La crisis y el
crédito
Juan Ramón
Capella
y Miguel
Ángel Lorente
[Nuestros compañeros Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón
Capella acaban de publicar en la editorial Trotta El crack de
2008. La crisis. El futuro, libro que comentaremos en el próximo
boletín. Ahora publicamos una reflexión suya posterior al libro, en
forma de cruce de correos electrónicos]
Barcelona, 10
de mayo 2009
Querido Miguel
Ángel:
Me decías que
para salir de la crisis no basta el keynesianismo, sino que se
necesita además el crédito. He estado dándole vueltas a eso. Y creo
que hay que reflexionar sobre el crédito.
El crédito —pero
¿qué te voy a contar?— implica siempre unas expectativas sobre el
futuro. Por supuesto, unas se refieren a la entidad que solicita
crédito —ciertas garantías, ciertas experiencias de comportamiento—,
que sin embargo no son enteramente reales, sino suposiciones
“individualizadas” sobre el futuro (por ejemplo, que el
comportamiento seguirá líneas parecidas a las del pasado); y otras
expectativas son sociales: ya no se refieren a quien solicita
el crédito sino al ambiente económico en que se realizarán
las actividades por las que se corre el riesgo: por ejemplo, que no
habrá inflación, que los bienes que se produzcan se venderán, y
otras más difusas, como que no intervendrá por medio una guerra, que
terceros no tendrán comportamientos que influirán sobre el riesgo,
etc.
Tú dices que los
bancos saben prestar. No estoy del todo de acuerdo más que,
hipotéticamente, en lo que se refiere a la banca comercial
tradicional regulada públicamente (y aún, que siempre queda
el factor humano, y aprovechados los hay hasta debajo de las
piedras). Cuando ese no es el caso —de la regulación pública, quiero
decir— (banca inglesa), o hablamos de una banca de inversión, las
cosas no van exactamente por ahí. En la economía desregulada
reciente, ha habido —y hay— reguladores o regulaciones privadas,
de lex mercatoria: el “Comité de Basilea” señala las
condiciones de sanidad bancaria; hay también un organismo privado
que regula privadamente las garantías, y hay normas privadas de
contabilidad. Pero todo eso ha fallado estrepitosamente en esta
crisis: al Comité de Basilea no le ha hecho caso nadie o ha dejado
abiertos demasiados agujeros en su regulación; sobre las garantías
(seguros sobre créditos), ya sabemos lo que ha pasado. Y en cuanto a
la contabilidad, también sabemos que pese a las normas se puede
hacer de todo, y ahí están los casos de Enron y de las
certificadoras como Arthur Andersen para probarlo.
De ahí una
primera conclusión: las regulaciones privadas que atañen al
crédito han fracasado estrepitosamente. Se precisan regulaciones
públicas. Y aquí tenemos ya un problema: hay países (los
paraísos fiscales) que difícilmente las pondrán, otros que no las
han hecho. Y, sobre todo, lo más grave: ¿quién establece
regulaciones internacionales públicas? He aquí un primer
problema que, a mi juicio, hay que apuntar sobre el crédito y sobre
el retorno del crédito a la economía en dimensiones significativas.
(Por supuesto,
esto no afecta gran cosa al pequeño crédito comercial e industrial
local, pero te propongo seguirme en lo que viene ahora).
Las segundas
condiciones para que el crédito pueda funcionar son sociales: tienen
que ver con la economía local o global en su conjunto, según del
tipo de crédito de que se trate. Por simplificar, hablemos de las
globales: el crédito puede funcionar sobre supuestos como que no
habrá inflación, que la divisa de referencia será estable, que no se
producirá una crisis económica local o global y cosas como éstas.
Que se vuelven enormemente complicadas cuando entran en juego
factores geopolíticos y económicos globales: desde el precio del
petróleo o de la energía hasta las amenazas de guerra (incluso las
epidemias tienen consecuencias económicas), la estabilidad de
ciertos países, etc. Dicho de otro modo: las expectativas sobre
el futuro de este segundo tipo son fundamentales para los
intercambios globales.
Y nunca las
incertidumbres están tan presentes, justamente, como en medio de la
crisis. Las incertidumbres económicas pueden aumentar precisamente
con asuntos que tú y yo prevemos en nuestro librito: la inflación
previsible, la posible inestabilidad de la divisa de referencia, o
incluso las “complementariedades” de los procesos productivos en los
países emergentes y en los emergidos. Creo que esta incertidumbre
no se puede eliminar fácilmente. Si le añadimos incertidumbres
geopolíticas, la cosa se pone aún más complicada para que las
expectativas de futuro referentes el crédito, sobre todo al
crédito a largo plazo que alimentaba la globalización, puedan ser
percibidas por los agentes económicos como precisas.
Por eso creo que
deberíamos empezar a diferenciar diferentes tipos de crédito: a
corto plazo y a largo plazo, crédito público y crédito privado,
crédito para proyectos intraestatales y crédito internacional.
Dos cuestiones
adicionales meramente apuntadas.
Una es la
cuestión de la divisa de referencia, el dólar. La aceptación del
dólar como divisa se ha basado en dos cuestiones: es la moneda de la
primera economía mundial, y es también la moneda de la primera
potencia militar mundial. Y las cosas están cambiando: la economía
norteamericana —la interior, cuando menos— está en declive. Y no
sabemos cuál es exactamente el peso de los rendimientos de las
inversiones del capital norteamericano en el extranjero que regresan
al país. Sí sabemos que la deuda pública externa norteamericana es
disparatada y que a sus compradores se les van a ir quitando las
ganas de comprarla; también sabemos que hay un enorme déficit
público por las operaciones de salvamento de corporaciones
financieras. Así las cosas, el destino o la fortaleza de esta divisa
va crecientemente atada al lado militar de los Estados Unidos, lo
que es autocontradictorio, porque las intervenciones militares
americanas pueden determinar por sí mismas crisis económicas más o
menos grandes. Por eso creo que es preciso avanzar la cuestión de la
creación de una divisa internacional menos vinculada (aunque
de momento siempre lo estará) al dólar.
