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Sobre el ignominioso artículo 8
... reflejo de la función política que los militares desempeñaron durante la transición.

IRPF: neoliberalismo que no cesa
La actuación del Gobierno Zapatero...

Los guardianes del “civismo” y el derecho a la ciudad
La cruzada contra el “incivismo” emprendida por el Ayuntamiento de Barcelona...

 

El acoso comercial
Ahora que se habla de tantos tipos de acoso...

¿Quién conoce a Bubakar Diallo?
Bubakar Diallo es uno de los dos niños...

Pequeña Luna
Crónica de enero de 2006.

La biblioteca de Babel
· R. Pollin, Los contornos del declive.
· Vicenç Navarro (dir.), La situación social en España: un estudio comparado.

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Número 33· Febrero de 2006
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Sobre el ignominioso artículo 8

     El artículo 8 de la Constitución es consecuencia y reflejo de la función política que los militares desempeñaron durante la transición. De la misma forma que, según ese artículo, son ellos los custodios armados del ordenamiento constitucional –una función que necesariamente exige decidir cuál es la frontera entre lo constitucional y lo inconstitucional– también fueron ellos los que establecieron entonces los límites de la reforma del franquismo. Hay una relación directa entre dicho artículo y el comunicado del Consejo Superior del Ejército, hecho público el 12 de abril de 1977 para protestar por la legalización del PCE, en el que se señalaban los asuntos que no podían ser objeto de negociación: unidad de España, monarquía, bandera de los vencedores de la guerra civil, “buen nombre” de las FF.AA. y tutela militar de la reforma, de la cual el comunicado, en sí mismo, era una prueba fehaciente. Más tarde, cuando ya se había aprobado la Constitución, cuando comenzaba el rodaje del “Estado de las Autonomías” y cuando todavía no se había decidido cuál debía ser la ubicación exacta de España en el bloque militar occidental, el Ejército impulsó una reconducción del sistema político en la dirección señalada por los poderes nacionales e internacionales. Lo hizo mediante el pronunciamiento del 23-F. En éste unos hicieron de policías “malos” y otros de policías “buenos”. Entre ellos discutieron, se engañaron, negociaron y, salvo en unos pocos casos, se acabaron perdonando los unos a los otros tras haber alcanzado los grandes objetivos en los que todos estaban de acuerdo.

     El redactor del artículo 8 –y ardoroso defensor de su inclusión en la Constitución en los debates constituyentes– fue Miguel Herrero de Miñón. Este miembro de la Comisión Trilateral y brillante jurista es ahora Letrado Mayor del Consejo de Estado y forma parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre 1976 y 1977 fue Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia y, como tal, colaboró muy activamente en la elaboración de la primera Ley de Amnistía, de la Ley para la Reforma Política y de la Ley electoral que, con algunos retoques, continúa vigente. También fue diputado por UCD, por Alianza Popular y por el Partido Popular, así como uno de los “siete padres” redactores de la Constitución. Su nombre apareció como posible ministro de educación en la lista del non nato gobierno del general Armada, esto es, del gobierno que debía alumbrar el 23-F y que nunca vio la luz por culpa de la obcecación y cortedad de miras del teniente coronel Tejero.

