Política-Ficción
en torno al Estatut
Es realmente sorprendente que en
España no se hayan articulado los debates políticos
relativos a la reforma de los estatutos de autonomía, especialmente
el de Catalunya, con el debate político en torno a la constitución
europea. Ni la discusión que tuvo lugar en torno al referéndum
de febrero de 2005 planteó la cuestión de los efectos
que la normativa europea tiene sobre los estatutos de autonomía,
ni se ha suscitado ese tema en la larguísima y abrupta discusión
(que aún continúa) sobre el Estatut catalán.
Es como si la normativa europea por un lado y la Constitución
y los estatutos de autonomía, por otro, perteneciesen a universos
diferentes separados en compartimentos estancos.
Sin
embargo, la integración europea ha modificado profundamente
tanto las constituciones de los Estados miembros (de forma completamente
tácita en casos como el español), como los ordenamientos
regionales en los Estados que tienen estructura federal o un régimen
autonómico. Las transferencias de competencias a la Unión
Europea, la asunción por parte de ésta de la política
monetaria en la zona euro, los límites que desde las instituciones
europeas se imponen al déficit o a la deuda públicas
son ejemplos de procesos que afectan a las competencias de los órganos
regionales o a su capacidad presupuestaria. Por otro lado, la supremacía
del derecho europeo puede dar lugar a que una directiva europea (aprobada
con el concurso del gobierno central), contradiga un Estatuto de Autonomía
u otro ordenamiento regional. En este sentido, la participación
del llamado “Comité de las Regiones” en los procesos decisorios
de la UE es un mecanismo insuficiente para solucionar todos los problemas
que pueden plantearse, dado su carácter meramente consultivo.
Teniendo
en cuenta estas consideraciones, podemos decir que en la Unión
Europea tenemos una constitución de tres niveles que comprende
no sólo los Tratados Constitutivos y las constituciones estatales,
sino también las normas superiores de los ordenamientos territoriales
de los Estados federales o autonómicos. Pues la integración
europea plantea no sólo el problema de las relaciones entre
los Tratados y las Constituciones, sino también el de las relaciones
entre aquellos y las normas regionales.
Los
teóricos de la llamada “constitución multinivel” y los
filósofos que defienden la democracia cosmopolita proponen
unos mecanismos flexibles para solucionar los conflictos entre las
diferentes entidades políticas y niveles normativos. Si los
aplicásemos a las relaciones entre la Constitución española
y los estatutos de autonomía podríamos obtener un panorama
como el siguiente: no existiría una norma suprema ni una instancia
soberana; las controversias que se plantearan entre la Constitución,
los Estatutos y los Tratados europeos tendrían que resolverse
mediante mecanismos horizontales y verticales de resolución
consensuada de conflictos; las cláusulas de la Constitución
española que reconocen la posibilidad de crear Comunidades
Autónomas deberían interpretarse como reservas de poder
constituyente a favor de los ciudadanos para configurar subconjuntos
que constituyan unidades políticas autónomas; y el derecho
de autodeterminación que derivaría de esa reserva de
poder constituyente tendría que entenderse como un derecho
de carácter democrático y no de carácter nacional
(es decir, los subconjuntos de ciudadanos que se consideren una nación
podrían ejercer ese derecho, pero sin ningún privilegio
respecto de otros subconjuntos que carezcan de sentimiento nacional,
pero que expresen su deseo de autogobernarse).
Un
panorama como el dibujado no tendría que resolver los conflictos
de competencia mediante decisiones impuestas por la vía de
la jerarquía, sino por medio del diálogo entre comunidades
autónomas, de éstas con el gobierno central y también
con los órganos europeos y los otros Estados de la UE en su
caso. Estos mecanismos tendrían que asegurar que las decisiones
fueran adoptadas por aquellos a quienes afectasen significativamente.
Pero, para que eso fuera posible, España tendría que
ser diferente en un sentido distinto al de la propaganda franquista
que atraía a los turistas a disfrutar del sol de nuestras playas.
Y Europa, desde luego, tendría que ser otra cosa.
[José
Antonio Estévez]
Reformas y distribución
de la renta
El Gobierno Zapatero sigue imparable
en su vía reformista. En un breve lapso de tiempo ha conseguido
alcanzar acuerdos diversos para llevar adelante nuevas reformas en
el plano de las relaciones laborales, las pensiones y la fiscalidad.
Nadie les puede disputar que se trata de un verdadero gobierno reformista.
Otra cosa es que las reformas sirvan para avanzar hacia una sociedad
más justa e igualitaria. Pero ya sabemos que esto no forma
parte de la agenda de la política de estos tiempos.
