RESUMEN.- Este artículo
pretende contribuir a la problematización de las relaciones entre
los grupos sociales y las instancias políticas desde una perspectiva
conocida como sociología de los problemas sociales o sociología
de los problemas públicos, sistemáticamente desarrollada en
los Estados Unidos desde mediados de la década de 1960. Se trata
de una contribución con solapamientos notorios con los estudios sobre
la formación de agendas (agenda política, agenda de los medios,
agenda pública, agenda de políticas públicas), que
procura evitar sin embargo la inclinación intelectualista imputable
a la mayoría de las contribuciones provenientes de aquella tradición.
El enfoque alternativo pretende promover un marco de análisis constructivista
capaz de identificar modalidades de relación entre la sociedad y
la política que no resultan visibles desde otras perspectivas, evitando
las inclinaciones idealistas sin recaer en un objetivismo ingenuo.
Palabras Clave.- Problemas
públicos, movilizaciones sociales, espacio público, agendas,
construcción social de la realidad
Introducción | 1. Haciendo la agenda: la selección social
de los problemas públicos | 2. Defniendo el malestar: las luchas por
la definición de la realidad | Conclusiones
En todas las sociedades,
hay “hechos” que pueden ser considerados como problemas colectivos y, de
allí, susceptibles de un tratamiento especifico por parte de los poderes
públicos. La pobreza, los riesgos nucleares, los alimentos transgénicos,
la situación de los jubilados, el SIDA, el desempleo, la criminalidad,
las dificultades escolares y los innumerables hechos a los que estas etiquetas
reenvían, pueden convertirse, bajo determinadas circunstancias, en
“problemas públicos”. Pero no hay nada natural en que ello suceda.
Para que tal sea el caso, no es suficiente (y, a veces, no es siquiera
necesario) que se verifique un cambio “objetivo” en el ámbito de
la vida social al que se refiere, o que las dificultades se hagan más
severas. En efecto, hay situaciones en las que se percibe la existencia
de un problema cuando éste se ha hecho menos crítico: circunstancias
que son construidas como problemáticas no se alejan a menudo de las
condiciones “normales” de funcionamiento de la sociedad. Lo que es necesario,
en primer lugar, para que algo sea considerado un problema, es que ciertos
actores reconozcan su existencia, que se movilicen para mostrar que tal
es el caso y que sus definiciones de la realidad social sean aceptadas por
un público más amplio. Por otro lado, es necesario que las
principales arenas de producción y de circulación de representaciones
sociales nuevas lo tomen en cuenta, a costa de otros potenciales “problemas”
que pugnan por ser reconocidos como tales. Se trata, pues, de un proceso
de selección de problemas que nos obliga a conocer los principios
que lo rigen.
1. Haciendo la agenda: la
selección social de los problemas públicos
Hace más de treinta
años, Roger Cobb y Charles Elder se plantearon una interrogación
general en el marco de una serie de investigaciones particulares sobre movilizaciones
sociales y conflictos entre grupos en los Estados Unidos: ¿De dónde
vienen los problemas de política pública? Y respondieron:
estos policy problems resultan de los conflictos “entre dos grupos
o más sobre cuestiones formales o substantivas relativas a la distribución
de posiciones y recursos” (Cobb y Elder, 1972: 82). Los promotores de un
problema potencial que no ha recibido hasta entonces la atención pública
o gubernamental quieren hacer conocer a otros segmentos de la sociedad (a
los grupos más sensibles al tema, a las franjas informadas del público
o a la sociedad en general) o a las autoridades estatales (legisladores,
funcionarios o jueces de cualquier nivel institucional) una dificultad que
los afecta directa o indirectamente. Cuando se trata de comprender cómo
una cuestión determinada se convierte en un problema público,
los autores nos invitan a formular preguntas como las siguientes: ¿Quiénes
son sus iniciadores? ¿Qué aspectos de las trayectorias y posiciones
de estos actores explican la atención que prestan al problema? ¿Por
medio de qué acciones promueven la consideración del tema
por parte de otros actores o instituciones? ¿Cómo definen los
actores en lucha los conflictos en los que están involucrados? ¿Cómo
se expanden estos conflictos hacia otros grupos sociales? ¿Qué
símbolos son utilizados para dotar al problema de connotaciones
emotivas? ¿Qué influencia ejercen las arenas en las que las
luchas se desarrollan sobre el modo en que el conflicto es procesado? ¿Qué
propiedades intrínsecas del problema pueden ayudar a predecir el
modo en que será resuelto? Sin dudas, estas preguntas resultan sumamente
interesantes, pero encuentran aquí ciertos límites.
