Cuaderno
de
crisis/20
Albert Recio
Una
huelga necesaria y sus enemigos
I
Los
sindicatos mayoritarios convocan una huelga general para el d�a 29 de
septiembre. Es una convocatoria justificada y obligada. Los sindicatos
no pueden quedarse callados ante una nueva versi�n del mismo modelo de
reformas laborales que viene aplic�ndose hace casi treinta a�os,
asociado adem�s a dr�sticos recortes del gasto p�blico que atentan
contra derechos sociales y salarios. No pueden callarse tampoco ante una
anunciada reforma de las pensiones que es un mero eufemismo para
rebajarlas. No puede sorprender, pues, la convocatoria de la huelga. Lo
que s� resulta en cambio incre�ble es que el Partit dels Socialistes de
Catalunya presente a Celestino Corbacho, el hombre que da cara a gran
parte de este paquete �contrarreformista� como candidato de peso en las
listas electorales al Parlament de Catalunya. Ser� que quieren
asegurarse que el triunfo de la derecha catalana sea rotundo.
II
Como
cab�a esperar, el paso por el Parlamento a�n ha introducido peque�as
modificaciones a la norma que aprob� el Gobierno, tendentes a
endurecerla. Es posible que alguna de las medidas introducidas por ese
socio vergonzante del gobierno que es el PNV (en el sentido de reducir
a�n m�s el papel de los sindicatos en la negociaci�n de cl�usulas de
descuelgue) acabe por caer. Pero lo que parece irreversible es la
introducci�n de un m�ximo de treinta d�as a los parados para que acepten
forzosamente la realizaci�n de cursos de formaci�n. El tema de la
formaci�n a los parados es una de estas cuestiones que se dan por buenas
pero que debe ser analizada cr�ticamente.
Lo de
formar a los parados se basa en dos supuestos no siempre generalizables.
Primero, que una parte de los parados lo son porque carecen de
formaci�n. El otro, que estamos ante un cambio estructural de la
econom�a que ha hecho obsoletos los conocimientos de mucha gente y les
conviene un reciclaje para acceder a otro tipo de empleos. Ni todos los
parados carecen de cualificaci�n ni siempre tienen que reciclarse. Hay
efectivamente actividades afectadas por el cambio t�cnico o productivo
(por ejemplo parece fuera de duda que en los �ltimos a�os la
construcci�n experiment� en Espa�a un crecimiento excesivo), pero en
otros casos el desempleo es simplemente el resultado de una ca�da de
actividad, de modo que si �sta se recupera volver�n a necesitarse los
mismos conocimientos (esto ya se experiment� en el mismo sector de la
construcci�n al final de la d�cada de los ochenta). O, como ocurre m�s
habitualmente, es resultado de actividades estacionales. Por ejemplo, un
buen trabajador de hosteler�a experimenta un ciclo laboral de 8-10 meses
seg�n el subsector. No tiene sentido entonces que este empleado se
�recicle� en otras actividades: si sus conocimientos van a ser
necesarios dentro de pocos meses, es mejor que se mantenga a la espera
del ciclo estacional.
Aunque
en otros muchos casos la formaci�n ocupacional tiene sentido, �sta s�lo
funciona si est� realmente asociada a la generaci�n efectiva de empleo.
Una pol�tica de formaci�n ocupacional no tiene sentido si no hay
perspectivas de creaci�n de empleo en actividades asociadas al proceso
formativo. Tanto por razones motivacionales
�es
frustrante realizar un proceso de formaci�n ocupacional que al final no
ofrece salidas�,
como de coste econ�mico
�no
vale la pena invertir fondos simplemente en mantener entretenida a la
gente con falsas promesas�,
como formativas: la mejor formaci�n ocupacional requiere siempre de
actividad laboral efectiva. Habr�a por tanto que exigir a los forofos de
la formaci�n a los parados que especificaran, cuando menos, de d�nde
esperan que se cree empleo y que mostraran que sus propuestas formativas
tienen una conexi�n l�gica con esas perspectivas.
La
cuesti�n no es balad�. Hay bastante evidencia de que en los �ltimos a�os
la formaci�n ocupacional ha sido en muchos casos un gasto inadecuado,
puesto que no ha estado asociada a la creaci�n efectiva de empleo ni se
ha centrado adecuadamente en aquellas esferas m�s necesitadas. En gran
medida porque a parte de carecer de una verdadera perspectiva de
creaci�n de empleo tampoco se ha contado con una verdadera organizaci�n
p�blica de la formaci�n ocupacional. �sta, como otros muchos espacios de
intervenci�n social, est� dominada por una mara�a de empresas privadas y
organizaciones sin �nimo de lucro que no siempre tienen la capacidad
para desarrollar una respuesta adecuada. Es un espacio donde se combinan
a menudo experiencias interesantes, voluntarismo y negocio (no es casual
que el �mbito de la formaci�n ocupacional haya constituido uno de los
affaires m�s escandalosos de la Generalitat de Catalunya en tiempos
de Pujol, cuando Uni� Democr�tica de Catalunya utiliz� sus contactos en
el sector para desviar fondos p�blicos
�caso
Pallerols�).
Adem�s cuando los cursos no dan lugar a empleos, o s�lo generan empleos
a corto plazo, todo el sistema se pervierte y al final en lugar de
reciclar parados lo que se acaba generando es un sistema de
�cursillistas profesionales� que ven la formaci�n como un mero
tr�gala para acceder a prestaciones monetarias.