I
Pese
a su modestia general, sin duda es la reforma laboral la que se plantea
objetivos más explícitos, especialmente el de reducir
drásticamente el empleo temporal, escandalosamente elevado
en nuestro país. El Gobierno ha llegado a cuantificar en 1
millón el número de nuevos contratos fijos de aquí
al 2008. Aunque la cifra suena contundente, su impacto sobre el modelo
laboral sería, en caso de cumplirse, modesta. En el caso, poco
probable, de que lo único que cambiara fuera la conversión
de un millón de empleos temporales en fijos (o sea que el empleo
no creciera en absoluto ni se destruyeran empleos fijos) la medida
sólo conseguiría reducir la tasa de temporalidad del
33,3% actual al 27%: una reducción importante pero incapaz
de generar una alteración del modelo. Quizás si el acuerdo
hubiera incluido una cláusula que obligara a aplicar la obligación
de hacer fijos a los empleados temporales que ya han acumulado mucha
actividad en la empresa el impacto hubiera sido menor. Pero al no
introducir un mecanismo de retroactividad la medida tendrá
un impacto menor.
El
acuerdo trata de atajar dos de las grandes vías de precarización
del empleo: la extensión de la contratación temporal
y la subcontratación en cadena. En el primer caso se ponen
límites al encadenamiento de contratos (la misma empresa contrata
periódicamente a un mismo trabajador, directamente o mediante
una ETT), se elimina uno de los contratos- basura (el de inserción)
y se encarece algo el coste relativo de los contratos temporales.
En el segundo se crean algunos derechos sindicales para las subcontratas
que coexisten en el mismo lugar de trabajo y se define de forma más
precisa la ilegal cesión de trabajadores. Medidas todas ellas
adecuadas, pero muy tímidas para revertir la situación,
ya que seguirán persistiendo muchos escapes legales para colar
la temporalidad. Nada nuevo en materia de regulación del empleo
ilegal, en especial el que afecta a la contratación de extranjeros,
hoy el verdadero generador del “efecto llamada” de la inmigración
sin papeles. Sólo el compromiso de aumentar las plantillas
de la Inspección de Trabajo abre alguna posibilidad al respecto.
A
cambio de estos tímidos avances la patronal saca una tajada
muy sustanciosa. De una parte la ampliación de los supuestos
en los que la indemnización máxima por despido es de
33 días por año trabajado (en lugar de los 45 días).
El otro es la reducción en las cotizaciones al desempleo (0,5
puntos en 2008, 1 punto para las ETTs) y al Fondo de Garantía
Salarial. Un buen chorro de dinero para las empresas, a las que hay
que sumar las generosas subvenciones en los contratos temporales.
La extensión de las percepciones de desempleo (mayores de 45
años sin cargas familiares, fijos discontinuos y socios de
cooperativas, cotización a la Seguridad Social para las Rentas
Activas de Inserción) y la mejoras en las garantías
salariales son una pequeña, aunque no desdeñable, compensación
por el ahorro de costes laborales que experimentarán las empresas.
Y es que los empresarios españoles sólo son liberales
de boquilla. En la práctica están siempre pendientes
de la teta del estado, como lo muestra el hecho que el peso que tienen
las subvenciones en las políticas de empleo sea el doble que
en el resto de Europa (de cada 100 euros dedicados a políticas
activas de empleo, 45 van a subvenciones en España, frente
a los 22 de media en la UE-15). A pesar de que existen numerosos estudios
que apuntan a la inutilidad real de las mismas, subvencionan empleos
que se hubieran creado sin ellas, son “peso muerto”.
Más
allá del análisis en términos de concesiones
y contrapartidas —siempre muy claras las que reciben los empresarios,
y mas difusas y etéreas las que favorecen a los trabajadores—,
lo que se observa es la inexistencia de una lectura estratégica
de los problemas del empleo, especialmente por parte sindical. Ciertamente
en los últimos años la acción sindical ha conseguido
algunos avances en la reducción del empleo temporal en sectores
como la industria y algunos servicios (a un precio caro en términos
de moderación salarial, flexibilidad de las condiciones laborales,
abaratamiento del despido, subvenciones), pero estos han quedado globalmente
contrapesados por el enorme crecimiento del empleo en sectores donde
la precariedad es la norma —especialmente la construcción—
y por la brutal extensión de la precariedad en el sector público
y sus aledaños. Sin un cambio radical en la organización
laboral, la especialización productiva y las normas de distribución
de la renta (incluidas las pautas de fijación de salarios)
es casi imposible reconducir la situación. Cuanto menos se
podía haber aprovechado la negociación a tres bandas
para exigir al gobierno un cambio en las políticas de empleo
público, donde la interinidad, la contratación precaria
y la externalización se han convertido en la norma de gestión.
