NOMADAS.3 | REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ISSN 1578-6730

Una aproximación a la política social
como política de la relación
[Francesc Calvo Ortega]

El Estado y el concepto de lo social
La política social: del poder al sistema
Las estrategias relacionales en el sistema de política social
Bibliografía

 

El Estado y el concepto de lo social

Los problemas que plantea actualmente todo aquello que concierne a la política social, señalados en estas páginas a partir de un breve acercamiento, no pueden ser disociados del marco de racionalidad del liberalismo, dentro del cual adquieren la importancia que nuestra época ha heredado. Siguiendo a Paul Veyne, el filósofo francés Michel Foucault señalaba que el liberalismo debía analizarse no tanto como una teoría, una ideología o, en última instancia, como una forma que tiene la sociedad de presentarse, sino más bien como una práctica; es decir, una forma de "actuar" orientada hacia la consecución de objetivos –que se regularía a sí misma nutriéndose de una reflexión continuada acerca de los límites de la intervención política. El liberalismo pasaría a ser objeto de análisis en cuanto a principio y método de "racionalización del ejercicio de gobierno". Existe una razón gubernamental del liberalismo que se hace operativa a partir de procedimientos, a través de los cuales se gestiona la conducta de los hombres: los procedimientos de gobernabilidad social.

La excesiva sobrevaloración del Estado al que históricamente se le ha otorgado un papel omnipresente en el desarrollo del capitalismo ha ocultado la importancia de las técnicas de gobernar a los individuos como la apuesta más firme en el juego de lo que se denomina como "política" y, a su vez, como el único espacio real de la lucha política. El Estado liberal funciona según reglas que le son propias pero encuentra sus fundamentos de racionalidad en lo que constituye la realidad específica definida por las tácticas de gobernabilidad social. Y son estas tácticas, por otro lado, las que permiten definir qué es lo que compete al Estado y lo que no le compete, qué es lo público y lo privado, lo exclusivamente estatal, etc. Las tácticas de gobernabilidad social, han constituido la configuración estratégica que en la época contemporánea integran en una misma racionalidad estatalizada las opciones, muchas veces opuestas, que focalizan fuerzas sociales enfrentadas. Aunque el panorama político de esta focalización nos viene mostrando ciertos enfrentamientos teóricos, que van desde el liberalismo pasando por el utopismo y el reformismo hasta el marxismo –enfrentamientos que validan la oportunidad de cada programa político dada la coyuntura del momento histórico, que hacen disminuir o aumentar las fuerzas de cada campo y que sirven, en última instancia, de reagrupamiento o trasvase de fuerzas – debemos observar, a su vez, que, entre los campos enfrentados, las tácticas de gobernabilidad social han introducido un principio de cohesión por encima, y también por debajo, de un enfrentamiento supuestamente decisivo –el de la política. Sin negar la importancia de un espacio político para el conflicto situado entre las diferentes posiciones para obtener el poder político, y en cierto modo las luchas que derivan de ésto, hay que precisar que más allá de la simple lógica del enfrentamiento, de la derrota o la victoria, las tácticas de gobernabilidad han tenido en el campo de las relaciones sociales un ámbito específico para introducirse como un elemento nuevo y permanente, una forma de apropiación social heredada de las prácticas mercantiles y trasladada al plano de las cuestiones que conciernen al conjunto de la población, de toda una sociedad que va ha ser gobernada por los dispositivos de la política social. Una tecnología de poder general, utilizable y utilizada de forma diferente por diversas configuraciones políticas y cuya inserción en los gobiernos occidentales supone la emergencia de una forma particular y eficiente de "cohesión social" alrededor de la figura del Estado que organizaría la sociedad a partir de la solidaridad del destino de sus miembros.

