Crónicas
de la Barbarie: Junio 2007
El
extraño atentado del Líbano contra tropas españolas.-
Hipótesis sobre el fin de Eta.- La izquierda y el pacifismo.-
Fumar puede matar.- Palestina partida en dos.- Las elecciones, ¿son
la democracia?- Alhaurín instructivo.- El comprensivo Tribunal
Supremo.- Mossas y tortazos.- Cuestión menor: los exámenes
de catalán.
El extraño atentado del Líbano contra tropas
españolas
Hace
un año, con las batallas entre Israel y Hezbolá que
arrasaban a la población del Líbano, con una destrucción
de nuevo terrible en ese país, el envío de tropas en
el marco de un programa de pacificación de la ONU y la Unión
Europea no me pareció el peor de los males. Tal vez eso evitaría
que siguieran las matanzas de inocentes, aunque también abría
la puerta a que entre las víctimas hubiera en adelante soldados
españoles.
Y
las ha habido. Pero el atentado contra un vehículo del ejército
español no parece haber sido obra del ejército israelí
ni de Hezbolá, las partes en conflicto. La diplomacia española
lo atribuye a “algún grupo” relacionado con Al Quaeda. Y entramos
así en la nebulosa lógica conspirativa para explicar
ese atentado.
Porque
“algún grupo” de Al Quaeda es una hipótesis opaca.
Hoy se puede atribuir gratis a Al Quaeda mucho de lo malo que pasa
en el mundo. Si ha sido gente de Al Quaeda, ¿por qué
en el Líbano, y no en Afganistán, donde lo tienen mucho
más fácil, en una situación de guerra entre los
talibanes y la Otan? Veamos primero quién reivindica
el atentado, y si esa reivindicación esperable está
fuera de la opacidad.
Pues
también cabe la suposición alternativa de que ese
atentado del Líbano haya sido obra de los servicios secretos
habituados a este tipo de cosas.
(Ya
se sabe: tirar la piedra y atribuirlo al contrario, o poner la piedra
en manos del idiota para que la tire él.)
El
atentado no es manifiestamente un acto de guerra que pretenda acabar
con la presencia militar española o de la ONU: para eso habría
de encuadrarse dentro de una campaña de atentados. Ese atentado
es un acto político. Pongamos la hipótesis,
pues, de que nos hallamos ante un atentado político.
Específico contra el ejército de España,
esto es, contra su gobierno.
Entonces,
una pregunta importante: ¿a quién beneficia el atentado,
a quién perjudica? Y la respuesta sería, en términos
de la política española, que beneficia a Rajoy, empeñado
en igualar ante la opinión pública la presencia
en el Líbano con la participación en la guerra de Iraq,
y que perjudica a Zapatero, pues erosiona al único dirigente
político occidental que se ha atrevido a desafiar abiertamente
la política de Bush en Iraq.
En
los próximos días veremos qué partido le saca
el PP a este raro atentado. Enmarcado objetivamente —en cualquier
hipótesis— en la perspectiva electoral española.
Por mi parte recomiendo no fiarse de nada y examinar las cosas con
algo menos de superficialidad que la habitual en los medios de masas.
En
cualquier caso el atentado —que ha costado la vida a unos pobres soldados
españoles y emigrantes— pone de manifiesto una vez más
la barbarie en que vivimos.
La
única manera de que no haya ataques armados es que no haya
armas, y poco ayuda, si es que ayuda, llevar más a donde ya
las hay.
Hipótesis sobre el fin de Eta
Las
premisas del problema pueden ser formuladas como sigue:
1.
La gente no puede aceptar —y por tanto el Estado no puede aceptar—
que se impongan cambios políticos por la violencia.
2.
En Euskadi hay una base social propicia a la continuidad del terrorismo
de Eta, probablemente mucho menor que en años anteriores, a
la que se puede llamar “búnker” nacionalista radical.
3.
Hay organizaciones político-sociales que son el brazo político
del “búnker” (y que acaban de perder un tren hacia su consolidación
política con la ruptura del “proceso de paz”).
4.
Hay organizaciones político-sociales nacionalistas radicales
que no apoyan el terrorismo de Eta. Son radicales no violentos. Gente
políticamente decente.
5.
Para Eta son prioritarios sus objetivos políticos, como la
anexión de Navarra a Euskadi y la formación de un Estado
vasco independiente. La situación de sus presos ha sido subordinada
a esta prioridad, que en la última tregua ha mostrado ser irrenunciable,
al exigir que se diera un paso en este sentido. Eta se ha equivocado
de medio a medio una vez más.
.
Para las personas de convicciones democráticas serias hay dos
“axiomas” esenciales:
a)
El dictado y la coacción violentos son completamente inaceptables.
Bajo la amenaza nada se puede negociar, como no sea el cese de la
amenaza y de las coacciones.
b)
Las cuestiones de nación sólo pueden ser resueltas
mediante el ejercicio en libertad del derecho de autodeterminación,
sin violencia ni coacción ni perspectiva de que éstas
reaparezcan.
Y
un “corolario”:
c)
Cambiar un estatuto institucional mediante el ejercicio del derecho
de autodeterminación exige una consulta popular cuyos resultados
sean concluyentes, lo que supone una elevada participación
de la población en la consulta para que ésta sea válida
y una mayoría cualificada para un cambio de estatuto significativo.
De otro modo se crearían las condiciones de un enfrentamiento
civil de tipo “balkánico”.
En
estas condiciones, ¿cuál puede ser el final de la violencia?
En
mi modesta opinión, el final de la violencia no se puede dar
fácilmente: Eta ha creado en Euskadi un sentimiento nacionalista
radical minoritario pero muy intenso en el que el recurso a la violencia
está fuertemente arraigado. La violencia y las coacciones forman
parte de la cultura interiorizada por una parte pequeña pero
significativa de la población. Incluso en el supuesto de que
la dirección de turno de Eta decidiera dejar las armas, sería
previsible que una parte relevante de la organización se resistiera
a este viraje y el grupo armado se fraccionara, y tal vez se fraccionara
igualmente su “brazo político”.
No
se debe olvidar que el Ira irlandés llegó incluso al
asesinato “interno” de militantes no dispuestos a abandonar la violencia;
ni que en la historia pasada de Eta hay casos similares, ni tampoco
que durante el reciente “alto el fuego” se han dado casos, probablemente
incontrolados, de kale borroka. Al dejar escapar la ocasión
de una “retirada ordenada” en sus conversaciones con el gobierno,
Eta ha abierto la puerta a que sus conflictos internos acaben dirimiéndose
por el método que es consustancial en ella: la violencia.
