Cuaderno
de crisis/10
Albert Recio
¿Hacia una economía sostenible?
I
Tras
largos años de vivir en la sociedad de la publicidad hemos aprendido
a diferenciar lo que se anuncia del contenido que encubre. Después
de tantos años de mixtificación del lenguaje político a nadie puede
extrañar que los enunciados de las leyes no se correspondan con la
realidad. Por ello no nos debe sorprender que en el pomposo Proyecto
de Ley de Economía Sostenible sea imposible captar ni en qué se
concreta el cambio de modelo económico ni qué se entiende por
sostenibilidad. Más que un proyecto legal que refleje una visión
comprensiva de las cosas que se deben cambiar y de las que se pueden
hacer, el proyecto es una deslavazada ley ómnibus. Parecida a las
que anteriormente solían acompañar a la tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado: leyes en las que se metía toda la
amalgama de cosas que el Ejecutivo quería impulsar. Su contenido
tiene todo menos coherencia y visión de conjunto, como más o menos
han visto los analistas de todos los colores. Quizás lo peor no sea
la irrelevancia o la incoherencia, sino que al frivolizar una
cuestión tan importante cualquier debate futuro sobre la
sostenibilidad estará lastrado por el recuerdo de esta ley.
II
Hay
tres
perspectivas diferentes sobre las que debería diseñarse un modelo de
economía sostenible: la económica convencional, la ecológica y la
socio-reproductiva. Las tres son relevantes en el marco de la crisis
actual.
La
económica
tiene que ver con la dificultad de mantener dinámicamente un marco
de estabilidad económica que garantice un nivel de bienestar
aceptable al conjunto de la sociedad. Un problema que afecta al
conjunto de la economía mundial, como ha puesto de manifiesto la
crisis actual: las tensiones derivadas de las enormes desigualdades
entre territorios y clases sociales, agravados por el
desestabilizador papel que juegan los actuales mercados financieros
son, en sí mismos, causas de inestabilidad persistente y exigen
cambios básicos en las regulaciones a escala global. Pero estos
problemas tienen también especificidades nacionales. En el caso
español destacan a este nivel el sistemático desequilibrio de la
balanza comercial, reflejo de la inadecuación entre la estructura de
consumo y producción. De forma más reciente destaca asimismo el
desequilibrio presupuestario reflejo a su vez de la tensión
existente entre las demandas sociales y la provisión de fondos
públicos. Una cuestión que es el resultado de una muy débil
distribución social de la renta y de la insuficiencia de mecanismos
redistributivos adecuados. Hacer más sostenible el modelo productivo
español pasa sin duda por provocar cambios sustanciales en ambos
campos: el de la modificación de las estructuras de
producción/consumo y el de la distribución/redistribución de la
renta.
La insostenibilidad ambiental de nuestra economía es patente y no se
reduce a los problemas del consumo energético y el cambio climático,
aunque éstos pueden ser especialmente agudos dada la situación
geográfica de la península ibérica. La degradación del entorno
natural y el elevado consumo de materiales son correlativos al
modelo de desarrollo urbanístico espacial que ha sido el motor del
crecimiento económico reciente. Sin perder de vista la importancia
de problemas que de forma más local muestran la insostenibilidad del
modelo, como es el caso de la elevada contaminación de suelo
agrícola por purines o la misma muerte anunciada de las Tablas de
Daimiel por el consumo abusivo del agua para producir
maíz.
O el creciente problema de la generación de residuos en el mundo
urbano. Hay un nivel general insostenible de presión sobre los
recursos naturales y el espacio y cambiar el modelo no requiere sólo
de cambios en el tipo de energía a utilizar sino de una
transformación profunda de todos los procesos de producción y
consumo.
