mientrastanto.e Num. 70 del 06-2009

 mientrastanto.e
BBCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB

La crisis y el crédito
Reflexión, en forma de cruce de correos electrónicos, de Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella posterior a la publicación de su libro El crack de 2008. La crisis. El futuro, editorial Trotta

Cuaderno de crisis/ 7
Por Albert Recio

Catalunya: educación con clase
Por Albert Recio

Comunicado acerca de la introducción de limitaciones en el principio de jurisdicción universal
Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (M.E.D.E.L.) y el Grupo de Estudios de Política Criminal

Manifiesto en apoyo a la jurisdicción universal
Manifiesto de las organizaciones sociales, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo y asociaciones de derechos humanos, así como personas del ámbito académico y jurídico, enumeradas en:
http://www.ongporpalestina.org

La biblioteca de Babel
·
Nacho Alvarez et al.
Ajuste y salario. Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y los Estados Unidos

· Khaled Al Khamissi
Taxi

· José Manuel Martín Medem
Colombia feroz

· W.G. Sebald
Los anillos de Saturno

Páginas amigas
·
Centre de Treball i Documentació (CTD)
· Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas
· El Viejo Topo
· La Insignia
· Sin permiso

Revista mientras tanto
· Número 108-109

 

 


Número 70
Junio de 2009
Créditos · E-mail
Suscripciones

mt.e mientras tanto mt.e bitartean mt.e mientras tanto mt.e mentrestant

 

La crisis y el crédito

Juan Ramón Capella y Miguel Ángel Lorente

[Nuestros compañeros Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella acaban de publicar en la editorial Trotta El crack de 2008. La crisis. El futuro, libro que comentaremos en el próximo boletín. Ahora publicamos una reflexión suya posterior al libro, en forma de cruce de correos electrónicos] 

Barcelona, 10 de mayo 2009

Querido Miguel Ángel: 

Me decías que para salir de la crisis no basta el keynesianismo, sino que se necesita además el crédito. He estado dándole vueltas a eso. Y creo que hay que reflexionar sobre el crédito. 

El crédito —pero ¿qué te voy a contar?— implica siempre unas expectativas sobre el futuro. Por supuesto, unas se refieren a la entidad que solicita crédito —ciertas garantías, ciertas experiencias de comportamiento—, que sin embargo no son enteramente reales, sino suposiciones “individualizadas” sobre el futuro (por ejemplo, que el comportamiento seguirá líneas parecidas a las del pasado); y otras expectativas son sociales: ya no se refieren a quien solicita el crédito sino al ambiente económico en que se realizarán las actividades por las que se corre el riesgo: por ejemplo, que no habrá inflación, que los bienes que se produzcan se venderán, y otras más difusas, como que no intervendrá por medio una guerra, que terceros no tendrán comportamientos que influirán sobre el riesgo, etc. 

Tú dices que los bancos saben prestar. No estoy del todo de acuerdo más que, hipotéticamente, en lo que se refiere a la banca comercial tradicional regulada públicamente (y aún, que siempre queda el factor humano, y aprovechados los hay hasta debajo de las piedras). Cuando ese no es el caso —de la regulación pública, quiero decir— (banca inglesa), o hablamos de una banca de inversión, las cosas no van exactamente por ahí. En la economía desregulada reciente, ha habido —y hay— reguladores o regulaciones privadas, de lex mercatoria: el “Comité de Basilea” señala las condiciones de sanidad bancaria; hay también un organismo privado que regula privadamente las garantías, y hay normas privadas de contabilidad. Pero todo eso ha fallado estrepitosamente en esta crisis: al Comité de Basilea no le ha hecho caso nadie o ha dejado abiertos demasiados agujeros en su regulación; sobre las garantías (seguros sobre créditos), ya sabemos lo que ha pasado. Y en cuanto a la contabilidad, también sabemos que pese a las normas se puede hacer de todo, y ahí están los casos de Enron y de las certificadoras como Arthur Andersen para probarlo.

De ahí una primera conclusión: las regulaciones privadas que atañen al crédito han fracasado estrepitosamente. Se precisan regulaciones públicas. Y aquí tenemos ya un problema: hay países (los paraísos fiscales) que difícilmente las pondrán, otros que no las han hecho. Y, sobre todo, lo más grave: ¿quién establece regulaciones internacionales públicas? He aquí un primer problema que, a mi juicio, hay que apuntar sobre el crédito y sobre el retorno del crédito a la economía en dimensiones significativas.

(Por supuesto, esto no afecta gran cosa al pequeño crédito comercial e industrial local, pero te propongo seguirme en lo que viene ahora). 

Las segundas condiciones para que el crédito pueda funcionar son sociales: tienen que ver con la economía local o global en su conjunto, según del tipo de crédito de que se trate. Por simplificar, hablemos de las globales: el crédito puede funcionar sobre supuestos como que no habrá inflación, que la divisa de referencia será estable, que no se producirá una crisis económica local o global y cosas como éstas. Que se vuelven enormemente complicadas cuando entran en juego factores geopolíticos y económicos globales: desde el precio del petróleo o de la energía hasta las amenazas de guerra (incluso las epidemias tienen consecuencias económicas), la estabilidad de ciertos países, etc. Dicho de otro modo: las expectativas sobre el futuro de este segundo tipo son fundamentales para los intercambios globales. 

Y nunca las incertidumbres están tan presentes, justamente, como en medio de la crisis. Las incertidumbres económicas pueden aumentar precisamente con asuntos que tú y yo prevemos en nuestro librito: la inflación previsible, la posible inestabilidad de la divisa de referencia, o incluso las “complementariedades” de los procesos productivos en los países emergentes y en los emergidos. Creo que esta incertidumbre no se puede eliminar fácilmente. Si le añadimos incertidumbres geopolíticas, la cosa se pone aún más complicada para que las expectativas de futuro referentes el crédito, sobre todo al crédito a largo plazo que alimentaba la globalización, puedan ser percibidas por los agentes económicos como precisas. 