La
derecha social y política —el Pp— sólo ofrece una respuesta
a todo esto: la represión. Esta estrategia estrecha e insuficiente
es la más cómoda para esa derecha. Porque le proporciona
un argumento permanente para las actuaciones estatales autoritarias,
y porque le facilita una subsistencia no marginal en Euskadi, que
perdería en una situación de libertad (hipótesis
en la que sería tan poco operante como en Cataluña).
La
estrategia del Pp, que reduce la política a los medios policiales
—la represión sería así la política
por otros medios—, perjudica al conjunto de la sociedad, sobre
todo a las personas efectivamente demócratas y de izquierda,
para entendernos, y contribuye a alimentar la convicción del
“búnker” radical-nacionalista de que la actividad armada y
violenta aún puede ser rentable, porque al menos mantiene su
presencia mediática.
El
Partido socialista —o sea, el tibio reformismo de la sociedad española—
va a experimentar el desgaste producido por los dos radicalismos que
le atenazan, violento el uno y amenazante el otro. Ha creído
ingenuamente que el final de Eta estaba muy cerca, dada la ausencia
de atentados mortales intencionales en los últimos años
—aunque el atentado de Barajas difícilmente encaja en esta
categoría—, y, desde el gobierno, lo ha hecho creer a mucha
gente. El desencanto de las expectativas generadas puede ser un incentivo
al descenso de la participación política en las próximas
elecciones generales (son signos alarmantes la deriva derechista de
la población francesa, el descenso de la participación
política juvenil, etc.). El hipotético regreso al gobierno
español de la derecha política sería una catástrofe
más en este barbarizado mundo de catástrofes: entonces
tendríamos Eta para otro rato.
Y
parece que esto es lo que desean quienes dirigen Eta: no deja de ser
significativo que en su comunicado de “fin del alto el fuego” ni siquiera
se mencione al Partido Popular y se “culpe” sólo al gobierno;
sin embargo el Partido Popular no ha hecho otra cosa que poner palos
en las ruedas del “proceso de paz” ante la opinión pública.
La
única manera de acelerar el fin de Eta consiste en tratar de
dividir el mundo de la izquierda radical y aislar al “búnker”.
Lo que se traduce en la necesidad de mimar al nacionalismo radical
no violento, y de escuchar sus propuestas. Es necesario pactar con
él un programa de consultas democráticas futuras, aplazadas
y condicionadas al cese de la violencia. Aislar al “búnker”
violento es asegurarle una muerte lenta “por inanición”, como,
en otro orden de cosas, la de los Grapo. Una muerte de Eta por aislamiento
y fragmentación no dejará de ser, de todos modos, un
proceso lento y lleno de momentos difíciles. Conviene no olvidarlo.
La
izquierda social, pese a su debilidad, debe tratar de llevar al Psoe,
y a los demás partidos que quieran incorporarse, a una estrategia
de este corte. Sus elementos habrían de ser:
1.
La represión del “búnker” violento, intensificada
y diversificada aunque inexcusablemente dentro de los límites
estrictos del sistema de libertades políticas y de los derechos
y garantías individuales. Pero esto último merece
comentario especial, que se formula más adelante.
2.
Una declaración de reconocimiento del derecho de autodeterminación
democrática del pueblo vasco, y, al mismo tiempo, de condicionamiento
de este derecho al transcurso de un plazo prudencial desde el fin
de la violencia política.
3.
Acuerdos para asegurar la gobernabilidad de Euskadi dentro de un
consenso de fuerzas políticas democráticas, incluido
necesariamente el nacionalismo radical no violento, hasta el fin
de la violencia política en el país.
4.
La adaptación de la población española al reconocimiento
de los resultados del ejercicio del derecho de autodeterminación
cualesquiera que sean éstos: ya en el plano institucional,
mediante la implantación de una estructura estatal federal
informada de valores republicanos, ya en el plano material.
Las
leyes de excepción deben ser revisadas en un sentido garantista.
La
izquierda, como los demócratas de otras ideologías,
no puede aceptar ninguna medida legal ni judicial que criminalice
el pensamiento o la ideología. Nunca dará cobertura
a la tortura. Nunca aceptará que no se respeten principios
jurídicos básicos como la presunción de inocencia.
En una época en que el “antiterrorismo” es la ideología
del sistema, es preciso insistir en todo ello, hoy insuficientemente
asegurado. Sólo se pueden perseguir delitos a partir de hechos,
y nunca aplicando la doctrina neonazi, pero que está ganando
adeptos, de un “derecho penal del enemigo”. Ya la propia expresión
‘antisistema’ —en “manifestantes antisistema”, p.ej.— tiende a dar
un cheque en blanco a las instancias represivas. Los llamados antisistema
por el poder político y mediático —okupas,
p.ej., pero también ecologistas, sindicalistas, etc.—, suelen
poner el dedo en la llaga de los problemas sociales reales de este
mundo barbarizado. No se olvide.
Por
otra parte, los “formadores de opinión” de este país
deben hacer una seria autocrítica. Se dejan llevar demasiado
por el pensamiento desiderativo y por las alianzas económico-políticas
de las empresas que les pagan. La falta de rigor es achacable a todos,
y así debemos hacérselo saber.
La izquierda y el pacifismo
La
izquierda social y política no acaba de asimilar que el “modelo
de 1917” de superación del capitalismo ha pasado al museo de
la historia de las ideas. Y, con esta falta de asimilación
de la experiencia histórica, su andamiaje cultural se muestra
renuente ante la firme posición del pacifismo y su radicalismo
de principios. Hay gente que no percibe aún que estamos en
una etapa de resistencia a la barbarie, y que los principios,
más que el pragmatismo y las componendas, son fundamentales.
La izquierda prefiere aún las expresiones ambiguas, como “no
violencia”. Os invito a hacer la prueba: “no violencia”, en la izquierda,
puede pasar, pero “pacifismo” no pasa: la palabra resulta todavía
sospechosa. Por mucho que para cualquier pacifista esté claro
el derecho a defenderse de un ataque violento.
Las
razones de esta resistencia a ver con claridad lo que necesita la
lucha del futuro es la tendencia no ver con malos ojos
cualquier cosa que se proclame nominalmente socialista: como
el régimen cubano, por ejemplo, o como el populismo de Chávez.
Como si la proclama verbal de socialismo lo disculpara todo.
Por
sus obras los conoceréis, dijo un rebelde del pasado.
Si algo debería estar claro es que lo que cuenta es lo que
se hace, y no lo que se dice. Nadie puede presuponer que todo lo que
hace un sujeto va a ir en la misma dirección. Chávez,
por poner un ejemplo, ha redistribuido en favor de los pobres las
ganancias del petróleo, pero también tolera en su gobierno
y en su administración dosis gigantescas de corrupción.