Cuando
nadie parece tener perspectivas de d�nde van a generarse los empleos, ni
se ha realizado una reflexi�n m�nimamente adecuada de las carencias del
sistema de formaci�n profesional, la medida de forzar a la formaci�n
tiene m�s de campa�a �cultural� que de eficacia econ�mica. Se trata de
nuevo de convertir a la v�ctima en culpable, y al tiempo de encubrir
donde est�n los verdaderos responsables de la situaci�n o los ineptos
dirigientes que no saben encontrar respuestas v�lidas a la creaci�n de
empleo. La eficacia de la medida no estriba en su aplicaci�n real (es
posible que en muchos casos no puedan ofrecerse cursos al mes de entrar
en desempleo) sino en su dimensi�n ideol�gica. A la vista de quienes
mantienen empleo, o de jubilados, las personas desempleadas pasan a ser
gorrones sospechosos a los que conviene atar en corto, y si no
encuentran empleo es porque no se esfuerzan en formarse y buscar
adecuadamente. Un medio cl�sico para aumentar la fragmentaci�n social e
impedir que una crisis tan obscena acabe por generar una respuesta
social diferente. O sea, que vuelvo al principio: aunque el tr�mite
parlamentario ha sido breve no ha hecho sino dar una nueva vuelta de
tuerca en una reforma inaceptable.
III
A
medida que se acerque la convocatoria de la huelga van a arreciar las
�ret�ricas de la reacci�n� que tan bien describi� Albert Hirschman.
Voces que en lugar de proceder de la derecha �enemiga natural� de las
clases trabajadoras van a estar especialmente en boca de los pol�ticos y
comentaristas ligados al PSOE.
En
especial, va a a o�r que la huelga es in�til y contraproducente.
Sobre
la base de la inutilidad se ha construido gran parte del discurso
desmovilizador frente a los efectos de la globalizaci�n. La presentaci�n
de este proceso como el resultado del funcionamiento natural de la
econom�a, de algo inevitable dado el nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas, constituye una de las grandes coartadas que no s�lo ha
permitido a parte de la izquierda pol�tica a sumarse gustosamente al
carro neoliberal sino que tambi�n ha sido un elemento debilitador del
potencial de la izquierda alternativa. Luchar contra esta percepci�n es
b�sico para que la huelga tenga �xito. Pero para hacerlo hay que tomarse
la tarea en serio. Hasta ahora la respuesta de los sindicatos
mayoritarios se sustenta en el �xito de huelgas generales anteriores y
en la consecuci�n de resultados sustantivos tras las mismas. Algo que es
cierto respecto a la huelga de 1988 (que bloque� la reforma laboral y
abri� paso a medidas de expansi�n del gasto social en a�os sucesivos) y
la del 2002 (que forz� a Aznar a tragarse parte de su reforma del
sistema de protecci�n al desempleo). Pero que no lo es para la huelga de
1994, que en plena crisis econ�mica fue incapaz de parar la reforma
laboral. Como tampoco la sucesi�n de huelgas griegas ha sido capaz de
detener el programa de ajuste de su pa�s.
Cada
huelga surge en un contexto distinto, econ�mico, social y pol�tico. Y en
la actual coincide una crisis sin precedentes con una enorme debilidad
institucional de la izquierda y un elevado nivel de debilitamiento del
tejido organizativo y social de las clases y grupos subaltermos.
Defender la utilidad de la huelga s�lo por sus resultados a corto plazo
me temo que va a resultar contraproducente: Si queremos superar el
argumento de la inutilidad habr� que introducir nuevos elementos,
empezando por indicar la necesidad de que esta huelga act�e como un
potente mecanismo de �voz colectiva� frente a la deriva de la crisis y
convirtiendo esta movilizaci�n en una llamada a la autoorganizaci�n y a
la participaci�n social.
El
segundo argumento dominante tendr� diferentes versiones. La del PSOE,
que la huelga hace el trabajo a la derecha (como si ellos no estuvieran
dej�ndole al PP un terreno bald�o de derechos sociales a coste cero). La
de la derecha, que las huelgas desalientan a los inversores (aqu�
llevamos cincuenta a�os esperando a Mr. Marshall, ll�mese Ford,
Volkswagen o ahora Chery). Tambi�n en este caso la �nica posibilidad
de respuesta es que queremos realmente un modelo social distinto (y
existen en nuestro entorno unos cuantos pa�ses con modelos sociales m�s
interesantes que la versi�n mediterr�nea del modelo anglosaj�n, que es
el �nico que son capaces de ofrecer las �lites de nuestro pa�s). Que lo
que resulta realmente contraproducente para nuestros intereses es
proseguir con un modelo que ha llegado a una situaci�n de alarmante
bloqueo y que se ha caracterizado por un bajo nivel de derechos
sociales.
La
respuesta a los �argumentos de la reacci�n� exigen por tanto respuestas
estrat�gicas, m�s all� del inmediatismo de la huelga y de los resultados
a corto plazo.
IV
La
huelga es necesaria. Hay que apoyarla y tratar de que sea un �xito. Hay
muchas condiciones desfavorables que juegan en su contra: la magnitud
del desempleo, la enorme desarticulaci�n social, el propio tempo
post-vacacional.... Aunque fuera un �xito de movilizaci�n, sus
resultados tangibles van a ser posiblemente reducidos. Ni el Gobierno
tiene un �plan B� para dar satisfacci�n a una huelga exitosa, ni existen
fuerzas pol�ticas con capacidad efectiva de forzar un cambio de rumbo.
Hay por tanto que prepararse para un resultado decepcionante. No
para refocilarse en la propia incapacidad sino para tratar de obtener
r�ditos en otros terrenos. Creo que dif�cilmente conseguiremos
cambios en la direcci�n econ�mica y laboral a corto plazo y, por ello,
que el objetivo secundario de la huelga deber�a ser la apertura de
nuevas perspectivas de acci�n y organizaci�n social, el desarrollo de un
amplio espacio de intervenci�n orientado a abrir nuevas perspectivas
estrat�gicas. Aun a sabiendas que la correlaci�n de fuerzas es
enormemente desfavorable y que las fuerzas neoliberales van ganando por
goleada.
No se
pierde lo que no se intenta. Hay que reconocer que los primeros que se
juegan mucho en este envite son los propios sindicatos mayoritarios,
cuya propia fuerza institucional puede verse afectada por un balance
negativo de la movilizaci�n. Es pues tiempo de aunar fuerzas y tratar
que la huelga resulte lo m�s exitosa posible. Y que la misma permita
abrir posibilidades a un desarrollo diferente del que ha tenido la
crisis hasta el momento presente.