Por eso creo que deberíamos empezar a diferenciar diferentes tipos de crédito: a corto plazo y a largo plazo, crédito público y crédito privado, crédito para proyectos intraestatales y crédito internacional. 

Dos cuestiones adicionales meramente apuntadas. 

Una es la cuestión de la divisa de referencia, el dólar. La aceptación del dólar como divisa se ha basado en dos cuestiones: es la moneda de la primera economía mundial, y es también la moneda de la primera potencia militar mundial. Y las cosas están cambiando: la economía norteamericana —la interior, cuando menos— está en declive. Y no sabemos cuál es exactamente el peso de los rendimientos de las inversiones del capital norteamericano en el extranjero que regresan al país. Sí sabemos que la deuda pública externa norteamericana es disparatada y que a sus compradores se les van a ir quitando las ganas de comprarla; también sabemos que hay un enorme déficit público por las operaciones de salvamento de corporaciones financieras. Así las cosas, el destino o la fortaleza de esta divisa va crecientemente atada al lado militar de los Estados Unidos, lo que es autocontradictorio, porque las intervenciones militares americanas pueden determinar por sí mismas crisis económicas más o menos grandes. Por eso creo que es preciso avanzar la cuestión de la creación de una divisa internacional menos vinculada (aunque de momento siempre lo estará) al dólar. 

La otra cuestión tiene que ver con los intercambios de la globalización. He aludido antes a la complementariedad de las producciones de países adelantados y “emergentes”: eso, al parecer, no está bien resuelto —por lo que he podido leer en los meses pasados—. Pero no me parece el problema principal. Éste es la cuestión, que bien conoces, de que los intercambios de la globalización no son exactamente comerciales. Que China venda productos made in China a los países adelantados y éstos le vendan deuda no es exactamente comercio, sino otra cosa (a la que convendría encontrarle un nombre, y poder medirla). 

Bueno:  no sé si esto puede provocar alguna respuesta tuya, que espero con impaciencia. 

Un abrazo

Juan Ramón

 

20 de mayo de 2009

Querido Juan Ramón,

Te contesto, tarde y mal, a tu correo del día 10. 

Sobre el correo en sí mismo:

A.  Se está demostrando que el keynesianismo, en solitario, no es la salida. Razones básicas, en mi opinión:

- El multiplicador de los gastos es pequeño, especialmente en lo que se gasta y en la composición del gasto. Sobre eso escribimos en el libro al tratar las limitaciones.

- El cebador del crecimiento de los últimos veinte años ha sido el crédito. Todo se mueve a crédito, mucho más que en el 29 o en cualquier época pasada. El efecto de la pirámide crediticia, brutalmente multiplicador —y desestabilizador a medio plazo— no puede compararse con el del gasto público, al menos con el tipo de gasto que se hace. 

B. Está bien visto que el crédito se comporta según una extrapolación del pasado. Pero, sobre todo, lo es de lo que acabó mal en el pasado reciente, es decir de las expectativas. La crisis genera expectativas que alimentan la crisis por falta de crédito: se deja de prestar porque se teme que no se devuelva; el freno al crédito es la respuesta a la morosidad, una especie de ajuste automático y, excepto en las épocas de rápido hundimiento, como ahora, relativamente progresivo.

- Lo anterior pasa y ha pasado siempre. Pero ahora, como observas, las complejidades de la globalización implican que nadie puede hacer apuestas seguras sobre lo que pasará. Y eso es otro factor de freno del crédito.

- Además, con la iliquidez bancaria y la enorme descapitalización, no hay manera de arrancar el crédito.

- Una cosa menor. No tengo claro que las expectativas de una inflación, llamémosla asumible, afecten al crédito. Aunque las deudas sean menores en términos reales e, incluso, los tipos de interés lleguen a ser negativos, los pasivos (depósitos) del conjunto de la banca se pagan en inflación a precios ridículos y aumentan rápidamente con las masas monetarias.

En resumen, que será difícil que despegue. 

C. Está claro que la respuesta para que, si se consigue relanzar el crédito, no volvamos al desbarajuste es la regulación. Y que ésta ha de ser pública, internacionalmente pública como dices. Esa regulación no tiene dueño, o mejor dicho, sus dueños tienen intereses generalmente contrapuestos. Se quiere que se realice por los organismos que más han fracasado en la regulación, en el diagnóstico y en los remedios fallidos: FMI, BCE. 

D. La respuesta debería rondar cuatro vías:

- Crédito público

- Apoyo directo desde lo público (avales con condicionantes) al crédito privado.

- Crédito internacional para proyectos internacionales (los aumentos de fondos del FMI van a países concretos para que paguen la deuda con sus acreedores bancarios o estatales). Sobre el carácter de esos proyectos se habla en nuestro libro, ejemplificándolo.

- Regulación del crédito a nivel internacional (requerimientos de capital, provisiones...), pero también de todo lo financiero (fondos de cualquier tipo, instrumentos...). 

Yo sigo dándole vueltas a la cuestión financiera, pero sin sacar conclusiones. A ver si estos días de mucho vuelo nocturno me llega alguna luz. 

E. Respecto a la cuestión de la divisa internacional de referencia, continúo con lo que dijimos en el libro.

- A corto, el dólar aguantará (aunque se esté haciendo sacar chispas a la máquina de billetes y se esté multiplicando él déficit y la deuda, inundando el mundo de dólares) porque: a) es la divisa de refugio en un momento en que las nacionales se hunden y por tanto por ahí viene una demanda de dólares; b) los países con grandes reservas de dólares (asiáticos, petroleros...) no quieren que se devalúe ni que sus monedas pierdan competitividad; c) la libra y el euro también van a ver multiplicadas las deudas de sus países y van a inundar los mercados, aunque no tanto como el dólar —pero sin el valor como referencia de éste—.