     En los debates constituyentes, Herrero defendió la introducción del artículo 8 en el Título preliminar, con la consecuencia de que su reforma o supresión sólo se puede hacer por el complicadísimo procedimiento del art. 168. Lo justificó afirmando que en España el Ejército no sólo era un cuerpo de la administración, sino “algo más” (y esto lo dijo, seguramente, lanzando una mirada de complicidad a su auditorio). Herrero ha escrito varias veces sobre ese artículo. La última, en El País del pasado 23 de enero. Ahí repitió sus argumentos de siempre, alguno de los cuales son, desde una perspectiva democrática, de esos que se llaman de Pero Grullo. Dijo, por ejemplo, que según la Constitución es el Tribunal Constitucional quien, en último término, debe dirimir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cualquier cambio legislativo realizado de acuerdo con los cauces legales. O bien, que el Ejército siempre debe estar sometido al poder civil porque es el gobierno, a tenor de lo prescrito en el art. 97, quien dirige la política militar incluso en el supuesto que se declare el estado de sitio. Pero, junto a ello, introdujo de refilón otra cuestión que ha pasado desapercibida a la mayoría de comentaristas y tertulianos. Herrero recordó que cuando el gobierno estuvo secuestrado durante el 23-F, el Ejército “bajo el mando supremo del Rey (art. 62 h) estuvo a la altura de las circunstancias para restablecer, de inmediato, el orden constitucional amenazado”. Con ello Herrero hacía alusión, como quien no quiere la cosa, a que el artículo 8 tiene una relación directa con la Corona. En efecto: el rey, en tanto que Jefe supremo militar, también forma parte de ese Ejército que es “algo más” y cuya misión interna es custodiar las esencias de la Constitución. Otro artículo de la misma, el 61, remacha el clavo encargando explícitamente al rey la función de “hacer guardar” la Constitución. Pero entonces ¿qué tipo de relación jerárquica existe entre el gobierno elegido por el parlamento y ese Comandante en Jefe no elegido democráticamente por nadie que también es Guardián de la Constitución? Si fuera de subordinación, como se debería deducir del artículo 97, el rey sería un soldado más al servicio del poder civil y cuando va vestido de militar se debería cuadrar ante el presidente del gobierno y decirle aquello de “a las órdenes de usía”. ¿Alguien ha visto alguna vez una escena semejante? Nunca hemos visto nada parecido ni lo vamos a ver. Herrero siempre ha dicho que, según la Constitución, el rey comparte el mando efectivo del Ejército con el gobierno, pero no está subordinado a él. Los detractores de la tesis de Herrero en la doctrina constitucional, sin atreverse a afirmar que el rey-soldado le debe obediencia al gobierno (a quien por otro lado, rizando el rizo, él debe moderar y arbitrar), han intentado remendar el desgarrón antidemocrático que es el artículo 8 afirmando que, en realidad, el mando militar del rey no es efectivo sino “honorífico”. Se trata de un parche muy mal cosido que, a lo largo de un cuarto de siglo, ni siquiera ha conseguido alcanzar el status de doctrina legal. En la última Ley de Defensa Nacional, aprobada a finales de 2005, se repite que el rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no se aclara si es “honorífico” o “efectivo”, algo que perfectamente se podía haber hecho. Como ha escrito en otra parte Herrero de Miñón, el rey ejerció durante el 23-F una jefatura militar muy efectiva con el aplauso de casi todo el mundo. Y el 23-F (o mejor dicho: la “versión oficial” de ese acontecimiento) es el hecho que dio legitimidad al rey a los ojos de la mayoría de la población.

     Que este país tiene pendiente un debate sereno y racional sobre la vertebración y distribución territorial del poder político, es algo evidente desde hace muchos años. Como también lo es que la discusión pública generada por el proyecto de nuevo Estatuto catalán ha estado muy lejos de reunir tales características. Las condiciones ambientales no han permitido discutir en serio sobre naciones, competencias, reparto del dinero público o sobre si UDC y el “sector negocios” de Convergencia reclaman más soberanía fiscal para que los empresarios catalanes paguen más o menos impuestos. El momento sociopolítico no es propicio para ello y, además, para muchas personas de buena fe (dejando de lado, pues, a los cínicos y a los canallas) en los últimos meses no se ha discutido sobre la estructura deseable del poder político, sino sobre algo más huidizo, inaprensible y emotivo: la identidad, las raíces culturales, los sentimientos de pertenencia, la propia autoestima, etc. A finales de enero, lo que se avista en el horizonte es un cierre en falso de ese debate y un final político que no se prevé feliz para la izquierda catalana (como, por otra parte, viene siendo habitual desde la muerte de Franco). Si los dioses no lo remedian, la finca catalana volverá a ser administrada en breve por quienes se consideran sus legítimos propietarios y son los beneficiarios de leyes electorales hechas a su medida, a saber: por los patriotas del 3%.

     Ahora bien, harina de otro costal es la irrupción en la escena de los militares diciendo, directa o indirectamente, que de todo eso no se puede ni hablar porque a ellos les parece inconstitucional, que es lo que vino a decir el teniente general Mena cuando invocó el artículo 8. Hay que tener en cuenta que después de Cataluña viene el País Vasco y que allí la vieja cuestión de la distribución territorial del poder está aderezada con asesinatos, sangre, torturas, amenazas, vidas destrozadas y centenares de presos. Esto permite prever un incremento de los exabruptos y las bajas pasiones. En consecuencia, vale la pena no relegar al olvido la reciente polémica sobre el artículo 8, así como el dato de que fue el rey, vestido de Capitán General, quien clamó antes que el prejubilado Mena por la “indivisible unidad” de una cosa muy rara llamada “patria”. [José Luis Gordillo]