II
Ya
se sabe que la fortuna llama a la fortuna. Y a los empresarios no
sólo les ha tocado la lotería de la rebaja de las cotizaciones
sociales. También han sido agraciados con la reforma fiscal,
especialmente la del Impuesto de Sociedades donde la rebaja es del
5%. El Gobierno ha tratado de lavarse la cara con algunas medidas
compensatorias, como la eliminación de muchas desgravaciones
en el Impuesto de Sociedades y la ampliación de la cotización
del ahorro, pero —no fueran a desanimarse los ricos— limitada al 18%,
lo que sigue convirtiendo el IRPF, en la práctica, en un mero
Impuesto del Trabajo Personal. Las cosas irán seguramente a
peor. Convergencia i Unió, siempre tan consecuente con sus
intereses de clase, ya ha pactado con el gobierno el adelantamiento
de los recortes en el Impuesto de Sociedades y el tratamiento más
generoso de los planes de pensiones en el IRPF. Las presiones empresariales,
levantando la bandera del I+D, están a punto de reintroducir
alguna de las desgravaciones antiguas.
No
hay dos sin tres. A impuestos y contratación laboral le ha
seguido Seguridad Social. Una reforma ciertamente modesta, con recortes
limitados y alguna concesión. En la línea de las anteriores
y en todo lo que atañe a la concertación social. Una
concertación en la que la que siempre domina la estrategia
patronal y el tipo de realismo (de visión de la realidad, para
ser claros) de los neoliberales. Un realismo del que están
excluidas las grandes demandas igualitarias e incluso las reformas
que pueden provocar un cambio social de cierto calado. El “orden financiero”
y la “acumulación de capital” imperan por doquier y seguimos
instalados en un modelo social injusto, depredador y socialmente ineficiente
(pues no garantiza la satisfacción universal de necesidades
básicas).
Por
ello, no es de extrañar que en este contexto España
siga apareciendo como un país con grandes desigualdades —aunque
como en el cuento del sabio, siempre encontraremos a alguien peor,
empezando por las ex colonias del imperio en el que nunca se ponía
el sol, herederas de una larga tradición de clases gobernantes
de crueles señoritos—, tanto en la distribución de la
renta como en los salarios, y que no sea difícil descubrir
grandes bolsas de pobres. Menos mal que el mediterráneo es
un clima venturoso y al lado de los cachorros competitivos persisten
muchas estructuras informales de apoyo social. Sólo cuando
empecemos a preocuparnos por estas desigualdades extremas y por la
irracionalidad global del modelo empezaremos a desarrollar líneas
estratégicas que se orienten a cambiar de modelo o, cuando
menos, a pasar al terreno de las grandes reformas.
[Albert
Recio Andreu]
Cajón desastre
Crónica de junio de 2006
Guerra muy
sucia
Lo
han contado dos soldados del nuevo ejército iraquí,
el protegido por los norteamericanos. Unos mandos yankees les entregaron
un coche y un teléfono móvil, con la misión de
acudir a determinado mercado a vigilar ordenándoles que les
telefonearan al llegar allí para decir que ya estaban en sus
puestos. Llegaron y trataron de llamar, pero no tenían cobertura.
Se alejaron del coche para conseguirla, llamaron y dijeron que ya
estaban allí. A los pocos segundos oyeron una gran explosión
en el mercado: era su coche.
La actual cúpula sindical de UGT y CCOO
Ha
acordado una reforma laboral que abarata el despido, mantiene las
diversas especies de contratos temporales, crea nuevas formas de contrato
precario, acepta traspasar a las empresas fondos que deberían
ir a la seguridad social. Toda una cúpula.
Eutanasia
El
pentapléjico Jorge León Escudero ha logrado que otra
persona le ayudara a bien morir. Ambas merecen el mayor respeto, quien
quiso morir y quien le ayudó. Esa acción reabrirá,
sin duda, el necesario debate sobre la eutanasia. Los políticos,
hasta ahora, han sido incapaces de legislar para que las personas
en situación terminal grave obtengan ayuda, con garantías,
para acabar voluntaria y dignamente con su sufrimiento y con su vida.
A
veces los políticos hacen algo peor que no hacer. El debate
sobre la eutanasia en España, iniciado por el tetrapléjico
Ramón Sampedro e impulsado por el cineasta A. Amenábar,
lo cortó en seco un consejero del PP de la Comunidad de Madrid
al acusar de sedaciones indebidas a médicos del hospital de
Leganés. Hizo mucho ruido, sí, pero de sedaciones indebidas,
nada. Como era de esperar. Sin embargo el consejero del PP metió
el miedo en el cuerpo a los facultativos de las urgencias, y ahora
estamos peor que antes. Al consejero del PP no le ha pasado nada;
por ahí anda, tan campante.