La otra cuestión
tiene que ver con los intercambios de la globalización. He
aludido antes a la complementariedad de las producciones de
países adelantados y “emergentes”: eso, al parecer, no está bien
resuelto —por lo que he podido leer en los meses pasados—. Pero no
me parece el problema principal. Éste es la cuestión, que bien
conoces, de que los intercambios de la globalización no son
exactamente comerciales. Que China venda productos made in
China a los países adelantados y éstos le vendan deuda no
es exactamente comercio, sino otra cosa (a la que convendría
encontrarle un nombre, y poder medirla).
Bueno: no sé si
esto puede provocar alguna respuesta tuya, que espero con
impaciencia.
Un abrazo
Juan Ramón
20 de mayo de
2009
Querido Juan
Ramón,
Te contesto,
tarde y mal, a tu correo del día 10.
Sobre el correo en sí mismo:
A. Se
está demostrando que el keynesianismo, en solitario, no es la
salida. Razones básicas, en mi opinión:
- El
multiplicador de los gastos es pequeño, especialmente en lo que
se gasta y en la composición del gasto. Sobre eso escribimos en
el libro al tratar las limitaciones.
- El cebador
del crecimiento de los últimos veinte años ha sido el crédito. Todo
se mueve a crédito, mucho más que en el 29 o en cualquier época
pasada. El efecto de la pirámide crediticia, brutalmente
multiplicador —y desestabilizador a medio plazo— no puede compararse
con el del gasto público, al menos con el tipo de gasto que se
hace.
B. Está
bien visto que el crédito se comporta según una extrapolación del
pasado. Pero, sobre todo, lo es de lo que acabó mal en el pasado
reciente, es decir de las expectativas. La crisis genera
expectativas que alimentan la crisis por falta de crédito: se deja
de prestar porque se teme que no se devuelva; el freno al crédito es
la respuesta a la morosidad, una especie de ajuste automático y,
excepto en las épocas de rápido hundimiento, como ahora,
relativamente progresivo.
- Lo
anterior pasa y ha pasado siempre. Pero ahora, como observas, las
complejidades de la globalización implican que nadie puede hacer
apuestas seguras sobre lo que pasará. Y eso es otro factor de
freno del crédito.
- Además, con
la iliquidez bancaria y la enorme descapitalización, no hay manera
de arrancar el crédito.
- Una cosa
menor. No tengo claro que las expectativas de una inflación,
llamémosla asumible, afecten al crédito. Aunque las deudas sean
menores en términos reales e, incluso, los tipos de interés lleguen
a ser negativos, los pasivos (depósitos) del conjunto de la banca se
pagan en inflación a precios ridículos y aumentan rápidamente con
las masas monetarias.
En resumen,
que será difícil que despegue.
C. Está
claro que la respuesta para que, si se consigue relanzar el crédito,
no volvamos al desbarajuste es la regulación. Y que ésta ha de ser
pública, internacionalmente pública como dices. Esa regulación no
tiene dueño, o mejor dicho, sus dueños tienen intereses generalmente
contrapuestos. Se quiere que se realice por los organismos que más
han fracasado en la regulación, en el diagnóstico y en los remedios
fallidos: FMI, BCE.
D. La
respuesta debería rondar cuatro vías:
- Crédito
público
- Apoyo
directo desde lo público (avales con condicionantes) al crédito
privado.
- Crédito
internacional para proyectos internacionales (los aumentos de fondos
del FMI van a países concretos para que paguen la deuda con sus
acreedores bancarios o estatales). Sobre el carácter de esos
proyectos se habla en nuestro libro, ejemplificándolo.
- Regulación
del crédito a nivel internacional (requerimientos de capital,
provisiones...), pero también de todo lo financiero (fondos de
cualquier tipo, instrumentos...).
Yo sigo
dándole vueltas a la cuestión financiera, pero sin sacar
conclusiones. A ver si estos días de mucho vuelo nocturno me llega
alguna luz.
E.
Respecto a la cuestión de la divisa internacional de referencia,
continúo con lo que dijimos en el libro.
- A corto, el
dólar aguantará (aunque se esté haciendo sacar chispas a la máquina
de billetes y se esté multiplicando él déficit y la deuda, inundando
el mundo de dólares) porque: a) es la divisa de refugio en un
momento en que las nacionales se hunden y por tanto por ahí viene
una demanda de dólares; b) los países con grandes reservas de
dólares (asiáticos, petroleros...) no quieren que se devalúe ni que
sus monedas pierdan competitividad; c) la libra y el euro también
van a ver multiplicadas las deudas de sus países y van a inundar los
mercados, aunque no tanto como el dólar —pero sin el valor como
referencia de éste—.
- A medio, el
dólar declinará y es posible que se llegue a una cesta de monedas
con una denominación (pero me parece que esto último está aún muy
lejos).
- Todo eso
tiene mucho que ver con la última cuestión que apuntas: la
continuidad de la compra de mercancías a cambio de deuda.