La
sostenibilidad social atañe a la necesidad de garantizar un nivel
adecuado de atenciones y cuidados a todas las personas, de
garantizar a todo el mundo niveles de bienestar y participación
social, de cobertura de las necesidades básicas. Algo que requiere
que todas las personas reciban el nivel de atenciones adecuadas a su
situación y que al mismo tiempo no haya personas cuya carga de
trabajo sea tan excesiva que les coarte su participación social. El
modelo familiar que ha garantizado en gran medida la cobertura del
primer objetivo se ha basado en privar a las mayoría de mujeres del
segundo. Por eso la crisis de los cuidados se ha manifestado cuando
ha tenido lugar un aumento sustancial de las mujeres en el mundo del
trabajo mercantil. Tampoco la solución mercantil, caracterizada por
la externalización de las tareas de cuidados hacia mujeres de bajos
recursos, resuelve la cuestión. Tanto porque reproduce un nuevo
sector que va a ser prácticamente excluido de partes de la vida
social como porque dada la distribución de la renta existente sigue
siendo una solución inabordable para amplios sectores sociales. La
crisis de los cuidados sólo puede saldarse con una reorganización
social profunda, con cambios significativos en la articulación de
los espacios mercantil/público/privado y en las relaciones de
género.
Este
breve
esbozo tiene por objeto recordar algo simple: el cambio a una
economía sostenible es un cambio profundo que entraña muchas esferas
de la vida social, que toca muchos intereses creados, que
posiblemente exige un cambio radical de sistema social y que como
mínimo exige, en un primer plano, una serie de reformas básicas que
se orienten en esta dirección. Dada la importancia del desafío, un
programa mínimo de reformas hubiera exigido abrir un debate social
sereno y documentado antes de adoptar alegremente un plan de
intervención. La insustancial propuesta del Gobierno, tanto en el
contenido como en la forma que se ha gestado, es muestra de una
inutilidad congénita de los políticos y tecnócratas actuales para
articular con un mínimo de seriedad propuestas reales de
transformación económica y social.
III
En
lugar
de obedecer a un planteamiento mínimamente coherente el contenido de
la ley es una mera suma de propuestas, muchas de ellas y viejas y
repetidas. Muchas de claro contenido neoliberal, otras de mera
racionalidad. Ninguna referencia a los problemas de sostenibilidad
social y muy pocas a los otros dos.
Si uno de los discursos repetidos de los últimos meses es el
reconocimiento de la necesidad del cambio de composición de la
producción, poco se
encuentra
en la propuesta que dé pistas acerca de cómo piensan hacer esta
transformación De hecho, las únicas referencias claras a ese
respecto tienen que ver con el cambio del modelo energético, la
apuesta por la rehabilitación de las viviendas y el recurrente
recurso a la innovación tecnológica. Alguna de las concreciones a
estas propuestas son cuando menos preocupantes. Tal es el caso de la
aprobación posterior de un nuevo marco para la energía nuclear que,
de facto, responde a las viejas presiones del lobby nuclear para
prolongar la vida activa de las centrales (ahí está el verdadero
negocio, la explotación de centrales amortizadas). O la inclusión
entre las políticas de rehabilitación de la elaboración por el
Gobierno de un mapa de “zonas urbanas obsoletas, desfavorecidas o
en dificultades, necesitadas de renovación”, lo que en nuestro
contexto puede ser una nueva puerta abierta a gran escala a los
procesos de gentrificación y expulsión residencial ya palpables en
algunos centros urbanos. O la apuesta decidida por mercantilizar la
producción de los centros públicos de investigación.
Se
mantienen
en cambio muchos de las viejas ideas neoliberales desde una nítida
voluntad de limitar el tamaño del sector público, como el recurso
sistemático a recortes fiscales como medio para promover políticas.
No hay en cambio ninguna propuesta que vincule la intervención
pública a la sostenibilidad social ni la desigualdad de la renta al
modelo productivo. Por no incluirse ni siquiera se consideran
algunos de los controles sobre el sistema financiero que han
propuesto individuos como Brown o Sarkozy. Y es que el poder de la
banca en España pesa mucho.
No todas las
propuestas contenidas en la ley son inadecuadas. Pueden ser buenas
ideas la reforma de la Formación Profesional (aunque la intención de
integrar la red pública y privada suena a mantener el desastroso
statu quo), o la mayor transparencia de los organismos reguladores
(aunque se excluye al Consejo de Seguridad Nuclear), o la necesidad
de elaborar planes de movilidad sostenible. Pero en sí mismas no
prefiguran ningún cambio serio hacia un nuevo modelo
socio-productivo. Más bien son una nueva maniobra cortoplacista sin
demasiada sustancia.