¿Qué
se les ocurrirá esta vez?
Pateras, cayucos, saltos
La
respuesta del Norte son las vallas.
Libre
circulación de capitales, libre comercio (para el Norte), pero
no libre circulación de trabajadores.
El
lío social creado por las políticas neoliberales durará
mucho más que esas políticas.
Detención de republicanos
Unos
jóvenes comunistas han sido detenidos en Móstoles (el
16 de mayo) por exhibir banderas republicanas durante una visita del
heredero de la corona. Lo ha denunciado el PCE. Para evitar que pasen
estas cosas hay que sacar a la calle muchas más banderas republicanas.
Y compartir el buen humor de los jóvenes militantes del PCE.
“Afectados”
No
son pocas las personas que buscan una ganancia extraordinaria para
sus ahorros por vías anómalas: un “extratipo” bancario
—que suele ser una estafa organizada por un empleado infiel—, una
inversión “piramidal” —aportas tu dinero siempre que aportes
también a otros aportantes—, etc. Los defraudados por el “negocio”
filatélico de inversiones que ha resultado un timo pertenecían
a esta categoría de personas. Ahora pretenden presentarse como
“afectados”, o sea, como “víctimas”, y arman tanto jaleo como
pueden para que la Hacienda pública, el dinero de todos, les
compense, ya que, dicen, el Estado no ha vigilado suficientemente.
Bueno: eso es como si la avariciosa víctima del timo de la
estampita pretendiera ser indemnizado porque la poli no ha detenido
a tiempo al timador.
Que
se xodan.
Kabul
Afganistán
ha reaparecido en los diarios. El apagón informativo ha sido
traspasado por noticias que expresan el odio de la población
hacia el ocupante norteamericano. Y del comportamiento de éste
también allí: ametrallan a los que les tiran piedras.
Los
musulmanes hablarán durante décadas de Guantánamo,
Abu Grahib, Bagdad y Kabul, como nosotros nos referimos aún
a Auschwitz, a Matthaussen.
Mientras,
Bambi insiste en que los soldados españoles están en
Afganistán colaborando en la construcción de un sistema
democrático.
Deshojar la margarita
Yo
no la deshojo. Me quedaré en casa.
El Mundial, la Selección, el
Doping
Nada
como un Mundial para poner en evidencia el carácter de mero
soporte publicitario que tienen los espectáculos deportivos.
Los deportistas ganan tanto porque son el sustentáculo de la
propaganda comercial. Cuando se dopan no es porque quieran ganar la
competición: en realidad se dopan para ganar más. Las
ventas de televisores —más ventanas a la publicidad— se han
disparado ya.
La
competición será en realidad aburrida. No importa jugar
sino ganar. Precisamente cuando suene la charanga borbónica
que hace las veces de himno nacional veremos al capitán de
la Selección, Raúl, echar la cabeza para atras y dirigir
los ojos al cielo. Y no es porque al manifestar sin pudor sus propias
supersticiones neuróticas el icono publicitario pretenda convertirse
también en icono del nacional-catolicismo: es porque sabe demasiado
bien que su equipo no puede ir muy lejos sin la ayuda del Altísimo.
[JRC,
mayo 2006]
La pobreza en Venezuela:
cómo acertar en los números
por
Mark Weisbrot, Luis Sandoval, y David Rosnick
Introducción
Durante
el pasado año, la afirmación de que ha aumentado la
pobreza en Venezuela con el gobierno del presidente Hugo Chávez
ha aparecido en muchísimos grandes periódicos del mundo,
en importantes programas de radio y televisión e incluso en
revistas como Foreign Affairs y Foreign Policy.
Rara vez se han cuestionado o corregido tales afirmaciones.
Por
ejemplo: en el número de mayo-junio de 2006 de Foreign
Affairs, el ex-ministro de Asuntos Exteriores de México,
Jorge Castañeda, afirmaba que las cifras de pobreza y los índices
de desarrollo humano de Venezuela se han ido deteriorando desde 1999,
cuando Hugo Chávez asumió el poder. Un artículo
de Financial Times del 11 de mayo de este año llevaba
el titular: “Chávez opta por una gira mundial impulsada por
el petróleo mientras frena el progreso en cuestiones sociales”.