Efectivamente, no es un mecanismo de comercio; si acaso, es una
condición para que el comercio se produzca porque es la única manera
de mantener el déficit comercial y público de EE.UU. y de algunos
otros países centrales. Ahora se ha ajustado: hay menos compra de
manufacturas baratas; pero la gran duda —quizás el otro gran
mecanismo de continuidad de la crisis— es ¿a quién se va a colocar
la deuda de las políticas keynesianas si no se compra a los que la
absorbían? (eso venía planteado —atisbado— en la parte del libro que
condicionaba el éxito neokeynesiano, pero es más gordo de lo que
allí se dice).
Un beso y a
seguir haciendo puños dialécticos,
Migue
Cuaderno
de crisis/7
Albert Recio
¿Cambio estructural?
I
Cambiar
el modelo económico hace tiempo que forma parte de las ideas fuerza
que circulan en el debate económico. Los mismos economistas críticos
lo hemos argumentado, con puntos de vista diversos, en numerosas
ocasiones. Y tampoco es difícil encontrar economistas del
establishment que comparten esta opinión. Hasta cierto punto, el
consenso no es difícil de alcanzar. Sólo los muy ciegos o muy
dogmáticos (o los que simplemente efectuaban previsiones a base de
extrapolar series numéricas) pueden ignorar los problemas
estructurales de la economía española. Los que la crisis global ha
dejado al descubierto: dependencia insostenible del binomio
construcción- turismo, desequilibrio persistente de la balanza
comercial (importamos más que exportamos en casi todo tipo de
sectores, y hemos perdido cuota de mercado en aquellos en los que
estábamos especializados), endeudamiento exterior persistente (en
parte debido a lo anterior), mercado laboral con exceso de empleos
temporales....
De aquí
que predicar la necesidad del cambio no resulte ni original ni
extraño. La intervención del presidente Zapatero, siempre tan dado a
las afirmaciones pomposas, a confiar que sus palabras obrarán el
cambio, anunciado que su nuevo plan significa el inicio del cambio
de modelo responde simplemente a esta necesidad de situarse en la
“ortodoxia” y en el consenso de lo, ahora sí, políticamente
correcto. Otra cosa es que sus medidas signifiquen el cambio real o
que el consenso real exista más allá de la percepción común sobre la
imposibilidad de prolongar el tipo de desarrollo económico que ha
dominado, al menos, la expansión de los quince años anteriores.
II
Hay
muchas formas de evaluar el modelo. La más sencilla es la que emana
del análisis de la especialización productiva. En este caso el
énfasis se pone en la necesidad de cambiar el tipo de actividades
predominantes. Esta es la idea subyacente en el equipo de Gobierno.
También en buena parte de los dirigentes sindicales. Tenemos que
pasar del ladrillo a los sectores emergentes. Tratar de ganar
competitividad basándonos en la promoción de actividades con más
valor añadido, demanda creciente, menor competencia (aunque gran
parte de la teoría económica dominante, incluidos la mayoría de
manuales, se basan en el supuesto de competencia perfecta, resulta
evidente que las empresas reales tratan siempre de conquistar
“nichos de mercado”, espacios relativamente protegidos donde se
obtienen los buenos negocios) y oportunidad de crecimiento. A este
cóctel se pueden añadir unas gotas de corrección medioambiental: la
que supone que la economía ecológica es sobre todo una oportunidad
para desarrollar nuevos mercados y seguir expandiendo el negocio.
Por esto hasta un manifiesto que ha empezado a circular en defensa
de los derechos laborales incluye en su título el oximoron del
“crecimiento sostenible”. Si éste fuera todo el problema la nueva
política económica debería orientarse a descubrir cuáles son los
nuevos sectores de expansión y a promover su desarrollo mediante los
instrumentos habituales de las políticas públicas: regulaciones,
subvenciones, provisión de recursos formación, ayudas a la
investigación, etc.
Esto
es lo que pretende el nuevo plan del Gobierno con una coherencia más
que dudosa. En primer lugar porque parece más un plan de ayuda a
los sectores tradicionales que no de cambio de modelo. Especialmente
cuando se observa que una de las medidas estrella, secundada
automáticamente por la mayor parte de Comunidades Autónomas, es la
subvención a la compra de coches. Una política que además supone una
rectificación del anterior plan Vive que efectivamente limitaba las
ayudas a los vehículos menos contaminantes. Ahora se amplia
injustificadamente la gama de coches a subvencionar, en casos como
Catalunya sin ni siquiera salvar la cara de una mínima racionalidad.
Las sostenidas presiones de los constructores han tenido un éxito
rotundo y una gran parte de fondos públicos volverán a dedicarse a
lo de toda la vida, al desarrollo de un sector que genera empleo
pero también enormes costes sociales, ecológicos y económicos
(nuestro modelo de transporte es uno de los responsables del
desequilibrio de la balanza comercial vía importaciones de petróleo
y vehículos de alta gama).
Tampoco
resulta convincente el compromiso de eliminar la desgravación fiscal
a la compra de vivienda en 2011. Parece más un intento de animar el
alicaído mercado (1,05 millones de viviendas sin vender), con el
espantajo que dentro de 2 años comprar resultará más caro, que un
cambio claro de modelo. No hay garantías de que en 2011 no vuelva
cambiarse la opinión. Sobre todo pensando que la desgravación a la
compra de vivienda es una buena baza electoral para un Partido
Popular siempre favorable a la demagogia y a la defensa de los
intereses de los sectores económicos tradicionales. De hecho, como
argumenté hace tiempo, la mayor responsabilidad del Gobierno
Zapatero fue el dar por bueno y prolongar el modelo económico que se
configuró bajo los gobiernos de Aznar.
