mientrastanto.e Num. 89 del 03-2011

La transformación económica del país va por mal camino: el de la acentuación de la desigualdad y con ella del estancamiento. Resulta muy difícil una política de defensa del capital social, de estímulo a una economía sostenible y redistributiva al estar atrapados por el euro y la especulación financiera.

La política económica de la Unión Europea, definida por una mayoría de gobiernos de la derecha social, impide a los estados endeudarse más allá de límites estrechos. ¿Qué se está haciendo? Sacrificar al mercado cantidades ingentes de capital social, de acumulación pasada de los trabajadores, de bienes públicos, y también exigir sacrificios enormes a la población: prestarle menos o peores servicios, obligarla a trabajar por más tiempo en la precariedad y con bajos salarios. Pero todo se sacrifica en vano: la especulación succiona todo eso. Ante el hundimiento de los activos financieros que llevaron a la crisis, los agentes de la especulación buscan alternativas: hoy, las primas de riesgo de los países intermedios sustituyen a las securitizaciones-basura hipotecarias de hace tres o cuatro años.

La fijación a la moneda única impide abaratar las exportaciones, ajustar vía devaluación. Y como el euro es de todos, pero sobre todo de los grandes, se demoniza cualquier política tímidamente neokeynesiana: La UE prefiere el estancamiento al déficit. Con el neoliberalismo, el estímulo del crecimiento fue el crédito desbordado; antes de él, el keynesianismo estimulaba la economía a través de la demanda. Ahora ya no hay ni lo uno ni lo otro: queda la acumulación clásica, consistente en trabajar más por menos y en la destrucción del fruto del ahorro de generaciones para asegurar derechos sociales disminuidos.

Así pues, las políticas económicas de la UE van en la dirección opuesta a la de las grandes reformas estructurales que España necesita para producir y distribuir mejor. Pero a pesar de eso creemos que es necesario seguir nuestro propio camino, salir a flote pese a esas realidades: aspirar a defender el trabajo y el capital social a través de una economía equilibrada y sostenible.

Los principales defectos estructurales de la economía española son, a nuestro modo de ver, los siguientes:

Un sistema financiero lastrado por el peso del hundimiento de la construcción que precisa ayudas públicas. Un sistema fiscal cada vez menos progresivo y un gasto público ineficiente e ineficaz en el estímulo económico. Una economía excesivamente dependiente del petróleo, lo que forma parte de un grave problema energético. Un sistema caro y anticuado de transporte de mercancías. Una dependencia excesiva del sector turístico. Una legislación laboral que no suscita la innovación y el empleo sino la falta de equidad. Un sector exterior demasiado pequeño, que puede ser fagocitado fácilmente por multinacionales. Un sistema de resolución de las "externalidades del mercado" (la Administración de Justicia), lento, inseguro, ineficaz. Un sistema educativo descapitalizado. Ausencia de una buena política agraria e hídrica.

En suma: sistema monetario y financiero, energía, transporte, turismo, mercado de trabajo, deslocalización, justicia y educación, agricultura y agua. O sea: es necesario que cambien muchas cosas y los comportamientos de muchas personas para que se pueda crear trabajo e incrementar el capital social.

Esbozaremos algunas vías de cambio estructural que consideramos dignas de meditación seria. Un cambio fundamental es el relativo a los sistemas financiero y fiscal, que condicionan pesadamente todo lo demás. Pero estos instrumentos no son los únicos existentes: una programación cuatrienal del gasto público, y medidas fiscales y otras de fomento, esto es, una buena política de incentivación, pueden estructurar una economía menos basada en el crecimiento que en el cambio técnico, que redistribuya eficiente y mucho más equitativamente el producto social, que afronte con audacia los problemas ecológicos, y que sea, por esto, capaz de exportar tecnologías e ideación en este ámbito básico de la economía mundial. En fin, que estimule una producción sostenible.

Sistema financiero: Tenemos una gran oportunidad de realizar, a la vez, una liquidación ordenada de los activos basura de las cajas de ahorro y construir, a partir de éstas, un sistema crediticio de preponderancia pública que dinamice la economía real. La aportación de fondos públicos para el reflotamiento de las cajas debe dar lugar a una proporcional propiedad estatal. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones precipitadas como la que se nos viene encima: que el Estado se quede con los activos no realizables de las cajas de ahorros y el resto se medio regale al mercado para obtener fondos de cualquier manera.

Sistema fiscal: Replanteamiento impositivo general: un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, con bonificaciones a la inversión en activos públicos y cooperativos internos; impuestos sobre el valor añadido y demás utilizados políticamente para fomentar ciertas actividades y disuadir de otras. Y aplicar esa imposición a un protocolo presupuestario fundamentalmente diferente, en el sentido sugerido: planificación a más de un año, austeridad en gastos corrientes, estímulo del cambio tecnológico y, si hace falta, fortalecer las cuentas de la seguridad social con partidas presupuestarias. Gastar e invertir de manera más responsable y estimulante.

Energía: De la concentración a la descentralización energética. Fomento de la energía solar en actividades diurnas; de la eólica en las nocturnas, y de instalaciones industriales y domésticas de producción y ahorro energético. Un sistema transparente de costes reales y de formación de precios de la energía que fomente el uso de la menos costosa en cada momento. Separación de los negocios internos y exteriores de las empresas energéticas. Revisión de los supuestos del "déficit de tarifa" en función del nuevo sistema de formación de precios. El uso como gran política frente al pago de subvenciones.

Transportes: en grandes distancias, del camión al tren. Ancho de vía europeo prioritario en las rutas exportadoras, con aprovechamiento de la producción nocturna de energía. Pequeñas distancias: fomento de la electrificación prioritaria de los vehículos industriales. Implantación de "Programas Hoy No Circula" en las megalópolis para prohibir el uso del automóvil privado un día laborable semanal. Ampliación de la red de transportes colectivos en las áreas metropolitanas y ni una autopista ni un AVE más.