En primer lugar, la idea
de que los problemas de política pública resultan de conflictos
entre grupos sociales abre toda una serie de caminos para la investigación
de los procesos sociales antecedentes que influyen sobre las tomas de decisiones
en el plano gubernamental y legislativo. Así, esta perspectiva pone
en cuestión la imagen de un Estado independiente y separado de la
sociedad, que opera de manera autónoma, en función de las
preferencias de aquellos actores encargados formalmente de las decisiones
públicas. Pero, al mismo tiempo, recae en el típico error
de separar artificialmente a los actores “estatales” de los actores “sociales”,
como si no hubiera relaciones permanentes y estrechas (muchas veces, incluso
colusivas) entre unos y otros en cada una de las arenas de política
pública. Se corre así el riesgo de tener una visión
muy abstracta de los vínculos que los unen.
Por otro lado, la perspectiva
de Cobb y Elder ofrece una visión muy restringida de los procesos
que dan nacimiento a los problemas públicos. En última instancia,
la teoría reposa sobre la imagen de un “pequeño grupo” –pequeño
en su tamaño, pero también en la extensión de sus
intereses particulares y de su campo de acción, como los mineros,
los trabajadores del sector vitivinícola, los habitantes de una
pequeña ciudad amenazada por un programa nuclear o las asociaciones
hostiles a los impuestos federales sobre las ganancias– que lucha por hacer
oír sus demandas, por imponerlas como problema público y
por influir las decisiones de las autoridades competentes. Más allá
de las limitaciones teóricas intrínsecas de esta conceptualización,
sucede que muy a menudo las cosas no ocurren de este modo. Conscientes
de estas dificultades, los autores resituaron su apuesta original en un
marco conceptual más extenso: el modelo original fue entonces rebautizado
como outside initiative model, mientras aparecían otras dos
categorías (el inside initiative model y el mobilization
model). El primero de estos modelos suplementarios remite a circunstancias
en las que una política nace en el círculo de los decisores
estatales (quienes han encontrado, tal vez, una solución en sus propias
organizaciones y procuran construir el problema al que ella podría
responder (2)– o en situación en las que determinados
grupos sociales, capaces de hacerse oír directamente por las autoridades,
evitan que sus demandas adquieran estado público y actúan directamente,
casi siempre en secreto, sobre los representantes y funcionarios: entre
los iniciadores y la “agenda gubernamental” no hay un pasaje por la “agenda
pública”. En el otro modelo, los agentes estatales son los iniciadores
de una política pública y son ellos quienes instalan el problema
en la agenda pública para construir apoyos más amplios para
una acción que lo requiere. Una vez que estos apoyos sociales han
sido conseguidos, el programa de acción es retomado e implementado
por los mismos iniciadores. Sin embargo, estas dos variantes complementarias
del modelo inicial no bastan para procurarnos una topología completa
de los procesos de formación de la agenda: la posibilidad de que
esta sea el producto de una operación mediática, de las lógicas
de la competencia electoral o de las presiones extranjeras (incluso de las
intervenciones militares) no es siquiera considerada. Y esto se vuelve una
dificultad notoria cuando existen problemas que adquieren una fuerte presencia
pública debido a la acción de los medios (3)
(la “inseguridad” en Argentina o la “corrupción” política
en Francia) o los actores que participan de una campaña electoral
(la “corrupción” en Argentina, la “inmigración” en Francia),
mientras que otros problemas llegan a las agendas gubernamentales como
resultado de la presión de países extranjeros (los derechos
de propiedad intelectual de los medicamentos o las tarifas de los servicios
públicos en Argentina) o de organismos multilaterales (las políticas
económicas en casi todos los países de la periferia mundial).