- A medio, el dólar declinará y es posible que se llegue a una cesta de monedas con una denominación (pero me parece que esto último está aún muy lejos).

- Todo eso tiene mucho que ver con la última cuestión que apuntas: la continuidad de la compra de mercancías a cambio de deuda. Efectivamente, no es un mecanismo de comercio; si acaso, es una condición para que el comercio se produzca porque es la única manera de mantener el déficit comercial y público de EE.UU. y de algunos otros países centrales. Ahora se ha ajustado: hay menos compra de manufacturas baratas; pero la gran duda —quizás el otro gran mecanismo de continuidad de la crisis— es ¿a quién se va a colocar la deuda de las políticas keynesianas si no se compra a los que la absorbían? (eso venía planteado —atisbado— en la parte del libro que condicionaba el éxito neokeynesiano, pero es más gordo de lo que allí se dice). 

Un beso y a seguir haciendo puños dialécticos,

Migue

 

Cuaderno de crisis/7

Albert Recio

¿Cambio estructural?

I

Cambiar el modelo económico hace tiempo que forma parte de las ideas fuerza que circulan en el debate económico. Los mismos economistas críticos lo hemos argumentado, con puntos de vista diversos, en numerosas ocasiones. Y tampoco es difícil encontrar economistas del establishment que comparten esta opinión. Hasta cierto punto, el consenso no es difícil de alcanzar. Sólo los muy ciegos o muy dogmáticos (o los que simplemente efectuaban previsiones a base de extrapolar series numéricas) pueden ignorar los problemas estructurales de la economía española. Los que la crisis global ha dejado al descubierto: dependencia  insostenible del binomio construcción- turismo, desequilibrio persistente de la balanza comercial (importamos más que exportamos en casi todo tipo de sectores, y hemos perdido cuota de mercado en aquellos en los que estábamos especializados), endeudamiento exterior persistente (en parte debido a lo anterior), mercado laboral con exceso de empleos temporales....

De aquí que predicar la necesidad del cambio no resulte ni original ni extraño. La intervención del presidente Zapatero, siempre tan dado a las afirmaciones pomposas, a confiar que sus palabras obrarán el cambio, anunciado que su nuevo plan significa el inicio del cambio de modelo  responde simplemente a esta necesidad de situarse en la “ortodoxia” y en el consenso de lo, ahora sí, políticamente correcto. Otra cosa es que sus medidas signifiquen el cambio real o que el consenso real exista más allá de la percepción común sobre la imposibilidad de prolongar el tipo de desarrollo económico que ha dominado, al menos, la expansión de los quince años anteriores.

II

Hay muchas formas de evaluar el modelo. La más sencilla es la que emana del análisis de la especialización productiva. En este caso el énfasis se pone en la necesidad de cambiar el tipo de actividades predominantes. Esta es la idea subyacente en el equipo de Gobierno. También en buena parte de los dirigentes sindicales. Tenemos que pasar del ladrillo a los sectores emergentes. Tratar de ganar competitividad basándonos en la promoción de actividades con más valor añadido, demanda creciente, menor competencia (aunque gran parte de la teoría económica dominante, incluidos la mayoría de manuales, se basan en el supuesto de competencia perfecta, resulta evidente que las empresas reales tratan siempre de conquistar “nichos de mercado”, espacios relativamente protegidos donde se obtienen los buenos negocios) y oportunidad de crecimiento. A este cóctel se pueden añadir unas gotas de corrección medioambiental: la que supone que la economía ecológica es sobre todo una oportunidad  para desarrollar nuevos mercados y seguir expandiendo el negocio. Por esto hasta un manifiesto que ha empezado a circular en defensa de los derechos laborales incluye en su título el oximoron del “crecimiento sostenible”. Si éste fuera todo el problema la nueva política económica debería orientarse a descubrir cuáles son los nuevos sectores de expansión y a promover su desarrollo mediante los instrumentos habituales de las políticas públicas: regulaciones, subvenciones, provisión de recursos formación, ayudas a la investigación, etc.

Esto es lo que pretende el nuevo plan del Gobierno con una coherencia más que dudosa.  En primer lugar porque parece más un plan de ayuda a los sectores tradicionales que no de cambio de modelo. Especialmente cuando se observa que una de las medidas estrella, secundada automáticamente por la mayor parte de Comunidades Autónomas, es la subvención a la compra de coches. Una política que además supone una rectificación del anterior plan Vive que efectivamente limitaba las ayudas a los vehículos menos contaminantes. Ahora se amplia injustificadamente la gama de coches a subvencionar, en casos como Catalunya sin ni siquiera salvar la cara de una mínima racionalidad. Las sostenidas presiones de los constructores han tenido un éxito rotundo y una gran parte de fondos públicos volverán a dedicarse a lo de toda la vida, al desarrollo de un sector que genera empleo pero también enormes costes sociales, ecológicos y económicos (nuestro modelo de transporte es uno de los responsables del desequilibrio de la balanza comercial vía importaciones de petróleo y vehículos de alta gama).

Tampoco resulta convincente el compromiso de eliminar la desgravación fiscal a la compra de vivienda en 2011. Parece más un intento de animar el alicaído mercado (1,05 millones de viviendas sin vender), con el espantajo que dentro de 2 años comprar resultará más caro, que un cambio claro de modelo. No hay garantías de que en 2011 no vuelva cambiarse la opinión. Sobre todo pensando que la desgravación a la compra de vivienda es una buena baza electoral para un Partido Popular siempre favorable a la demagogia y a la defensa de los intereses de los sectores económicos tradicionales. De hecho, como argumenté hace tiempo, la mayor responsabilidad del Gobierno Zapatero fue el dar por bueno y prolongar el modelo económico que se configuró bajo los gobiernos de Aznar.