Turismo: fomento de la calidad, del turismo cultural y del turismo interior. Modificación del calendario de vacaciones para que las de los españoles no coincidan con las de los europeos, ampliando así la capacidad y las temporadas de negocio.

Legislación laboral: estabilización de los puestos de trabajo. Excepcionalidad de la contratación temporal salvo en producciones estacionales. Regulación controlada del empleo adaptada exclusivamente a la elasticidad de la demanda.

Empresas, sector exterior y deslocalizaciones: Normativa "china" para evitar deslocalizaciones y descapitalizaciones de empresas.

Administración de Justicia: revisión drástica de formulismos y tratamientos, de las normas procedimentales, de los plazos legales. Computerización de los actos jurisdiccionales. Nueva regulación del acceso a las funciones judiciales y de su control.

Sistema educativo: Aseguramiento en primaria de la comprensión lectora y de la capacitación matemática de los alumnos. Formación humana básica en Historia y actividades intelectuales y/o físicas. O sea: lengua, matemática, historia y actividad. Secundaria en tres ramas: ciencias, tecnologías, letras. Post-secundaria: aprendizaje de la búsqueda de información, del pensamiento propio y del trabajo e investigación práctica en común. Cierre del abanico de titulaciones. Fuerte inversión educativa, ante todo en formación del profesorado y en medios materiales. Fomento de la exigencia escolar. Disuasión de la enseñanza como empresa lucrativa, ya que es de utilidad social.

Lo que proponemos es discutir estas cuestiones. Discutir de esto y de cosas como estas. Es preciso dar cuanto antes a las gentes la oportunidad de ponerse las pilas en vez de obligarlas a poner el cazo. Buscar, entre todos, una perspectiva para la que tengan algún sentido los sacrificios a los que nos han abocado las políticas neoliberales de estímulo a la financierización de la economía.

* [Miguel Ángel Lorente y Juan-Ramón Capella son autores de El crack del año ocho. La crisis. El futuro (Trotta, 2009)]

La cadena de revueltas populares que sacude el Norte de África y Oriente Medio nos coloca a los espectadores europeos —otra cosa no somos— ante la visión de una oleada de revoluciones como las que conocíamos por lectura: 1848, 1868, el ciclo del final de la Primera Guerra Mundial... Sabemos poco de los procesos sociales que han conducido a esta situación. Para la mayoría de nosotros el mundo islámico sigue siendo, pese a la proximidad, un gran desconocido. Aunque alguno de nuestros pocos informadores fiables (Edmund Said, Juan Goytisolo, Gemma Martin...) llevaban tiempo advirtiéndonos que la gente estaba harta de la represión y la miseria a las que les sometían los corruptos gobiernos que dominan la región. Las imágenes de estos días son realmente asombrosas y nos retrotraen a experiencias de otros tiempos, como las de algunas fases de la transición española, o las movilizaciones contra la guerra de Irak, por poner dos referencias locales. Gente variopinta, manifestándose masivamente por un cambio en la situación. Y es que, ya nos lo explicó E.P. Thomson en su análisis de los orígenes de la clase obrera británica, los procesos sociales profundos suelen atraer a personas de diferente extracción social, por más que el carácter del movimiento lo den unas determinadas ideas o demandas sociales. También en el mundo árabe, se ha generado esta especial coalición de personas, de procedencias sociales diversas (por más que en el caso egipcio parece que el papel de las huelgas obreras de los trabajadores textiles de Mahalla el Kubra y de los operadores del canal de Suez ha tenido un papel importante en la gestación y marcha del proceso). Una coalición que además incluye a personas de diferente credo religioso, a mujeres vestidas a la occidental o portadoras del velo... Ha sido, de nuevo, una revuelta social compleja, en la que seguramente coexisten distintas aspiraciones y demandas sociales que, al menos para nosotros, quedan más o menos encubiertas por la ausencia de un liderazgo claro que exprese cuál es el núcleo de demandas básico, más allá del odio al tirano de turno, a la corrupción de la oligarquía y a la necesidad de garantizar libertades básicas. Es también un toque de atención a todos aquellos que sólo ven fundamentalistas potenciales en nuestros vecinos árabes y han podido presenciar una tensión cívica, democrática, parecida la que hemos vivido nosotros en épocas de euforia social.

Como no soy experto en el mundo árabe no voy a tratar de explicar las revueltas, sus movimientos, sus corrientes políticas. Supongo que aunque la misma se haya extendido como un reguero por distintos países, en cada uno de ellos hay dinámicas, fuerzas políticas, correlaciones de fuerza distintas y habrá que ver en los próximos meses cómo evolucionan estos procesos. Lo que sí me parece oportuno plantear es la relación de nuestras sociedades con el conflicto, los retos que plantean estas revoluciones democráticas y su imbricación con la crisis general.

Había muchos motivos para las revueltas, pero no parece descabellado considerar que la economía haya jugado algún papel, en especial el alza de los precios alimenticios. Una cuestión que empieza a afectar a bastantes países y que es especialmente relevante en un mundo árabe que es, globalmente, un importador neto de cereales. De hecho estos países habían experimentado un aumento importante de las importaciones en los últimos años fruto de su crecimiento demográfico y del aumento del consumo per capita. El alza de los precios alimentarios es siempre un desastre para los pobres. En las tensiones actuales subyacen diversos factores: un aumento de la demanda (especialmente en los países en desarrollo) por la combinación de crecimiento demográfico y cambios en el consumo, una relativa restricción de la oferta generada tanto por algunas políticas específicas (particularmente la de la Unión Europea) y el desvío de parte de la producción de alimentos hacia la producción de biocombustibles, una climatología inestable (esta vez ha sido la sequía rusa), aunque queda por ver si es un efecto directo del cambio climático o si simplemente estamos ante un fenómeno normal de inestabilidad climática magnificado por la creciente especialización espacial que está generando la globalización. Y todo ello magnificado por el funcionamiento de los mercados especulativos de materias primas, que no hacen sino incrementar los efectos en los precios de los desequilibrios estructurales.