Jacques Donzelot propone el concepto de lo social para elucidar en la contemporaneidad la superficie de inscripción de las relaciones sociales en el capitalismo y las condiciones de su funcionamiento. Históricamente, un primer nivel de lo social correspondería a la organización de la "seguridad social" en la cuestión salarial. Este tipo de organización sería el resultado de las "leyes sociales" aprobadas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX concernientes al empleo y desempleo, las enfermedades y accidentes del trabajo y la vejez. Es la introducción y generalización de los dispositivos de seguridad social en un ambiente conflictivo de luchas, prácticas anticapitalistas y represión lo que aporta un principio de solución cuantitativa a esos problemas a partir de la repartición calculada sobre un conjunto de actores sociales que entran en juego en las diferentes categorías de indemnización o subvención. La práctica aseguradora desdramatiza los conflictos sociales al eludir la cuestión de la responsabilidad en el origen del problema, a la vez que crea una solidaridad social pasiva eliminando las formas de autodefensa colectiva. En un segundo nivel, encontramos el sector correspondiente a las actividades englobadas en lo que se ha llegado a denominar "trabajo social". En el siglo XIX, estas prácticas asistenciales y de intervención correctiva están definidas en relación a la miseria que engendra el modo de producción capitalista; no hacen referencia al ámbito de la organización productiva sino a la infraestructura global de una seguridad social de prestaciones familiares para utilizarlas como la base logística, lo que debía permitir una manipulación correctiva de las poblaciones marginales –de una marginalidad que estaba definida por la insuficiencia de unos mecanismos aseguradores que le procurasen una integración social efectiva. Estas manipulaciones consistían, principalmente, en la variación de las prestaciones, en un principio uniformes para todos, y se aumentaban o disminuían según los parámetros de la lógica tutelar. El "trabajo social", como elemento de integración negativa y como mecanismo generalizado, coayudaba a la cohesión social a partir de la sustracción de la autonomía individual, de la imposición de una fidelidad al tutelaje y de una vigilancia vertical contra las solidaridades y errancias obreras.

Desde finales del siglo XIX, el Estado ha instrumentado su acción en la sociedad civil a través del "derecho social". Frente a una exigencia de justicia formulada en términos de agravios y méritos entre unos y otros, el derecho social opone el principio de la reparación factual, metódica, de perjuicios considerados como aleatorios. Sustituye la contradicción inmediata entre capital y trabajo por un mecanismo de articulación central, organizado alrededor del Estado, entre la progresión de lo social y los rigores de la economía. Desde esta perspectiva, el Estado ha intervenido en la sociedad civil para compensar los defectos que puedan llegar a perjudicar a los individuos y que conducirían, en última instancia, a la alteración de su libertad y su seguridad. Esta promoción social del sujeto tutelado desplaza la noción de responsabilidad individual a efectos de pacificar represivamente las relaciones sociales. La desdramatización de los problemas de la sociedad civil por elisión de la responsabilidad sólo se obtiene a partir del establecimiento de una relación tutelar entre el Estado y la sociedad. Frente a los conflictos violentos que conllevan la exigencia absoluta de justicia se establece la demostración relativa de los perjuicios sociales, la reivindicación permanente próxima al Estado de una reparación siempre más elevada que las carencias que padecen cada condición, cada categoría social afectada. Los efectos derivados por esta forma de Estado Providencia son la aguda extinción de la vida social y una transferencia del espíritu cívico al plan de un Estado que sólo es requerido para el disfrute de sus favores.