Eliminar las subvenciones a la compra ha formado parte de las recomendaciones que hace tiempo venían haciendo algunos importantes economistas neoclásicos. Sobre todo por su enorme confianza en la influencia decisiva de los precios relativos (y las subvenciones son una forma de abaratar relativamente el precio de un bien) y sus recelos a la intervención pública en los mercados. No está claro sin embargo que la desaforada expansión de la vivienda en propiedad tenga sólo que ver con la desgravación fiscal, hay otros muchos factores en juego: la inseguridad jurídica del alquiler generada por la liberalización de este mercado (espacios cortos de tenencia que en épocas de expansión han generado aumentos de precio), el carácter de la vivienda como patrimonio acumulable (y relativamente estable en el largo plazo), la ausencia de una verdadera política de vivienda pública. Sin contar, por el otro lado, las incertidumbres que el alquiler genera en los presuntos promotores de vivienda: mientras, en tiempos normales, la promoción para la venta permite el cierre del ciclo del capital en un plazo relativamente breve, el alquiler obliga al propietario a una gestión más trabajosa e incierta (ligada tanto al comportamiento de los inquilinos como especialmente a la necesidad, costosa, de mantenimiento del activo). La vivienda es siempre un tema complicado. Para el que el mercado tiene respuestas insuficientes. Y donde es dudoso que un mero cambio de incentivos genere cambios de calado. Cambiar de verdad el modelo exige políticas más ambiciosas en muchos frentes.

El tercer pilar es sin duda el más novedoso. La perspectiva de un plan de desarrollo sostenible generador de una nueva industria. La sostenibilidad obliga a cambiar buena parte de los bienes que usamos y producimos. Pero cambiar el tipo de bienes no significa automáticamente sostenibilidad. Avanzar sobre la sostenibilidad implica a la vez cambios en los modelos y niveles de consumo (y de presión sobre el medio), en las formas de organizar la vida cotidiana, en el tipo de tecnología a emplear. Implica en muchos casos reducir y no ampliar la actividad productiva (aunque el proceso es menos lineal de lo que presuponen algunos defensores del decrecimiento, en mi opinión tan abstracto y confuso como su opuesto). Y ello solo es posible llevarlo a cabo sobre la base de una profunda reorganización de nuestra entera vida social. Poco que ver con el simple campo de unas líneas de producción por otras, con el fin no tanto de ajustar nuestro modelo de vida a las exigencias que impone la crisis ambiental, sino de generar nuevas vías de negocio que signifique la prosecución del actual crecimiento económico por otras vías.

Se corre además el peligro, bastante palpable, de que la apuesta por este nuevo modelo se traduzca simplemente en una nueva vía de transferencia de recursos públicos a grupos privados. Toda la historia de las tres décadas de dominio neoliberal están marcadas por el predominio de grupos empresariales sobrealimentados por el erario público. El núcleo central tanto de la corrupción endémica como de los mayores intereses oligopólicos. Sea en el campo de las obras o en el de la prestación de servicios públicos o en el menos tradicional de las actividades paramilitares o la gestión del sistema carcelario (especialmente en los EE.UU.). La coartada medioambiental es ahora otra fuente de oportunidades, como ya resulta evidente en el caso de la industria de biocombustibles, en las subvenciones a los vehículos eléctricos y se atisba detrás del renacido lobby nuclear y partes del sector de las energías limpias. Los que esperaban que el cambio de modelo tecnológico significaría automáticamente la democratización del poder económico deben estudiar atentamente por qué y cómo la floreciente actividad de las energías renovables ha pasado en poco tiempo a manos de los viejos poderes de siempre: Iberdrola, Acciona, Endesa... De la misma forma que detrás del anuncio de Andalucía Sostenible asoman los intereses de importantes grupos locales, como Abengoa. Que quede claro, no cuestiono la necesidad de optar por un cambio de modelo energético y productivo, simplemente señalo que con los parámetros actuales hay riesgos más que evidentes de que nos vendan “gato por liebre” y la apuesta “sostenible” se convierta en una mera coartada para continuar el bombeo de recursos públicos hacia intereses minoritarios.

III

Con todas sus limitaciones, el plan Zapatero ha sido contestado por la derecha (siempre tan consecuente en que no se toque ni un pelo a los que siempre han dominado el cotarro). y  por una parte de la propia academia liberal. Para ésta, cualquier intervención pública en el mercado es deleznable y temen que el Plan de Sostenibilidad suponga excesivo intervencionismo público. Más que temer por al amplitud del plan, la queja sirve para volver a repetir los argumentos de siempre: la única política aceptable es la de las reformas estructurales. O sea: normas laborales, seguridad social, normas de inmigración. Todo lo que atañe a la gestión de las personas, de las clases trabajadoras, a la distribución social. No deja de ser vistoso que mientras en un campo, la reforma laboral, se propugna la reducción de la protección al empleo (no solo menos indemnización sino también eliminación de normas, como la aprobación de los EREs por la autoridad pública), en otro, la política migratoria, se apuesta por el “intervencionismo fuerte”, o sea por políticas represivas hacia los inmigrantes indeseables (el eufemismo de moda es “poco productivos” o “con escaso capital humano”) y puertas abiertas a los que interesen (no sea que nos vayamos a quedar sin estrellas deportivas o que no podamos invitar a un amigo a nuestra universidad). El simplismo de muchos de estos análisis —como el de explicar cómo ha sido posible que llegara tanta gente a este país a pesar de leyes de entrada realmente restrictivas y creciente gasto dedicado al control de fronteras— cuando no la simple manipulación —Sala y Martín se ha atrevido a afirmar en la Vanguardia que la crisis la ha provocado el crecimiento de los salarios sobre la productividad sin dar dato alguno, como no podía ser de otra forma dada la evidencia de la caída de la participación salarial— es demasiado grosero. Pero en esto la derecha es contumaz. Repetir mil veces un argumento, sobre todo cuando se tienen buenos altavoces y pantallas, permite a menudo hacerlo creíble. Y ante la inanidad de las propuestas del Gobierno las viejas malas explicaciones tienen posibilidades de alcanzar respetabilidad.