Estas variaciones en los procesos de formación de la agenda pública
muestran los límites de un enfoque que se ajusta demasiado a la
configuración específica de la sociedad estadounidense, o
de una visión sumamente restringida de su funcionamiento (4). Aun cuando
aspira a servir como instrumento para la investigación comparada,
el modelo no prevé las variaciones empíricas que se verifican
en la formación de los distintos problemas que constituyen la agenda
en diversos países.
Finalmente, esta perspectiva
no presta suficiente atención a lo que sucede en dos de las principales
arenas en las que las demandas sociales particulares de ciertos grupos
se convierten en problemas públicos llamando la atención
de segmentos sociales cada vez más vastos: el espacio de los medios
y el mundo político. En efecto, las movilizaciones sociales, que
nuestros autores consideran como las piedras angulares de la formación
de la agenda, se dirigen generalmente a los medios –para lograr una repercusión
social más extensa– y a los poderes públicos –para obtener
una respuesta “concreta” al problema planteado–. La pregunta por el origen,
muchas veces difuso y potencial, de los problemas públicos obtiene
así una prioridad analítica sobre los espacios mas estructurados
en los que estos problemas adquieren carta de ciudadanía como tales.
Y esto tiene consecuencias metodológicas de la mayor relevancia.
El planteo original de Cobb
y Elder no ha permanecido inmutable. Desde entonces, las preguntas planteadas
por estos autores -y los límites que ellas entrañan- han
sido retomadas por otros trabajos. Las ulteriores investigaciones de Roger
Cobb y sus colaboradores han procurado dar una respuesta a los límites
evidentes de sus primeros intentos. Este viraje ha provocado un acercamiento
entre esta perspectiva y la tradición de estudios sobre la construcción
de problemas públicos (Cobb, Ross y Ross, 1976; Rochefort y Cobb,
comp., 1994; Cobb y Ross, comp., 1997). De este modo, la contribución
de estos autores perdía gran parte de su especificidad. Por lo demás,
las hipótesis sobre la construcción de la agenda han sido
retomadas por investigaciones sobre sectores específicos de políticas
públicas, en las que se otorga un papel mucho más importante
a los actores parlamentarios, a los funcionarios y a los profesionales
de la política (Kingdon, 1984, Baumgartner y Jones, 1991). Finalmente,
las perspectivas sobre la construcción de la agenda propuestas en
el campo de estudios de políticas públicas se fueron acercando
a aquellas elaboradas por los estudios en el terreno de la comunicación,
dando lugar a investigaciones que se ocupan sobre las relaciones causales
entre los “hechos objetivos”, el discurso de los medios, el estado de la
opinión pública y la configuración de la agenda política
(electoral, gubernamental o parlamentaria) (Erbring, Goldenberg y Miller,
1980; Cook, Tyler, Goetz, Gordon, Protess, Leff y Molotch, 1983; Behr e
Iyengar, 1985; Soroka, 1999).
Estos nuevos desarrollos
en los estudios sobre la agenda han intentado sobrepasar los límites
de las primeras hipótesis a través de una exploración
más detallada de las configuraciones específicas que se hallan
en el origen de los problemas públicos. De este modo, se ha mostrado
que existen variaciones empíricas que hacen que todas estas respuestas
deban ser consideradas limitadas y unilaterales, aunque parcialmente pertinentes,
puesto que establecen enunciados generales a partir de observaciones aisladas
y asistemáticas. Por otro lado, han revelado que no es posible decidir
por adelantado sobre las relaciones causales subyacentes a la emergencia
de un problema público (5). La aplicación
de regresiones estadísticas para medir la presencia de diferentes
problemas en las diversas “agendas” permite una especificación preliminar
de los vínculos causales que se producen entre los diferentes espacios
sociales que le sirven de soporte real. Ahora bien, el tratamiento de las
dinámicas concretas de estos espacios y de sus relaciones exteriores
no puede hacerse a través de este tipo de técnicas: las relaciones
sociales que subyacen a los coeficientes estadísticos permanecen
así en la oscuridad, o son tratadas de una manera superficial y carente
de toda profundidad teórica. Por lo demás, la utilización
exclusiva de este tipo de métodos impide una contribución
al conocimiento del modo en que los problemas son elaborados, lo que constituía
uno de los aportes fundamentales de los trabajos liminares de esta tradición.