Quienes lo cuestionan hablan de fracasos en cuanto a vivienda y pobreza
de cara a las elecciones de diciembre. Y el mismo artículo
cuestionaba que se hubiera reducido la pobreza bajo el gobierno de
Chávez.
El
presente artículo estudia los datos disponibles sobre la pobreza
en Venezuela que indican una reducción desde 1999, así
como datos económicos relacionados. También señala
brevemente cómo se han cometido algunos de los errores que
han surgido en el debate acerca de este asunto. Por último,
estudiamos el impacto de la sanidad para los pobres, que se ha ampliado
enormemente en los últimos años.
Tabla
1. Tasas de pobreza en Venezuela
1997 – 2005 |
Año |
Período |
Familias
por debajo
del umbral de
pobreza (%) |
1997 |
1ª
mitad |
55,6 |
|
2ª
mitad |
48,1 |
1998 |
1ª
mitad |
49,0 |
|
2ª
mitad |
43,9 |
1999 |
1ª
mitad |
42,8 |
|
2ª
mitad |
42,0 |
2000 |
1ª
mitad |
41,6 |
|
2ª
mitad |
40,4 |
2001 |
1ª
mitad |
39,1 |
|
2ª
mitad |
39,0 |
2002 |
1ª
mitad |
41,5 |
|
2ª
mitad |
48,5 |
2003 |
1ª
mitad |
54,0 |
|
2ª
mitad |
55,1 |
2004 |
1ª
mitad |
53,1 |
|
2ª
mitad |
47,0 |
2005 |
1ª
mitad |
42,4 |
|
2ª
mitad |
37,9 |
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística de Venezuela |
La
pobreza: ingresos líquidos.
La tabla 1 muestra el número
de familias venezolanas que vivían en condiciones de pobreza
entre 1997 y 2005, con intervalos semestrales. La tasa de pobreza
de las familias cayó rápidamente del 55,6% de principios
de 1997, dado el crecimiento económico relativamente importante
de ese año (6,4%). Siguió cayendo, aunque la economía
dejó de crecer, en 1998 y alcanzó el 42,8% en la primera
mitad de 1999, cuando el presidente Chávez ascendió
al poder. Hubo algo más de declive, hasta el 39%, en 2001.
Pero en 2002 la pobreza empezó a aumentar hasta un máximo
del 55,1% en la segunda mitad del 2003. En gran medida, este fenómeno
se debió a la huelga del petróleo (diciembre 2002 –
febrero 2003) que paralizó la economía y provocó
una rápida pérdida de crecimiento. Otros factores, como
la fuga de capitales y la inestabilidad política anterior a
la huelga del petróleo, incluido un golpe militar infructuoso
en abril de 2002, también contribuyeron a la grave crisis en
la cual el PIB cayó un 28,1% entre el último cuatrimestre
de 2001 y el primero de 2003.
A partir de entonces la economía
empezó a recuperarse y creció con suma rapidez (17,9%
en 2004 y 9,3% en 2005). Gracias a esa recuperación, la tasa
de pobreza cayó al 37,9% en la segunda mitad de 2005, el último
dato disponible.
Así, comparando los datos
más recientes, con el principio del gobierno actual, el índice
de pobreza de los hogares ha caído casi en cinco puntos: del
42,8% en el inicio de 1999 al 37,9% en la segunda mitad de 2005.
¿A qué es debido,
entonces, que tantas personas hayan podido alcanzar una conclusión
distinta? El error más frecuente ha sido emplear los datos
de la primera mitad de 2004. En ese momento, el índice de pobreza
de las familias era del 53,1%, es decir, un aumento enorme desde 1999.
Pero si se usa ese criterio se cometen varios errores. El más
importante es que este índice de pobreza mide el impacto de
la huelga del petróleo y de la crisis de 2002 – 2003.
Las
tasas de pobreza son muy sensibles a los ciclos de expansión
y contracción de la economía: por lo tanto, comparar
1999 con el primer cuatrimestre de 2004, olvidando la posterior recuperación,
carece de sentido y conduce a error. Así pues, la mayoría
de artículos y crónicas que hablan de un aumento de
la pobreza bajo Chávez son como los que comparan temperaturas
de primavera con temperaturas de invierno y concluyen a partir de
ahí que no existe el calentamiento global.
Renta no líquida
Como
señalábamos anteriormente, la reducción de la
pobreza desde 1999 tiene en cuenta solamente la renta líquida.
Sin embargo, este dato no refleja totalmente los cambios de nivel
de vida de los pobres de Venezuela, ya que ha habido también
cambios importantes en las prestaciones y servicios no monetarios
en los últimos años. Tomando una analogía desde
un punto de vista distinto, imaginemos que en EE.UU. los programas
Medicaid y Food Stamp se abolieran. Esto afectaría enormemente
a la población sin recursos de los EE.UU. aunque siguiera ganando
la misma cantidad de dinero.