Nuestro
problema
Juan Ram�n Capella
Las
instituciones pol�ticas como problema
Tenemos
un problema con las instituciones pol�ticas llamadas democr�ticas. Pues
el parlamento y el gobierno, las principales de ellas, son las que
imponen jur�dicamente la ley material del ajuste duro contra los
trabajadores. Las que recortan legalmente sus derechos, precarizan las
pensiones, etc. A la vista de lo cual muchos pueden tener la tentaci�n
de dar la espalda a las instituciones pol�ticas: de manifestar su
repulsa en forma de abstenci�n de votar y en formas de desprecio.
Esos
sentimientos de desprecio por instituciones falsamente democr�ticas �la
voluntad general no quiere precisamente que se recorten los derechos
sociales�, y por su impotencia, est�n justificados.
No es
verdad que en la crisis haya s�lo una opci�n pol�tico-econ�mica. Tambi�n
se podr�a emprender otra, mediante nacionalizaciones, empresas p�blicas,
contenci�n dr�stica de gasto militar, aplazamientos de deuda y si fuera
necesario incluso salir del sistema del euro para facilitar las
exportaciones espa�olas. O, m�s modestamente, pol�ticas neokeynesianas
parecidas a las del gobierno norteamericano.
Pero
quienes tienen en sus manos las instituciones pol�ticas, tanto en el
poder como en la principal oposici�n, no est�n por esa labor, pues
defienden al gran capital y al sistema financiero privados, seg�n las
l�gicas m�s neoliberales de la derecha europea.
Esas
instituciones est�n por eso crecientemente deslegitimadas.
Pero no
parece razonable que el pueblo de la izquierda se olvide de las
instituciones pol�ticas, les d� completamente la espalda, que es la m�s
inmediata de las tentaciones. Esas mismas instituciones son un terreno
de lucha. La presencia en ellas, por dif�cil que resulte, puede frenar u
oponer resistencia a las peores decisiones antipopulares. Hoy la
presencia debilitada de una izquierda real, aunque vacilante, en las
instituciones, de poco sirve. Pero si esa presencia no existiera ser�a
much�simo peor para las gentes que viven de su trabajo, la voten o no.
Ah�
tenemos un verdadero problema con el que hay que lidiar.
Un
ej�rcito sin capitanes
Un
n�mero nada despreciable de personas se ha integrado directa o
indirectamente en actividades de solidaridad, en movimientos de un solo
asunto, como pueden ser Amnistia, Greenpeace, los numerosos sin
fronteras, Ecologistas en acci�n, Aedenat y tant�simos espacios de
solidaridad vecinales, plataformas pacifistas o agrupamientos ante
problemas de agudeza coyuntural.
Sin
embargo estos movimientos carecen de la relevancia pol�tica que merecen.
No tienen voz propia en el espacio pol�tico p�blico, ya sea por la
inoperancia de la representaci�n parlamentaria o en general
institucional m�s af�n, o porque sus demandas son sacrificadas a lo
politicamente correcto, o porque los medios de comunicaci�n las vuelven
romas y las mezclan en ensalada con los temas diarios de la
politiquer�a.
Hay
pues un ej�rcito alternativo: un conjunto de personas, m�s numeroso de
lo que parece, que pugna, con hechos �por sus obras les conocer�is�, por
un mundo incompatible con la l�gica del sistema econ�mico, pol�tico,
cultural y militar actual; y un amplio grupo de seguimiento pasivo, que
comparte la alternatividad sin encontrar o sin buscar pr�cticas sociales
activas coherentes con su visi�n de la sociedad.
Ese
ej�rcito incluye tambi�n a las personas que no encuentran otro
instrumento de lucha que las instituciones tradicionales del movimiento
de los trabajadores.
Pero es
un ej�rcito sin capitanes.
Sin
capitanes porque el movimiento alternativo no halla en las instituciones
llamadas representativas a quien lo represente con coherencia e
integridad pol�tico-moral.
Sin
capitanes, tambi�n, porque �l mismo se ha preocupado muy poco por
generar esos capitanes, esto es, equipos y grupos dirigentes pol�ticos
afines al movimiento, en una tendencia larga generada y justificada por
los tremendos fracasos del alternativismo del pasado.
Y sin
capitanes, igualmente, porque el movimiento alternativo percibe o intuye
que las llamadas instituciones democr�ticas son herm�ticas a la
representaci�n de lo aut�nticamente alternativo.
No se
les puede pedir a los movimientos sociales vivos que se dediquen ellos a
buscar un nuevo tipo de mediaci�n pol�tica. No se les puede pedir, en
primer lugar, porque esos movimientos no lo demandan. Ni tampoco pueden
dedicar sus flacas fuerzas a tareas que les aparten de las pr�cticas de
las que han surgido y en las que mal que bien se han consolidado para
actuar.
Una
modesta sugerencia
S�, se
puede pedir a las instituciones tradicionales de la izquierda, por
debilitadas que se encuentren ahora, que den un paso en la direcci�n del
movimiento alternativo.
Que no
se contenten con el voto del desencanto.
Que se
abran de verdad a lo nuevo �en vez de aferrarse a lo viejo o s�lo
responder con palabras a las agresiones f�cticas del sistema�. Que
rompan el cascar�n de la endogamia politicista.
El
sindicalismo espa�ol, por empezar por ah�, brutalmente corporativizado y
burocratizado durante a�os, ha de reencontrar el espol�n pol�tico que
tuvo en el pasado. Buscar organizar a los parados, a los inmigrados, a
los precarios y mileuristas; recomponer las asambleas en los centros de
trabajo. Salir de sus edificios de oficinas. Recuperar las huelgas y
acciones de solidaridad. Y quiz� plantearse si la divisi�n en dos
grandes organizaciones �con las que, por circunstancias que no son del
caso ahora, fueron divididos los trabajadores en la �poca de la
transici�n� puede quedar atr�s al impulso del movimiento por defenderse
de la agresi�n brutal a las personas en su condici�n de trabajadores del
sistema econ�mico-pol�tico.