Esta preocupación se conservará en las investigaciones sobre
la construcción de problemas públicos que hemos de considerar
a continuación.
2. Definiendo el malestar:
las luchas por la definición de la realidad
La instalación de
un problema público en la agenda (o, mejor dicho, en las diferentes
agendas) y la producción de diferentes enfoques sobre su naturaleza,
sus causas y sus consecuencias solo son distinguibles analíticamente,
dado que la aparición de un problema entraña siempre la emergencia
de una visión particular del problema que es ulteriormente
cuestionada por definiciones contrapuestas. Dicho esto, podemos sin embargo
señalar una leve diferencia. Los estudios sobre la construcción
de la agenda tratan principalmente acerca de la selección de problemas.
¿Por qué ciertos problemas, y no otros, son percibidos como
tales y considerados por los diferentes grupos sociales o instituciones
públicas? La interrogación sobre la presencia o la ausencia
de un tema en el debate público recibe mucha más atención
que las “aportaciones” divergentes que sobre él existen (6). La preocupación sobre la selección temática
también está presente en la literatura sobre la construcción
de problemas públicos, pero aquí la atención se focaliza
también sobre otra operación de selección: la selección
de diferentes definiciones del problema. Como la selección temática,
la selección de visiones sobre un mismo tema se produce a través
de luchas entre diferentes actores sociales que procuran imponer un punto
de vista especifico. Sin embargo, aquí encontramos un tratamiento
más profundo de los complejos procesos de interacción entre
los diversos actores en las diferentes arenas que constituyen el “espacio
público”. Por lo demás, los autores de esta especialidad están
mucho más comprometidos, teórica y metodológicamente,
con los lineamientos usualmente asociados con el constructivismo
sociológico.
La primera contribución
sistemática a una sociología constructivista de los problemas
públicos ha sido hecha por Herbert Blumer a comienzos de los años
1970 (Blumer, 1971) (7). En un contexto en el que los
estudios sobre los “problemas sociales” estaban dominados por aproximaciones
objetivistas que oscilaban entre la idea de “sufrimiento” y aquella de
“disfunción”, Blumer propuso un procedimiento que retomaba el legado
de las más viejas tradiciones de la sociología norteamericana,
para decir que “un problema social existe principalmente en los términos
en que es definido y concebido en la sociedad” (Blumer, 1971: 300). El modelo
de Blumer prevé la existencia de cinco etapas que constituyen la
historia de todos los problemas sociales, con relativa independencia de
sus contenidos:
1.
Emergencia del problema
2.
Legitimación del problema
3.
Movilización de la
acción con respecto al problema
4.
Formulación de un
plan oficial de acción
5.
Implementación de
este plan
En primer lugar, son determinados
grupos sociales quienes proponen una definición de la situación
en términos de “problema”, contribuyendo así a la existencia
del problema como tal. Una vez que la existencia del problema ha sido reconocida
y su legitimidad en tanto que problema ha sido constatada por su presencia
en los medios, en las asociaciones, en las instituciones públicas,
etc., las batallas por la definición comienzan: “un problema social
es siempre el punto focal para la operación de intereses, intenciones
y fines divergentes que están en conflicto. Las interacciones entre
estos intereses y estos fines constituyen la modalidad en que la sociedad
enfrenta cada uno de sus problemas sociales” (Blumer, 1971: 301) (8).