La indiferencia social por las condiciones de realización del progreso en la sociedad supone la crisis de esa forma de Estado y revela el fracaso de su modelo de gobernabilidad. En nombre del progreso, el Estado resulta una fuerza dominadora en la sociedad privando al individuo de toda soberanía efectiva. Y es en nombre de este último, el individuo, de sus exigencias inmediatas, atracciones y rechazos, que la reconstrucción de la sociedad, reintroduce la responsabilidad de cada uno y la voluntad de todos para determinar el movimiento de la sociedad. Las "querellas sociales" contra los daños causados por el progreso son, desde ese momento, respondidas por parte de las instituciones con el reclamo por la capacidad de autonomía del individuo, no exclusivamente como tal sino como individuo sujetado a la sociedad civil lo que supone una implicación de este sujeto en la realización del progreso: por lo social entendemos ya un mecanismo que está más allá del individuo y que funda sus deberes. En lo social, el individuo renuncia a las manifestaciones violentas derivadas de su soberanía para plegarse a las reglas de la solidaridad de conjunto, de la sociedad, y que serán la condición de su progreso. Y es en función de este progreso, que el individuo disciplina sus energías, normaliza sus comportamientos y adopta unos hábitos pacíficos.
 

La política social: del poder al sistema

A partir de la década de 1970, el discurso de progreso ha ido intercalándose, a veces ha sido sustituido, por el discurso del cambio. El discurso de progreso fundaba un modo de acción del Estado dominado por la intención de hacer frente a la cuestión social considerada como el efecto de la contradicción entre una soberanía política de todos los ciudadanos plasmada en las urnas y una sujeción efectiva de la clase trabajadora en el orden productivo. Los conflictos derivados de esta contradicción parecían llevar a la sociedad a posiciones de antagonismo enemigas del progreso. Para disipar el riesgo de un enfrentamiento social los defensores del progreso encontraron una solución que consistía en desmultiplicar la cuestión social en su conjunto en "subcuestiones sociales" posibles. Considerados en su conjunto, todos los problemas sociales parecen insuperables y la clase obrera parece "condenada" a la revuelta. Examinados en su especificidad, son susceptibles de un tratamiento particular (la educación, la protección contra los accidentes del trabajo, la enfermedad profesional, el paro, la vejez, la vivienda, la salud...). Una condensación de los problemas sociales abriga únicamente soluciones extremas, en cambio, una aproximación sectorial de esos problemas desdramatiza la cuestión social al aislar los dominios susceptibles de una acción puramente técnica. La concepción progresista sustituye la conflictividad de la sociedad por un tratamiento técnico de los problemas sociales, cuya garantía viene certificada por las competencias del Estado.

Pero el paisaje de una exclusión irreversible por la llegada de la sociedad post-industrial, cuyo ejemplo paradigmático sería el de un orden productivo que mejora sus índices de productividad y las tasas de crecimiento económico aunque no es capaz de crear empleo, amenaza la credibilidad del modelo de progreso. La opción del cambio como discurso de gobernabilidad social plantea que el modelo de progreso ha fracasado porque hay una "disociación" técnica de los problemas que acrecienta las dificultades en vez de favorecer las soluciones. Se constata que, por ejemplo, es imposible resolver el problema de la vivienda para los más desfavorecidos porque en la práctica este problema es indisociable de otros que se sitúan en el plano de la escolaridad, la salud, la delincuencia, etc. La solución para los promotores del cambio social viene dada por el acercamiento global en la solución de los problemas sociales y esto designa la necesidad de producir una inteligencia común de los problemas, de tomar en consideración las interacciones existentes entre los diversos sectores problemáticos que una aproximación sectorial ha librado a su propia lógica.

La cuestión del cambio social, es decir, que los cambios en la vida humana requieren cambios en la sociedad, es fundamental para entender la multiplicidad de dispositivos que alrededor del Estado se intercalan en este proceso. El adaptarse permanentemente al cambio social, hacer del individuo un agente para la transformación social en un mundo en transformación, es indispensable para la edificación de lo que podríamos denominar un "progreso infinito", del individuo progresado permanentemente, en el sentido de que el cambio social hace referencia directa a la eficiencia del seguimiento social de las normas que se establecen para cada individuo o grupo en una relación de conformidad ideal a una función. El Estado, de ahora en adelante, ya no puede ser únicamente un aparato regulador de una sociedad productiva. El Estado se transforma en sujeto productor de sociedad. Y es desde este nuevo contexto que el Estado no se puede ya limitar a mantener la representación de la solidaridad sino que se encuentra obligado a inventar sus nuevas formas. La solidaridad no consiste en concentrar y facilitar las funciones cerebrales de la sociedad, en codificar y regular la asignación de tareas como creía Durkheim. La solidaridad es sinónimo de cohesión social, de aglutinación de intereses comunes. En nombre de la solidaridad el Estado anima, moviliza energías, flexibiliza las relaciones, pacifica los conflictos, arbitra entre las partes, lo que necesariamente no significa progreso sino sobrecodificación de las normas para un efectivo cambio social.