Y mucha gente le absuelve de eso porque luego se va a ver a Fidel
Castro y está políticamente aliado con Evo Morales,
que hoy por hoy es lo más limpio de América Latina.
¿Ya
ha olvidado la izquierda lo que fue el culto de la personalidad?
Volviendo
a nuestro asunto: ¿podría alguien explicar por qué
‘no violencia’ parece preferible a ‘pacifismo’ como signo distintivo
de una izquierda que rechaza por invivible esta barbarie en que vivimos?
Fumar puede matar
Efectivamente:
desde que los norteamericanos y sus aliados intervinieron en Iraq
han muerto más de 750.000 personas, principalmente civiles.
Palestina partida en dos
Lo
dijimos hace casi un año en estas páginas: una guerra
civil entre palestinos era el objetivo de Israel. Molestaba Arafat
y murió de una enfermedad rara; la Unión Europea
pedía elecciones democráticas y las hubo, pero las ganó
Hammás, y todo el mundo cortó a su gobierno el grifo
del dinero. Ahora, esto. Más víctimas civiles de la
alta política que se decide al otro lado del Atlántico.
Las elecciones, ¿son la democracia?
Cada
vez somos más los que pensamos que no. Hoy lo que hacen los
procesos electorales es “sustraer la decisión a los verdaderos
protagonistas y fundar un consenso blando sobre el que se apoya la
clase dirigente”. Lo dice José Vidal Beneyto en una de sus
columnas en El País.
Alhaurín instructivo
Los
vecinos han reelegido al alcalde procesado por corrupción.
Eso del ladrillo, no se olvide, da de comer a mucha gente, y a fin
de cuentas casi todo el mundo saca tajada. Diez empresarios imputados
en el mismo proceso recibieron los aplausos de los vecinos al salir
de la cárcel bajo fianza. De modo que “los verdaderos protagonistas”
de Vidal Beneyto se convierten, a veces, en antagonistas atontados
de la democracia. Aunque, claro está, los peores no son éstos.
El comprensivo Tribunal Supremo
Como
era de esperar, la ley no es igual para todos: ahora el Tribunal Supremo
ha rebajado y dejado en nada las condenas del caso Turismo.
Para los que no recuerdan: un montón de implicados de Unió
Democrática que se pusieron las botas para ellos o para
su partido malversando casi un millón de euros en el Consorcio
de Turismo de Catalunya. El mayor caso de corrupción política
descubierto en Cataluña.
Así,
también quedan en nada los esfuerzos —y los riesgos personales—
de los funcionarios que denunciaron el asunto; o el de los periodistas
que lo hicieron público haciéndose malvistos por sus
empresas.
El
Tribunal Supremo sigue en la tónica judicial abierta con el
proceso al ex-presidente del BBV, Ibarra; con la consideración
de normal atribuida a la hipermillonaria indemnización
al ex presidente de Argentaria por el Banco de Santander; con el proceso
archivado a Botín por fraude fiscal, y suponemos que en el
futuro también con César Alierta (uso de información
privilegiada cuando presidía la Tabacalera).
Los
poderes políticos y económicos son intocables. Ellos
no delinquen: sólo incurren en irregularidades. Para que delincan
de verdad han de perjudicar a otros de la misma camada, como
Mario Conde, que mientras vaciaba Banesto desde dentro era nombrado
doctor honoris causa por la Universidad Complutense.
Habrá
que ver el trato que dan los mass media al caso Alierta,
que, por cierto, es hoy el patrón supremo de Telefónica,
o sea, del Anunciante supremo y supremo Patrocinador de lo que sea.
El
asunto da para una tesina sobre este aspecto del “Estado
social y democrático de derecho” de la Constitución
de 1978.
Mossas y tortazos
La
mossa que abofeteó a una detenida y la despojó de su
sujetador, grabado todo ello por cámaras en un recinto policial
—unas grabaciones que, por cierto, deberían estar en todos
los recintos policiales, y conservarse a disposición de los
detenidos y de los jueces—, ha aclarado un poco las cosas: dice que
no abofeteó a la detenida, sino que le apartó la
cara porque intuyó que la iba a escupir, y añade
que hace poco resultó infectada de tuberculosis en otro cacheo.
Eso por una parte. Por otra, alega que estaba vigente un protocolo
que obligaba a “retirar” los sujetadores “que tuvieran aros”.
De
modo que está claro: a la detenida le apartó la cara
de una bofetada porque intuyó que la iba a escupir, y además
la mossa tiene visión microscópica porque puede ver
por donde andan los bacilos de Koch. Por cierto: esa mossa ¿estará
ya curada de tal infección de tuberculosis? ¿No sería
conveniente que pasara una temporada en algún lugar de montaña,
mágica a ser posible?
Interesante
es también lo del protocolo. ¿Imagináis
a la Autoridad Policial sopesando la peligrosidad de los
distintos tipos de sujetador? Pues parece que la Autoridad cobra también
por dedicarse a menesteres como ése. Queda una duda, sin embargo:
¿habrá también un protocolo para retirar
los calzoncillos de Dolce & Gabanna? ¿O los de Kalvin Klein?
El pozo de nuestras ignorancias en materia de la policía autonómica
catalana resulta insondable.
Aunque
sí sabemos algo: las brigadas antidisturbios, o como se llamen,
de la poli catalana no están integradas por personas seleccionadas
por características adecuadas al caso: están integradas
por voluntarios, esto es, por gente a la que por gusto le
va la marcha.
El
conseller Saura y el president Montilla harían bien en revisar
las disposiciones policiales de la época de Pujol, no sea que
tengamos más disgustos.
Cuestión menor: los exámenes de catalán
La
posesión de un certificado de “nivel C” de conocimiento de
la lengua catalana sigue siendo indispensable en Cataluña para
desempeñar funciones públicas —en las administraciones,
en la educación y la sanidad públicas, etc.— y para
algunas actividades privadas, p.ej. en la enseñanza “concertada”
(esa que consiste en financiar los salarios del personal a las empresas
educativas de las órdenes religiosas, órdenes que, por
otro lado, andan tan escasas de efectivos que no podrían mantener
por sí mismas sus escuelas-negocio). Los jóvenes escolarizados
en catalán no necesitan de tales certificados, los cuales de
todos modos son un eficaz filtro para fomentar la catalanización
de Cataluña.
Algunas
de las preguntas orales de las últimas pruebas para la certificación
del conocimiento al nivel C de la lengua catalana merecen ser destacadas.
Por ejemplo: “¿Para qué necesitas el nivel C de catalán?”,
o “¿Cuál es tu ocupación actual?” Tuteo indebido
aparte, ésas son cuestiones que invaden la esfera privada del
ciudadano que se está examinando en el acto mismo del examen.
Que por sí mismas descalifican al sistema que las permite.