He aquí un conjunto
de luchas por la definición de la situación que ponen en
relación a actores sociales que promueven diferentes enfoques del
problema. Pero estas luchas por la definición no se limitan a los
discursos de los actores: la formulación y la implementación
de una “política pública” para hacer frente a las dificultades
señaladas por la definición del “problema”, forman parte también
del proceso colectivo de producción del problema mismo. El tratamiento
legislativo y la sanción de normas jurídicas, la creación
de nuevas organizaciones encargadas de llevar adelante un plan de acción,
la compra de equipos o el reclutamiento de nuevos agentes públicos
para determinados sectores de la actividad estatal, etc., son elementos
que forman parte del proceso de definición del problema. Constituyen
el punto de vista oficial sobre el problema (Blumer, 1971: 304). Esta última
observación nos invita considerar las políticas públicas
de una manera absolutamente diferente de aquella que nos proponían
los autores que hemos tratado más arriba. En efecto, los estudios
sobre la construcción de la agenda tendían a considerar la
construcción del problema como una “etapa” anterior a la toma de una
decisión por parte de las autoridades estatales. De este modo, las
políticas públicas aparecían como la culminación
de un proceso previo de elaboración social que se objetivaba luego
en la acción pública. De acuerdo con la perspectiva elaborada
por Herbert Blumer, entre otros, las políticas públicas son
uno de los elementos fundamentales de la construcción social de problemas.
Los planes oficiales contribuyen a darles existencia al problema que dicen
atacar: si se modifica la legislación sobre el régimen de encarcelamiento,
se compra equipamiento para la policía o se modifican los criterios
de reclutamiento de los agentes policiales, diciendo que se trata de medidas
que hacen a una “política de lucha contra la inseguridad”, se está
contribuyendo a la constitución de la inseguridad como problema público.
Se le reconoce una importancia, al mismo tiempo que se afirman implícitamente
ciertas posiciones acerca de sus causas y su naturaleza. Más allá
de sus fines oficiales, las políticas públicas tienen pues
una función simbólica: muestran la existencia de un problema
al mismo tiempo que se presentan como respuestas a ese problema.
En esta misma dirección
se orienta otra de las contribuciones originales de Blumer. El autor sostiene
que las “condiciones objetivas” consideradas constitutivas del “problema”
del caso –así como las estadísticas, los acontecimientos
o los testimonios invocados para probar su existencia– no pueden ser considerados
como datos pertinentes en los estudios sobre la construcción de problemas
sociales, salvo cuando son retomados por los propios actores en sus definiciones
del problema: en la mayor parte de los casos, la existencia del problema,
sus límites y la manera de medirlo constituyen un objeto de luchas
(9). Esto nos pone en guardia contra una lectura ingenua
de las estadísticas y de las relaciones entre los “hechos objetivos”
que se consideran constitutivos del problema y el problema en tanto que
objeto intencional de la acción social.
Ahora bien, uno de los principales
límites de la contribución de Blumer reside en el hecho de
que –como en Cobb y sus continuadores– el proceso de definición de
los problemas públicos aparece como una serie de “etapas”: como en
ciertas visiones muy extendidas en el campo de estudios sobre políticas
públicas, el proceso entrañaría una serie de fases
sucesivas que comenzarían con el descubrimiento de una situación
considerada problemática, su generalización por obra de la
acción de ciertos animadores –asociaciones, periodistas, profesionales
de la política, funcionarios–, el debate público, la búsqueda
de soluciones posibles, la elección de una de estas soluciones y
su implementación. Contra lo que esta imagen nos sugiere, las “etapas”
son frecuentemente simultáneas y constituyen relaciones complejas
que no permiten reconocer la existencia de secuencias necesarias. Así,
las “soluciones” a los “problemas” son muchas veces anteriores a ellos, y
el descubrimiento del problema resulta de la búsqueda de justificaciones
para una decisión ya tomada, antes que ser el fruto de una
“primera etapa” en el proceso de elaboración del problema (Cohen,
March y Olsen, 1972; Kingdon, 1984: 84-6). Por consiguiente, es preferible
retener las “etapas” señaladas por Blumer como “aspectos” o “momentos”
del proceso de construcción de los problemas públicos.
No obstante, el valor científico
de una perspectiva teórica no se juzga solamente por su formulación
abstracta y sus propiedades lógicas, sino también por su
capacidad para dar cuenta de configuraciones empíricas particulares
y arrojar luz sobre ellas. Con resultado positivo, se han realizado muchas
investigaciones siguiendo el camino abierto por esta contribución
liminar de Blumer. Todos estos trabajos reafirman la idea de que los problemas
públicos existen en función de las representaciones que la
sociedad se hace de ellos (Kitsuse y Spector, 1973a y 1973b, Gusfield,
1989). Estas representaciones no son el simple reflejo de los “hechos objetivos”,
sino que se elaboran en las diferentes arenas públicas en las que
se operan selecciones entre numerosas situaciones y condiciones –“problemas
potenciales”– que afectan a la sociedad o a determinados grupos en su seno.