La crisis del Estado Providencia resulta de la imposibilidad, y a la vez rechazo, de dejar sólo al Estado la tarea de determinar las modalidades y finalidades del progreso. Esta tarea parece que no puede obtenerse únicamente al nivel del Estado sino que debe realizarse partiendo del interior de la sociedad. Es en esta encrucijada desde donde se introduce la promoción de esa nueva figura relacional que es la negociación, capaz de controlar los efectos nocivos del contrato social. La propuesta del nuevo modo de gobernabilidad es la de reorganizar las relaciones sociales alrededor de la negociación, erigida en ritual prioritario de la vida social; es decir, la negociación como modelo de la relación social. El modelo de la negociación está por encima del cualquier registro político y de cualquier registro civil ya que reúne estos dos registros en una sola práctica generadora de autonomía social. En consecuencia, no puede haber orden social fundado en un derecho reconducible desde la inmutabilidad.

A partir de ahí, toda manifestación de rechazo a las normas o perturbación del sistema social muestran el signo de una insuficiente normalización de los comportamientos por lo que la promoción de la implicación social deviene una táctica importante en la realización de los cambios en la sociedad y es la que produce, en definitiva, una autonomía de la organización social. Implicar a los individuos significa sistematizar las relaciones sociales: en vez de pretender, equivocadamente, sistematizar de una vez por todas los comportamientos con la finalidad de hacerlos corresponder con un modelo preestablecido, se trata, ahora, de deducir los mecanismos de funcionamiento de una organización del conjunto de relaciones efectivas entre todos los sujetos que intervienen. De este modo, según Luhmann, la racionalidad deja de ser patrimonio exclusivo de aquellos que se encuentran en una posición hegemónica: todos los sujetos son portadores de una cierta "racionalidad sistémica" en sus conductas. Así, pues, el poder deja de ser el objeto de una apropiación, de interés para unos y objeto de denuncia por otros, ya que el poder no solamente se manifiesta en el conjunto de las relaciones sino que es ese conjunto, la sociedad misma: y no puede haber sociedad sin el poder que la estructura. Lo que se intenta establecer es un poder que ya no sea el principal blanco a destruir por la organización social sino que los objetivos sociales se determinen en la búsqueda de las mejores condiciones para que las relaciones de poder puedan facilitar el desarrollo del conjunto que ellas constituyen y hagan posible el cambio, si es necesario, en vez de petrificar un modelo estático. Los procedimientos de implicación diseminan el poder en la sociedad sin concentrarlo exclusivamente al servicio de unos, o en detrimento de otros, sino que en vez de negarlo u otorgarlo lo hacen aparecer como el modo mismo de la relación social, como esa necesidad inevitable pero de la que nadie se puede apropiar para retenerlo fuera del sistema de las relaciones sociales. El modo de funcionamiento de estos procedimientos presuponen el reconocimiento social de las relaciones de poder entre los individuos y los grupos como un hecho irremediable. Y este reconocimiento material del poder en las relaciones sociales le da al poder una consistencia plena dentro de la estructura de la relación en vez de cumplir una asignación normativa a uno u otro de los términos de la relación. Y, son, en última instancia, los términos de la relación de poder, el que lo ejerce y el que lo soporta, los que reconocen implícitamente la existencia del poder, y a su vez lo hacen posible como medio de la relación y como principio dinámico del devenir social.
 