Pero hay otra que se lleva la palma: “¿Piensas en catalán?”
El
autoritarismo intrínseco de tales preguntas posiblemente pase
inadvertido para los emocionalmente nacionalistas. Que desgarrarían
sus vestiduras —por emplear la expresión bíblica— en
el caso de que el Tribunal Constitucional pusiera freno a alguno de
estos excesos de la religión de la lengua —por otro
nombre, política lingüística— a la que
los ciudadanos de Cataluña se van acostumbrando con la mansedumbre
de los corderos.
[Juan-Ramón
Capella, mayo de 2007]
Bullshit
De
acuerdo con la información contenida en un artículo
del número de junio de Le Monde Diplomatique (edición
española), Anthony Blair contaba, en el momento de anunciar
la renuncia a su cargo, con 1.815 asesores de prensa y relaciones
públicas. No se trata de un par de consejeros o de un pequeño
equipo, sino de un auténtico ejército de casi dos millares
de personas (cantidad comparable a la de los miembros del MI5, el
servicio secreto británico). Naturalmente, uno se pregunta
para qué hace falta un número tal de gente.
La
respuesta tiene que ver con el carácter representativo (en
el sentido escénico del término) de la actividad política
actual. Los ciudadanos de a pie no nos relacionamos directamente con
los políticos profesionales, ni los conocemos personalmente
(salvo en el caso de las autoridades municipales de pequeñas
poblaciones). Se trata de figuras lejanas que se nos aparecen cuando
lo consideran oportuno y siempre a través de los medios de
comunicación.
Y
¿qué es lo primero que hace un político profesional
cuando se levanta por la mañana? Lo que hace es mirar todos
los periódicos a ver qué dicen... de él. Al menos,
es lo que hacía el único pez gordo que yo he conocido.
Eso puede ayudar a explicar la necesidad de un número reciente
de asesores que aumenta exponencialmente a medida que se asciende
a la cúspide política.
El
político profesional tiene que calcular el efecto que van a
producir las cosas que hace y las palabras que dice en los medios
de comunicación y, a través de ellos, en los electores-votantes.
Obviamente, después ha de comprobar si los efectos producidos
se corresponden con sus previsiones y para ello tiene que leer todos
los periódicos, ver todos los informativos de la televisión
y escuchar algunas de las tertulias matinales de la radio. Vista la
respuesta de los medios, tiene que calcular de nuevo cuál es
la reacción más adecuada; en especial si esa respuesta
no es la que se pretendía. Además, entre tanto, habrán
surgido otros temas y asuntos sobre los que habrá tenido que
pronunciarse y tomar medidas (siempre con el ojo puesto en los efectos
que actos y palabras puedan producir en los media). Y esta
es una tarea que debe realizarse diariamente, en relación con
muchos asuntos, respecto a muchos medios y, en el caso de figuras
como Anthony Blair, en diversos escenarios: como líder laborista,
como primera autoridad electa de Gran Bretaña, como representante
de su Estado en las reuniones de la Unión Europea, como integrante
del G-8, como representante de un Estado que es miembro del Consejo
de Seguridad de la ONU... Son espacios muy diferentes y lo que Blair
suelta en un meeting en plena campaña electoral laborista puede
no resultar conveniente decirlo en una Cumbre Europea. Debe dar una
imagen adecuada en cada momento. Y, a veces, los diferentes escenarios
se dan simultáneamente y tiene que ofrecer un perfil que no
desentone en ninguno de ellos.
Todo
esto supone una cantidad de cálculos, análisis, exámenes
de medios de comunicación locales, nacionales, europeos y mundiales,
seguimiento de cadenas de televisión estatales, regionales
y globales... que excederían con mucho la capacidad de trabajo
de un solo hombre, aunque este hombre fuese Fraga. Por tanto, he ahí
la explicación de la cohorte de asesores de prensa, relaciones
públicas y demás que se ocupan de controlar la imagen
que Anthony Blair ofrece al mundo.
Todo
este impresionante despliegue de medios humanos rememora las tesis
de un librito traducido al castellano por Editorial Paidós
el año pasado y titulado On Bullshit (título
que, con buen criterio, el traductor español, Miguel Candel,
conservó). El autor de esta obra es un filósofo norteamericano
llamado Frankfurt (no confundir con la Escuela del mismo nombre),
que se aplica con una seriedad sólo posible de encontrar en
un analítico, en desentrañar rigurosamente el sentido
de dicho término ofreciendo una ––hasta ahora no existente––
teoría del bullshit.
El
significado de “bullshit” es algo que conocen bien quienes ven películas
norteamericanas en versión original subtitulada. Los subtítulos
traducen “Bullshit” por “tonterías”, “chorradas”, o “gilip...”
según el contexto y la extracción social del personaje
que pronuncia el término. Literalmente “Bull” significa toro
y “shit” es una palabra que todos conocemos, veamos películas
en versión original o no. Por ello, una adaptación hispánica
de esta expresión yankee podría ser “caca de
la vaca”. En cualquier caso, en el texto del librito de Frankfurt
se opta por la traducción “charlatanería”.
¿Qué
tiene que ver la bullshit o charlatanería con los
1.800 y pico asesores de prensa de Blair? Pues bien, es bastante sencillo:
De
acuerdo con la “teoría” que elabora Frankfurt, la “charlatanería”
está estrechamente emparentada con la mentira, el farol, el
fraude, la falsificación y otros primos de la misma ralea.
En ese entorno, lo que diferencia y especifica a la bullshit
es que se trata de un medio para hacer ver que una determinada persona
tiene unas creencias, unos valores, unas actitudes o unas convicciones
que puede poseer realmente o no (eso no importa), pero que es conveniente
que parezca que los tiene en un momento determinado. Así, por
ej. el líder de la oposición en nuestro país
se esfuerza continuamente en ofrecer una imagen de hombre serio, responsable,
categórico, con soluciones realistas para todos los problemas,
en contraste con la irresponsabilidad, extravagancia, ineptitud y
falta de seriedad del gobierno socialista. Eso es bullshit
de la especie más pura analizada por Frankfurt.
Llegados
aquí es fácil comprender la cantidad de “charlatanería”
que hay que producir para fabricar una imagen conveniente de un líder
como Anthony Blair, que se mueve por unos escenarios tan diversos.
Necesita una imagen adecuada para cada ocasión, aunque, por
lo visto, la pose del líder mundial a quien Bush trataba como
un igual quedó destrozada por una frase que el presidente norteamericano
pronunció sin pensar (!) y que fue captada por micrófonos
indiscretos.