Y mientras, la persistencia de una grave crisis económica y la
presión de las ideas
dominantes
siguen soplando con fuerza y anuncian nuevas borrascas en forma de
reforma laboral y de la Seguridad Social. (Como aperitivo, el
aumento del salario mínimo para 2010, un incumplimiento total de los
compromisos de Zapatero de situarlo en 800 € al final del mandato y
una muestra más que el modelo de referencia sigue siendo el de una
sociedad con reducidos derechos sociales).
IV
Ni la crisis
económica,
ni la ambiental, ni mucho menos la social, han minado a fondo la
hegemonía neoliberal. Los poderes económicos que la sustentan son
fuertes y tienen muchos mecanismos de articulación. En la producción
culturaly en el campo económico esta ideología se encuentra
institucionalmente consolidada.
Los
propios defensores de un modelo social sostenible somos pocos y
fraternalmente divididos. La construcción de un modelo alternativo,
de una visión global y también de propuestas de acción concretas
requiere de marcos de encuentro y acción que hoy no existen ni
parece que nadie esté interesado en desarrollar. Por ello la crítica
al proyecto del Gobierno es, en parte, un lamento por la propia
impotencia. O mejor una llamada a aquellas fuerzas que podrían
impulsar algún proceso, para pedirles que de una vez por todas
realicen alguna iniciativa que permita convertir la crítica a
Zapatero en alguna referencia político-cultural con la que generar
algún proceso real de cambio del modelo socio-económico presente.
Díaz Ferrán, la
historia interminable
Albert Recio Andreu
Hablar
de la crisis de Air Comet es repetir una historia ya conocida. La
relaté en estas mismas páginas hace tres años al calor de la crisis
de Air Madrid. La historia del transporte aéreo en tiempos de
competencia es una historia de quiebras empresariales recurrentes. Y
con efectos desastrosos para las personas desgraciadas que quedan
atrapadas en el momento de la crisis.
Lo
único
realmente diferente es la naturaleza del propietario de la empresa.
Nada más y nada menos que el belicoso Presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán. El
insistente defensor de la libertad de mercado y de la desregulación
del mercado laboral. Una representación realmente representativa del
núcleo central del capitalismo español, ese que siempre ha usado al
Estado como base de sus negocios, bien sea para obtener prebendas,
bien para disciplinar a la clase obrera.
Y si
no ahí está su largo historial profesional.
El
conglomerado
empresarial que controla Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual
tiene su origen en la empresa de transporte colectivo Trapsa que
ambos fundaron en 1966. A lo largo de la década de 1970s Trapsa se
dedicó a la compra de compañías de transportes interurbanos de
viajeros en la zona de Madrid. Parece que en ello tuvo bastante que
ver la relación familiar de la familia Díaz con la de Arias Navarro,
el último Presidente de Gobierno de Franco. Trapsa ha seguido
obteniendo concesiones de transporte en ciudades como Almería o
Guadalajara. Pero el verdadero salto empresarial lo dieron en 1985
cuando el Gobierno de Felipe González procedió a la privatización
del grupo turístico Viajes Marsans (propiedad del fenecido INI desde
1965). Según la prensa de la época, el estado había invertido 6 mil
millones de pesetas para reflotar el grupo antes de la venta, pero
Trapsatur sólo tuvo que pagar 907 millones (dos tercios de los
cuales a crédito). Y es que todo el mundo sabe que las
privatizaciones fueron un buen negocio. La tercera parte de la
historia, Air Comet, también tiene una historia parecida. La empresa
se crea en 2002 en el atribulado proceso de venta-liquidación de
Aerolíneas Argentinas (anteriormente en manos de Iberia como
resultado de otro proceso de privatización). La historia de
Aerolíneas en manos españolas ha sido siempre confusa, con
acusaciones de descapitalización por parte de la izquierda
argentina, y finalmente Air Comet tuvo que ceder su filial al
Gobierno argentino. Ahora se llega al final de la historia de la
filial aérea en un nuevo sainete que resultaría cómico de no contar
con los miles de personas abandonadas en Barajas y los cientos de
trabajadores que pasarán a las listas de desempleo.