En
Venezuela, desde 2003, se han establecido una serie de programas de
sanidad para los pobres, alimentos subvencionados y ampliación
del acceso a la enseñanza. Por ejemplo, se calcula que 14,5
millones de personas, el 54% de la población, tienen acceso
ahora a una sanidad gratuita gracias al programa Barrio Adentro. Entre
el 40 y el 47% de la población (de 10,7 a 12,5 millones de
personas) adquieren alimentos subvencionados gracias al programa Mercal
con descuentos del 41 al 44%. En un informe de mayo de 2006, elaborado
por Datanalisis, empresa de investigación de mercado relacionada
con la oposición de Venezuela, Mercal representaba el 47,3%
de las ventas totales del mercado de distribución alimentaria
en marzo de 2006, frente al 34,7% en octubre de 2005.
La
sanidad gratuita es una mejora importante en la vida de las personas
sin muchos recursos y en cambio no aparece en los criterios usuales
de pobreza. No se puede hacer un ajuste del umbral de pobreza de modo
que integre perfectamente esta modificación. Podríamos,
por ejemplo, cifrar el valor de los servicios sanitarios que se ofrecen
gratuitamente a los pobres y sumarlo a la renta que tienen. Sin embargo,
el valor de esos servicios es tan importante en relación con
el umbral de pobreza que, según este criterio, la inmensa mayoría
de la población sin recursos quedaría por encima del
umbral.
Otra
forma de calcular el valor de los servicios sanitarios a los pobres
es calcular lo que tendrían que gastarse directamente en sanidad
si el servicio no lo ofreciera el gobierno. No hay datos recientes
concretos para Venezuela, pero, a partir otros estudios de gastos
sanitarios de la población de renta baja en otros países
de renta per capita media, podemos considerar que los pobres
en Venezuela llegan a destinar alrededor del 5% de la renta a la atención
sanitaria.
La
tabla 2 muestra cómo afectan estas prestaciones sanitarias
a la pobreza, teniendo en cuenta las sumas que se gastarían
las personas que están por debajo del umbral de pobreza si
no hubiera prestaciones sanitarias públicas. La tabla aporta
distintas estimaciones a partir de diferentes hipótesis de
gasto entre el 4 y el 6 % de la renta total. Como se puede observar,
el actual índice de pobreza se reduciría del 37,9% al
36,2 o 35,3%.
Tabla
2. Venezuela. Efectos de los programas sanitarios en cuanto
a la pobreza (todos los números en porcentajes) |
|
2004 |
2005 |
|
1a
mitad |
2a
mitad |
1a
mitad |
2a
mitad |
Índice
oficial |
53,1 |
47,0 |
42,4 |
37,9 |
Ajustado
según la sanidad |
Coste bajo |
50,8 |
44,8 |
40,4 |
36,2 |
Coste medio |
50,3 |
44,3 |
40,0 |
35,8 |
Coste alto |
49,7 |
43,8 |
39,5 |
35,3 |
Fuente:
INE y cálculos de los autores. |
Es
importante destacar que esta estimación del impacto del gasto
sanitario en los pobres no mide plenamente las ventajas que pueden
derivar de la sanidad gratuita. Se limita a calcular el dinero que
gastarían de otro modo en atención sanitaria y ajustar
el índice de pobreza en función de esa cifra. Pero lo
cierto es que, a menudo, si la sanidad no la ofreciera el gobierno,
los pobres prescindirían de ella y por lo tanto tendrían
una salud peor, una renta más baja y una esperanza de vida
inferior. Así que el valor de estos servicios sanitarios es
mucho mayor que las sumas que esta población habría
tenido que gastar a falta de programas gubernamentales.
Por
último, el gobierno ha aumentado constantemente el gasto social
en conjunto: del 8,2% del PIB en 1998 al 11,2% en 2005, con previsión
de alcanzar el 12,5% en 2006. Por ejemplo, en la enseñanza,
el gasto real per capita ha aumentado en un 80% entre 1998
y 2005, con un gasto público en este capítulo superior
al 4% del PIB anual a lo largo del período. A través
del programa principal de alfabetización, denominado “Misión
Robinson”, se calcula que han aprendido a leer y escribir 1,4 millones
de personas (es decir, más del 5% de la población total).
Estos programas también han beneficiado a los pobres, una vez
más en formas que no quedan reflejadas ni se pueden incorporar
en el índice de pobreza medio.