Las estrategias relacionales en el sistema de política social

La ambigua crisis del modelo de Estado social en Europa en las décadas de 1970 y 1980 marca la tendencia ideológica de que la Sociedad del Bienestar no va a ser desmantelada sino reorganizada en su finalidad e instrumentos de intervención. El problema del Estado social no es el de abandonar los objetivos del bienestar social: más bien se trata de reformular el sistema haciéndolo actuar en la necesidad de encontrar otros instrumentos y otros medios con el objetivo de conseguir más eficacia, eficiencia y equidad, a través de una nueva combinación de factores y una mayor reflexibilidad compleja y local de la sociedad del bienestar. Una lectura relacional, como la que nos viene sugiriendo desde hace algunos años Pierpaolo Donati, de la actual problemática relativa a la política social en Europa hará posible especificar de forma más correcta los nuevos conceptos y estrategias actuales para la investigación del marco relacional que nos proponemos.

Una vez conjeturado el alcance de la crisis del Estado del Bienestar por parte de las instituciones políticas, hay que destacar el advenimiento de una concepción de la política social que la hace más extensa y diferenciada respecto a aquella que suponía la centralidad del Estado como una cuestión fundamental en el tema. Tradicionalmente, la política social ha sido entendida como la "política" de un Estado dispuesto a aliviar la pobreza y a asistir a los más desfavorecidos de entre la población a través de ese mínimo derecho social del que hablábamos hace poco. La insuficiencia implementadora de este marco estatal en la necesidad de compensar e incluir socialmente cuotas crecientes de población en sus elementales derechos de ciudadanía ha desembocado en la constatación de los límites estructurales y de legitimación del bienestar de tipo keynesiano: el Estado social se revela demasiado centralizado y demasiado normativo. Pero esta constatación no supone un retorno al pasado. Todo lo contrario, según los nuevos promotores del bienestar éste debe ser establecido en todo el complejo social, del cual, el Estado sólo representaría el sistema primario de la garantía jurídica universal y de una seguridad material garantizada en unos mínimos. Esto comporta, en primer lugar, que la política social debe ser definida en términos más globales, socialmente hablando, y no exclusivamente desde una perspectiva estatal, tanto en los fines como en los medios. La política social deberá consistir en una acción colectiva (pública, privada o social) con el fin de mejorar un bienestar considerado como complejo (físico, psíquico, relacional y económico) de un grupo social concreto, de una comunidad o de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, la política social debe ser diferenciada en relación a un conjunto complejo de variables. Es decir, diferenciar aquello que, en adelante, compete a lo público de aquello que debe ser gestionado por otros sujetos colectivos.

De ahí deriva una de las principales tendencias macro-estructurales del nuevo modelo: la pluralización de los actores portadores de la política social. Se trata de saber combinar una mayor autonomía de los actores con el objetivo de hacer posible un abanico más amplio de recursos y oportunidades. Los conceptos clave son descentralización, participación de organismos de defensa del ciudadano y reforzamiento de organizaciones intermedias, y se resumen en lo siguiente: a) descentralización que delega la autoridad al poder local para que el ciudadano tenga más poder directo sobre la decisión y la institución y así el servicio pueda ser gestionado de forma más transparente y cercana a la población que lo utiliza; b) el desarrollo de organismos de defensa del ciudadano suponen no tanto el control efectivo del servicio como el acceso al mismo evitando las desventajas y; c) la emergencia de organizaciones intermedias que vienen a ser una forma de gobierno de intereses privados mediante la subsidiariedad interventiva de colectivos sociales no estatales: asociaciones, ONG´S, grupos de intervención, etc. Esta pluralización en la política social no significa que el Estado vaya a jugar un papel menor; el Estado abandona la tarea de poder gestionar directamente todos, o gran parte, de los servicios para centrarse en la formulación de las garantías y la regulación de la interacción entre los actores sociales, asegurando, así, una clara división de derechos y responsabilidades mutuas por parte de esa pluralidad.