Ciertamente
Díaz Ferrán es un especimen. Cuando se refirió a la necesidad de
“suspender el capitalismo” sabía de lo que hablaba. Toda su vida
empresarial es una historia de normas de excepción. Y lo que
reclamaba era una nueva tandas de este tipo de normas de las que el
gran capital español tanto sabe. Sólo los ingenuos o los mal
informados creyeron que su petición se orientaba a establecer un
capitalismo domado y civilizado. Cualquiera que supiera la historia
podía esperar que ocurriera lo que realmente ha ocurrido. Y es que
uno de los errores en los que persistentemente ha incurrido una
parte de la izquierda ha sido el de confundir la retórica
justificativa del neoliberalismo, el de el predominio del mercado
libre, con el de su historia real. Y ésta no ha sido otra que la de
generar enormes beneficios alrededor del sector público y/o
actividades que por sus características tienden al oligopolio y la
concentración del poder. Por eso Diaz Ferrán es un buen
representante de la élite dirigente. Y por eso resulta evidente que,
si hay que hacer reformas en profundidad, en lugar de empezar por el
mercado laboral hay que hacerlo por las estructuras empresariales.
Quizás si tuvieran que vivir una temporada con la prestación de
desempleo y se les obligase a realizar “acciones formativas y de
reciclaje” aprenderían dónde se encuentran las verdaderas rigideces
del sistema.
Cop-Enhagen
José A. Estévez Araújo
El
Parlamento
danés aprobó en noviembre pasado un “paquete” de medidas contra los
“vándalos” (lømmelpakken) en previsión de la Cumbre sobre el cambio
climático que debía celebrarse en diciembre en la capital danesa. Se
trata de disposiciones que amplían el poder de los policías para
detener a las personas y que permiten sancionar con cuarenta días de
cárcel a quienes obstruyan su labor.
Aplicando
estas nuevas medidas la policía detuvo a más de 1.500 personas en
las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar durante la
Cumbre. A estos manifestantes se les ataron las manos a la espalda,
se les dejó largo tiempo en el frío suelo de las calles danesas y se
les metió en unas jaulas de 12 metros cuadrados a razón de once
personas por jaula. Estas jaulas habían sido dispuestas en una
antigua factoría de cervezas Carlsberg y los detenidos no pudieron
ir al lavabo, ni realizar ninguna llamada mientras estuvieron
encerrados allí.
La
versión
de estas medidas que incluyó el Ministerio de Asuntos Exteriores
danés en su página web en noviembre decía que se limitaban a ampliar
el plazo de detención policial de 6 a 12 horas y que los
manifestantes pacíficos no debían tener miedo alguno porque las
nuevas disposiciones no iban dirigidas contra ellos. Todo eso ha
resultado meridianamente falso.
En
primer
lugar, las medidas no se limitaban a ampliar el plazo de 6 a 12
horas. Sino que también (y eso es lo más importante) autorizaban a
la policía a realizar detenciones “preventivas”. De hecho, en todos
los países se prevé un plazo mayor o menor durante el cual la
policía puede tener detenida a una persona (en España son 72 horas).
Pero los estados que respetan el derecho de libertad personal sólo
permiten que la policía detenga a personas sospechosas de haber
cometido un delito (no una infracción cualquiera, sino un acto
tipificado como delito en el Código Penal). En el caso danés se echó
por tierra esta protección al permitir a la policía que privara de
su libertad a personas que no hubieran hecho nada, sino que,
simplemente fueran potencialmente peligrosas a juicio de la propia
policía.
El
efecto
de la adopción de estas medidas fue que un quinto de la población
danesa declaró que no saldría a manifestarse en esas condiciones.
Ese fue el resultado de una encuesta que se realizó durante la
Cumbre y de la que informó la revista Politiken. La misma revista
señaló en un editorial que el paquete de medidas promovido por el
ministro de justicia Brian Mikkelsen constituye una violación de los
principios de culpa individual y sospechas concretas en favor de una
práctica de detenciones indiscriminadas y preventivas. Como señaló
Henrik Stagetorn, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados
Defensores de Dinamarca, las disposiciones adoptadas por el
Parlamento danés tienen como efecto hacer que la gente tenga miedo
de manifestarse. Cualquier persona o grupo de personas que participe
en una manifestación, aunque ésta sea legal y pacífica, puede ser
detenida por la policía. Por tanto, los manifestantes no violentos
no pueden estar tranquilos a diferencia de lo que declara el
Ministerio de Asuntos Exteriores danés. Los nuevos poderes
policiales constituyen un chantaje para que la gente renuncie a
ejercer su derecho de manifestación.
