El AVE de mal agüero
I
Hace
meses que la vida cotidiana de la conurbación barcelonesa se ha
convertido en una pesadilla para gran parte de la población.
Empezando por el hundimiento del túnel del Carmel hace dos años. Al
gran apagón de julio, que afectó más de una semana a diversos
barrios de la ciudad, le siguió la avería eléctrica del mayor
hospital —Valle Hebrón— en septiembre. Pero, sin negar la gravedad
de estos incidentes, no cabe duda que son los fallos en las líneas
de cercanías de Renfe, continuados, persistentes, que afectan a las
personas que eligen formas de transporte más racionales, los que
copan la medalla de oro de las desgracias. El último incidente, que
ha obligado a cerrar el servicio de cercanías que llega del sur por
tiempo indefinido (y obliga a los viajeros de largo recorrido a
trasladarse en bus hasta Tarragona), no ha sido sino la gota que
colma el vaso de una sucesión de desastres que se ha producido a lo
largo de más de un año.
La
indignación ciudadana es grande, a pesar que la gente se adapta a la
situación y las protestas son reducidas: 200 personas en la
concentración convocada por la FAVB cuando el apagón, 1000 en la de
cercanías, convocada con más tiempo. Pero es posible que el reflejo
de este cabreo se traduzca en un nuevo crecimiento del absentismo
político, que se traduzca más en huida que en voz. Posiblemente
porque para una sociedad tan desorganizada y desorientada no queda
claro hacia donde deberían ir las demandas ni se confía demasiado en
que estas vayan a ser oídas.
La
respuesta de las élites no ayuda en nada a clarificar la situación.
Existe una lectura dominante entre los dirigentes políticos de los
grandes partidos, los medios de comunicación y las élites
profesionales (por ejemplo las que se expresan a través de los
colegios profesionales) en términos de déficit de inversión. Una
convicción que comparten las clases medias que suelen comparar la
situación barcelonesa con la que experimentan en sus viajes a Madrid
(red de metros, nuevo aeropuerto, muchas más autopistas sin peaje,
etc.). Una convicción que si por un lado alimenta reivindicaciones
nacionalistas, por otra evita un debate racional sobre los problemas
y las formas de encararlos. No deja por ejemplo de resultar
paradójico que sea, precisamente, la conclusión de una larga
inversión estatal —la entrada del AVE— la que esté provocando el
mayor desastre en un servicio público local. No parece en este caso
que reivindicar simplemente más inversión sirva de mucho.
II
Un
análisis más detallado de los distintos problemas muestra que sus
causas se encuentran en una combinación de elementos concomitantes.
De una parte, en muchos de los fallos más que falta de nuevas
inversiones lo que se ha producido es una ausencia de mantenimiento
adecuado de las infraestructuras. Esto es lo que provocó el apagón y
la subsiguiente explosión de la subcentral de Maragall y esto es
también lo que ha ocurrido en muchos de las incidencias del servicio
ferroviario. De otra, la presencia de las grandes empresas “de obras
y servicios públicos” en el meollo de todos los affaires.
Unas empresas que llenan las páginas de la prensa económica con sus
anuncios de ganancias crecientes, de pago de generosos dividendos (y
de cuantiosas ganancias autoconcedidas a sus directivos) son los
principales responsables de todos estos problemas. FCC en el Carmel,
Redesa y Endesa en el apagón, OHL en el túnel de cercanías...
Siempre hay alguna de las grandes empresas españolas en medio de los
grandes desastres, lo que exige preguntarse por su papel en todo
este embrollo. Y por último, y no menos importante, un modelo
inadecuado de inversión, del que la construcción del túnel del AVE
al lado de Cercanías es el ejemplo más notable. Por aquí deberíamos
empezar
III
El
proyecto del AVE constituye en sí mismo la mejor muestra del modelo
socioeconómico de nuestro país. Su análisis desvela tanto la
naturaleza de los intereses dominantes del capitalismo español, como
la irracionalidad de las élites políticas y su capacidad de generar
hegemonía social.
Como
forma de transporte el AVE es (cuando se valora su coste, su impacto
ambiental, su capacidad de carga) un proyecto irracional. Al menos
en la escala en que se ha proyectado en nuestro país, orientado a
convertirse en el líder europeo de kilómetros de AVE por habitante.
Se trata además de un medio de transporte elitista, o que requiere
de importantes subvenciones que se sacarán de otros fines. Y cuyo
despliegue territorial contrasta con el abandono de gran parte del
sistema ferroviario español, con la ausencia de un buen sistema
ferroviario de mercancías y con las carencias de muchos de los
sistemas metropolitanos de cercanías, de lo que es buena muestra el
ejemplo barcelonés.