Izquierda Unida ha sufrido un proceso de debilitamiento asociado a su
excesivo politicismo, a la pretensi�n f�ctica de instalarse s�lo
institucionalmente en la lucha pol�tica, como un partido m�s. Esta v�a
est� agotada. Eso ha sido un error compartido por toda la izquierda
europea, que se ve ahora arrinconada por fuerzas metapol�ticas, las
fuerzas econ�micas, que intentan tomar las �ltimas trincheras que le
quedan a la izquierda social en los pa�ses europeos.
Por eso
parece necesario impulsar comisiones c�vicas.
Comisiones c�vicas: grupos de personas que estructuren una lucha social
que no se libra s�lo en los parlamentos, sino en los medios de masas, en
la cultura social, en decisiones de naturaleza pol�tica adoptadas tanto
por los gobiernos y parlamentos centrales como en el �ltimo negociado de
los ayuntamientos; que se libra tambi�n con argumentos sesgados en los
medios de comunicaci�n.
Comisiones c�vicas en las que puedan participar personas significativas
de los movimientos sociales, de los distintos �mbitos de la cultura de
la izquierda. Buscar la creaci�n de grupos de valores republicanos,
ejemplares, que deben orientarse hacia un cambio de ciclo para el pueblo
de la izquierda.
Comisiones c�vicas que puedan atraer a las personas que simpatizan con
el altenativismo pero que no han dado a�n pasos pr�cticos para
impulsarlo.
Comisiones c�vicas que se puedan comunicar, coordinar, incluso federar.
Que aparezcan como instituciones mediadoras nuevas, distintas de los
partidos, sindicatos y movimientos de un solo asunto o de otro tipo.
Pero en las que puedan colaborar gentes procedentes de estas otras
instituciones.
Comisiones c�vicas que vivan realmente la tensi�n entre los principios
morales y lo utilitario para regenerar nuestra sociedad.
Una
larga tarea por delante
La
b�squeda de pr�cticas pol�ticas razonables para el pueblo de la
izquierda social, para el pueblo alternativo, ha de ser ella misma nueva
tambi�n. No puede ser, como en el pasado, fide�sta y optimista. No puede
esperar el descansillo de una meta cercana.
Tampoco
se puede permitir animarse por el coyuntural triunfo de alg�n tipo de
populismo aqu� o all�, ni defender logros pasados que se han transmutado
en indefendibles. No puede perder el tiempo con el sectarismo.
Porque
lo que tiene enfrente no es ya un poder pol�tico, econ�mico, cultural y
militar nacional. Hoy tiene enfrente un nuevo soberano global. Un poder
desp�tico, que se impone, ciertamente, a trav�s de poderes
local-nacionales, pero que en s� mismo es internacional.
El
d�spota global que ha creado la crisis y el desastre ecol�gico, que
carga sus consecuencias a trabajadores, a ciudadanos e incluso a quienes
no son ni una cosa ni otra, sino simplemente personas, es un poder
imposible de maniatar s�lo localmente. Por eso aguarda una lucha tenaz,
inteligente, a la que puedan sumarse muchos no s�lo en este pa�s y en el
corto plazo.
La
enormidad del ataque contra los trabajadores, la fuerza internacional y
compleja de las instituciones que lo instrumentan, permiten pensar que
este combate ser� largo y se puede perder. Pero si no lo emprendemos
estamos perdidos.
Por
la recuperaci�n del derecho laboral como elemento de justicia e igualdad
Xarxa
d�Advocats *
Durante
los �ltimos
30 a�os el derecho laboral ha sido debilitado a trav�s de c�clicas
contrarreformas laborales que supon�an una paulatina p�rdida de
garant�as y condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras.
Todas se anunciaron con el objeto de reducir el desempleo y/o la
temporalidad, si bien ninguna tuvo ese efecto.
En los �ltimos 2 a�os se ha desarrollado un nuevo proceso de los
autodenominados
de �di�logo social�, el cual ha sido aprovechado por la patronal y
sectores afines para vincular relaciones laborales y crisis,
desregulaci�n de derechos laborales y recuperaci�n econ�mica. El proceso
de reforma o contrarreforma laboral ha sido acompa�ado de diferentes
manifiestos y art�culos de opini�n que incorporan en relaci�n al derecho
del trabajo y las relaciones laborales una serie de t�picos que ninguna
relaci�n guardan con la realidad: �rigidez�, �elevado coste del despido�
y �dualidad temporales/fijos�. Dichos t�picos deben ser desmentidos con
rotundidad para evitar procesos goebbelsianos por los cuales la mentira
se pueda transformar en verdad.
En las ant�podas del discurso patronal, la mayor�a de trabajadores y
trabajadoras se encuentran con salarios de subsistencia, observan c�mo
sus condiciones de trabajo son modificadas a trav�s de los
correspondientes procedimientos legales o pr�cticas ilegales, a la vez
que padecen despidos con la simple comunicaci�n de finalizaci�n de
contratos temporales o sin tan s�lo la m�nima expresi�n de causa y la
posibilidad pr�ctica y real de ejercer su derecho a la
tutela judicial efectiva.
Ante esta
realidad, lejos de apostar por la necesaria recuperaci�n del derecho
laboral, nos encontramos nuevamente con la asunci�n por parte del
gobierno espa�ol de las posiciones m�s ultras de los liberales
que interpretan las relaciones laborales como un mercado m�s. El Real
Decreto Ley 10/2010 supone el m�s grande ataque que han sufrido nunca
los derechos laborales, debilitado la negociaci�n colectiva y los tres
elementos esenciales de la relaci�n laboral: modalidad contractual,
extinci�n de contrato y modificaci�n del mismo.