Sea cual fuere el papel que hayan jugado estos aumentos de precios en el desencadenamiento del proceso hay un hecho destacable: la probabilidad de nuevos aumentos de precios alimentarios, con un impacto sin duda más desestabilizador en países como los del mundo árabe, que difícilmente van a conseguir capacidad de autoabastecimiento en años venideros. El alza de los precios alimentarios afecta siempre a los consumidores más pobres (y pocas veces sirve para cambiar la fortuna de los campesinos pobres), genera graves problemas de supervivencia. Garantizar una alimentación sana y suficiente a todo el mundo debe formar parte de cualquier proyecto político decente. Y sabemos que ello conlleva reorganizar el funcionamiento de todo el ciclo alimentario, desde las formas de producción a los modelos de consumo, pasando por las pautas de regulación y organización del proceso.

Los alimentos no explican ni la revuelta ni la historia pasada. Es evidente que la desastrosa historia de dictaduras en el mundo árabe está directamente relacionada con el pasado colonial y el presente neocolonial. Con la existencia y con la política expansionista del estado de Israel, él mismo un producto nacido en parte por la mala conciencia europea por los crímenes perpetrados a la población judía, y en parte por la voluntad de implantar una “marca europea” en medio del mundo islámico (al fin y al cabo las cruzadas fueron el primer intento, fracasado, de crear “nuevas europas” y algo tiene el estado israelí de “nueva cruzada occidental”). Y sin duda también tiene mucho que ver el papel de estos países como principales productores de petróleo (o controladores del flujo de suministros, papel que juega Egipto en el canal de Suez). O su contribución al “control del flujo migratorio” hacia Europa. Los emires, los Mubarak, Gadafi, Ben Alí etc., han explotado por cuenta propia, pero también han sido unos aliados imprescindibles a la hora de garantizar petróleo barato y flujos migratorios controlados. Las economías capitalistas reales dependen crucialmente del control de estos elementos y temen más a una democracia igualitaria que a los tiranos. Han conseguido que una parte sustancial de la población occidental apoye estas políticas. La sangre y la miseria del Oriente Medio, la historia de represión, de marginación social y de explotación semiesclavista (especialmente funcional en la economía de los estados del Golfo Pérsico) es la contrapartida al suministro de petróleo barato. También han garantizado la paz de los turistas en Marruecos, Túnez o Egipto. Y se han presentado como una barrera a la invasión de los bárbaros. El miedo al integrismo ha constituido la mejor coartada moral para que millones de europeos siguieran mirando de espaldas o con desprecio a la otra orilla del Mediterráneo y se despreocuparan cuando sus gobiernos apoyaban un golpe de estado en Argelia, o vendían armas a los tiranos. Una realidad que no permite muchos optimismos sobre el devenir de estas revoluciones. Demasiadas fuerzas van a conspirar para que al final el “statu quo” no se rompa.

Seguramente las aspiraciones de los millones de personas que han salido a la calle en las ciudades del Norte de Africa y Oriente Medio son variopintas. Pero parece razonable suponer que muchas de sus exigencias son parecidas a las nuestras, o que simplemente tratan de alcanzar nuestras condiciones de vida, tanto materiales como políticas. Empleos dignos, un nivel de bienestar aceptable, posibilidades de realización personal, libertad en la vida cotidiana... Unas demandas que exigen, como siempre, una combinación de derechos sociales y políticos.

Pero es difícil que este “programa básico” pueda realizarse sin cambios generales. Nuestro modelo de consumo es imposible de universalizar. Los cambios que se están produciendo en las sociedades occidentales más bien indican que estamos experimentado un proceso de jibarización de derechos para la mayoría y de reforzamiento de privilegios. Sin un plan de acción común, sin una transformación de la economía global, va ser difícil que las esperanzas actuales no acaben en una nueva frustración.

Desde este punto de vista tenemos que asumir estas revoluciones como una llamada al cosmopolitismo activo. Si algo ponen en cuestión estos procesos es la estrechez de miras del eurocrentrismo que ha predominado en buena parte de la izquierda tradicional. Los insurgentes egipcios, tunecinos, libios, yemeníes, marroquíes, bahrenianos... nos apelan a plantearnos tres cuestiones clave: la necesidad de reformular los proyectos económicos en clave universal, la necesidad de construir un verdadero movimiento planetario en defensa de un modelo social igualitario y sostenible, la obligación de luchar siempre contra cualquier modelo de tiranía política sea cual sea su vestimenta. Una salida justa de la crisis actual también pasa por dar respuestas a estas demandas. Nuestra solidaridad con estos millones de personas no puede reducirse, una vez mas, a la mirada compasiva del occidental colonizador: debe ser agradecida y responsable hacia aquellos que nos han vuelto a recordar dónde esta uno de los nudos gordianos que es urgente cortar.

También los salarios

En esta crisis la derecha económica parece seguir la “estrategia del salchichón”: primero se corta una punta, después el trozo que sigue y así sucesivamente hasta comérselo todo. Pasito a pasito. No han tenido tiempo los sindicatos de tratar de presentar como victoria su aceptación del recorte de las pensiones (en la que sólo han conseguido introducir pequeños paliativos), cuando ya están siendo atacados en un nuevo flanco: el del modelo salarial.