Pero el
proyecto del AVE, por sus implicaciones de gasto, es otra de las
grandes obras faraónicas que garantizan unos suculentos beneficios a
un reducido puñado de grandes empresas españolas con intereses cada
vez más entrelazados (especialmente las constructoras y las empresas
de montajes eléctricos, más las eléctricas, que verán ampliada su
demanda). El plan AVE es otra versión del plan Hidrológico Nacional,
del plan de Autovías, o del futuro plan de Centrales Nucleares que
nos van a colar a menos que nos volvamos a despistar. Planes que
garantizan rentabilidad a unos pocos, crecimiento económico y
desastres ecológicos varios, empezando por la creciente aportación
española al proceso de calentamiento global. Sin duda, son estos
grupos quienes promueven dichos planes, mediante una nutrida red de
intereses que incluyen a los grandes medios de comunicación y a
buena parte de los sectores profesionales que sacan tajada de estas
actividades (no es casual que sea el Colegio de Ingenieros de
Barcelona uno de los más firmes defensores de la idea de que faltan
infraestructuras).
La
fascinación de las élites políticas por estos proyectos se explica
en parte por su dependencia de los grandes intereses mercantiles.
Pero también porque en muchos casos la gran política contiene una
buena dosis de megalomanía. La obsesión por el crecimiento, por el
liderazgo tecnológico y económico, no es sólo el sueño de los
grandes líderes económicos, es también parte del sustrato emocional
de muchos políticos de alto nivel. En el caso del AVE, los líderes
catalanes (Pujol y Maragall) siempre lo han entendido como un eje
vertebrador de un vasto espacio geográfico en torno a la metrópolis
barcelonesa (de Alacant a Montpellier, llegando a Zaragoza y
Toulouse). Lo que hoy está generando más problemas, el paso del
túnel del AVE por la estación de Sants, es el producto de esta
obsesión: los dos partidos mayoritarios pelearon para conseguir que
el AVE llegara al aeropuerto y cruzara Barcelona, frente a la
propuesta inicial del Ministerio de Fomento de un solo acceso por el
Norte hasta la nueva estación de Sagrera. Sólo tras el hundimiento
del túnel del Carmel, la pérdida de la Generalitat y la aparición de
una demanda de vecinos del Eixample de desviar el AVE por el litoral
(pasando “el muerto” a otros vecinos), Convergéncia i Unió ha
descubierto, oportunísticamente, que el proyecto era discutible.
Pero la obsesión por el AVE no es sólo una cuestión catalana. Basta
con visualizar el plan de despliegue de esta infraestructura para
observar que aquél responde a una demanda generalizada en la inmensa
mayoría de ciudades españolas (algo parecido a lo que ocurrió en el
pasado con el despliegue del mapa universitario).
Si los
políticos locales están fascinados por este tipo de
infraestructuras, no lo están menos una buena parte de sus votantes.
El éxito simbólico del AVE Madrid-Sevilla ha generado en todo el
país un espíritu de emulación que no se para en valoraciones
sutiles. Que llegue el tren ultrarrápido se ha constituido en un
tema que aúna voluntades y margina a los disidentes. Un hecho
palpable en el debate actual en Barcelona, donde la oposición al
pase del ferrocarril por el subsuelo del Eixample se limita a exigir
que vaya por otra parte, pero nadie cuestiona el proyecto. Lo he
podido constatar directamente en diversos debates en los que he
participado con líderes vecinales de otras ciudades e incluso en un
antiguo debate organizado por Izquierda Unida: para muchos líderes
locales la llegada del AVE es vista como un elemento de equilibrio
interterritorial y recoge un arraigado sentimiento popular. Desde
esta perspectiva no es insólito que una encuesta publicada la semana
pasada por la Vanguardia haya más personas que consideran
prioritaria la llegada del AVE a Barcelona que la solución al
acuciante problema de cercanías. Una auténtica perversión del
sentido común y de la solidaridad. Pero es que buena parte de la
hegemonía cultural del capital se sustenta en esta capacidad de
presentar como utopías deseables lo que son verdaderos despilfarros
o males sociales: infraestructuras inadecuadas, consumos insensatos,
o ejercicios criminales. Quizás esto explica la poca audiencia de
los opositores al proyecto, o la misma oposición con sordina que ha
realizado Iniciativa Verds-EUiA, la única fuerza parlamentaria que
al menos ha expresado una posición disidente.