IV

Cambiar la estructura pasa, sin duda, por alterar la composición, organización y tecnología productiva. Por reorganizar partes enteras de nuestra vida material. Una tarea sin duda compleja, lenta y difícil. No sólo por la resistencia de los intereses establecidos, sino también por la propia inercia de los hábitos, las dinámicas organizativas e institucionales (y que explican en parte la diversidad y especificidad  de muchos modelos nacionales). Aún en términos convencionales las limitaciones del capitalismo español no se deben sólo a una especialización inadecuada, son en gran parte el producto del predominio de estructuras empresariales específicas, en las que están presentes tanto grandes grupos —nacionales y multinacionales— que controlan puestos clave del modelo, como miríadas de pequeñas y medianas empresas que por sí solas son incapaces de transitar hacia otro modelo. Cualquiera que sea la vía de cambio estructural —en clave de persistencia de una economía capitalista abierta o de una economía postcapitalista— la consideración del modelo empresarial y organizativo constituye una cuestión clave. Más aún para los que queremos transitar hacia una sociedad del bienestar sostenible.

Pero el cambio no puede hacerse tampoco si no se considera la otra cara de nuestro modelo social. Un modelo lastrado por una elevada desigualdad y el subdesarrollo de lo público. Cuando la referencia que se toma es la Unión Europea resultan evidentes las enormes deficiencias en gasto social (en casi todos los aspectos, menos en el del gasto en desempleo: aunque nuestros parados cobran poco, muchos nada, son tantos que el gasto total crece). Unas deficiencias que también se advierten en el subdesarrollo del empleo en los servicios a la comunidad. O en el del bajo nivel de formación profesional (una actividad habitualmente infradotada, vilipendiada incluso). Resulta  ostentoso que aun siendo una de las propuestas estrella de los primeros planes anticrisis, de principios del 2007, su desarrollo está aun pendiente. Quizás porque se trata de un tema poco interesante para unas elites que confunden formación universitaria con productividad. Y que interesa poco a unos empresarios siempre temerosos de que el reconocimiento formal de la profesionalidad legitime demandas salariales. De la misma forma que no podemos pretender avances significativos en las desigualdades de género mientras por un lado predominen estructuras sociales tan piramidales y, por otro, las cuestiones relacionadas con el cuidado de las personas no se integren coherentemente con el resto de la vida social. 

Cambiar el modelo pasa también por un cambio profundo en la distribución de la renta, el papel de los servicios públicos, la construcción de las estructuras profesionales y la consideración de las actividades de cuidados como necesidades y deberes universales. Un impulso igualitario coherente con las necesidades de una sociedad más orientada al bienestar comunitario que al derroche social y ambiental. Por ello creo que para enfrentarnos verdaderamente a un cambio de estructuras debemos ser capaces de formular un mínimo de coherencia entre los diferentes aspectos complementarios de una compleja realidad económica y social.

Fe de erratas: FEDEA no es la fundación de las cajas

Navegando por internet descubro que en http://www.otromundoesposible.com se ha generado un pequeño debate en torno a mi anterior Cuaderno de Crisis. Como es de esperar hay opiniones de todos los gustos y mi narcisismo no da para entrar al debate. 

Sólo que hay que reconocer que uno de los críticos aporta un argumento contundente en mi contra. Una muestra de mi poca seriedad es que considero a FEDEA la Fundación de las Cajas de Ahorro, cuando se trata de un mero instituto de investigación. Tiene razón en cuanto a lo primero, la verdad es que puse la información porque estaba convencido que era así (convencimiento que, desconozco la causa, he descubierto compartían varios de mis colegas). Otro de los participantes en el debate me puso en la verdadera pista, tan fácil como entrar en la página web de Fedea y ver quién forma el patronato del mismo. No tiene desperdicio, sus miembros figuran citados junto a las empresas de las que forman parte. Ahí va la lista: Banco Sabadell, Abertis, BP Oil, Abengoa, Caja Madrid, Santander, Repsol YPF, Acciona, Corporación Financiera Alba (Grupo March), Ibercaja, BBVA, Banco de España, Ferrovial, Bolsa de Madrid, Fundación Ramón Areces (Corte Inglés), Banco de Andalucía, Banco Popular Español y la Caixa. O sea una representación exquisita de los grandes grupos empresariales españoles, con presencia de los grandes bancos y las principales cajas. Sin duda me equivoqué: Fedea esta financiada por el gran capital. Fedea. eso sí. es un centro de investigación científica, aunque da la casualidad de que está financiada por grandes grupos empresariales.

Pero no seamos malpensados. Y sobre todo, como ya ha recordado alguno de mis críticos, no tiene sentido caer en explicaciones conspirativas. No deja de ser gracioso, por decirlo suavemente, que quienes niegan la posibilidad de conspiraciones sean los que dedican gran parte de su tiempo a un tipo de análisis donde predomina lo intencional. Precisamente toda la teoría social basada en el individualismo metodológico, incluida la teoría de los juegos, parte precisamente del supuesto que la sociedad se explica a partir de la actuación de sujetos que tienen objetivos y elaboran estrategias para lograrlos. Como es bien conocido, la teoría de los juegos nació ligado al análisis de la carrera de armamentos, y muchas de sus primeras aplicaciones trataban precisamente de dar pautas de actuación a los políticos estadounidenses en la guerra fría y caliente que sostenían frente a la URSS. No hace falta ser un “fan” de estas teorías para entender que en el mundo real las acciones intencionadas funcionan, y se desarrollan a través de medios diversos. Desde la mera declaración de intereses en cualquier proceso de negociación, hasta las menos habituales tramas conspirativas complejas. Subrayar que una determinada propuesta proviene de una fundación próxima a intereses empresariales y señalar la existencia de conexiones entre instituciones (como la que une al servicio de estudios del Banco de España con Fedea, evidente si se constata que José Luis Malo de Molina ocupa puestos clave en ambas instituciones) no significa ni siquiera hablar de conspiración. Simplemente reconocer el enorme poder propagandístico que tienen algunas instituciones, basado en sus recursos, su red de conexiones personales e institucionales, su posición social.