Como ha ocurrido en el tema de la austeridad fiscal y las pensiones, la presidenta alemana Angel Merkel se ha erigido en portavoz de unas propuestas que en seguida han contado con la aprobación de los corifeos del neoliberalismo patrio (neoliberales que no desdeñan sus cargos de funcionarios públicos, sea en el Banco de España o en las Universidades).
No sé si con los pactos se ha conseguido parar el desmantelamiento del modelo de negociación colectiva y la instauración del modelo a la americana, donde solo existen convenios en aquellas empresas donde los sindicatos consiguen sobrevivir. Es más probable que al final se salven las formas pero se introduzcan tantos mecanismos de flexibilización que se produzca una pérdida de la cobertura efectiva de los convenios en las pequeñas empresas. Un espacio donde ya actualmente los convenios y las leyes no siempre se cumplen. La andanada actual se dirige hacia otro elemento de la negociación: el papel que tiene la evolución de los precios en la fijación de los salarios.

Como la evolución de los precios afecta al salario real (a nuestro poder adquisitivo) los sindicatos siempre han considerado que hay que tomar el nivel de inflación como un elemento a tener en cuenta a la hora de negociar salarios. Como aquella es a menudo difícil de prever, uno de los mecanismos posibles es el introducir una cláusula de revisión que compense la caída de salario real que se ha producido desde la firma del convenio. Las fórmulas para introducir esa cláusula son diversas, pero el principio es el mismo.

Hace ya muchos años que estos mecanismos de indexación de los salarios han sido cuestionados por los economistas neoliberales, alegando que su existencia refuerza las espirales inflacionistas. Ya en los Pactos de la Moncloa se cambió el sistema de evaluación de la inflación (en lugar de compensar la pérdida de poder adquisitivo en 1977 —más del 27%— se introdujo la previsión para 1978 —menor—) y después el diseño de las cláusulas de revisión ha tratado de compatibilizarse con la moderación salarial. Es cierto que en este período los mecanismos de revisión se eliminaron en bastantes países, pero hay que ser cuidadosos con las comparaciones porque las diferencias entre sistemas de negociación colectiva se encuentran en muchos aspectos.

Ahora el “diktat” dice que hay que olvidarse de la inflación y negociar sólo los aumentos de productividad. Una variable por sí misma difícil de medir y no exenta de trampas diversas. Pero aun aceptando que esta variable fuera de fácil medición, se siguen planteando preguntas importantes. Cualquier buen estudiante de economía aprende que un aumento de los salarios equivalente al aumento de la productividad y la inflación deja inalterados los costes laborales medios reales y la distribución del producto entre salarios y beneficios. Fijar los aumentos salariales en términos de productividad implica que los patronos van a beneficiarse de toda la caída de salario real generada por la inflación. En este caso cualquier proceso inflacionario provoca una caída de la participación de los salarios en la renta. Más o menos esto es lo que se pretende al apelar a la productividad (algo que suena a bueno) y criticar la inflación. Los defensores del argumento aluden (otra vieja historia, de los años setenta) que en muchos casos se trata de una inflación “importada” vía aumento de las materias primas (petróleo. etc.) y que la indexación de los salarios lo único que haría sería reforzar la inflación interna. O sea que los salarios se deben comer por entero la caída de poder adquisitivo que afecta al país cuando crecen los precios foráneos. En el caso de nuestra historia económica reciente no está claro que el diferencial de inflación se haya debido a esta causa. Hay otros factores que han jugado, como los aumentos de beneficios en sectores poco competitivos (como es el caso de todo lo referente a ocio y restauración), o los aumentos de precios de servicios públicos. Sin contar que el índice de precios al consumo no ha incluido los precios de compra de viviendas que durante muchos años han tenido un crecimiento desbocado y han condicionado el gasto de muchas personas.

En España los salarios son bajos. Aunque su medición es siempre difícil, si tomamos una medida convencional, la que ofrece Eurostat para 2006 (último año para el que se dan cifras completas), el salario medio español equivalía al 68% de la media de toda la UE, y el 54% respecto al salario medio alemán. Si nos atenemos a la participación de los salarios en la renta, en la última década los ingresos salariales (salarios más seguridad social) han oscilado entre el 47 y el 49% de la renta total, mostrando una notable estabilidad. Pero ésta solo se ha mantenido a causa del continuado proceso de asalarización del país (reducción del peso de autónomos y aumento de asalariados). Si la proporción de asalariados se hubiera mantenido constante, los salarios habrían visto disminuir notablemente (unos 5 puntos) su participación en la renta. La razón fundamental no está sólo en las políticas de negociación colectiva (donde la moderación salarial con el objetivo de crear empleo ha estado presente), sino sobre todo a lo que llamamos “derivas” salariales provocadas tanto por los cambios en la estructura del empleo (crecimiento de sectores de bajos salarios) como de las políticas empresariales (externalización de empleos, sustitución de trabajadores antiguos por jovenes, etc.).

Es cierto que el sistema de negociación colectiva y de fijación de salarios requiere una reforma, Pero no por las razones que esgrimen nuestros neoliberales y que exige la señora Merkel. Sino porque nuestro sistema salarial rebosa de desigualdades, segmentaciones que en gran parte se explican por la inercia de un enmarañado y fragmentado sistema de negociación y por la debilidad estructural de la clase trabajadora, especialmente de la que queda fuera de las escasas “ciudadelas obreras en declive”. Pero para hacer una reforma que mejore la equidad y la racionalidad, que garantice un salario básico a todo el mundo, hace falta primero que los sindicatos aclaren sus propuestas, expliquen objetivos y avancen una plataforma. Algo que han sido incapaces de realizar hasta el presente porque el modelo sindical (incluido el de los sindicatos minoritarios implantados en algunas grandes empresas) ha sido más el de mantener las inercias que el de ofrecer una propuesta inclusiva para el conjunto de las clases trabajadoras, hombres y mujeres, de todos los sectores. Visto lo ocurrido con las pensiones nos tememos que, si este esfuerzo no se realiza, viviremos otra vez el recorrido entre el “no pasarán” y la derrota presentada como victoria. O sea más moderación salarial y más desigualdades.