IV
La
situación de Barcelona es llamativa por ser de una ciudad que
siempre ha tratado de presentarse como vanguardista. Pero los
desaguisados de este tipo no son exclusivos de esta ciudad. Los
grandes apagones de luz son frecuentes en otras comunidades, y los
desastres generados por las grandes obras son frecuentes, como nos
lo recuerdan estos días los problemas del metro de Palma, el tranvía
de Sevilla o el propio AVE de Málaga Reflejan en todo caso la
ineficiencia de la gestión neoliberal de la economía, el deterioro
de la actividad productiva asociado a un modelo de gestión laboral
inaceptable (las cadenas de subcontratación no sólo están en el
núcleo de los accidentes laborales, también forman parte del
contexto en el que florecen las chapuzas y los desastres). Y
muestran que la opción por los proyectos faraónicos es enemiga de
resolver los problemas cotidianos de la gente.
Aunque
la hegemonía de los grandes proyectos capitalistas es palpable,
también lo es los problemas que provoca su gestión. Y parte del
apoliticismo y el desánimo ambiental nace por el convencimiento de
la debilidad y falta de voluntad de los políticos de poner en vereda
al abusivo comportamiento del capital. Por ello es hora de relanzar
una acción socio-política (y ahí IU-IV-EUiA debería jugar con
valentía) orientada a impugnar este orden de cosas en su doble
aspecto de cuestionar la bondad de los grandes proyectos y la forma
de organización, gestión y regulación de los servicios públicos. No
es tarea fácil, requiere una paciente labor de información,
desintoxicación y debate. Y no puede ser asumida por nadie en
solitario. Pero sí por una pluralidad de voces e instituciones que
necesitan algún tipo de articulación. Las organizaciones sociales y
políticas de la izquierda tienen ahí una importante responsabilidad.
[Albert Recio]
¿Ernesto
Guevara fue un “caudillo”?
Acabo de
leer la nota editorial de El País (10/10/07) ”Caudillo Guevara” y la
perplejidad producida me ha movido a volver a la página primera para
verificar que no me había confundido de periódico, pues lo que
acababa de leer supera con mucho lo previsible en este órgano de
prensa. Para el redactor de la nota el Che fue no sólo un
siniestro personaje dispuesto a arrebatarle la vida a quien no
compartiera sus ideas tenebrosas. Además, estos rasgos lo
identifican con “una saga siniestra de héroes trágicos, que van
desde los nacionalistas a los yihadistas, que pretenden
disimular la condición del asesino bajo la del mártir”. Añade el
autor que las ideas del Che se nutrían de las fuentes de uno
de los grandes totalitarismos y por esto no han servido más que para
embaucar a miles de jóvenes que se lanzaron a la lunática aventura
de crear a tiros el “hombre nuevo”. Pero, por si esto fuera poco,
añade que también su aportación contribuyó a ofrecer coartadas a
“las tendencias autoritarias” que germinaban en el continente
latinoamericano y que “felizmente” sólo fueron contrariadas en Cuba.
Las perlas del escrito no acaban con las aquí reseñadas y
aunque no quiero crearle mal cuerpo a nadie que no lo haya leído,
únicamente quiero destacar que el editorialista manifiesta su
ignorancia y grosería hacia una personalidad, sus ideales y su
contexto, poniendo en cuestión además el esfuerzo milenario
realizado por muchos sujetos bien nacidos a favor de los
desfavorecidos y por la dignidad y la justicia en la tierra. A pesar
de todo esto, quizás no conviene dramatizar porque, en cualquier
caso, los objetivos que movieron las actividades y la vida del
Che no dependen de este tipo de comentarios y además si en este
periódico se siguen prodigando estas perlas siempre podemos
sustituir su lectura por otras menos ofensivas y neocons.
[Ascensión Cambrón]
Crónicas
de la Barbarie: Octubre 2007
La remodelación del Camp del Barça
El
proyecto aprobado para la remodelación del estadio del Club de
Fútbol Barcelona no es un simple proyecto arquitectónico: es un
proyecto simbólico y político que pretende erigirse en referente
laico e interclasista de la catalanidad. Un estadio de colores en el
que lo de menos será la funcionalidad deportiva —que sin duda
también existirá—, pues sus referencias políticas, su presencia de
icono mediático y su indudable función económica —ya hoy el palco
presidencial del Nou Camp es lugar de peregrinación de
políticos y empresarios, uno de los centros de anudamiento de los
intereses transversales de la burguesía catalana— prevalecerán sobre
cualquier otra consideración.