 

IRPF: neoliberalismo que no cesa

     La actuación del Gobierno Zapatero muestra, en muchos campos, que efectivamente es posible hacer políticas diferentes. Pero también que existen limites estructurales a esta libertad de movimiento que no se pueden o no se quieren tocar. Y es en el campo de la política económica donde estos límites son más evidentes. La propuesta de reforma del IRPF constituye una nueva muestra de lo poco que se diferencian en algunos campos las políticas de unos y otros cuando ejercen el poder. Es posible que el nuevo modelo incorpore algunos avances marginales respecto al modelo anterior (el cálculo preciso es siempre complejo y requiere realizar simulaciones que están fuera de esta nota de urgencia), especialmente en el nuevo tratamiento del mínimo personal. Pero se trata sólo de cambios marginales, que no afectan a gran parte del contenido básico del modelo.

     Hay tres cuestiones que parecen básicas al respecto. En primer lugar la insistencia del Gobierno en reducir la carga del IRPF (el titular del día era que se bajará una media del 6%). El segundo es la persistencia de un trato discriminatorio favorable a las rentas del capital (la gran mejora consiste en aumentar el tipo del 15 al 18% y someter a esta cotización los planes de pensiones). Y el tercero los recortes en los tipos máximos (del 45 al 43%), así como el del Impuesto de Sociedades (del 35 al 30%, aunque aquí es posible que la reducción de descuentos tenga algún efecto compensatorio) y una nueva reducción en el número de tramos (con tres legislaturas más llegaremos a aplicar la tasa única que propugnaba un desnortado aspirante a ministro de Economía que acabó en otra cartera).

     Reducir impuestos, especialmente impuestos directos, es uno de los leitmotivs de las políticas neoliberales. Y es también el resultado perverso del tipo de marketing electoral que domina la esfera política que tiende a limitar todo debate serio y a tratar al votante como un mero consumidor de dádivas políticas. Es bien conocido que el nivel de carga fiscal del país está en los niveles más bajos de la Unión Europea, más de 5 puntos por debajo de la media (un 41,5% en el conjunto frente a sólo un 36-36,5% en España). En impuestos bajos solo superamos a Portugal, Chipre, Malta, Irlanda y alguno del Este de Europa (Polonia, Chequia y los bálticos). Países todos ellos caracterizados por una débil provisión de bienes y servicios públicos. Y una de las necesidades básicas de nuestro país es mejorar sustancialmente la cantidad y calidad de muchos servicios públicos y las transferencias a los sectores más desfavorecidos. En definitiva, un crecimiento de la provisión pública que sólo puede hacerse aumentado el peso de los ingresos públicos. Insistir en el deseo de bajar los impuestos es una forma de eludir un debate básico sobre prioridades sociales y hacerle creer a la ciudadanía que puede exigir al Estado prestaciones sin ser corresponsable de sus costes. Con irresponsables y desinformados nunca se alcanzará un modelo social que garantice el pleno desarrollo social.

     Sabemos además que el modelo actual de IRPF es enormemente injusto y regresivo en cuanto a la carga fiscal. En la práctica se reconoce que es casi un mero Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo, del tipo que se trató de imponer en los años terminales del Régimen franquista. Quizás no todo lo dejaron atado pero si bien orientado a favor de los intereses de los grupos dominantes. La nueva reforma aporta poco para cambiar esta decisión. Las rentas del capital seguirán teniendo un trato diferencial, con el pseudo-argumento de que hay que fomentar el ahorro privado. Y es cosa bien conocida que el nivel de ahorro está directamente relacionado con el nivel de renta y patrimonio de cada cual, por lo que el trato preferente al ahorro tiene un sesgo clasista y antiigualitario innegable. El recorte en la cotización máxima contradice además parte de la mejora introducida con el aumento de cotización a las rentas del capital, con lo que posiblemente la única mejora en lo que respecta a progresividad se reduzca a aumentar la contribución de los asalariados con mayores salarios y reducir un poco la de los salarios más bajos. “Solidaridad dentro de una misma clase” se llama a este ejercicio, el único al que se reducen las políticas de la tercera vía en la que hace años estamos instalados y que nos dejan en vía muerta.