Quien
se ocupa de diseñar los gestos, actitudes, palabras, aspecto
físico, etc. que componen esas imágenes es el ejército
de asesores. Lo cual nos lleva a percatarnos de que un porcentaje
muy significativo de la actividad que rodea a los políticos
profesionales tiene que ver fundamentalmente con el cuidado de su
imagen. Esa es la esencia de la democracia como representación.
Como en aquella película en que la reina madre le decía
al príncipe heredero: “¡Saluda! ¡Que para eso te
pagan!”.
[José
Antonio Estévez Araújo]
Un modelo energético
100% renovable
El
pasado mes de abril Greenpeace-España presentó en Madrid
y Barcelona un trabajo titulado Renovables 100%. Un sistema eléctrico
renovable para la España peninsular y su viabilidad económica.
Lo ha elaborado un equipo de ingenieros y técnicos del Instituto
de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Comillas.
El trabajo tiene una intención más teórica que
pragmática. No ofrece un modelo directamente aplicable. Pretende
sobre todo mostrar ––para el horizonte del 2050— que técnicamente
es viable que toda la electricidad consumida en la España
peninsular se obtenga de fuentes renovables. Incluso proyecta esa
viabilidad a todo el suministro energético (incluido
el doméstico y del transporte), aunque sin entrar en detalles.
Pretende también evaluar el coste económico del sistema.
El principal valor del estudio es que consigue fundamentar con argumentos
y cálculos plausibles lo que se propone, derribando el prejuicio
convencional según el cual las renovables pueden ser complemento
del modelo energético que hoy tenemos, pero nunca una alternativa
global. Es más: los cálculos económicos arrojan
la conclusión de que todas las técnicas renovables
examinadas resultarán en 2050 más baratas que
las convencionales, incluso que las centrales de gas de ciclo combinado
(que son las más eficientes de las fósiles). En estos
cálculos internalizan los costes ambientales mediante estimaciones
derivadas de los precios que actualmente se pagan en el mercado de
emisiones de carbono.
La
Fundació Terra, radicada en Barcelona, por su parte, ha hecho
público este mes de junio otro estudio referido a Cataluña
que llega conclusiones semejantes.
Es
llamativo que ambos trabajos, de notable sofisticación tecnocientífica,
hayan sido promovidos y financiados por entidades ecologistas de la
sociedad civil y no por organismos oficiales del Estado. Es más:
el proyecto catalán llegó a las mesas del gobierno unitario
de las izquierdas pero no mereció la atención, ni menos
el compromiso y la financiación, de éste. Los gobiernos
español y catalán toman compromisos (como el protocolo
de Kioto) o quedan vinculados por promesas hechas por la Unión
Europea (como alcanzar con fuentes renovables el 20% del suministro
energético en 2020), pero no se sienten concernidos por esos
compromisos. Hay que suponer que creen en milagros. Esperemos pasivamente...
y en 2020... ¡hale hop!... tendremos renovables por un tubo.
Y creíamos vivir en una sociedad laica, racionalista y supertecnológica...
Pero
no todo son malas noticias en este ámbito. Las renovables,
pese a todo, despegan. Sobre todo la eólica. El gobierno de
España previó que en el decenio 1991-2000 se habría
llegado a tener 167 MW (megavatios) de potencia eólica instalada.
Pues bien, la realidad es que en 2003 España contaba ya con
6.200 MW y en 2006 con 11.616 MW instalados. La empresa, la empresa
privada, ha desbordado con creces las audaces previsiones
de nuestros gobernantes. Y es que la eólica ya es negocio en
este país. España es hoy el segundo país del
mundo en potencia eólica instalada, después de
Alemania, y exporta aerogeneradores y tecnología a muchos países,
entre ellos a Estados Unidos y China.
Vale
la pena detenerse en dos factores que han desempeñado un papel
impulsor. Uno es la iniciativa técnica y empresarial de un
grupo de ingenieros catalanes que en 1981 crearon una cooperativa,
Ecotècnia, que ha sido pionera en el mundo. Hoy figura entre
las 10 principales empresas que fabrican aerogeneradores del mundo
(y segunda en España, después de Gamesa). Desde 1994
forma parte de Mondragón Corporación Cooperativa. Otra
es que allí donde la eólica ha prosperado más,
y más de prisa ––Navarra, donde el 60% de la electricidad consumida
se produce de fuentes renovables, con expectativas de que esta proporción
siga creciendo—, el gobierno foral, entonces en manos del PSN-PSOE,
tomó en 1989 la iniciativa de crear una empresa pública,
Empresa Hidroeléctrica de Navarra (EHN), con un 48% de capital
público (38% de la Comunidad Autónoma y 10% de la Caja
de Navarra) para impulsar el proyecto. En otras palabras: cuando el
capital privado no se decide a invertir, dados los riesgos e incertidumbres
de una línea totalmente nueva de producción, la iniciativa
pública puede ser el factor desbloqueador. Esto es lo que ha
ocurrido en Navarra. Hoy Acciona (que pertenece a Entrecanales) posee
más del 50% del capital de EHN, y el gran capital está
apostando en todas partes por la eólica y por otras energías
renovables. En otras comunidades autónomas, como las dos Castillas,
que son 2ª y 3ª en potencia eólica instalada, las
inversiones mayoritarias son de Iberdrola.
Con
el fin de la era del petróleo en el horizonte, hace falta un
cambio radical de matriz energética. Empezamos a saber, gracias
a estudios como los mencionados, que un modelo 100% renovable es posible.
La implantación de la eólica, la fotovoltaica, la solar
térmica, la solar termoeléctrica y otras fuentes renovables
es una ocasión para desarrollar una línea productiva
industrial de futuro, con una demanda interior segura durante decenios
(por lo menos) y con unas ventajas medioambientales indiscutibles.
El caso de Navarra nos muestra también que incluso en plena
hegemonía neoliberal es posible hacer políticas industriales
desde el sector público. ¿Acaso no le tocaría
a la izquierda política, sindical y social ser la primera,
en todas partes, en impulsar esta mutación técnica e
industrial? ¿Dónde están las políticas
industriales de las fuerzas de izquierda que podrían tomar
el relevo de un aparato productivo obsoleto, fácilmente deslocalizable
y precario? El ejemplo de Ecotècnia, por otra parte, muestra
el potencial de la economía cooperativa en líneas innovadoras,
donde a menudo empresas pequeñas o medias tienen ventaja frente
a otras mayores cuando se trata de asumir riesgos desconocidos (como
ha ocurrido varias veces en el campo de la informática). También
en materia de cooperativismo nuestras izquierdas brillan por su insensibilidad.
Finalmente,
es importante señalar que los estudios técnicos mencionados
llegan oportunamente para hacer frente a las proclamas pro-nucleares
que se lanzan desde todas partes: y no sólo desde los sectores
mayoritarios de la patronal, sino también desde algunos dirigentes
sindicales. Las renovables no son energías de apoyo o de complemento.