Hoy el
Barça —no el equipo de fútbol, sino el noumenon que se
sostiene bajo los sucesivos equipos, ídolos deportivos,
entrenadores, jaleadores mediáticos y directivos— es el principal
símbolo real de Cataluña —más que la Abadía de Montserrat, sublimada
en el imaginario colectivo por el poeta Verdaguer, pero confesional;
más que La Caixa omnipresente, más que la Sagrada Familia—.
Faltaba un icono laico del símbolo azulgrana, a la altura de los
tiempos mediáticos, un referente monumental y único.
Y eso es
lo que se busca con la remodelación proyectada. Que tendrá éxito y
se constituirá efectivamente en símbolo. En signo de este tiempo de
barbarie, en el que la emoción prima sobre el entendimiento y “lo
nuestro” sobre lo justo; en que ganar y ganar, vencer a los “otros”
y prevalecer sobre ellos, son ideales de unas masas tan
enfervorizadas como enajenadas al tejido de poder económico,
político y mediático con que se mantiene su sometimiento.
Inundaciones, ladrillo, política
Llueve
torrencialmente cada otoño. Pero las inundaciones se deben, tanto o
más que a la lluvia, a la construcción en torrenteras y a los muros
de ladrillo ante las playas. El empresariado busca metros cuadrados
donde sea y los ediles lo legalizan. Eso es, en realidad, mafia y
política. Los desastres los pagan los afectados y, cómo no, los
contribuyentes por la vía de las ayudas públicas. El Levante español
gobernado por el PP ha de ser declarado Zona Catastrófica.
Más madera
Se
destapa el caso de las comisiones ilegales a Convergència y a Unió,
en su etapa de gobierno. Veremos hasta dónde es eficiente la
administración de justicia. Entretanto, ya tenemos una vara de
medir: las donaciones anónimas a Unió Democràtica de
Catalunya descendieron el 66% cuando dejó de gobernar, o sea, de
decidir la contratación pública.
No es la
primera vez que Unió Democràtica de Catalunya se ve en apuros ante
la justicia. Pero no pasará nada. Lo que algunos han llamado
el círculo cerrado de profesionales de la política así lo
exige: hoy por ti, mañana por mí. Y Zapatero, que prometió no
defraudar (en el otro sentido de la palabra), ya tiene decidido
que para su gobierno futuro, si vuelve a ganar las elecciones,
prefiere los apoyos de los nacionalistas conservadores a
cualesquiera otros.
De modo
que nos encontramos ante lo siguiente: los fraudes de los partidos
políticos son un tabú de la democracia, lo mismito que la ley
electoral. Asuntos intocables. Cuando los fraudes salen a la
superficie paga el pato un chivo expiatorio cualquiera: gajes del
oficio. Pero el sistema de poder —económico y electoral— es
intocable. Tal es la enfermedad crónica del sistema político
español actual.
Parlamentarismo o presidencialismo
A los
grandes partidos españoles ya les va bien con el sistema electoral
existente. Que es simplemente un sistema de bipartidismo imperfecto.
Lo cual dibuja, en la práctica, un sistema más presidencialista
que parlamentario.
Ahora
los dos grandes partidos están de acuerdo en que el gobierno que
salga de las próximas elecciones ha de ser el del partido más
votado, no el del que pueda contar con mayor o mejor apoyo
parlamentario. En el fondo, PSOE y PP están de acuerdo en
materializar el viejo designio norteamericano para el régimen de
España, que desde Nixon y su embajador Vernon Walters había de ser
bipartidista.
Y,
efectivamente, el sistema es bipartidista en la práctica, gracias a
la vampirización de buena parte de los votos reales de los
ciudadanos por un régimen electoral que premia a los partidos
locales (nacionalistas o regionalistas, claro es) y jibariza
las opciones no locales distintas a las de los dos “grandes
partidos”.
Todo
atado y bien atado.
Después de Frankfurt, ¿qué?
Los
efectos de la participación independentista en el gobierno catalán
se dejan sentir sensiblemente en la cultura política oficializada
en Cataluña. Es falso que la lengua castellana esté perseguida
ahí: sólo es públicamente ignorada. Con la connivencia
incluso de instituciones sociales como las sindicales: hasta
Comisiones Obreras ha empezado a omitir la lengua castellana en sus
publicaciones catalanas. Será porque le sobran afiliados, o porque
la cuota de afiliación es una parte menor de sus ingresos, ya que el
60% de éstos procede de las arcas públicas y, ya se sabe: qui
paga mana.