Las compañeras y compañeros que conformamos el sector crítico de CCOO hemos votado en contra, en el Consejo Confederal del día 1 de febrero, el Acuerdo al que han llegado los sindicatos y el gobierno sobre la modificación del sistema de pensiones por los siguientes motivos:

1. La modificación de la pensión de jubilación no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta el 2030 y goza de un superávit, aún en tiempo de crisis como el actual, de 64.000 millones de Euros. Por ello, consideramos que la reforma (que habría que desarrollar para mejorar el Sistema Público de Pensiones y nunca para empeorarlo sobre la base de recortes) podría realizarse en un futuro no marcado por el lastre de la crisis y la presión de los especuladores.

2. Tenemos un gasto en pensiones 3 puntos inferior a la media de la UE y lo seguiremos teniendo al menos hasta el 2030, momento en el que aún estaremos un punto por debajo.

3. La crisis económica que sufrimos no tiene nada que ver con las pensiones ni su futuro, sino con un sistema financiero descontrolado y depredador unido a la especulación inmobiliaria. En lugar de controlar estos excesos, esta reforma provocará un trasvase de ahorro hacia los fondos de pensiones privados, alimentando la misma lógica que ha causado la crisis y poniendo en severo riesgo ese mismo ahorro de los trabajadores.

4. El que se haga la reforma con esta premura es, en palabras de la Ministra de Economía y del Presidente de Gobierno, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero ello no quiere decir que estos dejen de especular. La cuestión es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.

5. Las proyecciones en las que se basan los que quieren rebajar el gasto para el sostenimiento del sistema no tienen en cuenta ni el crecimiento del PIB futuro ni de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones.

6. La financiación de las pensiones, en caso hipotético de que pudiera tener déficit en el futuro, no tiene porqué ser siempre financiada con cuotas sobre los salarios, también puede hacerse con tributos progresivos sobre los beneficios o de los PGE.

El Acuerdo Gobierno-Sindicatos contiene medidas que consideramos inasumibles, en especial las siguientes:

• Se aumentan tres años y medio los años obligatorios de cotización para tener derecho a la jubilación ordinaria a los 65 años, con el 100% de la base reguladora (pasando de 35 a 38,5 años).

• Se necesitarán 37 años cotizados para jubilarse a los 67 años con el 100% de la base reguladora, lo que supone dos años más de cotización y aumento de dos años de la edad de jubilación.

El aumentar la edad mínima obligatoria de jubilación para la práctica totalidad de las personas trabajadoras a los 67 años es un recorte de derechos muy importante, con las consecuencias sociales de tener que estar trabajando hasta una edad inasumible físicamente muchas veces, por lo que es fácil prever un aumento importante de las situaciones de incapacidad temporal entre los futuros trabajadores de más de 65 años, con el agravante de que el empresario puede despedir cuando quiera con las facilidades que da la reforma laboral, aplicándosele a la persona despedida los coeficientes reductores (un 7,5% cada año que se jubile antes de la edad ordinaria, 67 años en la mayoría de los casos). A todo ello se añade la dificultad que tienen estos colectivos de seguir trabajando, como lo demuestra que la tasa de ocupación de las personas de 60 a 64 años es del 32,1% frente al 66,5% de los de 50 a 54 años.

El retraso de la edad de jubilación supone además cerrar la puerta dos años más a los millones de jóvenes que están en paro y a los que se les niega la posibilidad de trabajar.

El aumentar el periodo de cotización a 38,5 años es poner un listón inalcanzable para una mayoría de trabajadores y trabajadoras, con carreras de cotización inestables, que verán disminuida notablemente su pensión, y que además consigue por sí misma el aumento de la edad de jubilación.

Se pasa de los 15 años actuales a 25 en un periodo de diez años, medida que supone otro recorte para la práctica totalidad de los trabajadoras y trabajadoras, que verán mermar sus ingresos seriamente sobre la situación actual.

Toda la filosofía y el objetivo del Acuerdo inciden en el gasto, pero no existen medidas claras y computables sobre los ingresos, haciendo fuerza en la “contributividad” y la “sostenibilidad” del sistema en lugar de en la solidaridad.

Se acepta una falsa idea de equidad —dar prestaciones según lo aportado— que prepara el terreno ideológico para los sistemas de capitalización.

Los jóvenes y mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en situaciones precarias, con bajas cotizaciones, empleo discontinuo o tiempo parcial, van a ser los mayores perdedores con esta reforma, condenándoles a pensiones de miseria.

El retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el aumento del cálculo hasta 25 años, supone, para la mayoría de los futuros jubilados y jubiladas, una reducción de su pensión (como reconocemos en trabajos y estudios del propio Sindicato). Para el gobierno y los sectores económicos más poderosos, el objetivo del acuerdo es producir un fuerte recorte en los derechos sociales y en las expectativas de pensión actuales y futuras de millones de personas trabajadoras, para favorecer el negocio de los planes y fondos privados de pensiones.

La reforma va a generar en el medio y largo plazo una importante segmentación en la sociedad española, en la que las pensiones garantizadas por el sistema de Seguridad Social, a las que accede la población trabajadora en general, se aproximarán cada vez más a las no contributivas o asistenciales, lo que puede incentivar la no declaración de todas las rentas percibidas. Muy pocas personas podrán acceder a los niveles máximos de pensión del sistema y por ello, se está “invitando” a que, quien tenga niveles altos de renta y capacidad de ahorro, busque sistemas alternativos, evidentemente, sistemas de capitalización en el mercado financiero. Una lógica absolutamente perversa.