Por lo que respecta a la modalidad del contrato, se mantiene
b�sicamente el r�gimen que
ha
consolidado altas cotas de temporalidad: las m�nimas medidas que
pretenden limitar la contrataci�n temporal no act�an sobre el fraude de
ley en la contrataci�n o en la propia temporalidad del puesto de
trabajo. A su vez, pensar que con una indemnizaci�n de 12 d�as por a�o
se reducir� la temporalidad es desconocer la realidad de las ETT, que
donde existe esa indemnizaci�n no han parado de gestionar precariedad
(como lo seguir�n haciendo en mayor nivel con la permisi�n que les
otorga la nueva regulaci�n para participar en todos los sectores). En la
m�xima expresi�n de la precariedad, se pretende mostrar como un avance
permitir que el contrato de formaci�n se retribuya seg�n SMI hasta el
segundo a�o del mismo.
En cuanto a la
extinci�n del contrato, se consolida la existencia del
despido no causal (no es necesaria para ning�n modalidad extintiva la
concreci�n de hecho alguno), a la vez que el incumplimiento de
requisitos formales no supone la �nulidad� sino la �improcedencia�,
construy�ndose progresivamente un r�gimen general de indemnizaci�n de 33
d�as por a�o con tope de 24 mensualidades (y no el hist�rico de 45 d�as
por a�o con tope de 42 meses).
La modificaci�n sustancial de condiciones de trabajo
se desarrolla de tal manera que se permitir� dejar sin efecto la
negociaci�n colectiva sectorial.
Por �ltimo
se consolida el sistema de bonificaciones de la contrataci�n que,
trasladando miles de millones a las empresas, no consigue los fines que
persigue.
Las
medidas
del RD-Ley 10/2010 tendr�n un efecto contrario al que su exposici�n de
motivos dice perseguir: lejos de crear empleo, el facilitar el despido
lo incrementar�a, de la misma manera que la reducci�n de la
indemnizaci�n del contrato indefinido no provocar� una disminuci�n de la
temporalidad y el apostar por precariedad ser� un desincentivo para
incrementar la productividad.
Los
que
suscribimos entendemos necesaria la recuperaci�n del contrato indefinido
como sistema general frente a la contrataci�n temporal, la recuperaci�n
de las garant�as y protecci�n ante el despido, as� como de la
estabilidad en las condiciones laborales. Creemos firmemente en la
necesidad de un derecho laboral garantista, como elemento que remueva
las desigualdades y procure minimizar las injusticias de un sistema
org�nicamente injusto y desigual. En un sentido contrario, otorgar
m�s prerrogativas a la patronal supondr� no s�lo enterrar
definitivamente el derecho del trabajo tal y como lo conocimos en la
segunda mitad del siglo XX sino convertir a las futuras generaciones de
trabajadoras y trabajadores en simple fuerza de trabajo que comprar y
vender en una realidad desregulada.
* [La Xarxa d�Advocats es una red de juristas vinculados a
movimientos sociales y al sindicalismo alternativo recientemente
constituida para difundir opini�n cr�tica sobre la situaci�n del
trabajo en nuestro pa�s. Es responsable de la elaboraci�n de este
documento (que ser� presentado como manifiesto el lunes 27 a las
12:00 delante del edificio hist�rico de los Juzgados de lo Social de
Barcelona, en Rda. Sant Pere 41) y durante este mes colaborar� con
sindicatos y asociaciones diversas en acciones informativas en
varias localidades catalanas: el Ayuntamiento de Barcelona (jueves
16, a las 17:00), Cornell� (viernes 17, a las 19:00), Sitges (s�bado
18, a las 12:00), el barrio de Gr�cia de Barcelona (s�bado 18, a las
18:00), Cardona (s�bado 18, a las 19:00), Reus (martes 21, a las
19:00), Vilafranca del Pened�s (martes 21, a las 19:00) y Terrassa
(viernes 24, a las 19:30).
Para m�s informaci�n, enviar un correo electr�nico a la
direcci�n:
Caj�n
desastre
El Lobo Feroz
La imaginaria izquierda catalana
En la manifestaci�n catalana del 10 de julio se consigui� lo que nunca
hab�a sucedido: la desaparici�n de cualquier simbolog�a de izquierdas.
La deriva nacionalista de lo que fue la izquierda es responsabilidad
principal de Iniciativa per Catalunya, un partido que ser�
recordado principalmente por eso.
El Lobo cree tener ideas de principio sobre el fondo del asunto. Son:
-
El derecho de libre determinaci�n debe ser reconocido a cualquier
comunidad que lo exija a trav�s de instituciones que se puedan
considerar materialmente democr�ticas �y no s�lo formal y
aparentemente, como suelen serlo las instituciones pol�ticas
actuales�. La Constituci�n de 1978, condicionada por la coerci�n
militar y de las instituciones franquistas en la transici�n, no
admite ese derecho. Debe ser modificada.
-
En el ejercicio del derecho de libre determinaci�n, las gentes de
izquierda deben estar en contra de las secesiones. En contra de las
burgues�as, nacionalistas o no, y en solidaridad con todos los
trabajadores.
-
En una sociedad con diversas nacionalidades, la forma del estado ha
de ser federal �y, adem�s, republicana�.
-
Todos los trabajadores deben tener derechos pol�ticos, lo que exige
vincular la ciudadan�a a la vecindad civil en Espa�a y no s�lo a la
nacionalidad espa�ola.
La privaci�n de los derechos pol�ticos y de ciudadan�a a los
trabajadores inmigrados avecindados en el pa�s es injustificable.
El Lobo, adem�s de posiciones de principio, considera que en el caso
concreto de Catalu�a es urgente:
-
Contraponerse a las pol�ticas de marginaci�n p�blica de los
castellanohablantes e inmigrantes. Las instituciones p�blicas han de
ser pol�ticamente neutrales ante cuestiones como la lengua y las
creencias, religiosas o no, de las personas. �ste es un asunto que
afecta a la libertad individual, y nada justifica que las
instituciones, cualesquiera que sean, se interfieran en ella. Ah�
hay un caso de d�ficit democr�tico general: no s�lo catal�n sino
espa�ol en general. Como en la xenofobia de las peque�as
instituciones locales y del principal partido conservador de
Catalu�a, puesta de manifiesto este verano de 2010.