La
presencia de la cultura en lengua catalana en la Feria del Libro de
Frankfurt ha oficializado este ars ignorandi. Allí la cultura
catalana se ha exhibido mutilada, lo que debería suscitar la
indignación de los ciudadanos.
Los
políticos en el poder —y están en el poder también los que están en
la oposición: ‘poder’ se usa aquí en el sentido real, no en el
convencional— conciben la cultura catalana como una cultura
esencialmente literaria. Cuando con ocasión de la Feria de Frankfurt
han hablado de escritores han designado sólo a los
literatos.
Ignorar
la cultura castellanohablante de Cataluña significa ignorar, para
empezar, la cultura de la mitad de su población. Pues la cultura de
la gente es la que de verdad cuenta. E ignorar también una parte
significativa de la producción cultural (la cultura en el
restrictivo sentido burgués de la palabra) catalana, esto es:
ignorar gran parte de la ciencia, y la arquitectura, la
música, la historia, la filosofía, etc., que se producen en
Cataluña. Es también ignorar a una industria editorial y mass-mediática
importantísima que sería insostenible en un mercado sólo
catalanoparlante —como insostenible es hoy la industria editorial de
expresión únicamente catalana, que vive sobre la base de la
inyección continuada, directa y/o indirecta, de dinero público—.
Todo
eso, en suma, es ignorar demasiado.
La
ignorancia política de la lengua materna de la mitad de la población
de Cataluña se sostiene gracias a un invento puramente jurídico: el
invento de la “lengua propia”. Según este invento, la lengua
propia de Cataluña es el catalán.
Eso
puede parecer normal y descriptivo en términos históricos, pero no
lo es. Por la sencilla razón de que quienes tienen lengua son los
hablantes, no las instituciones históricas como “Cataluña”. Afirmar
lo de la “lengua propia” es estrictamente equivalente al manifiesto
disparate de afirmar que la “religión propia” de “España” es la
católica.
Que el
catalán fuera la lengua propia de los pobladores de Cataluña fue
verdad en el pasado preindustrial, pero dejó de serlo desde mucho
antes de los tiempos de Buenaventura Durruti. Y hoy no lo es: los
hablantes de Cataluña tienen dos lenguas predominantes —y muchas
otras minoritarias debido a la inmigración—. Las instituciones
políticas catalanas tienen dos lenguas oficiales. La “lengua
propia” es el artificio jurídico local mediante el cual las
instituciones dan preferencia a una sola de las lenguas oficiales:
una preferencia de tal intensidad que, sin necesidad de
prohibir nada, ignora la lengua propia de la mitad de la población
gobernada.
La peor
de estas preferencias oficiales la constituye la
política que instituye a la “lengua propia” como lengua vehicular de
la enseñanza obligatoria. Un lastre sin paliativos, innecesario, de
un sistema educativo ya de por sí tremendamente deficiente.
Es un
mal quizá menor que la “lengua propia” haya de ser mantenida por una
costosa policía lingüística pública nada escasa de efectivos. O
mediante la “demonización” de cualquiera que se aparte de lo
oficializado como políticamente correcto en Cataluña, lo que ofende
a la propia libertad cultural en que se fundamenta el reconocimiento
público de cualquier lengua.
Las
personas, en Cataluña, suelen entender en la práctica las dos
lenguas principales, que tienen un origen común, y las buenas
maneras de todos eliminan obstáculos a la comunicación privada. Por
eso la sangre no llega al río. Aunque el uso preferente de una u
otra lengua traza con fuerza creciente una línea divisoria de
clase social que ni siquiera la izquierda ideologizada por el
nacionalismo es capaz de reconocer.
Sin
embargo la utilización continuada, sorda, invasiva y exitosa, de la
“lengua propia” institucional no deja de tener peores
consecuencias reales: conduce socialmente a una secesión cultural
que es el objetivo compartido por todo el nacionalismo catalán,
tanto el conservador como el independentista.
Todo
este disparate se hubiera podido evitar de haberse usado la
excelente norma lingüística del Estatuto catalán de 1932, acogida
por la Segunda República española. Decía: “los ciudadanos,
cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el
idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales,
Autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad
como de la República”.
Nada de
ordeno y mando. Que prefieran. No obligaciones sino derechos.
Así son, en el terreno lingüístico, los valores cívicos y las
libertades de una república bien ordenada.
[Juan-Ramón Capella]
¿Qué
República?