Estas son, de forma resumida, las primeras bases conceptuales en el análisis de unas tendencias en la política social que modifican el sentido y la práctica que integran el conjunto de la política social. La forma tradicional de integración ha estado caracterizada por una actuación demasiado centralizada y, en todo caso, delegada, a través de un modelo institucional o normativo de bienestar. Lo cual provoca dos efectos marcados por la ambivalencia. Si, por un lado, ha garantizado una cantidad importante de derechos individuales, a la vez que ha creado de nuevos, por otro lado, ha alimentado una espiral negativa de eliminación de la solidaridad social intermedia (familia, comunidad local, autonomía social). El Estado ha tendido siempre a reconocer en el individuo un nivel más bien bajo de responsabilidad privada por los efectos sociales de su comportamiento. El sistema de protección social del Estado ha garantizado que los daños provocados en la esfera privada fueran siempre compensados por la colectividad organizada como una gran sociedad contra el riesgo, lo que ha significado una extensión de la indiferencia y la "privatización" excesiva de la vida familiar o en comunidad.

El Estado aún continúa poseyendo un carácter centralizado en todo aquello que hace referencia al nivel macro-estructural, los mecanismos fiscales, del control de la desocupación, la aprobación de leyes que garanticen los derechos de la ciudadanía, etc.; también se encarga de la nivelación en el ámbito local o autonómico en donde ha empezado a desarrollarse una integración solidaria descentralizada, autónoma y participada. En cuanto a la práctica, la integración tiende a ser más selectiva, esto es, se busca encontrar los medios específicos para cada situación y se abandona la generalización de las categorías sociales. Por ejemplo, para combatir la pobreza en unas condiciones observadas desde la complejidad se deja de lado la intervención por categorías sociales (ancianos, desempleados, mujeres separadas, etc.) y se concentra la intervención en la específica situación de las necesidades que casi siempre son situaciones que generan una singular multiplicidad de problemas. Por esta razón, la política social se presenta más específica y a la vez que más general que la economía. La lógica a la que obedece, no es la de producir más riquezas materiales sino instituir el bienestar social como forma de cohesionar la sociedad mediante una mayor calidad de vida relacional. Esto se traduce por la consecución de una nueva forma de solidaridad social descentralizada y participativa en la dirección de un acercamiento mulitdimensional a los problemas sociales considerados ahora como no puramente económicos. La solidaridad del nivel primario de la vida cotidiana es la base de la nueva sociedad del bienestar y podría quedar definida como el desarrollo de un reagrupamiento social autónomo, que toma en consideración los problemas referidos al bienestar, dentro del cual el sistema trata de promover la relación social como bien común en un grupo social determinado.

