de prisión a un suboficial por torturar hasta la muerte a un
general del derrotado ejército iraquí. Y uno se pregunta si no le habrán
condenado, quizá, por inutilizar un depósito de información.
Para la lista antes
dicha, el trato a los prisioneros de guerra.
La biblioteca de Babel
R. Pollin Los contornos del declive Akal, Barcelona, 2005. |
La combativa editorial Akal
vuelve a permitir al lector en español ponerse al día de nuevos
trabajos de economía en clave heterodoxa. Esta es al menos una buena
noticia para quienes estamos hartos de encontrar estantes llenos de
libros de management o de mera apología neoliberal. El libro de
Pollin es una buena muestra de la producción reciente del
pensamiento radical americano, aunque también de sus
limitaciones.
Lo que encontrará
fundamentalmente el lector es un magnífico y bastante asequible
análisis de lo que han representado las políticas de Clinton y Bush,
tanto en el plano nacional de los EE.UU. como en las políticas
desarrolladas en otros países siguiendo el “consenso de Washington”.
Se muestran las diferencias, pero también las importantes
continuidades en la lógica de unas políticas económicas diseñadas
sustancialmente en beneficio de los ricos. Donde el estado ha jugado
un papel muy importante (reduciendo por ejemplo el alcance de los
desastres financieros), en un neto sentido procapitalista. Se trata
por tanto de un texto que ayuda a entender las políticas actuales
(incluida la de nuestro gobierno).
|
Donde las cosas son más
discutibles es en el plano propositivo, en el que se muestran las
limitaciones de los economistas alternativos a la hora de generar
nuevas propuestas. En primer lugar resulta pasmosa la forma como se
pasa por alto la cuestión medio-ambiental, posiblemente la que
suscita más problemas para los proyectos alternativos, y la
insistencia en el crecimiento económico como objetivo y como
elemento crítico. En segundo lugar el limitado paquete de propuestas
que se incluyen en el “proyecto de esbozo igualitario” –básicamente
se reducen a la regulación del sistema financiero y el aumento del
salario mínimo–. Si bien ambas parecen acertadas, resultan a todas
luces insuficientes para sostener un cambio social sustancial. Y
aunque se propugnan medidas para el mundo en desarrollo se echan en
falta reflexiones más articuladas en el plano internacional. Y es
que la economía radical aún no ha superado en gran medida el
paradigma de la producción y el estado nacional que establecieron
alguno de los grandes pensadores liberales. [A.R.A.] |
Vicenç Navarro (dir.) La situación social en
España: un estudio comparado Biblioteca Nueva,
Madrid, 2005, 675 págs. |
La protección social, los
mercados de trabajo, desempleo e inmigración, la educación, la
salud, las políticas de ayuda a las familias, las desigualdades
fiscales, de renta y la pobreza, estos son los grandes temas que
aborda este estudio.
Aporta datos y reflexiones que
desmienten los nuevos dogmas neoliberales como la hipertrofia del
estado español, y permiten comprender en qué situación nos hallamos:
por ejemplo, que el gasto social español ha estado en el periodo
2004-2005 a la cola de la Europa de los 15.
|
En esta labor de documentar y
explicar se abordan los procesos de privatización de los servicios
sanitarios, la dualización del sistema educativo (que perjudica
claramente al sistema público), la polarización social, las
desigualdades existentes, la pobreza, la escasez de vivienda
social...
En definitiva, un estudio
comparado que radiografía mediante datos y palabras las graves
deficiencias del modelo asistencial español. [Antonio
Madrid] |
Revista mientras tanto
Contenido
del número 96 Notas
editoriales: “El muro de Melilla y nosotros”; “El Katrina y la
política”; “...y mañana, y pasado y el otro”. Artículos de JM Ripalda, “Habermas
y Europa”; L. Vasapollo, “Pobreza típica y trabajo atípico”; Giaime
Pala, “Sobre el camarada Ricardo”; J-R. Capella, “Cervantes fuera de
palacio”; J. Sempere, “La democracia y los técnicos”; J.M. Benítez, “El
concepto de cultura como eufemismo y sustitutivo ideológico de la raza”;
J. Büchner, “Aportaciones a un debate: la apropiación privada de la
innovación social”; R. Campderrich, “Occidente en la encrucijada”; J.
Torrell, “Nadie hablará de nosotros”. Reseñas. Documento.
Cita.
Avance del número
97 Notas
editoriales: “Desconcierto y
división de la izquierda en el debate estatutario”; “Dilemas de la
izquierda ante el debate estatutario”; “Modesta contribución al debate
sobre el Estatut”; “Autoritarismo de escaparate en Barcelona”; “La
revuelta de la banlieu: ¿dónde está la izquierda?”. Semimonográfico: «Materiales para la memoria»:
Sergio Gálvez, "Las víctimas y la batalla por el derecho a la memoria:
la comisión interministerial para el estudio de la situación de las
víctimas de la guerra civil y el franquismo"; Jordi Borja, “Memoria
histórica y progreso democrático”; Xavier Doménech, "Espejo roto";
Ermengol Gassiot, “Arqueología forense de la guerra civil: justicia y
memoria de la represión fascista”; y Textos de Francisco Espinosa y Jordi
Font. Artículos de Josep
Torrell, “Mi memoria del cine”; Octavi Pellissa, “¡Alemania, Alemania!”;
y Giaime Pala, “Entre paternalismo e igualitarismo”. Cita.
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