-
Hay que denunciar, en Catalu�a, la corrupci�n que afecta o ha
afectado gravemente a Converg�ncia, a Uni�, al PSC; esto es: a
algunos de los principales partidos. Hay que denunciar el uso
partidista de fondos p�blicos por Esquerra Republicana: la vitalidad
de peque�as organizaciones e instituciones secesionistas la estamos
financiando entre todos. Y hay que denunciar a Iniciativa per
Catalunya bien por su complicidad con el nacionalismo, bien por
su adhesi�n a �l.
Ninguno de estos partidos merece el voto o la adhesi�n de las verdaderas
gentes de la izquierda alternativa.
Quiz� ha llegado el momento de crear comisiones c�vicas para la
solidaridad interciudadana y para la b�squeda de alternativas pol�ticas
v�lidas.
El dogma de la reducci�n del d�ficit
La obsesi�n neoliberal por la r�pida reducci�n del d�ficit p�blico no es
un intento de propiciar la salida de la crisis sino una pol�tica
dirigida a demoler conquistas sociales y fomentar, en la crisis, las
ganancias de los de arriba.
Reducir r�pidamente el d�ficit no propicia la salida de la crisis porque
mayores impuestos y menores salarios directos e indirectos frenan la
actividad econ�mica y eso empeora adem�s las perspectivas de cr�dito. En
cambio alivian los costes empresariales, con lo que los grandes
empresarios pueden seguir ganando a pesar de la crisis y quedar situados
socialmente mejor que antes.
En 1937, en los Usa, mediada la otra gran crisis anterior a �sta,
Roosevelt trat� de reducir r�pidamente el d�ficit publico. El resultado
fue una grave reca�da en la recesi�n de la que s�lo se sali� con la
segunda guerra mundial. Cuando eso se produzca inevitablemente en Espa�a
hay que saber ya desde ahora que son responsables de ella los dos
partidos pol�ticos m�s votados y los gobiernos de derechas europeos que
imponen las medidas de reducci�n r�pida del d�ficit.
La (falsa) necesidad de reducci�n del d�ficit p�blico se est�
convirtiendo en un dogma econ�mico gracias a la machacona insistencia de
todos los medios y gobiernos de derechas de Europa. En eso vale la
afirmaci�n de Goebbels respecto de la mentira repetida mil veces.
Algunos economistas han se�alado que con el dogma de la necesidad de
reducir el d�ficit p�blico se enga�a a la gente de la misma manera que
con las inexistentes armas de destrucci�n masiva para intervenir en
Iraq.
La crisis y el d�ficit son utilizados para reforzar al empresariado,
para reducir los derechos y los ingresos de las gentes que viven de su
trabajo.
Ya sabemos cu�l es la inversi�n preferida del empresariado:
berlinas y todoterrenos de lujo, yates y amarres portuarios, aviones
privados, campos de golf, safaris y cacer�as, viajes al quinto pino,
residencias suntuosas y variadas, hijos estudiando en los Usa...
O sea: invertir no ya en renovaci�n tecnol�gica sino en bienes de lujo
privatizados.
Y seguramente tambi�n invierten un poquito en formadores de opini�n que
defiendan la flexibilidad en el empleo. Muchos borriquitos
pican: ah� est�n las tonter�as que en medio de esta crisis circulan
por internet.
Fiscalidad para pobres
El esc�ndalo fiscal de Espa�a tiene dif�cil parang�n en Europa. S�lo
tributan de verdad los asalariados, los jubilados y quienes pagan el iva
con sus compras, o sea, los consumidores.
Hay varias zonas de fraude y evasi�n importantes. Las llamadas grandes
fortunas, o sea, el gran empresariado, claro. Pero tambi�n los
profesionales (abogados, m�dicos, dentistas, gestores) y gran cantidad
de peque�os empresarios, estos �ltimos mediante el fraude en el iva
adem�s de hacerlo en las declaraciones del irpf. Seg�n fuentes oficiales
de Hacienda, en el irpf los trabajadores y los pensionistas declararon
de media 7.200 euros m�s que los profesionales (m�dicos, abogados,
arquitectos, etc.) y peque�os empresarios, y 7.600 euros de media m�s
que los "autoempresarios": fontaneros, alba�iles, electricistas,
transportistas, gente que opera en negro.
Adem�s las encuestas indican que gran parte de la poblaci�n no ve
reparos morales en defraudar al fisco.
La izquierda moralmente decente que paga los impuestos debidos debe
reaccionar contra esta situaci�n, ya que quienes nos regentean no
parecen dispuestos a hacer nada que les quite votos, y obligar a pagar
los quita.
En muchos establecimientos, cuando pagas, preguntan: "�Quiere usted el
ticket?". Hay que responder siempre, y hostilmente, que por supuesto.
Si no exiges el ticket de compra el vendedor se embolsar� el iva que
has pagado (hay procedimientos para eso). Claro que ser�a mejor la
soluci�n impuesta en Italia cuando hab�a m�s transparencia all�: la
Guardia de Finanzas pod�a exigir los tickets y multar tambi�n a
quien no los llevara consigo a la salida de los establecimientos.
Mucha gente, claro, es renuente a pagar impuestos porque ve el
despilfarro que suele hacer con ellos la clase pol�tica. Porque
ve la impunidad de la corrupci�n, el negocio de las contratas, la p�sima
gesti�n de tantas cosas. Si no hay justicia, se la toma por su cuenta.
Pero tambi�n es injusto, filibustero, tom�rsela individualmente. Hay que
institucionalizar cultura pol�tica sobre los deberes fiscales. Y exigir
su cumplimiento. Porque los deberes fiscales est�n para financiar los
beneficios colectivos. Son deberes de solidaridad.