Eliminar
las subvenciones a la compra ha formado parte de las recomendaciones
que hace tiempo venían haciendo algunos importantes economistas
neoclásicos. Sobre todo por su enorme confianza en la influencia
decisiva de los precios relativos (y las subvenciones son una forma
de abaratar relativamente el precio de un bien) y sus recelos a la
intervención pública en los mercados. No está claro sin embargo que
la desaforada expansión de la vivienda en propiedad tenga sólo que
ver con la desgravación fiscal, hay otros muchos factores en juego:
la inseguridad jurídica del alquiler generada por la liberalización
de este mercado (espacios cortos de tenencia que en épocas de
expansión han generado aumentos de precio), el carácter de la
vivienda como patrimonio acumulable (y relativamente estable en el
largo plazo), la ausencia de una verdadera política de vivienda
pública. Sin contar, por el otro lado, las incertidumbres que el
alquiler genera en los presuntos promotores de vivienda: mientras,
en tiempos normales, la promoción para la venta permite el cierre
del ciclo del capital en un plazo relativamente breve, el alquiler
obliga al propietario a una gestión más trabajosa e incierta (ligada
tanto al comportamiento de los inquilinos como especialmente a la
necesidad, costosa, de mantenimiento del activo). La vivienda es
siempre un tema complicado. Para el que el mercado tiene respuestas
insuficientes. Y donde es dudoso que un mero cambio de incentivos
genere cambios de calado. Cambiar de verdad el modelo exige
políticas más ambiciosas en muchos frentes.
El tercer
pilar es sin duda el más novedoso. La perspectiva de un plan de
desarrollo sostenible generador de una nueva industria. La
sostenibilidad obliga a cambiar buena parte de los bienes que usamos
y producimos. Pero cambiar el tipo de bienes no significa
automáticamente sostenibilidad. Avanzar sobre la sostenibilidad
implica a la vez cambios en los modelos y niveles de consumo (y de
presión sobre el medio), en las formas de organizar la vida
cotidiana, en el tipo de tecnología a emplear. Implica en muchos
casos reducir y no ampliar la actividad productiva (aunque el
proceso es menos lineal de lo que presuponen algunos defensores del
decrecimiento, en mi opinión tan abstracto y confuso como su
opuesto). Y ello solo es posible llevarlo a cabo sobre la base de
una profunda reorganización de nuestra entera vida social. Poco que
ver con el simple campo de unas líneas de producción por otras, con
el fin no tanto de ajustar nuestro modelo de vida a las exigencias
que impone la crisis ambiental, sino de generar nuevas vías de
negocio que signifique la prosecución del actual crecimiento
económico por otras vías.
Se
corre
además el peligro, bastante palpable, de que la apuesta por este
nuevo modelo se traduzca simplemente en una nueva vía de
transferencia de recursos públicos a grupos privados. Toda la
historia de las tres décadas de dominio neoliberal están marcadas
por el predominio de grupos empresariales sobrealimentados por el
erario público. El núcleo central tanto de la corrupción endémica
como de los mayores intereses oligopólicos. Sea en el campo de las
obras o en el de la prestación de servicios públicos o en el menos
tradicional de las actividades paramilitares o la gestión del
sistema carcelario (especialmente en los EE.UU.). La coartada
medioambiental es ahora otra fuente de oportunidades, como ya
resulta evidente en el caso de la industria de biocombustibles, en
las subvenciones a los vehículos eléctricos y se atisba detrás del
renacido lobby nuclear y partes del sector de las energías limpias.
Los que esperaban que el cambio de modelo tecnológico significaría
automáticamente la democratización del poder económico deben
estudiar atentamente por qué y cómo la floreciente actividad de las
energías renovables ha pasado en poco tiempo a manos de los viejos
poderes de siempre: Iberdrola, Acciona, Endesa... De la misma forma
que detrás del anuncio de Andalucía Sostenible asoman los intereses
de importantes grupos locales, como Abengoa. Que quede claro, no
cuestiono la necesidad de optar por un cambio de modelo energético y
productivo, simplemente señalo que con los parámetros actuales hay
riesgos más que evidentes de que nos vendan “gato por liebre” y la
apuesta “sostenible” se convierta en una mera coartada para
continuar el bombeo de recursos públicos hacia intereses
minoritarios.
III
Con
todas
sus limitaciones, el plan Zapatero ha sido contestado por la derecha
(siempre tan consecuente en que no se toque ni un pelo a los que
siempre han dominado el cotarro). y por una parte de la propia
academia liberal. Para ésta, cualquier intervención pública en el
mercado es deleznable y temen que el Plan de Sostenibilidad suponga
excesivo intervencionismo público. Más que temer por al amplitud del
plan, la queja sirve para volver a repetir los argumentos de
siempre: la única política aceptable es la de las reformas
estructurales. O sea: normas laborales, seguridad social, normas de
inmigración. Todo lo que atañe a la gestión de las personas, de las
clases trabajadoras, a la distribución social. No deja de ser
vistoso que mientras en un campo, la reforma laboral, se propugna la
reducción de la protección al empleo (no solo menos indemnización
sino también eliminación de normas, como la aprobación de los EREs
por la autoridad pública), en otro, la política migratoria, se
apuesta por el “intervencionismo fuerte”, o sea por políticas
represivas hacia los inmigrantes indeseables (el eufemismo de moda
es “poco productivos” o “con escaso capital humano”) y puertas
abiertas a los que interesen (no sea que nos vayamos a quedar sin
estrellas deportivas o que no podamos invitar a un amigo a nuestra
universidad). El simplismo de muchos de estos análisis —como el de
explicar cómo ha sido posible que llegara tanta gente a este país a
pesar de leyes de entrada realmente restrictivas y creciente gasto
dedicado al control de fronteras— cuando no la simple manipulación
—Sala y Martín se ha atrevido a afirmar en la Vanguardia que la
crisis la ha provocado el crecimiento de los salarios sobre la
productividad sin dar dato alguno, como no podía ser de otra forma
dada la evidencia de la caída de la participación salarial— es
demasiado grosero. Pero en esto la derecha es contumaz. Repetir mil
veces un argumento, sobre todo cuando se tienen buenos altavoces y
pantallas, permite a menudo hacerlo creíble. Y ante la inanidad de
las propuestas del Gobierno las viejas malas explicaciones tienen
posibilidades de alcanzar respetabilidad.