No he tratado de explicar una conexión secreta, simplemente recordar la red de intereses sociales que configuran una verdadera estructura de poder. Pero ya se sabe que el poder hace años que ha desaparecido de la reflexión económica, excepto cuando se trata de presentar a los sindicatos como formas de poder monopólico en el mercado laboral. 

 

Catalunya: educación con clase

Albert Recio

Las referencias a la educación como inversión en capital humano, a la educación como vehículo de integración social, a la educación como mecanismo de superación de las clases sociales, constituyen tópicos recurrentes en el vademecum de frases hechas de cualquier político. Especialmente en los de izquierdas.

En Catalunya sin embargo llevamos años en que esta retórica es contradicha por una realidad tozuda. Ni se invierte mucho en educación ni, sobre todo, podemos considerar que nuestro modelo educativo sea integrador y nivelador de desigualdades, El sistema educativo catalán es profundamente clasista.

Los orígenes de esta realidad son viejos. De la época en la que la educación era simplemente considerada un medio para la formación de las elites. Unas elites que se formaban fundamentalmente en centros religiosos. Uno iba a estudiar a uno u otro colegio, a una u otra orden, de acuerdo con su rango social. La escuela pública, insuficiente en plazas e instalaciones, se concentraba en los barrios de clase obrera, donde coexistía al lado de una miríada de “chiringuitos” privados que suplían, pésimamente, la falta de cobertura pública. Por eso fue habitual en la lucha de los barrios la demanda de educación pública, de escuelas e institutos. Algo que tuvo su correlato en un amplio movimiento de enseñantes defensores de una escuela pública de calidad. Una lucha que incluía a un importante grupo de cooperativas escolares privadas que aspiraban, y en su mayoría consiguieron, convertirse en verdaderas escuelas públicas.

Está amplia aspiración democrática chocó sin embargo con la política desarrollada por el gobierno de Convergencia i Unió. Su carácter clasista y las conexiones con la Iglesia Católica reforzaron un sistema escolar dual. De una parte las escuelas privadas, orientadas mayoritariamente al alumnado de clase media-alta (aunque siempre hay huecos para aspirantes a desclasarse). De otra, un sistema escolar público, implantado básicamente en los barrios de clase obrera. Un sistema público que, al menos, se consolidó en cuanto su volumen de equipamientos, lo que permitió erradicar las viejas academias privadas (muchas de ellas en instalaciones infectas) donde muchos escolares habían padecido una escolarización deficiente. Pero este sistema público padeció, desde siempre una discriminación evidente en dotación, prestigio, etc.

La debacle empezó en los Institutos públicos con la implantación de la E.S.O. Una implantación con pocos recursos. Y que suponía que los centros, acostumbrados a recibir un alumnado seleccionado, pasaban a recibir al conjunto de la población escolar. Ni muchos de los nuevos escolares llegaban suficientemente motivados, ni muchos profesores tenían experiencia y capacidad para lidiar con los problemas que plantean unos adolescentes provenientes de medios con bajo nivel cultural. Las tensiones de esta implantación se tradujeron en una pérdida de atractivo de la enseñanza media pública y en una nueva legitimación de la escuela privada selectiva (para fortuna de las pocas escuelas privadas implantadas en barrios obreros, que se “vendían” como escuelas “excelentes” sobre todo porque evitaban la entrada de menores “indeseables”). Y la debacle se materializó con la llegada del nuevo flujo migratorio que alentó temores y tics racistas entre las familias autóctonas y permitió nuevas maniobras selectivas hacia la escuela privada mimada por la Administración.

Con el nuevo gobierno tripartito de izquierdas hubo esperanzas de que las cosas empezaran a equilibrarse. Aunque nadie esperaba que acabara el sistema dual, al menos podía exigirse un reforzamiento de la escuela pública, en recursos, prestigio. Y era de esperar que se exigieran a la privada algunas contrapartidas en forma de prácticas menos discriminatorias en el acceso de alumnos, especialmente extranjeros. A pesar de algunas medidas positivas, como la convocatoria masiva de oposiciones que ha permitido reducir la precariedad laboral del profesorado público, o un cierto impulso a la construcción de nuevos equipamientos (necesarios para absorber el crecimiento demográfico), no ha habido ninguna gran actuación orientada a cambiar la estructura básica del sistema dual. Más bien al contrario. En el proceso de elaboración de la nueva Llei d’Educació de Catalunya, el Partit dels Socialistes Catalans y Esquerra Republicana de Catalunya han alcanzado un acuerdo con Convergència i Unió por el cual se abre la posibilidad de extender los convenios de financiación de la escuela privada a los centros de segunda enseñanza y formación profesional. Algo que la derecha catalanista no se atrevió a hacer por el temor de una reacción social. No sólo se consolida el modelo dual, se acepta incluso mantener el concierto económico con las escuelas del Opus Dei que imponen además una segregación de niños y niñas, manteniendo el modelo escolar del franquismo.