El carácter competitivo de las interacciones a través de
las cuales se producen las selecciones se debe a la capacidad limitada
que tienen estas arenas para procesar simultáneamente diversos problemas.
Parafraseando a Niklas Luhmann, aunque sin aceptar por ello aspectos determinantes
de su teoría de la sociedad, podría decirse que cada una
de estas arenas procura reducir la complejidad de su entorno. La complejidad
obliga a seleccionar. La selección reduce la complejidad orientándose
por principios específicos (Luhmann, 1984: 48 y 54). Cada una de
las arenas públicas se rige por principios de selección que
hacen que ciertos problemas reciban atención a costa de otros (Hilgartner
y Bosk, 1988). Existen, sin dudas, elementos comunes a todas las arenas
y a todos los problemas. Así, las definiciones que presentan el
problema de manera dramática, aquellas que señalan su novedad
y aquellas que ponen en escena valores y creencias socialmente generalizados,
tienen mas probabilidades de imponerse que las otras. La identificación
de causas, culpas y responsabilidades, que agrega elementos normativos a
la simple descripción de los hechos tal y como se considera que ellos
existen, es un elemento siempre presente en la construcción de problemas
públicos (Stone, 1989: 282). Pero cada arena tiene también
sus lógicas propias. El modo de organización y la dinámica
específica de cada uno de estos espacios imponen rasgos singulares
a las selecciones que allí se producen: esto obliga al investigador
a encarar una sociología de los diversos campos de producción
de representaciones sobre los problemas públicos y dar cuenta de
las relaciones externas que guardan los unos con los otros. Los órganos
ejecutivos y legislativos del Estado, los tribunales de justicia, el cine,
los noticieros, las emisiones radiales, la prensa escrita, las campanas
electorales, las asociaciones voluntarias, los libros sobre determinados
problemas sociales, los institutos de investigación, las asociaciones
profesionales, las organizaciones religiosas y partidarias, las fundaciones,
son algunas de las arenas mencionadas por Hilgartner y Bosk. Sin dudas, la
lista puede ampliarse según las configuraciones empíricas
propias de los casos estudiados. En cada arena, los actores trataran al
problema según los criterios específicos de su campo de acción.
Las visiones sociales dominantes del problema serán el resultado
de lo que se haga en cada ámbito restringido y de las interacciones
que se establezcan entre los procesos que tienen lugar en cada uno de ellos.
De la perspectiva que acabamos de examinar, se sigue que el campo de
las tomas de posición efectivas que se constituyen alrededor de
un mismo problema es el resultado de procesos de interacción entre
actores que proponen interpretaciones diversas en función de ciertas
posiciones a las que vienen asociados intereses y visiones generales del
mundo. Esto nos obliga a sobrepasar la simple constatación de la
existencia de estas interpretaciones contrapuestas, para llevar adelante
una sociología de los actores que las proponen y explicar, en función
de sus posiciones y estrategias, las diversas tomas de posición.