IV
Cambiar
la estructura pasa, sin duda, por alterar la composición,
organización y tecnología productiva. Por reorganizar partes enteras
de nuestra vida material. Una tarea sin duda compleja, lenta y
difícil. No sólo por la resistencia de los intereses establecidos,
sino también por la propia inercia de los hábitos, las dinámicas
organizativas e institucionales (y que explican en parte la
diversidad y especificidad de muchos modelos nacionales). Aún en
términos convencionales las limitaciones del capitalismo español no
se deben sólo a una especialización inadecuada, son en gran parte el
producto del predominio de estructuras empresariales específicas, en
las que están presentes tanto grandes grupos —nacionales y
multinacionales— que controlan puestos clave del modelo, como
miríadas de pequeñas y medianas empresas que por sí solas son
incapaces de transitar hacia otro modelo. Cualquiera que sea la vía
de cambio estructural —en clave de persistencia de una economía
capitalista abierta o de una economía postcapitalista— la
consideración del modelo empresarial y organizativo constituye una
cuestión clave. Más aún para los que queremos transitar hacia una
sociedad del bienestar sostenible.
Pero
el cambio no puede hacerse tampoco si no se considera la otra cara
de nuestro modelo social. Un modelo lastrado por una elevada
desigualdad y el subdesarrollo de lo público. Cuando la referencia
que se toma es la Unión Europea resultan evidentes las enormes
deficiencias en gasto social (en casi todos los aspectos, menos en
el del gasto en desempleo: aunque nuestros parados cobran poco,
muchos nada, son tantos que el gasto total crece). Unas deficiencias
que también se advierten en el subdesarrollo del empleo en los
servicios a la comunidad. O en el del bajo nivel de formación
profesional (una actividad habitualmente infradotada, vilipendiada
incluso). Resulta ostentoso que aun siendo una de las propuestas
estrella de los primeros planes anticrisis, de principios del 2007,
su desarrollo está aun pendiente. Quizás porque se trata de un tema
poco interesante para unas elites que confunden formación
universitaria con productividad. Y que interesa poco a unos
empresarios siempre temerosos de que el reconocimiento formal de la
profesionalidad legitime demandas salariales. De la misma forma que
no podemos pretender avances significativos en las desigualdades de
género mientras por un lado predominen estructuras sociales tan
piramidales y, por otro, las cuestiones relacionadas con el cuidado
de las personas no se integren coherentemente con el resto de la
vida social.
Cambiar
el modelo pasa también por un cambio profundo en la distribución de
la renta, el papel de los servicios públicos, la construcción de las
estructuras profesionales y la consideración de las actividades de
cuidados como necesidades y deberes universales. Un impulso
igualitario coherente con las necesidades de una sociedad más
orientada al bienestar comunitario que al derroche social y
ambiental. Por ello creo que para enfrentarnos verdaderamente a un
cambio de estructuras debemos ser capaces de formular un mínimo de
coherencia entre los diferentes aspectos complementarios de una
compleja realidad económica y social.
Fe de erratas: FEDEA no es la fundación de las cajas
Navegando
por internet descubro que en
http://www.otromundoesposible.com
se ha generado un pequeño debate en torno a mi anterior Cuaderno de
Crisis. Como es de esperar hay opiniones de todos los gustos y mi
narcisismo no da para entrar al debate.
Sólo
que hay que reconocer que uno de los críticos aporta un argumento
contundente en mi contra. Una muestra de mi poca seriedad es que
considero a FEDEA la Fundación de las Cajas de Ahorro, cuando se
trata de un mero instituto de investigación. Tiene razón en cuanto a
lo primero, la verdad es que puse la información porque estaba
convencido que era así (convencimiento que, desconozco la causa, he
descubierto compartían varios de mis colegas). Otro de los
participantes en el debate me puso en la verdadera pista, tan fácil
como entrar en la página web de Fedea y ver quién forma el patronato
del mismo. No tiene desperdicio, sus miembros figuran citados junto
a las empresas de las que forman parte. Ahí va la lista: Banco
Sabadell, Abertis, BP Oil, Abengoa, Caja Madrid, Santander, Repsol
YPF, Acciona, Corporación Financiera Alba (Grupo March), Ibercaja,
BBVA, Banco de España, Ferrovial, Bolsa de Madrid, Fundación Ramón
Areces (Corte Inglés), Banco de Andalucía, Banco Popular Español y
la Caixa. O sea una representación exquisita de los grandes grupos
empresariales españoles, con presencia de los grandes bancos y las
principales cajas. Sin duda me equivoqué: Fedea esta financiada por
el gran capital. Fedea. eso sí. es un centro de investigación
científica, aunque da la casualidad de que está financiada por
grandes grupos empresariales.
Pero
no seamos malpensados. Y sobre todo, como ya ha recordado alguno de
mis críticos, no tiene sentido caer en explicaciones conspirativas.