Son la base energética del futuro, e incluso la base para que
haya futuro para la humanidad.
[Joaquim
Sempere]
Salarios
devaluados
España
vive una década de bonanza económica. Esto es lo que
al menos dice la mayoría de los analistas económicos.
Pero hay datos que son tozudos y ahora resulta evidente que el poder
adquisitivo del salario medio ha descendido a lo largo de la presente
década. Y asimismo lo ha hecho la participación de los
salarios en la renta nacional, a pesar de que el porcentaje de asalariados
en la población estadísticamente activa (pues no se
cuenta el trabajo doméstico) no ha dejado de crecer. Una parte
más grande de la población se reparte una parte más
pequeña del pastel total. La contrapartida es clara: la sucesión
de crecientes beneficios empresariales, de rentas de los altos cargos
y consejeros....
La
evidencia es tan clara que hoy ni siquiera la discuten los poderosos
“think tanks” capitalistas. Aunque bueno sería recordarles
que posiblemente los datos que poseemos siguen sobrevalorando el nivel
del salario medio. Ello es debido a las limitaciones de las estadísticas
salariales. Éstas no toman en consideración ni los salarios
agrarios, ni los del servicio doméstico, ni los de las empresas
de menos de 10 empleados... áreas donde se concentran los salarios
más bajos. Pero no hay que pedir imposibles. Aun con las numerosas
limitaciones de información es evidente que el “milagro económico
español” lo ha sido sólo para una minoría social.
Vale la pena añadir que el cálculo del IPC con el que
se mide la variación del salario real, no tiene en consideración
la evolución del precio de la vivienda de compra (pues no se
considera un consumo sino una inversión) lo que minusvalora
la pérdida de poder adquisitivo real de la parte de población
que está en situación de compra de vivienda (lo que
por edad corresponde a la parte de población que por edad está
más presente en el mercado laboral).
La
pregunta pertinente es ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Quiénes
son los responsables? ¿Cómo podemos combatirlo?
Para
saber qué ha ocurrido hay que comparar tres tipos de datos:
la información sobre negociación colectiva ?que indica
qué pautas salariales se han negociado?, la evolución
de los salarios ?que no sólo depende de la negociación
colectiva, también de los cambios en el empleo, los pagos de
antigüedad de primas salariales etc.? y la evolución del
empleo por sectores, categorías profesionales, etc. No es tarea
fácil, pero algunas cosas sí parecen claras. En la negociación
colectiva per se no se ha perdido poder adquisitivo. Los
sindicatos han negociado fundamentalmente aumentos de salarios algo
superiores a la inflación (del orden del 0,5% por encima del
IPC). Y en muchos casos han introducido cláusulas antiinflación
que han permitido que una inflación mayor a la prevista se
comiera toda la ganancia. Esto quiere decir que un trabajador con
empleo estable ha experimentado una ligera mejoría de poder
adquisitivo (aunque si es joven y ha tenido que comprar el piso el
precio del mismo y/o el encarecimiento de la hipoteca se ha más
que comido esta mejoría). Un primer problema es que no todo
el mundo está cubierto con un convenio (aunque sí la
mayoría) y otro, más común, es que en muchos
el convenio se incumple.
Pero
sin duda la mayor pérdida se ha producido por otra vía:
por el mayor crecimiento de los empleos de bajos salarios (o de salarios
inferiores). Ello ha ocurrido por vías diversas. Entre las
principales pueden destacarse las siguientes. Primero, el mayor crecimiento
del empleo en sectores donde predominan salarios bajos ?construcción,
hostelería, servicios empresariales (limpieza, seguridad...),
servicios sociales (geriatría), etc.? sin contar la expansión
del servicio doméstico que ni siquiera se contabiliza. Segundo,
las políticas de reorganización empresarial mediante
el recurso al empleo temporal y la subcontratación. Los empleados
temporales a menudo no reciben pluses a los que tienen derecho los
empleados fijos. Más evidente es aún el juego de la
subcontratación como un mecanismo de discriminación
y abaratamiento salarial, puesto que a menudo las empresas externalizadas
se acogen a convenios de sueldos más bajos. Por ejemplo la
extrema externalización que usan las empresas automovilísticas
permite observar que parte de la fuerza de trabajo que utilizan está
amparada por convenios provinciales de otras ramas (químicas,
metal, madera, transporte, etc.) Tercera, la sustitución generacional
de plantillas, se despide a los empleados antiguos, que cobran pluses
diversos, por gente joven sin tales derechos, cuando no se establece
una doble escala para los nuevos. En definitiva, es la combinación
de un cambio estructural con una reorganización del proceso
productivo lo que está en gran medida en la base de este cambio.
Se
habla mucho del papel de la inmigración. Este proceso ha sido
sin duda promovido por los empresarios locales para garantizar un
ejército de reserva que presionara los salarios a la baja (y
hay numerosas evidencias en este sentido). Aunque una vez se han asentado
los primeros grupos, la dinámica inmigratoria cobra una cierta
autonomía. Pero su efecto sobre la caída de salarios
debe matizarse en varios sentidos. Primero, los bajos salarios de
los inmigrantes no se explican sólo por su impacto numérico.
En gran medida son el resultado de las condiciones legales en las
que tiene lugar el proceso migratorio. Las políticas migratorias
de flujos no sólo constituyen barreras a la entrada, son un
importante mecanismo de regulación del mercado laboral. Constituyen
el trasfondo legal sobre el que se crean empleos con derechos sociales
degradados (de servidumbre en el caso de los asistentes domésticos).
No es “la oferta” donde está el problema, sino en la regulación.
Segundo, los inmigrantes se han ocupado de actividades en franco crecimiento
de la ocupación. No han generado una competencia por los mismos
puestos de trabajo. Más bien han permitido a determinados sectores
con escasez de mano de obra ?agricultura, construcción, comercio
y logística, servicio doméstico y cuidados personales?
expandirse con muy bajos salarios. Tercero, la degradación
y aceptación de malas condiciones laborales no se limita a
los inmigrantes, toda una masa de nuevos asalariados, especialmente
jóvenes y mujeres de clase obrera, se han integrado a este
mercado de condiciones degradadas. Como muestran las encuestas de
opinión, el paro sigue constituyendo la mayor preocupación
del país. Todo el mundo tiene el recuerdo de los años
de paro masivo y sobre este temor se ha construido una cultura social
de enorme tolerancia hacia la precariedad laboral.