En
conclusión, no existe ambigüedad alguna respecto al declive
de la pobreza en Venezuela a lo largo de los últimos siete
años, aunque nos limitemos a tener en cuenta sólo la
renta líquida de las familias. Los informes contrarios, si
bien numerosos, son todos erróneos.
[Fuente: Center for Economic and Policy
Research, www.cepr.net . Traducción:
Mary Fons. Texto aportado por Agustí Roig]
VI Memorial Octavi
Pellissa
El pasado 19 de mayo, el Comité
contra la Tortura de NN.UU. pidió el cierre de la prisión
de Guantánamo por considerar que en ella se llevan a cabo prácticas
que violan la Convención Internacional contra la Tortura. Ese
mismo día, en el auditorio de la Facultad de Periodismo de
la Universitat Pompeu Fabra, se inició el VI Memorial Octavi
Pellissa, dedicado en esta ocasión a la reflexión acerca
de la salud de los Derechos Humanos en el mapa mundial, al análisis
de la incidencia de las medidas antiterroristas adoptadas en Occidente
tras el 11-S en los derechos y garantías de los ciudadanos,
así como a las consecuencias de la presentación oficial
de la relación entre seguridad y la libertad como un dilema
entre la eficacia y las garantías.
La
primera sesión, dedicada al análisis de la Degradación
de los Derechos Humanos después del 11-S, contó
con la presencia de Yolanda Román (Amnistía Internacional),
Jennifer Daskal (Human Rights Watch) y David Bondia (Director del
Instituto de Derechos Humanos de Catalunya).
Yolanda
Román centró su exposición en el análisis
de las tendencias legislativas en el seno de la UE tras el 11-S. Se
centró en el Estado miembro cuya legislación antiterrorista
ha resultado más represiva: el Reino Unido. Imbuidos por la
idea expresada por Blair según la cual las reglas del juego
habían cambiado (también las reglas de los derechos
humanos), idea ya presente antes de los atentados de Londres, se impulsaron
una serie de medidas legislativas de tal calibre ablativo que obligaron
al Reino Unido a renunciar a la aplicación del artículo
5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo
9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la UE para poder
aplicarlas. Los resultados de esta legislación han sido detenciones
ilegales, secuestros, listas negras de supuestos terroristas o arrestos
domiciliarios bajo amenazas de deportación en un contexto social
de creciente islamofobia.
Jennifer
Daskal dedicó su intervención a reflexionar sobre las
políticas antiterroristas de EE.UU. En su opinión, éstas
poseen un cariz agresivo y militarista que echa mano de un estado
de emotividad social iracunda del pueblo estadounidense, al tiempo
que presentan el respeto a los derechos humanos como un límite
a la soberanía del propio Estado. Además, hizo referencia
al ya aludido informe de NN.UU. en el que, entre otros muchos aspectos,
se citan prácticas de tortura concretas como el water boarding
(ahogo simulado) o la intimidación con perros practicadas en
Guantánamo y otras prisiones bajo control estadounidense. Este
informe aclara que los supuestos de incomunicación indeterminada
de los detenidos comprendidos en la convención de Ginebra son
sólo aplicables a los espías a fin de cortar su comunicación,
y no a todos los detenidos, y recuerda que la obligación de
aplicar las convenciones internacionales relativas a derechos humanos
ratificados por un Estado debe extenderse a todos los territorios
bajo control efectivo de las autoridades civiles o militares.
Finalmente,
David Bondia hizo un dibujo de la situación de los derechos
humanos en Cataluña y España, donde en su opinión
no existe una vulneración sistemática y generalizada
de los mismos, aunque sí violaciones puntuales no atendidas
suficientemente por parte del gobierno español. Se ha asumido
el tipo penal de la tortura, pero no su imprescriptibilidad, se han
ampliado los plazos de incomunicación de los detenidos hasta
los dieciocho días en determinados supuestos, los centros penitenciarios
(que dependen del Ministerio del Interior y no del de Justicia como
en la mayoría de países occidentales) han aumentado
en un 30% sus reclusos en los últimos veinte años, la
prisión provisional tiene una duración de dos años
prorrogables a dos más, se ha regulado la inmigración
de una forma difícilmente compatible con el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, condenando a un buen número de inmigrantes
a la alegalidad o a vetustos y degradados centros de internamiento...
Configura, todo ello, un paisaje enormemente mejorable de los derechos
humanos en España.
Dentro
de la segunda sesión (Recorte de derechos: cómo
y por qué), la exposición de Zolo (“Las razones
del terrorismo”) constituyó una singular explicación
acerca de cómo bajo la amenaza de un concepto laxo y jurídicamente
indeterminado como el de terrorismo, la coalición angloamericana,
con la ayuda o aquiescencia puntual de algunos aliados, ha iniciado
una guerra cuya duración, enemigos y objetivos son indeterminados,
algo que parece encajar con ese exitoso concepto de The long war.