La diferencia entre política social y política económica queda patentada cuando se dice que la política social no es la del mercado (espontaneidad) ni la del Estado (planificación); la cohesión social de los individuos no es posible realizarla desde la norma o el plan elaborados abstractamente sobre la base de una concepción organicista de la sociedad. La política social como plataforma para la cohesión social es posible sólo desde la creación de oportunidades para la participación del ciudadano en la definición, implementación, valoración y reformulación de la misma. Así, pues, la política social en general tiene como meta y criterio de acción el hecho de que los destinatarios de la intervención del bienestar establezcan los medios para generar más solidaridad autónoma y oportunidades para acrecentar la utilidad, los efectos y la responsabilidad de los gestores. Por eso no puede haber integración sino no se promueve la relación social solidaria entendida como bien común. La integración debe ser esa propiedad de la política social concebida como sistema de acción o práctica social que responde globalmente al conjunto de necesidades. Y esto se lleva a cabo mediante una estrategia adecuadamente coordinada e interactiva que responda a un proyecto, programa o guía social con unos principios y criterios fundamentales. La nueva política social debe promover el derecho de los individuos a través de la esfera social intermedia que es la que tiene contacto directo con la realidad de la vida cotidiana, produciéndose una nueva combinación en la gestión de lo social entre universalismo y pertenencia. Se trata de una modificación en el criterio de inclusión llevando la relación universalística de la ciudadanía a un nivel superior, más comprensivo y plural al mismo tiempo. Junto a los derechos civiles, económicos o políticos se incluyen los "derechos humanos" a la solidaridad primaria y secundaria como dato no originario o derivado del Estado. La planificación del Estado como modalidad de activar la política social cae en descrédito porque no puede asumir que las necesidades de la sociedad puedan seguir siendo determinadas por la planificación, ya que los individuos desean satisfacer sus necesidades con el máximo de autonomía, entendiendo por este máximo la familia, o en todo caso la pequeña comunidad identitaria, ese nivel donde el individuo combina recursos con estrategias, contrata los servicios, negocia el modo de bienestar con los operadores formales, en función del grupo familiar de pertenencia como sujeto activo, siendo el lugar donde se van a focalizar las intervenciones. La familia no se considera ni un destinatario pasivo ni un elemento aislado sino que es considerado sujeto del nivel primario y también secundario (asociación, cooperativa, grupo de auto-ayuda, como esferas de lo social privado).

Mientras se produce esta diferenciación, la integración de las varias dimensiones de la política social se consigue entendiendo esa diferenciación practicada como sinergia: incrementado la coordinación, la correspondencia, el acercamiento recíproco entre la dimensión de las necesidades y la dimensión de la intervención, manteniendo la multidimensionalidad, la flexibilidad, y la búsqueda de la equidad con la participación de todos los sujetos. Sinergia es sinónimo de cooperación constante, de integración empática y funcional de los responsables y los sujetos conjuntamente en la resolución de los problemas. El sistema de control no es ya del tipo directivo aunque, si en el centro de la política social lo que está en juego son las relaciones sociales, tampoco es espontáneo. Lo que ocurre es que se ha introducido un sistema regular de tipo cooperativo que premia los comportamientos capaces de resolver autónomamente los problemas, es decir, de saber evitar la "medicalización", de saber llevar una prevención pos-traumática, etc. La sinergia, como intervención relacional, sirve como método válido para la "des-medicalización" y "des-terapeutización" de la acción psicosocial y de la asistencia en general.

La ventaja del sistema sinérgico está en que puede adaptarse con mucha mayor facilidad a una situación no esperada ya que por medio de la fluctuación interna –por ejemplo, la facilidad para hacer nuevas propuestas o de probar nuevos esquemas organizativos – puede responder de inmediato y eficazmente a los cambios. La capacidad de la nueva forma de gestionar lo social debe asegurarse el poder evitar, en definitiva, las siguientes cuestiones: a) la caracterización negativa de la burocracia; b) que el control social implícito en la intervención de lo social se transforme en represión de la capacidad autónoma de desarrollo de los sujetos implicados y de la comunidad local; c) la marginación del individuo, familia y grupos primarios desviantes o multi-problemáticos; y d) que la desigualdad social se convierta en una estratificación o segmento social. Lo importante de las estrategias de gestión de la política social es la creación de una nueva relación social capaz de movilizar las potencialidades humanas latentes en el sujeto para "enredarlas" en las tácticas de unos agentes sociales preparados para la prevención, especialmente, de riesgos sociales poniendo el acento en la responsabilidad del sujeto como individuo singularizado. Esto no quiere decir que el sujeto sea concebido como un individuo aislado sino más bien como un elemento de red compleja en continua actividad y operativo en ese sujeto social, que ya no es considerado un sujeto pasivo, que es la familia.