Julio Anguita González
Publico.es / 11 oct 07
De unos
años acá crecen las actividades políticas y culturales ligadas a
difundir y recuperar el ideal republicano. A las clásicas
organizaciones republicanas que aguantaron como pudieron la
dictadura, se han ido sumando colectivos de variada índole que
reclamándose de la misma fuente, constituyen ya una amplia nómina de
siglas que agrupan asambleas, ateneos, centros culturales y
publicaciones varias. La Ley de la Memoria Histórica, con sus
debates y avatares políticos, ha conseguido establecer un puente
sobre el tiempo para recuperar los recuerdos, los hechos y las
evidencias que la historiografía del franquismo, el pacto de
silencio de la Transición y la permanente connivencia de intereses
han secuestrado y escamoteado. En ese sentido tanto fuerzas
políticas como medios de comunicación se han erigido en una Corte
que medra en esta palatina piel de toro.
La
cotidianeidad nos trae imágenes de revueltas, quemas de retratos y
expresiones colectivas de rechazo a la Monarquía. Esto constituye un
síntoma de que determinados tabúes y santos griales son bajados de
sus altares y se concita contra ellos una gama de proyectos,
culturas, rechazos y mecanismos de evasión.
Pero no
nos engañemos, si el proyecto de la Transición que Juan Carlos
corona recibe crecientes y paulatinos disensos, es como consecuencia
de que está agotado, su Constitución varada y víctima del veneno
retardado de las contradicciones, anacronismos, apaños, ambigüedades
e incumplimientos que jalonan su existencia formal. La restauración
borbónica de 1978 es casi un calco de aquella otra Restauración que
muñó Cánovas, benefició a los poderes oligárquicos y tuvo como
pináculo a Alfonso XII. Desde 1994 los que han aprendido las
lecciones de la Historia trabajan para ponerse al frente de los
cambios impostergables. La República puede ser un recambio para las
elites, siempre y cuando ésta nazca ya cocinada, sazonada y presta
para ser servida por ella misma. Y es aquí, en esta coyuntura, donde
la propuesta de III República tiene que ser concebida, organizada y
difundida como modelo alternativo de sociedad plenamente
democrática.
¿Qué
República?
La II
República e incluso la I son referentes pero nada más; ya pasaron.
Se trata de dirigir voluntades y esfuerzos para construir la III; la
del siglo XXI que no vendrá por sí misma sino que debe ser traída.
Construir república significa un proyecto claro de futuro, sujetos
múltiples y colectivamente organizados en torno a ese proyecto. Sin
olvidar que la República, por ser creación de ciudadanos y
ciudadanas, implica la asunción de responsabilidades cívicas en el
eje de coordenadas que forman los derechos y los deberes. Construir
República es aceptar que la sociedad con sus grupos, intereses
varios contrapuestos y códigos éticos plurales es la protagonista
principal y fundamental de la participación y decisión políticas. La
ciudadanía es la materia prima de la República.
El
proceso constituyente de la III República se iniciaría desde
instancias sociales y políticas múltiples e iría consolidándose como
alternativa ética de Estado. El final del mismo sería el
anteproyecto o el proyecto de Constitución Republicana asentado ya
firmemente en la conciencia social.
Para mí
son siete los ejes que encauzarían el proceso de discusión, adhesión
y elaboración ciudadanas.
La
Constitución republicana debe, junto cono los mecanismos que
garanticen su aplicación, incorporar la Declaración de Derechos
Humanos añadiéndole además los contenidos de los Derechos
medioambientales.
No hay
República sin Democracia plena que no es sino un convenio permanente
entre seres libres e iguales para seguir permanentemente
conviniendo. La Democracia o es radical o no lo es.
La Paz
entendida como el conjunto de valores, normas y actuaciones
dirigidas no sólo a erradicar del horizonte político y cultural el
hecho de la guerra sino básicamente el marco de seguridad colectiva
desde una estricta lógica civil. Y ello conlleva proyectos nuevos
para los ejércitos, la política y las relaciones internacionales.
Laicidad
que se apoya en dos pilares: la Ética, en sí misma libertad de
conciencia, y el status cívico que define la separación de las
Iglesias con respecto al Estado. La Ética conduce a la Justicia
Social que es igualdad de derechos, deberes y oportunidades. La
instrucción laica, la escuela, el derecho a la información y el
aprendizaje crítico son las condiciones de esa igualdad.
Austeridad entendida como Justicia Fiscal, control de los usos del
dinero público y administración transparente. Pero la Austeridad es
además una virtud que informa conceptos alternativos de calidad de
vida y racionalidad en las relaciones con la Naturaleza y sus
riquezas.