Afganist�n
Nuevos muertos espa�oles en Afganist�n, en un ataque de esos que los
medios de masas han convenido en llamar "talib�n". La novedad es que
esta vez la poblaci�n civil afgana la emprendi� luego a pedradas contra
las fuerzas espa�olas. O los que gobiernan siguen mintiendo que las
tropas est�n all� en misiones pedag�gicas y de ayuda civil o los afganos
no quieren ser ayudados.
El bondadoso embajador norteamericano en Espa�a, y el patri�tico diario
El Pa�s, han reaccionado inmediatamente para contener la
inevitable inferencia de las pedradas. Un art�culo del embajador, en ese
diario y en domingo, viene a sostener que Espa�a desempe�a un gran
papel en Afganist�n. Un papel, seguramente, higi�nico.
Carece de decencia seguir esa guerra. Es una verg�enza. No es en
nuestro nombre. Los norteamericanos, que no nos metieron como a otros en
Vietnam, nos han metido en esto. �No nos podemos salir de esa inicua
alianza contra los pastunes? �Tan poco independiente es el estado
espa�ol?
La negra previsi�n
Es probable que a pesar de la corrupci�n �los casos G�rtel en Valencia,
del tesorero B�rcenas en Madrid, de la corrupci�n en Alicante, del caso
Fabra en Castell�n, del caso Matas en Baleares, etc.� Mariano Rajoy y su
partido obtengan, mediante la ayuda del partido de la burgues�a
catalana, Converg�ncia i Uni� �caso Millet, etc.� mayor�a para formar
gobierno tras las pr�ximas elecciones.
El giro neoliberal de Zapatero puede producir ese desplazamiento de la
opini�n p�blica. Salvo que sepa retirarse a tiempo, esto es,
dejar que sea otra persona quien dirija la contraposici�n electoral al
Partido Popular, con una orientaci�n distinta en pol�tica econ�mica y
social. Si no lo hace ser� recordado por facilitar el triunfo pol�tico
de la impresentable derecha espa�ola, que buscar�a el modo de permanecer
en el poder m�s de una legislatura. Con eso la gente de a pie ir�amos
servidos. Entre la corrupci�n y el fraude fiscal, una monarqu�a
bananera.
Medios p�blicos de formaci�n de opini�n
La �ltima moda es potenciar no s�lo el f�tbol, f�tbol, f�tbol, f�tbol y
f�tbol. Tambi�n RNE programa ahora el espiritismo, la pseudociencia, el
misterio, el ocultismo. Eso tiene un nombre: encubrimiento, y
se�uelos para desviar la atenci�n, para ocultar la responsabilidad del
sistema econ�mico-pol�tico, y de sus gestores �porque esto no funciona
solo� en el sufrimiento de tantas personas. A m�s paro, m�s mierda
p�blica.
�Agosto 2010
Carta
al Jefe del Estado espa�ol
Jos� Manuel Barreal San Mart�n
En los diferentes
discursos que a lo largo de esta Monarqu�a �le recuerdo que no votada
por el pueblo espa�ol� ha tenido usted en momentos importantes (fiestas
navide�as, diferentes recepciones, tanto diplom�ticas como deportivas�),
en todos, a decir de la prensa, ha tenido destellos de sabidur�a,
lucidez y de �nimo para el pueblo espa�ol. Claro que a usted no le
llegan los desacuerdos que parte de ese pueblo, entre la que me
encuentro, mantenemos con respecto a sus intervenciones y a dichos
destellos.
Cuando usted sale en la
televisi�n para decir algo los espa�oles escuchan esperando su
orientaci�n y algo que pueda serles �til. Qu� duda cabe que hay personas
que lo encuentran y quedan satisfechas. Otras, como el que suscribe,
sinceramente se decepcionan una y otra vez.
Eso me ocurri� el 25 de
julio, domingo, el d�a de la celebraci�n de la fiesta del ap�stol
Santiago. En su reflexi�n sobre la actual situaci�n pol�tico-social de
este �su reino�, acompa�ado de su querida esposa, de negra mantilla,
pidi� al santo que �interviniera�, que ayudara; vamos que no fuese
r�cano y nos echase una mano para salir de la crisis.
Estupefacto y asombrado
me pregunt� si usted habr�a calibrado adecuadamente tal reflexi�n, si no
ser� el principio del fin de la monarqu�a en este pa�s. Porque, se�or,
entiendo que la petici�n o ruego que usted hizo a Santiago no s�lo es un
dislate a la raz�n, sino que, en mi opini�n, se arroga unas funciones
que me parece no son suyas. Y no lo son porque, como Jefe del Estado
�aunque no votado por la ciudadan�a� est� en representaci�n de la misma
y como, a�n a mi pesar, me representa, no puedo admitir desde una m�nima
racionalidad �ya no digo creencia� que tambi�n le pida a una imagen �por
muy respetada que sea� que arregle los problemas del pa�s.
Espa�a no es un pa�s
cat�lico, por lo que no ha lugar para que la primera autoridad de un
Estado que no es confesional intervenga p�blicamente, no a t�tulo
personal, en una celebraci�n cat�lica. Como siempre, Espa�a postrada a
los pies del nacionalcatolicismo. Triste, se�or, muy triste.
Concluyo con una
petici�n. No al santo, sino a usted. Reflexione, majestad, y h�gase ver
que su misi�n como Jefe del Estado es posible que haya concluido. Con
todos los respetos, ret�rese. Y digo, �por qu� no le parece que la
salida de la crisis no es culpa de una estatua, sino de otras �estatuas�
que sin moverse de los despachos manejan los hilos de este mundo global?
Nota.- Se toma como referencia el art�culo se Salvador L�pez
Arnal �Petici�n (razonada) de dimisi�n del Jefe del Estado� Rebeli�n, 3
de agosto de 2010
Una
investigaci�n pendiente
Carlos Jim�nez Villarejo
Recientemente,
el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un
proyecto de investigaci�n hist�rica promovido por la C�tedra
Extraordinaria
Memoria Hist�rica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid.