Es muy
importante denunciar este tipo de medidas. Se trata de algo que no
debe ser pasado por alto, aunque los “constitucionalistas de
guardia” de nuestro país lo hayan hecho. Los estados que organizan
este tipo de actos se imitan unos a otros. Cada uno hace lo que
considera que en el otro ha sido eficaz y no ha dado una “mala
imagen” al mundo. Copenhague ha dado una imagen penosa. Ahora,
muchos la llaman “Cop-enhagen” (de “cop”: poli y de las siglas de la
cumbre —Conference Of the Parties—). Podríamos traducirlo libremente
como “Policilandia”. Es necesario recordarlo con insistencia para
hacer desistir a otros de seguir su lamentable ejemplo.
Francia
: la política identitaria del miedo
Laurentino Vélez-Pelligrini
El
gobierno
de Nicolas Sarkozy, con el apoyo de un nutrido grupo de
intelectuales vinculados a la derecha, acaba de dar forma a un
portal en Internet con el fin de materializar una macroencuesta
sobre un tema que no tiene desperdicio: “¿Qué es ser francés”. Por
lo visto la página está destinada a unos ciudadanos que deberán
expresar a lo largo de los próximos meses su concepción de la
francesidad. El asunto puede resultar en primera instancia
además de patético, ridículo, pudiéndose tomar como un reflejo de
las estupideces en las que un gobernante emplea el dinero público,
cuando al mismo tiempo está llamando a la austeridad en tiempos de
crisis, reduciendo drásticamente los gastos sociales y poniendo en
cuestión los cimientos mismos del Estado del Bienestar. El problema
es que la tan cuestionable como innecesaria macroencuesta (cuya
retirada ha sido exigida por el grueso de la oposición parlamentaria
de izquierdas y un notable número de sociólogos e filosóficos
progresistas) esconde un nada inocente trasfondo político, que no
sólo informa de las praderas ideológicas por las que rumia la
derecha francesa, sino que además encierra un acto de
irresponsabilidad al poner seriamente en jaque la convivencia de los
ciudadanos. Por supuesto, la macroencuesta y la forma en la que ha
dividido a la opinión pública francesa en cuanto a la pertinencia o
no de su materialización no son inteligibles sin girar la vista
hacia el periplo que ha experimentado la vida política y social en
el país vecino desde finales de los años 80.
El debate
sobre
la crisis de la “identidad nacional” tomó cuerpo en Francia con
motivo de una sobredimensionada polémica sobre el porte del
Shador islámico en las escuelas públicas. La cual, para colmos,
vino a desencadenarse en 1989, coincidiendo con el Bicentenario de
la Revolución Francesa. Confluencia de circunstancias que desató un
mar de controversias sobre la crisis de esos valores de igualdad,
universalidad y ciudadanía tan incrustados en la cultura política
francesa. La agudeza de la crisis económica, el aumento del paro, la
desaparición de los vínculos sociales que garantizaba la sociedad
salarial, sumado a la desestructuración urbana, la desaparición de
la “cultura obrera” en las famosas Banlieux Rouges, la
violencia juvenil, las disfuncionalidades de las políticas de
integración (basadas en procesos de invisibilización e
inferiorización de los colectivos inmigrantes) y los síntomas de
guetización (que proyectaron la amenaza de una creciente
influencia del modelo social norteamericano de comunidades
contrapuestas y herméticas), constituyeron el caldo de cultivo de lo
que vino a denominarse “el malestar francés”. El impacto electoral
de una extrema-derecha demagógica bajo la batuta de Jean-Marie Le
Pen y del Frente Nacional vinieron a completar el asunto y a acabar
de atizar los miedos sociales ante la crisis de una identidad
colectiva tradicionalmente alzada en torno a los “Valores
Republicanos”. Sin olvidar, claro está, la proliferación de toda
suerte de discursos sobre la “no integrabilidad” de una facción de
la inmigración llamada “extra-comunitaria” , al carro de un
neorracismo de urdimbre diferencialista. Resultado de ello fue en
los años 90 la reforma legislativa por parte de los gobiernos
conservadores de Jacques Chirac y Edouard Balladur de las
condiciones de acceso a la nacionalidad francesa, o la política
obsesivamente anti-inmigracionista del entonces Ministro del
Interior, Charles Pasqua, perteneciente a la corriente ultra
del neogaullismo.