Por último, hacemos un llamamiento a militar en CCOO, defendiendo sus opiniones, la democracia y la pluralidad, de esta organización, que sigue siendo el sindicato donde cientos de miles de trabajadores y trabajadoras cada día luchan por un mundo mejor.

Los dos siguientes enlaces de ATAC ESPAÑA contienen una valiosa aportación crítica del consejero del Comité Económico y Social Europeo José María Zufiaur acerca de la contrarreforma del sistema español de pensiones:

La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública, un sistema de canalización fantástico; es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. […] Cuando gobierno o justicia se oponen a esta actividad radiofónica, es que tienen miedo y no pertenecen sino a tiempos anteriores a la invención de la radio, aunque no anteriores a la invención de la pólvora. (Bertolt Brecht, La radiodifusión como medio de comunicación).

No hace falta decir que no han sido estas potencialidades de la radio las que, a nivel general, se han explotado dentro de las sociedades capitalistas occidentales desde que Brecht escribió estas palabras. La radio, como en buena parte la prensa y la televisión, han servido a nivel global como las mejores herramientas para el frenético avance hacia esa Sociedad del Espectáculo que Guy Debord anunció en 1967.

Aún así, a día de hoy, todavía es posible encontrar dentro del ámbito concreto de “la radiodifusión” proyectos que trabajan en pos de una comunicación libre, participativa, abierta y horizontal. Y desgraciadamente, las últimas actuaciones por parte de las instituciones públicas siguen evidenciado ese miedo a un uso libre de las posibilidades comunicativas de la radio.

Si nos centramos en el caso de las radios libres, hay que señalar que su supervivencia en Cataluña ha sido tortuosa desde sus inicios, y hasta el momento ha estado marcada por la indefensión jurídica que supone la falta de cualquier tipo de reconocimiento legal. A las acometidas represivas a las que tuvieron que hacer frente la multitud de proyectos de la efervescente escena de radios libres de finales de los años setenta, le siguió una política del laissez faire que se ha mantenido hasta la actualidad y que ha tenido unos efectos casi igual de desastrosos para estos proyectos de comunicación alternativa.

A parte de los problemas de subsistencia, propios de cualquier proyecto autogestionado de información crítica y no comercial, hay que añadirle, por citar otro ejemplo, los recurrentes ataques a sus frecuencias efectuadas por parte de radios piratas comerciales, invasiones que se han intensificado a medida que el dial se ha ido saturando por el aumento progresivo de las emisiones.

Tras largos años de contactos, negociaciones (y promesas) con los diferentes representantes institucionales de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, salió por fin a la luz el pasado 29 de julio en las páginas del DOGC el “Projecte de decret dels serveis de comunicació i audiovisuals sense ànim de lucre a Catalunya”, que, en teoría, debería poner fin a esta situación de marginación premeditada. Dicho proyecto declara que “els serveis de comunicació audiovisuals prestats sense ànim de lucre són uns importants instruments per a capacitar la ciutadania i estimular-la per a participar activament en la societat civil, enriqueixen el debat social i representen un instrument de pluralisme intern, o d’idees”. Pese a ello, el proyecto de decreto supone a efectos prácticos un ataque directo contra la libertad de expresión de la ciudadanía al restringir de forma escandalosa el libre acceso al espacio radioeléctrico no ya de las radios libres, sino de todos los integrantes implicados en el denominado tercer sector de la comunicación.

Entre las principales deficiencias del proceso de regulación llevado a cabo por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació como encargado de la elaboración del proyecto, cabe destacar el no haber contado previamente con la participación de los medios audiovisuales sin ánimo de lucro para poder debatir los contenidos del mismo, o el haberlo publicado en pleno periodo vacacional, dificultando así la organización social y una discusión pública adecuada (ya que sólo se otorgaron veinte días hábiles para examinarlo y formular las alegaciones pertinentes).

Si nos centramos en sus contenidos, la limitación del derecho a ese supuesto bien público que es el espacio radioeléctrico se materializa en el establecimiento de un procedimiento de concurso para poder obtener la licencia de emisión. Dicho concurso, gestionado por el Consell Audiovisual de Catalunya, impone una serie de requisitos y trámites burocráticos de imposible cumplimiento por parte de los medios de comunicación no comerciales, además de hacerles competir entre ellos con el consiguiente intento de desarticular su unidad y acción conjunta.

Con esta flagrante violación del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y del artículo 20 de la Constitución Española se abre la veda para la ilegalización y la criminalización de aquellos medios de comunicación no comerciales que no cumplan con esos parámetros impuestos en ausencia de cualquier diálogo, o lo que es lo mismo, damos un paso más hacia la imposición del pensamiento único.

En América Latina se están elaborando nuevas legislaciones para democratizar los medios de comunicación (la de Argentina es la mejor) que reparten las licencias de radio y televisión en partes iguales para el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales.

En España parecía que esa era la intención de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual al establecer "que la comunicación se preste a través de una pluralidad de medios (públicos, comerciales y comunitarios) que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad" y que se garantizaría un espacio suficiente "para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo".

Pero la ley no cumple lo que anuncia: limita al 25% la presencia estatal del servicio publico, reduce al ámbito municipal las iniciativas sociales y regala el 75% de las licencias a los negocios audiovisuales. Lo peor es la reclusión municipal de las iniciativas sociales. No podrán, por ejemplo, tener una radio o una televisión de difusión estatal o autonómica los sindicatos, las universidades, las asociaciones de consumidores o las coordinadoras estatal y regionales de las organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo.