Los
responsables principales de esta degradación, y los principales
beneficiarios, son sin duda los empresarios y su larga cohorte de
directivos y asesores. Ellos son los protagonistas principales de
los procesos de reestructuración organizativa y los principales
impulsores de medidas favorables a la consolidación de esta
situación. No deja de ser un sarcasmo que una parte de los
ideólogos de la socialdemocracia demediada insistan en poner
en ridículo la idea del conflicto entre clases sociales, cuando
estamos asistiendo a una continuada, y hasta el momento bastante exitosa,
ofensiva del capital frente al resto de la sociedad. Pero cabe preguntarse
cuál es la responsabilidad del resto de agentes sociales y
del Gobierno.
En
una economía liberal ciertamente los salarios y los precios
no los fija el Gobierno (con algunas excepciones), se negocian colectiva
e individualmente. El papel del Gobierno en este terreno se concentra
en la fijación del margen general ?las regulaciones básicas,
la política macroeconómica, el discurso político
que legitima determinadas actitudes? y en algunas pocas regulaciones
específicas ?el salario mínimo?. En el primer campo,
es evidente que los sucesivos gobiernos han contribuido a generar
un espacio político favorable a esta situación. Las
regulaciones laborales, las políticas migratorias y la política
macroeconómica han favorecido un marco para la degradación
salarial. Quizá aún peor es el discurso tecnocrático
que se ha utilizado para justificar estas medidas. Un discurso basado
en el catecismo de la economía neoliberal que cuenta con legiones
de economistas socializados en estas creencias y que ha conseguido
calar incluso en algunos sectores de las cúpulas sindicales.
Quizá es inevitable, viendo tanto la hegemonía cultural
del pensamiento neoclásico en el mundo universitario como el
papel que juegan los organismos internacionales (Unión Europea,
O.C.D.E., F.M.I...) que marcan las pautas a seguir a los Gobiernos.
En el campo del salario mínimo, es también evidente
que la política del país lo ha convertido en un instrumento
incapaz de combatir los salarios más bajos. El salario mínimo
español es el segundo más bajo de los países
desarrollados y es inferior a la mayoría de salarios que se
pagan en el mercado. Esta situación es el resultado de una
política consciente de degradación que se inició
con Felipe González y se agravó con Aznar. El gobierno
Zapatero se comprometió a revertir la situación y ciertamente
parece que va a cumplir el compromiso de acabar la legislatura con
un salario mínimo de 600 €. El problema es que éste
es aún un nivel inaceptable que no resuelve ningún problema
real. Situar el nivel en torno a los 1000 €, lo que no parece descabellado,
que realmente tendría un impacto sobre un elevado volumen de
gente, se plantea como objetivo difícil vistas las resistencias
que se generan cada vez que se pretende mejorar algo la situación.
Ejemplo de ello es la “revuelta” que afrontó Zapatero cuando
se comprometió con los sindicatos a revisar el salario mínimo
de acuerdo con la inflación (como ocurre con las pensiones),
una revuelta en la que fueron de la mano la CEOE, el Banco de España
y el mismo Ministro de Economía. No deja de ser curioso que
el argumento contrario a un aumento del salario mínimo ?la
pérdida de competitividad exterior? ignore que la mayoría
de salarios más bajos se sitúa en sectores que producen
bienes y servicios para el consumo interno. Y que un sector como el
turismo con salarios muy bajos se encuentre entre los que han experimentado
aumentos más sostenidos de precios. La resistencia no es por
miedo a la inflación, es porque afectaría a la distribución
de la renta. Y ya se sabe que el dinero de los ricos no se toca.
Los
sindicatos tienen también su parte de responsabilidad, aunque
bastante menor. Aun con su timidez, no puede negarse que han realizado
una acción de denuncia difícil de llevar a cabo en un
marco social diseñado en parte para eludir la presencia sindical.
Puestos a buscar responsabilidades creo que hay dos campos en los
que sí se les deberíamos pedir cambios. Uno tiene que
ver con su “discurso” cultural. Casi siempre a remolque de las directivas
oficiales. Creyéndose a veces gestores de la economía
y asumiendo los postulados de la economía neoliberal a menudo
sin entenderlos. Por ejemplo cuando el Secretario de CC.OO. dice que
el problema de los bajos salarios proviene de que en España
se crean empleos de baja productividad, ignora dos cuestiones básicas.
Primera, que es dudoso que el salario sea la contrapartida a la productividad
y segunda, que es imposible saber cuál es la productividad
relativa que genera cada sector. No es fácil discutir estos
dogmas, pero esto es lo que deberíamos exigir a un dirigente
sindical. Que fuera capaz de enfrentarse al discurso patronal con
un discurso alternativo que diera sentido y orientación a sus
propias bases y que fuera realmente eficaz para plantear los problemas
de equidad y eficacia social que a la postre se dirimen en la cuestión
salarial
Hay
también un problema con la negociación colectiva. De
una parte en el plano macroeconómico. Los neoliberales han
sido capaces de hacernos olvidar que sólo hay una regla que
impide que los salarios pierdan peso social, la de los aumentos salariales
equivalentes a la suma del aumento de precios y de productividad.
Pero también otra de modelo de negociación. En nuestro
país la negociación obedece a un modelo confuso, hay
convenios de empresa (habitualmente en las grandes) y sectoriales
a diversos niveles ?provinciales, estatales, autonómicos? según
el sector de actividad. Esto promueve el mantenimiento o incluso el
crecimiento de las desigualdades, puesto que cada cual negocia según
su correlación de fuerzas y, como ya se ha comentado, las empresas
pueden jugar, dentro de ciertos límites, a elegir el marco
de negociación más favorable. La propuesta neoliberal
es la de promover una profundización de la negociación
fragmentada que sin duda agravaría el problema. Reducir las
enormes desigualdades salariales y, sobre todo, aumentar los salarios
más bajos, sólo puede llevarse a cabo desde una negociación
global en la que este objetivo esté explícito (como
ha ocurrido en el bastante centralizado y, sin duda, bastante más
igualitario modelo nórdico). Este debería ser un objetivo
básico de la acción sindical. Aunque no puede ignorarse
que alcanzarlo supone cambios importantes en el modelo sindical. Incluido
en ello la cultura de los sectores más combativos que han hecho
de la lucha en una sola empresa, habitualmente grande y con salarios
más altos, el bastión de su acción. Luchar contra
los bajos salarios y la degradación salarial exige una movilización
y un debate general, y esto solo será factible si se plantea
desde una dinámica que ayude a la recomposición de unas
clases trabajadoras divididas y desorientadas.