     El diferente tratamiento fiscal no explica todo el desequilibrio fiscal entre rentas salariales y del capital (incluidas las llamadas “rentas mixtas”: los ingresos típicos de las empresas familiares y muchos autónomos). Una gran parte de la desigualdad es también el fruto de la muy superior capacidad de evasión fiscal de los no asalariados. Para estos evasores la mera reforma del impuesto no cambia las cosas, mientras sigan contando con el nivel de impunidad del que tradicionalmente gozan. Hay evidencia que bajo el Gobierno del PP esta impunidad fue promocionada (reduciendo las inspecciones y sanciones), pero tampoco en esto se ha producido un giro radical. El término “economía sumergida”, tan popularizado, sirve más para despistar que para aclarar conceptos, pues sugiere que estamos en presencia de redes paralelas que se desarrollan en un inframundo difícil de conocer (más o menos como la sociedad ratonil que reside en las cloacas de cualquier ciudad). Sabemos en cambio que una parte de esta tarea de evasión ocurre a la luz del día: basta tratar de adquirir una vivienda en cualquier promotora para que a uno le especifiquen qué porcentaje debe “pagar en negro”. No parece difícil pensar que un buen grupo de agentes de Hacienda podrían llevar a cabo acciones ejemplares contundentes que redujeran sensiblemente estas prácticas. De la misma forma que es en las labores agrícolas a pleno sol donde abundan los contratos y los pagos ilegales. Pero hace años que nadie en el poder plantea en serio esta cuestión de justicia y las políticas de inspección se limitan a una práctica burocrática que difícilmente pasa de hollar la punta del iceberg. Y es que en tiempos neoliberales los presuntos magos socialdemócratas se han transmutado en meros administradores de políticas sociodisminuidas. [Albert Recio]

 

Los guardianes del “civismo” y el derecho a la ciudad

     La cruzada contra el “incivismo” emprendida por el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en evidencia algunas de las inercias que el capitalismo global está generando en diferentes ciudades del planeta. Entre las más visibles, la privatización del espacio público y la criminalización de las diferentes formas de exclusión social y de disidencia político cultural que dicho proceso genera.

     Pensada para apaciguar una interesada construcción mediática y política de la “inseguridad” y del “desorden”, la ordenanza municipal proyecta una idea del “civisimo” discriminatoria y autoritaria. Ciertas conductas y prácticas, ligadas a las necesidades de los colectivos más vulnerables de la ciudad o a usos del espacio público diferentes a los predispuestos por las burocracias municipales o por el mercado, son hipervisibilizadas y perseguidas. Otras, provocadas por la actuación abusiva de la propia administración o por actores privados considerados “respetables”, se mantienen en cambio en una privilegiada zona de penumbras.

     Como en las viejas leyes de vagos y maleantes, se persiguen con saña la mendicidad, la prostitución callejera o el trabajo informal. Pero nada se dice sobre las condiciones de exclusión y explotación que los hacen posibles. Se condenan actividades lúdicas o festivas en el espacio público que se incentivan cuando es el gran mercado quien las asume. Se censura el patinaje, pero no la insostenible cultura del coche privado. Se reduce el incivismo al botellón, las pintadas o la orina en la calle. Ni una línea, sin embargo, para la especulación urbanística, la contaminación acústica a gran escala o el mercantilizado turismo de masas publicitado por la propia administración.

     La ordenanza recrea así un imaginario del “mal ciudadano” al que van a parar, sin diferenciación alguna, inmigrantes pobres, grafiteros, trabajadoras sexuales o trileros. El especulador rampante, el explotador sin escrúpulos o el instigador de un consumo voraz e irresponsable, obtienen discreto cobijo bajo un manto de silencio. Para unos, el estigma, la sanción sin proporción y la intervención policial discrecional. Para otros, la respetabilidad, la tolerancia y la subvención.

     Estas medidas de “populismo punitivo” no pueden interpretarse como un simple arranque autoritario o como un provisional gesto electoralista. Son el reverso, a escala local, de un modelo anti-social y anti-ecológico de apropiación del espacio público que exige mantener a raya a los excluidos y disciplinar la discrepancia cultural, estética y política. La globalización capitalista lo incentiva con celo similar en Londres, Nueva York, Buenos Aires o México D.F. Pero sus aliados se reclutan no sólo entre la derecha neo-victoriana sino, como muestra el caso de Barcelona, entre importantes sectores de la izquierda tradicional.