El
Estado Federal es un Estado unitario que basa y centra su unidad en
otros modos, otros contenidos y otros consensos ciudadanos. Es hijo
de una voluntad general respetuosa con los hechos y precipitados
históricos pero además y en plena igualdad con ello respetuosa con
la decisión libremente manifestada de cada entidad. El Estado
Federal que la III República debe diseñar y organizar tiene
competencias federales que garanticen en cada territorio el
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y medioambientales
para todos y cada uno de sus habitantes. La ciudadanía y sus
derechos forman parte del acervo común de todos los federados.
La
deriva de la UE hacia un conglomerado de estados que funcionan a
distintas velocidades no responde en absoluto a las aspiraciones de
quienes quieren construir un espacio supranacional con vocación de
unidad política con todas sus consecuencias. El federalismo europeo
debe constituir el proyecto permanente de la III República.
Mujer y
ciudadanía
José Manuel Barreal San Martín
Antes
de ser cónyuges, compañeras, esposas, madres y trabajadoras, las
mujeres somos ciudadanas de pleno derecho
[Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad,
10 de diciembre de 2004 en Kigali, Ruanda]
Resulta
pertinente plantear en este momento, de “revolución ciudadana” por
la irrupción en la enseñanza de la asignatura “Educación para la
Ciudadanía”, la pregunta de qué ciudadanía estamos hablando. Porque,
desde mi parecer, la ciudadanía se expresa participando y esa
participación tiene que producirse en el ámbito de lo público,
entendiendo por tal un espacio social que no es privado ni
privatizable y que tiene que ser compartido por toda la ciudadanía,
regulado por derechos y deberes. Siendo el campo de "lo político"
donde se desarrolla la capacidad de participar en la vida social y
cotidiana y, si así se considerase, en el ejercicio del poder
representativo.
Actualmente, la forma de gobierno que debería garantizar esa
participación es lo que conocemos como democracia, que supone la
existencia y participación de ciudadanas y ciudadanos libres. Y digo
debería, porque en este mundo globalizado más del 60% de la
población está ausente o subrepresentada en el juego democrático y
el colectivo de las mujeres es, precisamente, quien más sufre esa
falta de participación. No podemos hablar de democracia si la
libertad y la igualdad no son compartidas por todos los seres
humanos, y entiendo que la mujer no está incluida como debería en el
espectro participativo.
En una
amplia parte del mundo las mujeres están privadas de los medios
indispensables para tener una vida realmente humana. Están peor
tratadas que los hombres en cuanto a salud, alimentación, acceso al
trabajo y retribución. Son más vulnerables a toda clase de
violencias (física y sexual, etc). La familia, sigue siendo, en la
mayor parte del mundo, un aspecto que sólo compete a la mujer,
subyugada así al nicho familiar. Obstáculos como los citados y otros
muchos impiden a las mujeres participar en la vida política y por
añadidura en la vida ciudadana, privándolas de la posibilidad de
hacerse ver mediante la palabra y la acción.
Martha
Nussbaum, activa defensora de la causa feminista, propone un
decálogo para defender la dignidad de las mujeres y en general del
ser humano que, a mi parecer, es totalmente asumible en la
asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’. Entre otras, estas son
algunas de sus propuestas:
“Tener
la posibilidad de vivir hasta el fin una vida humana de duración
normal; de no morir prematuramente, o antes que la propia vida sea
limitada de tal modo que se vuelva indigna de ser vivida. Estar en
condiciones de moverse libremente de un lugar a otro; de estar
protegidas contra las agresiones, incluida la agresión sexual y la
violencia doméstica; tener la posibilidad de gozar del placer sexual
y tener capacidad de elección en el campo reproductivo”.
“Tener
las bases sociales para el respeto de sí y para no ser humilladas;
poder ser tratada como persona digna cuyo valor es igual al de los
demás. Esto implica, a nivel mínimo, protección contra la
discriminación basada en la raza, el sexo, la tendencia sexual, la
religión, la casta, la etnia, los orígenes nacionales”.
“Poder
participar de un modo eficaz en las decisiones políticas que
gobiernan la propia vida; gozar del derecho de participación
política, tener garantías de libertad de palabra y de asociación”.
Lo dicho
plantea hoy a la sociedad en su conjunto el reto imperioso de
revisar lo que se entiende por democracia. De igual manera, es
necesario reconocer que el concepto de ciudadanía que manejamos
ignora las diferencias reales que existen en la sociedad civil.