Pero la integración en la intervención de lo social no es fácil ya que ni puede ser normativamente prescrita, aún menos por el Estado, ni puede ser espontánea, derivada del mercado. Entonces, la política social se produce con un nuevo elemento: el sistema reflexivo de bienestar como fórmula para evitar la indiferencia y el fracaso del modelo de gobernabilidad social. Por reflexibilidad debe entenderse, dentro de la estructura ambivalente del sistema, la capacidad de producir mayor solidaridad, como un bien común que anula el aislamiento y la anomia y, por extensión, todos los efectos perversos inducidos por la política social. Por ejemplo, una excesiva acentuación de la forma de auto-ayuda no sólo conlleva el proceso positivo de reforzar "el hacer uno mismo" activando la ciudadanía, sino que puede comportar procesos negativos: puede generar una excesiva "privatización" o autonomía del sujeto, lo que se suele denominar "subjetivación" de la vida cotidiana, generadora de comportamientos de riesgo o antagonismo; también puede traer una excesiva conflictividad derivada de la errónea aplicación del principio de ciudadanía como principio de inclusión de toda forma de vida cotidiana. El bienestar comunitario alcanza su éxito activo únicamente cuando es reconocido por los individuos no como una condición individual o colectiva abstracta de la comunidad sino como un proceso relacional de reciprocidad en todos los campos y niveles donde interviene la política social.



BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

Donati, P. La famiglia come relazione sociale. Franco Angeli. Milán, 2ª edición, 1992.
-Introduzione alla sociologia relazionale. Franco Angeli. Milán, 5ª edición, 1993.
-Teoria relazionale della società. Franco Angeli. Milán, 4ª edición, 1996.
Donzelot, J. "Misere de la culture politique" en rev. Critique nº 373-374/1978, Tomo XXXIII, París pp.572-586.
-La policía de las familias. Pre-textos. Valencia. 1979.
"L´autonomisation du social" en rev. Critique nº439/1983, Tomo XXXIX, París, pp. 994-1001.
-L´invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques. Fayard. París. 1984.
-(con Ph. Estèbe) L´État animateur. Essai sur la politique de la ville. Esprit. París. 1994.
Douleans, C.; Vidal-Naquet, P. A. Y Arnodin-Chenot, L. Autonomie locale et décentralisation. Editions Anthropos. París. 1986.
Fernández-García, T. (coord.) Estado del Bienestar: perspectivas y límites. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca. 1998.
Foucault, M. "Omnes et Singulatim: hacia una crítica de la `razón política´" en Tecnologías del yo. Paidós. Barcelona. 1995.
Hirsch, J. "Lo `Stato di sucurezza nazionale´: l´influsso esercittato dalle mutate condizioni di riproduzione della forza-lavoro sulla forma e le funzioni dello Stato" en VVAA. La transformazioni dello Stato. Nuova Italia Editrice. Milán. 1980, pp. 118-148.
Lago, A. dal "Metamorfosi del sociale e strategie di assoggettamento" en rev. aut aut nº 179-180/1980, Milán, pp. 1-18.
López-Petit, S. Entre el ser y el poder. Una apuesta por el querer vivir. Editorial Siglo XXI. Madrid. 1994.
Luhmann, N. Teoría política en el estado del bienestar. Alianza Editorial. Madrid. 1993.
Rosanvallon, P. La crisis del estado providencia. Civitas. Madrid. 1995.
Topalov, Ch. "Para una historia `desde abajo´ de las políticas sociales. Invitación a la investigación comparativa internacional" en rev. Ciudad y Territorio nº 61/1984, Madrid, pp. 41-53.
Vita, R. de; Donati, P. y Sgritta, G. B. (eds.) La Politica sociale oltre la crisi di welfare state. Franco Angeli. Milán. 1994.


COLABORACIONES - COPYRIGHT | SUGERENCIAS | REGISTRO DE LECTORES | LISTA E-MAIL | FORO

<<< NÓMADAS.3