[Albert
Recio]
El
acoso inmobiliario como vulneración del derecho a la vivienda
El
acoso inmobiliario es un fenómeno extendido en las grandes
urbes y sus extrarradios consistente en un conjunto de prácticas
de hostigamiento llevadas a cabo por propietarios de inmuebles ––con
o sin la mediación de sociedades inmobiliarias–– cuyo destinatario
es el legítimo poseedor de éste y el objetivo de las
cuales es que el sujeto afectado abandone su domicilio y renuncie
a cualquier derecho que le pudiera corresponder en virtud de su título
posesorio. Así, es frecuente que las personas afectadas por
dichas prácticas vean cómo los propietarios de los inmuebles,
además de negarse a realizar las obras de conservación
del edificio necesarias, practiquen cortes en los suministros de agua,
electricidad o gas, produzcan averías intencionadas en las
instalaciones comunes de los edificios, provoquen ruidos nocturnos
o inundaciones e incluso se nieguen a recibir el pago de las rentas
arrendaticias para poder demandarles por impago e instar el desahucio.
El
conocido mediáticamente como mobbing inmobiliario
constituye unas de las más flagrantes manifestaciones de la
violencia inmobiliaria, práctica que no es nueva en las ciudades
industrializadas y cuyos orígenes se remontan al blockbusting
de los años sesenta en los Estados Unidos, con el eco de fondo
de las tensiones raciales producidas a raíz del éxodo
masivo del campo a la ciudad de la población afroamericana
después de la segunda guerra mundial. No obstante, el caso
español presenta una configuración propia cuyos cimientos
jurídicos se asientan en el RDL 2/1985 ––Decreto Boyer––, aprobado
meses antes del ingreso de España en la Unión Europea,
y cuyo magma socioeconómico se inserta en el marco de una economía
en la que la plúmbea huella del ladrillo ha hecho crecer a
España, en la última década, a índices
superiores a la media europea (mientras se está a la cola en
investigación, desarrollo, productividad, etc.).
El
Decreto Boyer, en cuya exposición de motivos figuraban como
dos de sus objetivos “reducir la presión al alza de los alquileres
con beneficio para el propietario y para el arrendatario” y “satisfacer
las necesidades de vivienda a una generación de jóvenes”,
supuso la modificación de la LAU de 1964, ley franquista que
curiosamente contemplaba un régimen ampliamente tuitivo para
los arrendatarios ––con posibilidad de prórrogas forzosas de
los contratos de arrendamiento y amplias facultades de subrogación
de los parientes más próximos al arrendatario––. Además,
el RDL 2/1985 dio lugar a una actualización de las rentas arrendaticias
que no resultaba de obligatoria aplicación a los contratos
de arrendamiento realizados al amparo de la antigua normativa. El
resultado fue que la gran mayoría de los arrendatarios con
contratos anteriores a 1985 se acogieron a la posibilidad que se les
ofrecía de conservar la renta antigua y de que ésta
se incrementase progresivamente a índices notablemente inferiores
a los de mercado.
En el actual panorama inmobiliario español,
la posibilidad de mantenimiento de las condiciones contractuales pactadas
al amparo de la normativa arrendaticia de 1964 es vista por ciertos
sectores de propietarios como un retén a sus actividades especulativas,
razón por la que deciden llevar a cabo esa serie de conductas
que suelen tener como destinatarios colectivos que por razones de
índole social, económica, cultural o por cuestiones
de edad o salud se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
Las
prácticas de mobbing pueden ser vistas desde dos perspectivas
jurídicas no excluyentes: como incumplimientos contractuales
o como ilícitos penales. Los incumplimientos contractuales
vienen constituidos básicamente por la no ejecución
de las obras necesarias para el mantenimiento de la vivienda por parte
del arrendador (art. 107 de la LAU de 1964 y artículo 21.1
de la LAU de 1994), lo cual concede al arrendatario la posibilidad
de ejecutar las obras con cargo al arrendador (art. 115 y 116 de la
LAU de 1964 y art. 21.3 LAU de 1994). Cabe resaltar que los incumplimientos
contractuales del arrendador se producen con la aquiescencia omisiva
de la Administración, que está obligada a promover las
obras necesarias para garantizar la habitabilidad de las viviendas,
ejecutando, si es preciso, las medidas coercitivas necesarias para
ello; en Cataluña estas obligaciones aparecen contempladas
tanto en el Reglamento de Urbanismo (arts. 29, 253 y 254), también
de aplicación en el resto del Estado, como en la ley catalana
24/1991 de Vivienda (arts. 8.2 y 30).
Desde
un prisma jurídico-penal, las prácticas de acoso inmobiliario
pueden ser calificadas como un delito de atentado contra la integridad
moral contemplado en el artículo 173.1 del Código Penal,
que sanciona a quien infligiera a otra persona un trato degradante,
menoscabando gravemente su integridad moral, o como un delito de coacciones
(172.1 CP), pudiendo aplicarse una agravante genérica por abuso
de superioridad (22.2 CP) en casos de notorio desequilibrio entre
las partes.
Independientemente
de que consideremos estas prácticas desde una u otra perspectiva
jurídica, lo cierto es que el mobbing inmobiliario
constituye la vulneración de la quizás más iridiscente
de las facultades ínsitas al derecho a la vivienda: el derecho
a la seguridad en la tenencia. No es, por ello, válido aquí
el discurso que pretende afirmar que los derechos de contenido eminentemente
social como los habitacionales son derechos graciables que
dependen de la política prestacional o económica del
gobierno de turno, pues incluso desde los postulados del liberalismo
clásico pueden identificarse disfunciones en la tutela de los
derechos habitacionales que suponen vulneraciones de principios básicos
del Estado de derecho tales como la seguridad jurídica o la
obligación del Estado de someterse a las leyes que él
mismo crea, incluida la normativa que obliga a la administración
a intervenir en las relaciones inter privatos en las que
concurre parte débil.
Los derechos habitacionales constituyen,
en la medida en que entroncan con derechos considerados, desde una
perspectiva constitucionalista-juridicista, como derechos fundamentales
stricto sensu (los contenidos en la Sección Primera
del Capítulo II del Título I, tales como el derecho
a la intimidad, a la integridad física y moral, o al libre
desarrollo de la personalidad), un elemento esencial en la construcción
de los derechos de ciudadanía. Reconocida constitucionalmente
(art. 47 CE78), en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(art. 25.1) y en Tratados Internacionales ratificados por España
como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 8.1) o el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(art. 11), la tutela efectiva del derecho a la vivienda debe pasar
de forma inextricable por la intervención pública y
por una actitud diligente de los operadores jurídicos ––jueces,
notarios, registradores, etcetera—, que deben eliminar cualquier
resquicio de complicidad con este tipo de conductas. Evidentemente,
dado que el mundo no se reduce a lo jurídico y a los
juristas, también es indispensable el activismo y la labor
pedagógica de las entidades cívicas, asociaciones, colectivos
y ciudadanos que han hecho de la denuncia del acoso inmobiliario su
bandera.
[Facundo
Solá González y
Sergio Tamayo Leiva]
La biblioteca de Babel