No deja de ser gracioso, por decirlo suavemente, que quienes niegan
la posibilidad de conspiraciones sean los que dedican gran parte de
su tiempo a un tipo de análisis donde predomina lo intencional.
Precisamente toda la teoría social basada en el individualismo
metodológico, incluida la teoría de los juegos, parte precisamente
del supuesto que la sociedad se explica a partir de la actuación de
sujetos que tienen objetivos y elaboran estrategias para lograrlos.
Como es bien conocido, la teoría de los juegos nació ligado al
análisis de la carrera de armamentos, y muchas de sus primeras
aplicaciones trataban precisamente de dar pautas de actuación a los
políticos estadounidenses en la guerra fría y caliente que sostenían
frente a la URSS. No hace falta ser un “fan” de estas teorías para
entender que en el mundo real las acciones intencionadas funcionan,
y se desarrollan a través de medios diversos. Desde la mera
declaración de intereses en cualquier proceso de negociación, hasta
las menos habituales tramas conspirativas complejas. Subrayar que
una determinada propuesta proviene de una fundación próxima a
intereses empresariales y señalar la existencia de conexiones entre
instituciones (como la que une al servicio de estudios del Banco de
España con Fedea, evidente si se constata que José Luis Malo de
Molina ocupa puestos clave en ambas instituciones) no significa ni
siquiera hablar de conspiración. Simplemente reconocer el enorme
poder propagandístico que tienen algunas instituciones, basado en
sus recursos, su red de conexiones personales e institucionales, su
posición social.
No he
tratado
de explicar una conexión secreta, simplemente recordar la red de
intereses sociales que configuran una verdadera estructura de poder.
Pero ya se sabe que el poder hace años que ha desaparecido de la
reflexión económica, excepto cuando se trata de presentar a los
sindicatos como formas de poder monopólico en el mercado laboral.
Catalunya:
educación con clase
Albert Recio
Las
referencias a la educación como inversión en capital humano, a la
educación como vehículo de integración social, a la educación como
mecanismo de superación de las clases sociales, constituyen tópicos
recurrentes en el vademecum de frases hechas de cualquier político.
Especialmente en los de izquierdas.
En
Catalunya sin embargo llevamos años en que esta retórica es
contradicha por una realidad tozuda. Ni se invierte mucho en
educación ni, sobre todo, podemos considerar que nuestro modelo
educativo sea integrador y nivelador de desigualdades, El sistema
educativo catalán es profundamente clasista.
Los
orígenes de esta realidad son viejos. De la época en la que la
educación era simplemente considerada un medio para la formación de
las elites. Unas elites que se formaban fundamentalmente en centros
religiosos. Uno iba a estudiar a uno u otro colegio, a una u otra
orden, de acuerdo con su rango social. La escuela pública,
insuficiente en plazas e instalaciones, se concentraba en los
barrios de clase obrera, donde coexistía al lado de una miríada de
“chiringuitos” privados que suplían, pésimamente, la falta de
cobertura pública. Por eso fue habitual en la lucha de los barrios
la demanda de educación pública, de escuelas e institutos. Algo que
tuvo su correlato en un amplio movimiento de enseñantes defensores
de una escuela pública de calidad. Una lucha que incluía a un
importante grupo de cooperativas escolares privadas que aspiraban, y
en su mayoría consiguieron, convertirse en verdaderas escuelas
públicas.
Está
amplia aspiración democrática chocó sin embargo con la política
desarrollada por el gobierno de Convergencia i Unió. Su carácter
clasista y las conexiones con la Iglesia Católica reforzaron un
sistema escolar dual. De una parte las escuelas privadas, orientadas
mayoritariamente al alumnado de clase media-alta (aunque siempre hay
huecos para aspirantes a desclasarse). De otra, un sistema escolar
público, implantado básicamente en los barrios de clase obrera. Un
sistema público que, al menos, se consolidó en cuanto su volumen de
equipamientos, lo que permitió erradicar las viejas academias
privadas (muchas de ellas en instalaciones infectas) donde muchos
escolares habían padecido una escolarización deficiente. Pero este
sistema público padeció, desde siempre una discriminación evidente
en dotación, prestigio, etc.
La
debacle empezó en los Institutos públicos con la implantación de la
E.S.O. Una implantación con pocos recursos. Y que suponía que los
centros, acostumbrados a recibir un alumnado seleccionado, pasaban a
recibir al conjunto de la población escolar. Ni muchos de los nuevos
escolares llegaban suficientemente motivados, ni muchos profesores
tenían experiencia y capacidad para lidiar con los problemas que
plantean unos adolescentes provenientes de medios con bajo nivel
cultural. Las tensiones de esta implantación se tradujeron en una
pérdida de atractivo de la enseñanza media pública y en una nueva
legitimación de la escuela privada selectiva (para fortuna de las
pocas escuelas privadas implantadas en barrios obreros, que se
“vendían” como escuelas “excelentes” sobre todo porque evitaban la
entrada de menores “indeseables”). Y la debacle se materializó con
la llegada del nuevo flujo migratorio que alentó temores y tics
racistas entre las familias autóctonas y permitió nuevas maniobras
selectivas hacia la escuela privada mimada por la Administración.
Con el
nuevo gobierno tripartito de izquierdas hubo esperanzas de que las
cosas empezaran a equilibrarse. Aunque nadie esperaba que acabara el
sistema dual, al menos podía exigirse un reforzamiento de la escuela
pública, en recursos, prestigio. Y era de esperar que se exigieran a
la privada algunas contrapartidas en forma de prácticas menos
discriminatorias en el acceso de alumnos, especialmente extranjeros.