Este
malestar francés (ante la crisis institucional, social,
cultural e identitaria) y los debates políticos, intelectuales y
mediáticos que desde finales de los 80 se han producido en torno a
él, son los elementos que de manera esperpéntica han dominado la
vida pública de nuestros vecinos. Cómo no, también el factor clave
que aseguró en su momento la victoria de Nicolas Sarkozy, “salvador
nacional” frente a todos los males vividos por la Republica y
receptor de todos los miedos e inseguridades (justificados o no)
experimentados por el francés medio. Hecho a no omitir, buena parte
de la retórica política del energúmeno, sobre todo desde los
acontecimientos de las Banlieux hace dos años, ha estribado
en la estigmatización de ciertos núcleos de población de origen “no
autóctono” o “no europeo”. A título de ejemplo, el gobierno de
Sarkozy ha eliminado la famosa “Carta escolar” (que limitaba la
elección de los establecimientos de enseñanza pública al distrito de
residencia de los padres), alentando procesos de secesión de los
alumnos hacia fuera de su circunscripción padronal. Medida destinada
a beneficiar a quienes pretenden evitar cualquier forma de
interacción de sus hijos con otros adolescentes originarios de
colectivos culturalmente “extraños” o socialmente sospechosos. Una
dinámica secesionista que al mismo tiempo que apela contra los
“guetos” y la endogamización cultural de los colectivos inmigrantes,
los alienta fomentando la segregación escolar. Fenómeno en auge, los
curriculums de los candidatos a un puesto de trabajo llegan a los
departamentos de Recursos Humanos de las empresas con “ buzones
prestados” en domicilios “ficticios” pero con prestigio social. Todo
ello con el fin de evitar eliminaciones fulminantes en los procesos
de selección, en el caso de estar residencialmente ubicados en
Banlieux chaudes (barrios calientes) o malfamées (de mala
fama). Aunque a primera vista la picaresca podría ser interpretada
como el reflejo de un complejo de clase (muy común entre la
aristocracia obrera o en las clases medias con aspiraciones de
movilidad social ascendente), la trampa tiene una motivación
cultural: el miedo a no ser considerado un “verdadero francés de
origen europeo”. Estas prácticas sociales no dejan de ser
paradójicas en un país que clama por los valores universales y el
no reconocimiento de las identidades en el Espacio Público,
aborreciendo del americano modelo multicultural. Cómo de costumbre,
Francia confirma su cojera ideológica al hacer todo lo contrario de
lo que predica su Constitución: la igual dignidad de todos sus
citoyens más allá de sus adscripciones raciales, orígenes
sociales, culturales o étnicos, creencias religiosas o identidades
de sexo y género.
No es
extraño
que los éxitos electorales de Sarkozy hayan sido correlativos al
descenso electoral en picado de una extrema-derecha que hasta la
fecha había ostentado el monopolio de los discursos sobre la crisis
de la identidad y la desvertebración social y cultural del país. Lo
que confirma el perfil general de un Presidente de la Republica como
Nicolas Sarkozy, que parece alejarse de la tradición democrática de
la derecha neogaullista como la que representaron Georges Pompidou o
incluso Jacques Chirac, para deslizarse peligrosamente hacia la
tradición del poujadisme y de una serie de corrientes
populistas y fascistoides de las que Jean-Marie Le Pen y el Frente
Nacional fueron hasta el momento el heredero natural.
El asunto de
la
macroencuesta sobre la francesidad podría resultar hasta
cómico, si su tendenciosidad no fuese tan flagrante. Es sabido que
en nuestra sociedad moderna, el sistema de percepción y
discriminación de los factores de realidad se basan en
interpretaciones binarizantes y dicotimizantes de los hechos. Una
pregunta sobre “qué es” conlleva otra subsidiaria sobre “qué no es”.