El t�tulo es Judicatura, Investigaci�n y Penitencia (el orden pol�tico y
los instrumentos de represi�n) y pretende abordar, a partir de los
fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Hist�rico
Nacional, las �actividades de informaci�n e investigaci�n� (policiales)
durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta
informaci�n
�particularmente
los �expedientes policiales��
refleje la intensa y sistem�tica actuaci�n represiva de la Brigada
Pol�tico-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la
oposici�n democr�tica. Representaba, adem�s de otros cuerpos policiales,
la institucionalizaci�n de la represi�n bajo la direcci�n pol�tica de
los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos
de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo
su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata
expresi�n del terror impuesto por la dictadura.
La
Brigada
Pol�tico-Social
fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los
servicios
de informaci�n de la Guardia Civil, todas las competencias sobre
represi�n pol�tica que practicaban a trav�s de seguimientos,
intervenciones telef�nicas ilegales, violaciones de la correspondencia
privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad
militar o al Tribunal de Orden P�blico, detenciones arbitrarias e
indefinidas en comisar�as o centros de detenci�n habilitados
�sin
poner al detenido a disposici�n judicial�,
la pr�ctica sistem�tica de la tortura y otras pr�cticas policiales,
realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad,
militares o falangistas, como el hostigamiento sistem�tico de la
oposici�n democr�tica. La intensidad de su actividad la reflejan los
15.202 presos pol�ticos que hab�a en Espa�a a principios de 1961. Su
actuaci�n fue denunciada en su d�a por Justicia Democr�tica, haciendo
constar la presencia de un �poder judicial que era utilizado
descaradamente para santificar medidas arbitrarias�, la persistencia de
�torturas policiales en r�gimen de expresa impunidad� y que �las
brigadas pol�tico-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia
de la jurisdicci�n ordinaria no especializada eran algo as� como
oficinas de homologaci�n y aprobaci�n autom�tica de sus iniciativas
investigatorias�.
Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009,
manifest� que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de
Interior se refer�an al periodo 1975-1977. El estudio exigir� acceder a
los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aqu� es donde surgen
las dudas sobre la conservaci�n y disponibilidad de los documentos que
expresen dicha actuaci�n represiva. Algunos historiadores sostienen que
parte del archivo documental fue destruido, durante la Transici�n ante
el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que hab�an
cometido y siguieron cometiendo hasta el final del r�gimen, con el
prop�sito de garantizar su impunidad. As� lo reconoci� el gobernador
civil de Barcelona Salvador S�nchez Ter�n cuando justific� la
destrucci�n de los archivos del Movimiento y la Falange porque �ol�an a
un pasado remoto�. Ser� dif�cil determinar el alcance de dicha
destrucci�n. En el Informe sobre Archivos de la Comisi�n
Interministerial constituida en 2004 se dice que �ni la contienda en s�,
ni la Transici�n a la democracia, produjeron una destrucci�n masiva de
documentaci�n�.
No es este el criterio del profesor Reig T�pia, quien sostiene que
�desde fechas anteriores a las �ltimas elecciones generales previniendo
lo que parec�a una inevitable vistoria socialista, desaparecieron de los
archivos policiales cantidades ingentes de documentos�. Pero,
ciertamente, destrucci�n hubo. Buena prueba de ello es que
recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del
ministro del Interior, ante la reclamaci�n de un ciudadano, tras un
largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo,
le ha contestado: �Hay que tener en cuenta que con la promulgaci�n de la
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a, se procedi� a la eliminaci�n
de todos aquellos expedientes que contuviesen informaci�n de car�cter
pol�tico, sindical, religioso, etc�. Respuesta, entre otras muchas
razones, que justifica la investigaci�n que se pretende, pero que
expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno
cuando en el Informe de la Comisi�n Interministerial, previo a la Ley de
la Memoria Hist�rica, afirmaba �la absoluta primac�a de los archivos
como fuente de conocimiento del pasado hist�rico, no solamente para los
historiadores, sino tambi�n para las personas interesadas en conocer
situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares�. Y,
en segundo lugar, porque es una muestra m�s del incumplimiento de dicha
ley cuando se garantiza a los ciudadanos �el derecho de acceso a los
fondos documentales� depositados en los archivos p�blicos.
Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor
Tom�s y Valiente: �El derecho de todos a una informaci�n veraz no es
s�lo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que ES un derecho
individual de cada espa�ol, es un derecho fundamental��.Y reclamaba su
plena satisfacci�n de manera generosa frente a una interpretaci�n tan
restrictiva que representara su denegaci�n.
* Publicado el 5 de septiembre en el diario P�blico
P�ginas amigas
Centre de Treball
i Documentaci� (CTD)
http://www.cetede.org
Nómadas. Revista Crítica de
Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com
La Insignia-
http://www.lainsignia.org
Sin permiso
http://www.sinpermiso.info/
Revista
mientras tanto
N�mero 113
mientras
tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB |
Invierno 2009-2010
113
TEXTOS
Afganist�n y los
atentados multiusos
Jos� L. Gordillo
La propiedad
intelectual: de la voluntad del lobby al texto de la ley
Jos� A. Est�vez Araujo
Orwell 2.0: las
implicaciones de la hadopi sobre la vida en internet
Sulan Wong
Derechos globales de
propiedad sobre la informaci�n: la historia del trips en
el gatt
Peter Drahos
Negociando con Al
Capone: protecci�n a cambio de propiedad intelectual
Peter Drahos
La tragedia de los
bienes privatizados: patentes e investigaci�n cient�fica
Sulan Wong
El copyright y
el mundo no occidental. propiedad creativa indebida
Joost Smiers
Las ideas cercadas:
el confinamiento y la desaparici�n del dominio p�blico
James
Boyle
CUESTI�N DE PALABRAS
�lvaro Garc�a
RESE�A
Resaca ideol�gica en
Wall Sreett, de Andreu Espasa
|
mientras
tanto bitartean mientras tanto mentrestant
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB
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