A pesar de algunas medidas positivas, como la convocatoria masiva de
oposiciones que ha permitido reducir la precariedad laboral del
profesorado público, o un cierto impulso a la construcción de nuevos
equipamientos (necesarios para absorber el crecimiento demográfico),
no ha habido ninguna gran actuación orientada a cambiar la
estructura básica del sistema dual. Más bien al contrario. En el
proceso de elaboración de la nueva Llei d’Educació de Catalunya, el
Partit dels Socialistes Catalans y Esquerra Republicana de Catalunya
han alcanzado un acuerdo con Convergència i Unió por el cual se abre
la posibilidad de extender los convenios de financiación de la
escuela privada a los centros de segunda enseñanza y formación
profesional. Algo que la derecha catalanista no se atrevió a hacer
por el temor de una reacción social. No sólo se consolida el modelo
dual, se acepta incluso mantener el concierto económico con las
escuelas del Opus Dei que imponen además una segregación de niños y
niñas, manteniendo el modelo escolar del franquismo.
La
reacción
ha existido, en forma de movilizaciones de enseñantes públicos, pero
no ha sido capaz de generar un debate con la suficiente amplitud
como para romper el cerco de intereses dominantes. Quizás porque no
sólo se trata de mantener el viejo poder de la Iglesia Católica. Lo
que verdaderamente refleja este pacto es el predominio de la cultura
de la “distinción”, de la segregación, del racismo que subyace en
los valores y comportamientos de amplios sectores de clase media.
Valores que impregnan a gran parte de los cuadros de los propios
partidos y a sus bases más próximas. No hay más que ver a qué
escuelas acuden los vástagos de muchos de nuestros colegas
universitarios (y analizar el discurso con el que justifican su
preferencia por la “concertada”). Ampliar la concertación hacia la
clase media es, sobre todo, una transferencia de renta hacia arriba.
Cuando cualquier planteamiento igualitario, o simplemente
reformista, abogaría por realizar un gasto compensatorio orientado a
cubrir desde la escuela las limitaciones de recursos de las familias
de bajos ingresos. Y donde resulta evidente que la escolarización
exitosa de niños y niñas provenientes de otros países requiere de un
esfuerzo adicional para facilitar, por ejemplo, una inmersión
lingüística exitosa. Financiar con dinero público la red privada de
formación profesional no sólo supone abandonar el proyecto de una
buena red pública (prácticamente inexistente), sino también seguir
apostando por la mala calidad de una formación que constituye un
elemento estratégico básico para cualquier país serio.
Si algo
queda claro en toda la política del Conseller d’Educació, Ernest
Maragall, es que le importa poco la formación de la clase obrera. O
al menos eso se trasluce de su denodada política de cerrar aulas de
bachillerato nocturno, o de su desprecio a la hora de articular la
vieja red de Escuelas de Adultos (que antes permitieron la
alfabetización de miles de personas y hoy sirven eficazmente de
centros de aprendizaje de idiomas e informática, así como de centros
de relación y aprendizaje cultural). Ya sabemos que los términos
“izquierda” y “derecha” son relativos, pero de lo que no cabe
ninguna duda es que la política educativa del PSC es claramente
regresiva. Han optado por abortar cualquier reforma de un sistema
heredero del franquismo y desarrollado por los conservadores
catalanes.
La
escuela
igualitaria es la gran víctima. Pero hay efectos colaterales.
Iniciativa Verds-EUiA se ha opuesto a la ley y votará en contra. Una
vez más ha mostrado su incapacidad de influir de forma importante en
la política del Gobierno del que forma parte. Y aunque su gesto de
oposición ha sido nítido no está claro que pueda convencer de la
utilidad de su política a una parte de su propio electorado. La
imagen de impotencia que generan los pactos y decisiones que se
generan a sus espaldas (como la de aumentar las subvenciones al
sector automovilístico) más bien desalienta a sus votantes más
críticos. Para la izquierda este nuevo pacto es una ignominia.
También la necesidad de revisar y repensar cuáles son las formas de
articular respuestas y de conseguir alguna influencia sobre
decisiones cruciales para el futuro.
Comunicado
acerca de la introducción de limitaciones en el principio de
jurisdicción universal
Jueces para la
Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, M.E.D.E.L.
(Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) y el Grupo
de Estudios de Política Criminal,
quieren manifestar lo siguiente:
1.- Los partidos
políticos mayoritarios (PSOE y PP), aprovechando el trámite de
enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal
para la Implantación de la Oficina Judicial, han acordado modificar
–apresuradamente y sustrayéndolo del necesario debate– el artículo
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio
de jurisdicción universal referido a determinados delitos, a fin de
limitar su alcance.
2.- El principio
de justicia universal –con fundamento en la defensa descentralizada
de los intereses y valores de la comunidad internacional en su
conjunto, y no en los puramente estatales o particulares– es una
conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance
decisivo en la defensa de los derechos humanos universalmente
reconocidos en una sociedad global como la contemporánea.
3.- El derecho
internacional vigente impone a todos los Estados la obligación de
perseguir los crímenes contra humanidad, se produzcan donde se
produzcan y al margen de la nacionalidad de los agresores y de sus
víctimas, toda vez que conductas tan odiosas –que, además, quedan en
la impunidad– trascienden a las víctimas y ofenden a toda la
humanidad porque ponen en peligro los principios generales de
civilización consagrados por las normas protectoras de los derechos
humanos fundamentales.