La reclusión social se impone mediante una trampa del procedimiento. En la declaración de intenciones, parecía que la Ley General de la Comunicación Audiovisual democratizaba el acceso a los medios con la igualdad en el reparto de licencias entre los negocios y las iniciativas sociales pero —mediante una disposición transitoria— dejaba para un posterior reglamento "tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro".

Y ya han hecho la trampa. En el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento técnico de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, el gobierno impone como zona de servicio la reclusión al ámbito municipal de las iniciativas sociales en radio y televisión. Añade además una segunda limitación: en localidades de más de 100.000 habitantes, las radios y las televisiones de carácter social "no podrán alcanzar una cobertura superior al 20% de la población del municipio".

Con un reglamento técnico se introduce una exclusión política de enorme importancia, al impedir el acceso social a los medios de mayor difusión que resulta imprescindible para la democratización audiovisual.

Eso es lo que han hecho los egipcios, sí señor. Y han determinado una transición que debe conducir a un régimen laico y democrático. La agitación del multiverso árabe es una muy buena noticia: significa que muchas personas saldrán del horizonte mental del feudalismo, la religión, la desigualdad legal. El escaso apoyo oficial europeo a los movimientos árabes causa vergüenza.

En el fondo Europa y nosotros somos así, señores. A partir de marzo los turistas europeos surcarán el Mediterráneo en naves imponentes mientras los emigrantes no europeos lo harán en patera. Eso es lo que tenemos los europeos: la hipocresía de los gobernantes se corresponde con el impresentable comportamiento de tantos paisanos, bien adaptados a las relaciones entre las personas que propone la sociedad capitalista.

En Libia y en Bahrein se dispara contra la gente inerme. En Libia, se la bombardea. Un paso más en la barbarie (y mañana, quién sabe, nos puede tocar a nosotros). Gadafi debe ser juzgado y condenado: en Libia, en el mejor de los casos, o por un tribunal penal internacional.

Primera semana de febrero. Asignación de las subvenciones estatales anuales a partidos políticos: al Partido Popular, por un importe de 34.470.400,58 euros; al Partido Socialista Obrero Español, por un importe de 32.629.432,74 euros; al PSC-Psoe, 5.716.965,04 euros; a IU, por un importe de 1.826.649,74 euros; al PNV, 1.151.023,89 euros.

Como se puede ver, la falta de proporcionalidad entre votos y escaños de la Ley electoral se traduce en una tremenda y mucha mayor desproporción entre los fondos públicos asignados a los diferentes partidos.

No somos ciudadanos iguales. En subvenciones los votantes del Psoe ganan a los de Izquierda Unida por 18 a 1 aproximadamente.

Se trata, naturalmente, de los trajes de Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana. "Nadie se vende por un traje", decía Mariano Cero Principios Rajoy. Y, ciertamente, la cuantía de unos trajes es —dada la cuantía de lo defraudado por la trama Gürtel— una migajita. Pero lo que al Lobo le interesa es sobre todo la naturaleza del regalo. El Lobo sabe que, en los tiempos que corren, la gente hace regalos poco tradicionales: unos tickets de viaje, unas entradas para el teatro, etc. Ahora bien: ¿trajes? ¿Trajes a medida?. Eso supone una gran familiaridad entre donante y donatario. Comprar un traje es algo muy personal; sólo los padres o esposas compran trajes a los hijos o maridos, que por lo común se los compran solitos. Y un traje a medida, por otra parte, supone una aceptación del regalo prolongada y sostenida en el tiempo: pues hay que elegir tejidos y tomar medidas, ir a pruebas del sastre, dar por bueno el resultado final. Son varias y sucesivas las ocasiones de aceptación: ésta va mucho más lejos que el recibo de un sencillo regalo ocasional cuya devolución podría significar una ofensa al que regala. No. Aquí hay más. Complacida complicidad y dilución del "efecto sorpresa" del regalo. La complicidad viene establecida por la naturaleza misma de lo dado. Una complicidad que confirma el "amiguito del alma" y el "te quiero un huevo", que a pesar de lo modelnos que nos hemos vuelto causan vergüenza ajena.

Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores: el PP espera que la justicia la diriman los votos. O, en otras palabras: que la ciudadanía acepte la corrupción y se ponga la venda ante los ojos. Al igual que hicieron tantos italianos con Berlusconi.

Ha llamado a tomar la calle como en Egipto. Recordémoslo. Puede ocurrir, si llegara al poder el Partido Popular. Con más recortes sociales, menos servicios, derogación de derechos civiles, corrupción canonizada y prolongación de la crisis, ya me dirán.

No estaría mal una huelga nacional para reformar en profundidad el sistema político a base de libertad, igualdad, solidaridad y responsabilidad.

El lobby nuclear ha ganado una batalla importante: las centrales nucleares ya no tienen fecha de caducidad determinada. Un regalo de Zapatero y su ministro de industria a Endesa e Iberdrola. Antes se sabía lo que decían que podían durar esas centrales; ahora, ni se sabe.

Sólo los simplones pueden creer que la energía nuclear es barata y segura. Las compañías nucleares externalizan los costes y los cargan a los contribuyentes. Ahí están los cementerios de residuos nucleares. Y los gastos del Consejo de Seguridad Nuclear, con su deber de sigilo incluido ("Los miembros del Pleno deberán guardar sigilo, incluso después de cesar en sus funciones, de cuantas informaciones reservadas o confidenciales hubieran tenido", dice el Real Decreto de 5 de noviembre de 2010). El secretismo que rodea todo lo nuclear habla por sí solo a grandes voces. El coste del desmantelamiento futuro de las centrales, ¿es amortizado en el coste de la energía o se traslada al erario público? El sigilo, ¿es para que no nos inquietemos por los accidentes e incidentes comunicados?

El gobierno ha tenido otra actuación innecesaria y peligrosa, imperdonable. Se abren nuevos tiempos para las comisiones cívicas antinucleares.