Es
necesario explicar cómo y por qué hombres y mujeres han ocupado y
están ocupando espacios asimétricos en las distintas dinámicas
sociales. Asimetría que se establece en función de “las necesidades”
de cada sociedad, y también, en este caso, de la actual dinámica
capitalista. En la sociedad actual, el patriarcado (que no ha
desaparecido, mal que nos pese) desempeña una función fundamental,
no sólo como forma social familiar caracterizada por la
subordinación femenina, sino también como concepción del espacio
público caracterizado por parámetros de subordinación femenina.
Resumiendo, ”la ciudadanía se construye – mujeres y hombres— y
materializa en el ámbito público, a través del ejercicio de los
derechos civiles, políticos y sociales, en el contexto de un sistema
político democrático”. Siendo esto así, extraña que “demócratas
convencidos” llamen a desobedecer no tanto la asignatura EpC, como
una ley aprobada por el Parlamento en el que tanto las personas
convencidas como las más escépticas estamos representadas.
Curso
de economía recreativa
Profesor William del Prado
China y la economía de mercado
Hay que ver lo despistados que andan
los izquierdosos a la hora de
entender
la globalización. No paran de meterse con el mercado. Como si en el
mundo actual fuera el mercado el mecanismo explicativo fundamental.
Como un ejemplo vale más que mil palabras, estudiemos el mejor
ejemplo del momento: China, el campeón de la última liga de
exportadores del mundo.
Aunque
nuestras ciudades se pueblan de restaurantes chinos, de restaurantes
locales regentados por chinos, de bazares chinos, su presencia no
explica por sí sola la penetración de sus mercancías. Más que en los
bares y en los todo-a-cien, donde compramos chino es en las grandes
cadenas de distribución que venden con marca propia lo que se
fabrica en Oriente. No es el mercado de compraventa quien organiza
este comercio, sino las grandes organizaciones corporativas que
gestionan jerárquicamente la actividad de miles de personas. Los
grandes grupos mundiales, por ejemplo textiles, no compiten con los
chinos, sino que son ellos mismos los que se han ido a China a
buscar proveedores y a generar competencia para sus antiguos
suministradores locales. Son estas grandes organizaciones las que
coordinan este inmenso trasiego de mercancías en todo el planeta y
los que sacan la gran tajada. O si no, ¿cómo se explica que a pesar
de la competitividad los precios de estos bienes apenas hayan
disminuido?
Tampoco
es el mercado el que garantiza los bajos costes de la producción
china. Más bien lo son la política y las instituciones locales al
permitir salarios bajos, largas jornadas laborales y externalización
de costes sociales. ¿Cuándo aprenderéis lo buenas que son las
dictaduras para los negocios?, ¿lo fantásticos que resultan este
tipo de dirigentes para impulsar proyectos de crecimiento-negocio y
olvidarse de los padecimientos humanos? ¿O es que no os acordáis de
los pantanos de Franco y de lo barata que era la mano de obra en su
tiempo? ¿Para qué entrar en aventuras democráticas cuando podemos
beneficiarnos de las ventajas de un poder dictatorial que, además,
como se llama “comunismo” desprestigia a las utopías emancipadoras?
¿Cuándo
aprenderéis que lo de la competencia perfecta, la competitividad y
otras zarandajas de los manuales de economía no son más que parte de
la publicidad que necesitamos para vender el mercado? ¿Pero que
nuestro funcionamiento real se basa en largas organizaciones
jerárquicas y en marcos institucionales que restringen derechos del
resto de la sociedad y garantizan nuestros beneficios? Y en esto los
dirigentes chinos son un encanto, y favorecen que siempre seamos los
mismos los que cazamos los ratones. Bastantes esfuerzos estamos
realizando en los países ricos para recortar la democracia como para
animarles a ellos a realizar aventuras insensatas.
No está
de más recordarlo: “Es papanatismo confundir mercado con
capitalismo”. “Es una falacia pensar que “socialismo” equivale a
ilustrada autocracia”.
Greg
Palast en apuros
Los
lectores de Mientras Tanto y mientrastanto.e conocen seguramente al
periodista Greg Palast por sus documentados trabajos sobre el fraude
electoral que llevó a G.W. Bush a la presidencia de los EE.UU. en el
año 2000, o sobre las intenciones de los neocon norteamericanos a la
hora de invadir Irak. Se trata de un personaje incómodo para los
masters del universo. Ahora se encuentra con dificultades
económicas para mantener su equipo de investigación. Lo cuenta en su
web, http://www.gregpalast.com,
en la cual hay la posibilidad de hacer donativos para sacarle del
apuro.
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