Y las respuestas no dejan lugar a dudas en un país en el que tanto
las instituciones, como los discursos políticos, como los medios de
comunicación (desde los programas de debate, pasando por los
programas de entretenimiento como los concursos, los espacios sobre
gastronomía, hasta las series de televisión) están impregnados por
un profundo y paleto neochauvinismo y autocomplaciencia respecto a
los valores y tradiciones culturales del país. Si a esto añadimos
cómo, tanto el gobierno como los medios de comunicación y los
opinadores profesionales inventan “chivos expiatorios” (que como
siempre son los mismos) el resultado no es difícil de adivinar. Nada
de ser un gran analista político, ni un fenomenólogo social de
primera fila, para percatarse de que dicha macroencuesta sólo busca
legitimar, a través de una opinión pública atolondrada por discursos
catastrofistas sobre la “desintegración nacional”, la política
reaccionaria desplegada por el Presidente Sarkozy. La política
identitaria del miedo parece la nota dominante entre nuestros
vecinos.
Fallece el histórico
militante y filósofo comunista José María Laso Prieto
Nacido
en Bilbao hace 83 años, murió a medianoche de ayer en Oviedo, ciudad
de la que era hijo adoptivo - Afiliado al PCE en 1947, pasó ocho
años en la cárcel y era experto en el pensamiento de Gramsci—
La Nueva España, 22.12.2009.
Oviedo
El
filósofo y militante comunista José María Laso Prieto (Bilbao 1926)
falleció ayer a los 83 años, minutos antes de la medianoche, en el
Hospital Monte Naranco de Oviedo, la ciudad donde residía desde 1968
y de la que era hijo adoptivo. En los últimos meses, dado su
delicado estado de salud, había ingresado frecuentemente en este
centro sanitario por problemas respiratorios.
José María Laso Prieto, nacido en Bilbao el 8 de diciembre de 1926,
se afilió al Partido Comunista en 1947 y militó en la
clandestinidad. Estuvo encarcelado en tres ocasiones, llegando a
sumar 8 años de cárcel, y contaba que en la tercera de esas
detenciones fue torturado durante 22 días, “pero aguanté, no delaté
a ningún compañero”, relató a LA NUEVA ESPAÑA. Esa resistencia fue
reconocida por el Partido Comunista, que lo nombró miembro del
comité central en el VI Congreso del PCE, celebrado en Praga. Tras
salir del penal de Burgos se desplazó a Oviedo, donde fijó su
residencia en 1968. Licenciado en Derecho por la Universidad de
Oviedo, Laso Prieto publicó numerosas obras y artículos y era
especialista en el
pensamiento
del filósofo italiano Antonio Gramsci. Fue nombrado hijo adoptivo de
Oviedo en 2004, en un acto en el que glosó su figura Santiago
Carrillo. La Biblioteca Municipal de Ventanielles lleva su nombre.
En octubre de 2007 fue borrado de las listas de militantes de IU
junto al resto de los afiliados del sector crítico de Oviedo.
Encarcelado
por sus actividades subversivas en el Partido Comunista, fue
detenido tres veces y permaneció ocho años en prisión, tanto en
Bilbao como en el Penal de Burgos. Una vez excarcelado y asentado en
Asturias, además de proseguir sus actividades dentro del PCE, Laso
Prieto realizó una intensa actividad como presidente de la Fundación
Isidoro Acevedo, vinculada al Partido Comunista, y ejerció como
vicepresidente de Tribuna Ciudadana en la capital asturiana. Como
especialista en Gramsci y en la teoría del uso alternativo del
Derecho, este histórico militante comunista impartió conferencias en
muy diversas ciudades de España y del extranjero. También formaba
parte de las juntas directivas de las asociaciones filosóficas
Sociedad Asturiana de Filosofía y Nódulo Materialista.
La biblioteca de Babel
John
Berger
De A para X. Una
historia en cartas
Alfaguara, Madrid 2009
Recomendar a John Berger puede resultar redundante. Pero mejor
pasarse por
exceso
que por defecto. La escritura de Berger es siempre interesante, pero
creo que ésta es una de sus obras mayores. Por la forma en que está
escrita, por la amplitud de temas que aborda. Por algo que siempre
ha estado presente en su escritura como es la relación entre la vida
cotidiana y la transformación social. Donde la búsqueda del placer
no está reñida con la pretensión de conseguir un mundo mejor. Es,
también, una magnífica novela de amor. Y una reflexión sobre las
desigualdades del presente. Sobre la persecución implacable que se
experimenta en algunos países (parece evidente que el libro se
refiere a la represión en el mundo árabe). Sobre la urgente
necesidad del cambio.
[A.R.A.]