La reacción ha existido, en forma de movilizaciones de enseñantes públicos, pero no ha sido capaz de generar un debate con la suficiente amplitud como para romper el cerco de intereses dominantes. Quizás porque no sólo se trata de mantener el viejo poder de la Iglesia Católica. Lo que verdaderamente refleja este pacto es el predominio de la cultura de la “distinción”, de la segregación, del racismo que subyace en los valores y comportamientos de amplios sectores de clase media. Valores que impregnan a gran parte de los cuadros de los propios partidos y a sus bases más próximas. No hay más que ver a qué escuelas acuden los vástagos de muchos de nuestros colegas universitarios (y analizar el discurso con el que justifican su preferencia por la “concertada”). Ampliar la concertación hacia la clase media es, sobre todo, una transferencia de renta hacia arriba. Cuando cualquier planteamiento igualitario, o simplemente reformista, abogaría por realizar un gasto compensatorio orientado a cubrir desde la escuela las limitaciones de recursos de las familias de bajos ingresos. Y donde resulta evidente que la escolarización exitosa de niños y niñas provenientes de otros países requiere de un esfuerzo adicional para facilitar, por ejemplo, una inmersión lingüística exitosa. Financiar con dinero público la red privada de formación profesional no sólo supone abandonar el proyecto de una buena red pública (prácticamente inexistente), sino también seguir apostando por la mala calidad de una formación que constituye un elemento estratégico básico para cualquier país serio.

Si algo queda claro en toda la política del Conseller d’Educació, Ernest Maragall, es que le importa poco la formación de la clase obrera. O al menos eso se trasluce de su denodada política de cerrar aulas de bachillerato nocturno, o de su desprecio a la hora de articular la vieja red de Escuelas de Adultos (que antes permitieron la alfabetización de miles de personas y hoy sirven eficazmente de centros de aprendizaje de idiomas e informática, así como de centros de relación y aprendizaje cultural). Ya sabemos que los términos “izquierda” y “derecha” son relativos, pero de lo que no cabe ninguna duda es que la política educativa del PSC es claramente regresiva. Han optado por abortar cualquier reforma de un sistema heredero del franquismo y desarrollado por los conservadores catalanes.

La escuela igualitaria es la gran víctima. Pero hay efectos colaterales. Iniciativa Verds-EUiA se ha opuesto a la ley y votará en contra. Una vez más ha mostrado su incapacidad de influir de forma importante en la política del Gobierno del que forma parte. Y aunque su gesto de oposición ha sido nítido no está claro que pueda convencer de la utilidad de su política a una parte de su propio electorado. La imagen de impotencia que generan los pactos y decisiones que se generan a sus espaldas (como la de aumentar las subvenciones al sector automovilístico) más bien desalienta a sus votantes más críticos. Para la izquierda este nuevo pacto es una ignominia. También la necesidad de revisar y repensar cuáles son las formas de articular respuestas y de conseguir alguna influencia sobre decisiones cruciales para el futuro.

 

Comunicado acerca de la introducción de limitaciones en el principio de jurisdicción universal   

Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, M.E.D.E.L. (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) y el Grupo de Estudios de Política Criminal, quieren manifestar lo siguiente:

1.- Los partidos políticos mayoritarios (PSOE y PP), aprovechando el trámite de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, han acordado modificar –apresuradamente y sustrayéndolo del necesario debate– el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal referido a determinados delitos, a fin de limitar su alcance.

2.- El principio de justicia universal –con fundamento en la defensa descentralizada de los intereses y valores de la comunidad internacional en su conjunto, y no en los puramente estatales o particulares– es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos en una sociedad global como la contemporánea.

3.- El derecho internacional vigente impone a todos los Estados la obligación de perseguir los crímenes contra humanidad, se produzcan donde se produzcan y al margen de la nacionalidad de los agresores y de sus víctimas, toda vez que conductas tan odiosas –que, además, quedan en la impunidad– trascienden a las víctimas y ofenden a toda la humanidad porque ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los derechos humanos fundamentales.

4.- España, como país pionero, debe sentirse orgullosa de la asunción por nuestros tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal ya que expresa su compromiso con el carácter universal de los derechos humanos. Los términos en los que está recogido actualmente este principio en la legislación española –y en los tratados internacionales en los que es parte– ha permitido la persecución de los más graves ataques institucionalizados contra los derechos humanos con la condena y castigo de un buen numero de criminales así como evitado que otros puedan moverse impunemente por el mundo sin la posibilidad de refugiarse por supuesto en nuestro país.

5.- Es cierto que la irrestricta vigencia de dicho principio añade leña al fuego de la sobrecarga de nuestro sistema judicial, pero en este caso engrandece la calidad democrática del mismo y la altura moral de nuestro país en el compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos, en particular respecto de aquellos supuestos de criminalidad de Estado cuya persecución efectiva en el país donde se han producido resulta inexistente y altamente improbable. Este compromiso es aún mayor si cabe en tanto no exista un tribunal penal internacional que pueda ejercer su jurisdicción de modo eficaz y efectivo.

6.- Resulta ciertamente preocupante que nuestros responsables políticos se hayan decidido a plantearse la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los derechos humanos surja solamente ante los poderosos.

Madrid, 25 de mayo de 2009. 

 

Manifiesto en apoyo a la jurisdicción universal

Las organizaciones sociales, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo y asociaciones de derechos humanos, así como las personas del ámbito académico y jurídico, enumeradas en http://www.ongporpalestina.org, manifiestan:

EXPRESAMOS nuestra oposición a la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Resolución que limita el ejercicio por los tribunales españoles de la jurisdicción penal universal y restringe su competencia a los casos en que los presuntos responsables se encuentran en España o a que haya víctimas de nacionalidad española.

RECORDAMOS, una vez más, que como país firmante de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario y del Protocolo Adicional I a dichos Convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, España tiene la obligación de mantener intacto en su legislación el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes de guerra. Por ello consideramos esta resolución un claro incumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado español. En relación con otros crímenes internacionales como los crímenes contra la humanidad o el genocidio, tipificados por el Derecho Internacional, su aprobación también supone, en la medida en que impida enjuiciarlos, un acto de encubrimiento. La decisión traerá también consigo, en consecuencia, una evidente limitación de los derechos de las víctimas. 

PEDIMOS al Gobierno que no siga adelante con la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que no se perjudiquen las causas actualmente abiertas. Creemos que el Gobierno español está en la obligación de anteponer el cumplimiento de sus compromisos internacionales y la defensa de los derechos humanos frente a eventuales intereses nacionales y presiones económicas o políticas.