Sobre la base de la discusión
de una serie de argumentos teóricos que entrañan consecuencias
metodológicas de primer orden para la construcción de los
objetos de investigación y la producción de escenarios de
observación, hemos intentado dar cuenta de la convergencia de un
conjunto de perspectivas de análisis que se interrogan acerca los
procesos de selección que subyacen a la construcción social
de la realidad. Los estudios sobre la formación de agendas y sobre
la elaboración de los problemas públicos ofrecen elementos
para una aproximación constructivista que no considera a la “construcción
social de la realidad” como una mera fabricación de representaciones:
no es sólo en las ideas y a través de las ideas que los actores
producen el mundo social. Se trata más bien de un proceso de producción
stricto sensu, proceso por el cual los individuos y los grupos
generan objetivaciones provistas de sentido que hacen de su entorno una
negación de otras múltiples posibilidades. Cuando se aplica
a objetos de análisis adecuadamente circunscriptos, esta perspectiva
permite realizar una operación cognoscitiva doblemente crítica:
crítica, en primer lugar, porque contribuye a desnaturalizar aquello
que los actores sociales (incluido el sociólogo que realiza en cuanto
tal el esfuerzo intelectual sistemático de luchar contra las “prenociones”
que lo habitan) aceptan como dado, mostrando que lo que hay es la negación
de posibilidades que existieron y existen, es decir, que lo que hay es ya
el resultado de una selección; crítica, en segundo lugar, porque
permite mostrar que esa realidad naturalizada es, al menos en parte, el producto
de acciones estratégicas interesadas que se enlazan entre sí,
dando origen a objetivaciones institucionales, simbólicas y materiales
específicas en cada caso. De este modo, la sociología de los
problemas públicos permite historizar lo social, mostrar su carácter
construido, sin incurrir en visiones idealistas que sostienen (como aquel
hombre listo imaginado por Marx y Engels, que consideraba que la ley de gravedad
era una cuestión de creencia) que la realidad se transformará
cuando cambiemos nuestra representación de ella. Y permite reconstruir
la trama de actores concretos, que llevan a cabo luchas concretas (a través
de la palabra, pero también a través de las cosas) para imponer
una visión de la realidad que contribuyen así a crear.
(3) Lo que
reenvía a la tradición de investigaciones sobre la función
de los medios en la fijación de la agenda, iniciada por McCombs
y Shaw en los años 1970 y continuada por otros autores hasta nuestros
días (McCombs y Shaw, 1972).
(4) Para una
visión muy alejada del modelo de Cobb y Elder, construida a partir
de investigaciones sistemáticas sobre las políticas de salud
y de transporte, véase Kingdon (1984). Kingdon considera los actores
estatales –el presidente y sus colaboradores, los ministros, los representantes
parlamentarios– como los agentes fundamentales de la instalación
de los problemas en la agenda pública norteamericana. En un plano
más general, esta perspectiva nos invita a comenzar nuestras investigaciones
por el análisis de los ámbitos de procesamiento y elaboración
de los problemas públicos, dejando en un segundo plano la búsqueda
de los orígenes remotos que puedan tener.
(5) Véase,
en esta dirección, Garraud (1990). Este artículo ofrece un
estado de la cuestión que señala los límites de las
perspectivas existentes contraponiéndolas a otras y contrastándolas
con ejemplos de los que ni aquellas ni estas pueden dar cuenta. Sin embargo,
no existen demasiadas investigaciones cuyo diseño permita poner a
prueba la validez de estas hipótesis.
(6) La distinción
entre temas y aportaciones, recuperada ampliamente por la sociología
de la comunicación y los estudios de agenda, tiene su origen en la
obra de Niklas Luhmann: “Las relaciones entre comunicaciones deben ordenarse
por temas, a los cuales se pueden referir las aportaciones. Los temas sobreviven
a las aportaciones, reúnen varias colaboraciones en un contexto
de sentido más amplio, tanto a corto como a largo plazo. Acerca
de algunos temas se puede hablar eternamente. También a través de
los temas se regula quién puede aportar qué. Los temas discriminan
las aportaciones y con eso también a los colaboradores” (Luhmann,
1998: 154). Recuérdese que para Luhmann la comunicación no
puede reducirse ni a intenciones ni a lenguaje.
(7) Pueden hallarse antecedentes de este “manifiesto”
en las investigaciones realizadas por Howard Becker y Joseph Gusfield en
la Universidad de Chicago durante los años 1950 y 1960. A su vez, estos
reenvían al trabajo de John Dewey.
(8) Se ve
aquí que una visión constructivista no está condenada
a esa forma corriente de intelectualismo que no ve en las luchas de definición
más que estrategias discursivas. Por el contrario, se trata de luchas
que oponen intereses basados en las posiciones objetivas que los actores
ocupan en las distintas instancias de constitución de la sociedad.
Por lo demás, toda lucha por la definición de problemas es
una disputa por la apropiación de competencias y recursos colectivos.
(9) “El conocimiento de las condiciones objetivas sobre las que reposa el problema social es significativo sólo si este conocimiento es considerado en el proceso social de definición que determina el destino de los problemas sociales” (Blumer, 1971: 305)