4.-
España,
como país pionero, debe sentirse orgullosa de la asunción por
nuestros tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal ya
que expresa su compromiso con el carácter universal de los derechos
humanos. Los términos en los que está recogido actualmente este
principio en la legislación española –y en los tratados
internacionales en los que es parte– ha permitido la persecución de
los más graves ataques institucionalizados contra los derechos
humanos con la condena y castigo de un buen numero de criminales así
como evitado que otros puedan moverse impunemente por el mundo sin
la posibilidad de refugiarse por supuesto en nuestro país.
5.- Es cierto que
la irrestricta vigencia de dicho principio añade leña al fuego de la
sobrecarga de nuestro sistema judicial, pero en este caso engrandece
la calidad democrática del mismo y la altura moral de nuestro país
en el compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos,
en particular respecto de aquellos supuestos de criminalidad de
Estado cuya persecución efectiva en el país donde se han producido
resulta inexistente y altamente improbable. Este compromiso es aún
mayor si cabe en tanto no exista un tribunal penal internacional que
pueda ejercer su jurisdicción de modo eficaz y efectivo.
6.-
Resulta
ciertamente preocupante que nuestros responsables políticos se hayan
decidido a plantearse la introducción de limitaciones en la
legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias
mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de
los derechos humanos surja solamente ante los poderosos.
Madrid,
25 de mayo de 2009.
Manifiesto en apoyo a
la jurisdicción universal
Las
organizaciones sociales, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo y
asociaciones de derechos humanos, así como las personas del ámbito
académico y jurídico, enumeradas en
http://www.ongporpalestina.org,
manifiestan:
EXPRESAMOS
nuestra oposición a la aprobación por parte del Congreso de los
Diputados de la Resolución que limita el ejercicio por los
tribunales españoles de la jurisdicción penal universal y restringe
su competencia a los casos en que los presuntos responsables se
encuentran en España o a que haya víctimas de nacionalidad española.
RECORDAMOS,
una vez más, que como país firmante de los Convenios de Ginebra de
1949 sobre Derecho Internacional Humanitario y del Protocolo
Adicional I a dichos Convenios, relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales, España tiene la
obligación de mantener intacto en su legislación el principio de
jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión
de crímenes de guerra. Por ello consideramos esta resolución un
claro incumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por
el Estado español. En relación con otros crímenes internacionales
como los crímenes contra la humanidad o el genocidio, tipificados
por el Derecho Internacional, su aprobación también supone, en la
medida en que impida enjuiciarlos, un acto de encubrimiento. La
decisión traerá también consigo, en consecuencia, una evidente
limitación de los derechos de las víctimas.
PEDIMOS
al Gobierno que no siga adelante con la reforma del artículo 23.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y que no se perjudiquen las
causas actualmente abiertas. Creemos que el Gobierno español está en
la obligación de anteponer el cumplimiento de sus compromisos
internacionales y la defensa de los derechos humanos frente a
eventuales intereses nacionales y presiones económicas o políticas.
Envío
de firmas a:
coordinacion@ongporpalestina.org
La biblioteca de Babel
Nacho Alvarez et al.
Ajuste y
salario. Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y
los Estados Unidos
Fondo de Cultura Económica, México, 2009
Un
grupo de jóvenes economistas críticos realizan un análisis detallado
de diversos procesos de ajuste diseñados al calor de la ideología
neoliberal, y en su mayor parte forzados desde el Fondo Monetario
Internacional. A parte de constituir un buen recopilatorio de los
desastres a los que han conducido estas políticas y de los intereses
de clase que subyacen a los mismos, es también un aviso para
navegantes. Del tipo de amenazas que podemos afrontar al calor de la
crisis económica actual. Estamos avisados
[A.R.A.]
Khaled Al Khamissi
Taxi
Almuzara, 2009, 215 págs.
Los
taxis son un mundo en sí mismos. Son pequeños cometas que recorren
las ciudades. Si se tiene ganas y las circunstancias lo permiten, un
viaje en taxi da para mucho. Al Khamissi ha cogido muchos taxis en
El Cairo. Entre tanto ir y venir ha recogido en 58 breves relatos
sus conversaciones con los taxistas. El resultado es un libro de
estampas sobre la sociedad cariota. Describe con ironía y sentido
crítico el día a día de esta populosa ciudad, la corrupción
existente, las medias verdades y las mentiras enteras, la miseria
existente, la ineficiente administración, los engaños de los
gobernantes… y al mismo tiempo muestra cómo se las ingenia la gente
para tirar adelante. En los tiempos que corren, no está mal leer a
autores árabes que explican sin dogmatismos qué está ocurriendo en
sus sociedades.
[A.M.]
José
Manuel Martín Medem
Colombia
feroz
Ediciones de la Catarata, 2009
Colombia
es el país de la guerra civil permanente. Donde la violencia extrema
es endémica. Y donde en los últimos años gobierna un populista de
derechas. El autor construye un complejo “patchwork” que permite
entender las raíces de esta violencia, el papel de los grupos de
interés dominantes, la permanente injerencia de la CIA. Una obra
documentada sobre la persistencia de un drama dirigido por una
oligarquía que ha usado sistemáticamente métodos criminales para
mantener su poder
[A.R.A.]
W.G. Sebald
Los
anillos de Saturno
Anagrama, 2008
Un
auténtico placer. Un viaje en el espacio y el tiempo. Con una prosa
limpia y seductora. La costa de Suffolk sirve para generar miles de
historias, sobre la literatura, sobre el poder, sobre el
imperialismo, sobre el arte... Cada capítulo contiene sugerencias
diferentes. Y espacios de reflexión. Un buen contrapunto a tanto
desastre
[A.R.A.]