Envío de firmas a: coordinacion@ongporpalestina.org

 

La biblioteca de Babel

Nacho Alvarez et al.
Ajuste y salario. Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y los Estados Unidos
Fondo de Cultura Económica, México, 2009

Un grupo de jóvenes economistas críticos realizan un análisis detallado de diversos procesos de ajuste diseñados al calor de la ideología neoliberal, y en su mayor parte forzados desde el Fondo Monetario Internacional. A parte de constituir un buen recopilatorio de los desastres a los que han conducido estas políticas y de los intereses de clase que subyacen a los mismos, es también un aviso para navegantes. Del tipo de amenazas que podemos afrontar al calor de la crisis económica actual. Estamos avisados

[A.R.A.]

Khaled Al Khamissi
Taxi
Almuzara, 2009, 215 págs.

Los taxis son un mundo en sí mismos. Son pequeños cometas que recorren las ciudades. Si se tiene ganas y las circunstancias lo permiten, un viaje en taxi da para mucho. Al Khamissi ha cogido muchos taxis en El Cairo. Entre tanto ir y venir ha recogido en 58 breves relatos sus conversaciones con los taxistas. El resultado es un libro de estampas sobre la sociedad cariota. Describe con ironía y sentido crítico el día a día de esta populosa ciudad, la corrupción existente, las medias verdades y las mentiras enteras, la miseria existente, la ineficiente administración, los engaños de los gobernantes… y al mismo tiempo muestra cómo se las ingenia la gente para tirar adelante. En los tiempos que corren, no está mal leer a autores árabes que explican sin dogmatismos qué está ocurriendo en sus sociedades.

[A.M.]

José Manuel Martín Medem
Colombia feroz
Ediciones de la Catarata, 2009

Colombia es el país de la guerra civil permanente. Donde la violencia extrema es endémica. Y donde en los últimos años gobierna un populista de derechas. El autor construye un complejo “patchwork” que permite entender las raíces de esta violencia, el papel de los grupos de interés dominantes, la permanente injerencia de la CIA. Una obra documentada sobre la persistencia de un drama dirigido por una oligarquía que ha usado sistemáticamente métodos criminales para mantener su poder

[A.R.A.]

W.G. Sebald
Los anillos de Saturno
Anagrama,  2008

Un auténtico placer. Un viaje en el espacio y el tiempo. Con una prosa limpia y seductora. La costa de Suffolk sirve para generar miles de historias, sobre la literatura, sobre el poder, sobre el imperialismo, sobre el arte... Cada capítulo contiene sugerencias diferentes. Y espacios de reflexión. Un buen contrapunto a tanto desastre

[A.R.A.]

 

PÁGINAS-AMIGAS

Centre de Treball i Documentació (CTD)
http://www.cetede.org

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas

El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com

La Insignia
http://www.lainsignia.org

Sin permiso
http://www.sinpermiso.info

 

Revista mientras tanto

Número 108-109

 mientras tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB

2009

108-109

 

NOTAS EDITORIALES

 TRES MILLONES

Albert Recio

 

 ¿QUÉ PERSIGUE ISRAEL EN GAZA?

 J-L. Gordillo

 

  ISRAEL Y EL ALMA

 J-R- Capella

 

 CARTA A LOS MAGOS DE IZQUIERDA UNIDA

 J-R. Capella

 

 ¿QUÉ REGULACIÓN DEL ABORTO

 Antonio Giménez Merino

 

 LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD (SEGÚN LA UE).

 J-A. Estévez Araujo

 

 ARTÍCULOS 

 QUE NO TE DEN DEMOCRACIA POR  GOBERNANZA

J-A. Estévez

 

 LA ESTRATEGIA DE LA GOBERNANZA EN EL DEBATE SOBRE LA DEMOCRACIA EN EUROPA

 Giovanni Messina

 

 ¿QUÉ CRISIS? ¿QUÉ REGULACIÓN?

 Antonio Antón

 

 CRISIS FINANCIERA, ECONOMÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Nuria Almirón

 

 LA GUERRA DE AFGANISTÁN: UNA GUERRA TAMBIÉN CONTRA EL DERECHO

 Eduardo Melero

 

 EL 11-S Y LA ‘INQUISICIÓN ESTADOUNIDENSE’

 Michel Chossudovsjy

 

 ENTONCES, ¿CÓMO FUE?

 Juan Gelman

 

 LA ‘GUERRA CONTRA EL TERRORISMO’, NUEVA MISIÓN DE LA OTAN

 Cedric Housez

 

 IN CRESCENDO, PARA CINCO VOCES. ENTREVISTAS SOBRE EL DECRECIMIENTO

 Oriol Leira y Stefano Puddu

 

DOCUMENTO 

JUDÍOS CONTRA EL COLONIALISMO SIONISTA. CARTA DE LA RED JUDÍA ANTISIONISTA INTERNACIONAL

por Internacional Jewish Anti-Zionist

 

 

CITA

PETER HANDKE

 

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB

 

Contactar
Web Icaria editorial: www.icariaeditorial.com/colecciones2.php?id=22
Sugerencias: Apartado de correos 30059, Barcelona.
Suscripciones: e-mail: comandes@icariaeditorial.com , icaria@icariaeditorial.com.
Tel. (34) 301 17 23/26 (lunes a viernes de 9 a 17 h.). Fax (34) 93 317 82 42.
Consulta de números atrasados: www.icariaeditorial.com/colecciones2.php?id=22

 

mientrastanto.e

Edita: la redacción de mientras tanto, Fundación G. Adinolfi - M. Sacristán.
Coordina: Antonio Giménez y Antonio Madrid.
Producción: Francisca Calderón y Agustí Roig
.
Suscribirse y desuscribirse: www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/mientrastanto.e, o bien suscripciones@mientrastanto.org.
Números atrasados: www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/ .
La suscripción a mientrastanto.e es gratuita.