Lo que sí parece claro es que esta guerra se hace al margen
del derecho internacional positivo y bajo la convicción de
que todos los terrorismos son iguales, pues los señores
de la guerra creen que hay que ignorar totalmente las razones
del terrorismo para no dar espacio a las reivindicaciones de los terroristas
y, con ello, incentivar a todo pueblo oprimido a utilizar formas de
terrorismo. Contrariamente a estas tesis neocons, Zolo sostuvo
que sólo intentando comprender las causas del terrorismo se
podrán hallar las soluciones adecuadas para acabar con quienes
pretenden incidir en la política mediante acciones violentas
indiscriminadas. Ello pasa por un diálogo entre la cultura
occidental y la islámica y por una revisión profunda
de la “guerra contra el terrorismo”.
José
María Tortosa basó su reflexión acerca de “Derechos
Humanos, violencia y pobreza en el mundo” en una sólida base
estadística presentada global y sectorialmente. Estos datos,
referidos a situaciones que van desde los 1.100 millones de personas
que viven con menos de un dólar al día hasta el tanto
por ciento del PIB que invierten los Estados en presupuesto militar,
pasando por los 11.111 incidentes de terrorismo registrados en Iraq
desde el inicio de la guerra en marzo del 2003, le llevaron a concluir
que, desde el punto de vista de los derechos humanos, ninguna pobreza
ni ninguna violencia es tolerable. Esto no constituye únicamente
un desideratum que se vacía de sentido cuanto más
se repite, sino un presupuesto necesario para que la globalización
no devenga en una localización de los derechos humanos en el
mundo desarrollado, el único que reúne las condiciones
materiales necesarias para su existencia.
La
tercera y última sesión, dedicada a La defensa de
los Derechos Humanos en las sociedades con democracias imperfectas,
tuvo como ponentes al eurodiputado por ICV, Raúl Romeva, y
a la profesora de la Universidad de la Rioja Isabel Pérez Cepeda.
Romeva
explicó que la utilización del espacio aéreo
europeo por la CIA no es una suposición, sino un hecho, de
igual forma que también lo son las detenciones y traslados
ilegales del Sr. El Masri, del Sr. Abú Omar y de seis señores
argelinos de origen bosnio capturados en Rumanía. Tales hechos
constituyen una violación del artículo 6 del Tratado
de la Unión, relativo al respeto a los derechos humanos, pues
el Convenio Europeo de Derechos Humanos entiende que la inactividad
del Estado que tiene conocimiento de que se vulneran en su territorio
supone una infracción del Convenio. Situaciones como éstas,
en opinión de Romeva, son las que hacen zozobrar la idea de
la construcción europea.
En
la última intervención del VI Memorial Octavi Pellissa,
bajo el título “Guerra enemigos y orden penal”, Pérez
Cepeda partió de la base de que nos encontramos ante una reconstrucción
del valor de la Seguridad en la denominada “sociedad del riesgo”.
Asistimos, en su opinión, al ascenso del Estado penal en paralelo
al modelo neoliberal de Estado postfordista. En este modelo, la debilidad
de los poderes públicos a la hora de intervenir en el sistema
económico contrasta con un Estado fuertemente intervencionista
en lo que se refiere a la incidencia en los derechos ciudadanos de
raíz no económica. Si a ello añadimos que cuatro
quintas partes del mundo ven negados sus derechos humanos por el subdesarrollo
o por la guerra, no es posible aludir a éstos más que
nominalmente. La superación de esta situación, pasa,
según Pérez Cepeda, por la creación de instituciones
globales de gobierno en un contexto de mundialización en el
que imperan las imperfectas leyes del mercado, y pasa también
por la cesación de la segregación política y
punitiva de los llamados “colectivos de riesgo”, la no criminalización
de la pobreza y, sobre todo, la extensión del principio de
justicia universal, algo para lo que la puesta en marcha en 2002 del
TPI constituyó un principio de esperanza.
Con
esta intervención se dio por finalizado el VI Memorial Octavi
Pellissa. La realidad de la tortura, de los campos de concentración,
del militarismo, de la destrucción medioambiental, de las lógicas
excluyentes, de la explotación y el abuso exigen pensar la
democracia y derechos humanos como instrumentos de lucha que contienen
una idealidad: lograr un mundo mejor que el que tenemos o, por lo
menos, no estropearlo más.
[Sergio Tamayo]
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