Construyamos redes reales, y no solamente virtuales, de personas contrapuestas a las políticas neoliberales en todos los campos: en los centros de salud, de educación, de trabajo, entre los jubilados, en la vida cívica, en los sindicatos, en la ecología, en el transporte, en el uso del agua, en los proyectos urbanos. Comisiones ciudadanas en pueblos, en barrios, en empresas, donde se pueda. Eduquemos a nuestros conciudadanos para impedir que comulguen con ruedas de molino. Critiquemos los modos de vida que nos son impuestos por el poder. Obliguemos a que instituciones y partidos den su brazo a torcer a la verdadera voluntad popular que suplantan.

Poner en pie un verdadero movimiento cívico exige ser capaz de arrimar el hombro junto con gentes que no piensan exactamente como uno. Si hay movimiento de verdad, el debate de ideas se abrirá paso por sí mismo.

Santos Juliá
Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940)
Madrid, Punto de lectura, 2010, 560 pp. (1ª ed.: Taurus, 2008)

De entre todos los legados que dejaron los protagonistas de la Segunda República española, el de Manuel Azaña fue uno de los más difíciles de recuperar una vez iniciado el proceso de la transición a la democracia en España. No podía ser de otra manera. Su férreo republicanismo era demasiado incómodo para una clase dirigente que tenía que reformular el entramado político del país partiendo de la intocabilidad de la institución monárquica. De manera que Azaña quedó relegado a la paciente labor de los historiadores, como Santos Juliá, cuya reciente biografía está destinada a convertirse en una referencia de obligada lectura para los que quieran acercarse al personaje. Se trata de un trabajo que abarca, con equilibrio y rigor, las facetas personal, intelectual y política del político alcalaíno, y del que emerge la imagen de un provinciano atraído por la vivacidad del Madrid de la Restauración, de un español que miró a la modernidad de París y de un republicano que intentó traducir el progreso francés en un proyecto de transformación para una España aún anclada en esquemas preilustrados. En definitiva, un regeneracionista alejado del sentido trágico que imbuyó los relatos de la generación de 1898 y convencido de que “La República” no era sólo un régimen político, sino toda una manera de entender la sociedad en base a los valores de 1789. Sin duda, una buena lectura sobre un gran protagonista del siglo XX.

Javier Tébar Hurtado (ed.)
El movimiento obrero en la gran ciudad: de la movilización sociopolítica a la crisis económica
Mataró, El Viejo Topo, 2011.

Aunque la historia del movimiento obrero no sea una de las modalidades historiográficas en boga, la producción bibliográfica sobre el tema continúa aportando interesantes novedades. Este libro es el resultado de la reelaboración de las ponencias presentadas en un seminario internacional celebrado en Barcelona en septiembre de 2009, y en él se estudia el desarrollo del movimiento obrero en las mayores áreas urbanas españolas (Barcelona, Bilbao, Asturias, Sevilla, Madrid, Valencia, Vigo-Ferrol), además de Oporto, París y el norte italiano. La novedad del libro reside en la atención que se presta a la interacción entre el movimiento obrero y el espacio geográfico en que aquel se desarrolló, es decir, la ciudad y su área metropolitana, buscando los puntos de encuentro entre la historia urbana y la historia social como vía para entender el devenir del movimiento obrero. El período estudiado va desde los años sesenta, en los que vuelve a aparecer con fuerza la clase obrera como actor social, hasta la nueva situación que se plantea ante la crisis económica de los ochenta y el inicio de la hegemonía del pensamiento neoliberal, profundamente antisindical.

Quizá se echa de menos un estudio comparativo entre los modelos estudiados. La relativa celeridad entre la celebración de las jornadas y la publicación del libro —algo, por desgracia, poco común— deja esta comparación para futuros trabajos.

Günter Walraff
Con los perdedores del mejor de los mundos
Anagrama, Barcelona, 2010

Walraff ataca de nuevo. Una vez más el periodista de izquierdas vuelve a utilizar su vieja técnica del camaleón para meterse en las entrañas de la sociedad alemana y sacar sus trapos sucios. Sus aventuras en diversas empresas, como negro en un país de blancos, como sin techo en un país de ricos, permite desvelar los posos de explotación brutal, de estafa, de racismo, de exclusión que predominan en la sociedad alemana. Cualquier sociólogo de academia debería aprender de sus métodos de investigación. Muchos activistas pueden sacar ideas para acciones militantes. Más allá de servir para saber qué ocurre de verdad en espacios habitualmente fuera de foco, los trabajos de Walraff son una invitación a la investigación activista, a denunciar con fundamento, a dar voz a los que no tienen posibilidades de hacerse sentir.

mientras tanto
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Invierno 2010

115

OBAMA, LA IZQUIERDA Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA NORTEAMERICANA
Andreu Espasa

CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU

Michael T. Klare

SOBRE EL PICO DEL PETRÓLEO. ENTREVISTA A ROBERT H. HIRSCH

Matthieu Auzanneau

ESTATUTO JURÍDICO DEL SAHARA OCCIDENTAL

José Antonio Yturriaga Barberán

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO

RELIGIÓN Y FE HOY. UNA APORTACIÓN AL FORO MUNDIAL DE TEOLOGÍA Y LIBERACIÓN

Jaume Botey

IGLESIA CATÓLICA Y ESTADO LAICO

Juan José Tamayo

ATEISMO Y LAICIDAD

Joan Carles Marset

SOBRE LAICISMO Y EDUCACIÓN

José Manuel Barreal

CONTRA LA AUTONOMÍA FEMENINA: EL ABORTO COMO MATERNIDAD NEGADA

Antonio Giménez Merino

CUESTIÓN DE PALABRAS

Álvaro Salvador

CITA

Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
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