     Este modelo de apropiación, gestión y control del espacio urbano es un ataque al corazón mismo de lo que el filósofo marxista Henri Lefebvre llamó “el derecho a la ciudad”. Reivindicarlo supone rechazar la idea de la ciudad como un reducto para la “privatopía” y asumirla, por el contrario, como una obra colectiva, conflictiva y cotidiana. En esas luchas concretas por ciudades igualitarias y plurales, sostenibles y no alienadas, se juega, por lo demás, la suerte de cualquier programa internacionalista a la altura de los tiempos. [Gerardo Pisarello]

 

El acoso comercial

     Ahora que se habla de tantos tipos de acoso, es oportuno no ignorar el acoso comercial. El acoso comercial tiene varias expresiones. Recibes por teléfono ofertas múltiples. Las más frecuentes son ofertas de empresas de telefonía, con precios rebajados, packs con varios componentes (conexión a internet, tarifas especiales y hasta abono a canales televisivos, por ejemplo) y otras maravillas sin cuento. Las ofertas suelen tener varias trampas. Así, por ejemplo, suscribes un contrato porque no hay cuota fija, sino sólo pago por llamadas, pero al cabo de un año empiezan a cobrarte una cuota: la limitación temporal iba en la letra pequeña. Las tarifas son tan complejas (según que la llamada sea en la propia ciudad o provincia, en el resto de España o en el extranjero) que resulta imposible comparar con otras empresas. De hecho, hay que dedicar muchas horas para poder comparar las ofertas y elegir la más conveniente, con el riesgo permanente de que cambien sin avisar las condiciones contractuales. Fue un escándalo (hasta que el gobierno del Estado tomó cartas en el asunto) la dificultad que uno tenía para darse de baja de una compañía telefónica.

     Otros acosadores son las compañías de electricidad y gas, en su guerra comercial para arañar nuevos clientes. Los bancos y cajas no se quedan atrás. Aparte del escándalo de las comisiones, las instituciones de crédito destacan por ofertas que “colocan” con el conocido truco de “si no nos dice lo contrario, le cobraremos esto con este nuevo y fabuloso sistema que le supondrá un ahorro”. Por ejemplo, el BBVA ofrece la modalidad “Cuentas claras”, que consiste en pagar un tanto mensual fijo a cambio de que te supriman todas las comisiones. Salvo para los clientes que tienen mucho movimiento en su cuenta, este sistema es ruinoso. Si te despistas y no pides que no te lo apliquen, puedes llegar a pagar tres o cuatro veces más que con el sistema de comisiones para cada operación. Otro truco bancario es mandarte por correo tarjetas de crédito que no has pedido (y maldita la falta que te hacen) y que tienes que tomarte la molestia de anular si no quieres quedar atrapado en la red. El acoso telefónico ha sido adoptado por otro tipo de empresas, incluidas editoriales, que mandan el producto a tu casa sin haberlo tú pedido

     Los bancos, además, te regalan objetos gratis o rebajados de precio según los “puntos” que acumules. Se trata de estimularte a comprar, a consumir. Ni siquiera te ofrecen la posibilidad de destinar el dinero de esos “puntos” a beneficencia o solidaridad.

     Mientras tanto, los bancos y cajas exhiben sus triunfos del año anterior, presentando como éxito indiscutible unos beneficios colosales, que últimamente crecen de año en año. La Caixa, por ejemplo, tuvo en 2005 más de 3.000 millones de euros de beneficio. Su éxito no es el servicio prestado (para adquirir viviendas o hacer prosperar negocios, por ejemplo), sino haber acumulado beneficios. ¿Para cuándo la socialización de estas entidades y su conversión en auténticas empresas sin afán de lucro (como son hoy las cajas... según sus Estatutos)?

     Este consumismo con forceps empieza a ser agobiante y a suscitar reacciones airadas. En el campo de la telefonía resulta evidente que la privatización de Telefónica ha sido no sólo una entrega a bajo precio de un patrimonio público a intereses privados, sino además un deterioro de las condiciones para el usuario. La estructura empresarial adoptada por las compañías privadas –basada en la externalización de muchos servicios y los salarios reventados– conduce a situaciones kafkianas para los usuarios. El servicio técnico de ADSL puede estar en manos de una empresa subsidiaria, el de telefonía en manos de otra, el servicio comercial puede funcionar al margen, y así sucesivamente, de modo que lograr que te solucionen un problema puede resultar un via crucis.

     El tan aireado estereotipo de que la empresa privada funciona mejor que la pública hace aguas en muchos casos. Los británicos sufrieron en carne propia la privatización de los ferrocarriles. En España estamos sufriendo la de la telefonía. De hecho, los servicios públicos que implican un “monopolio natural”, como dicen los economistas, no suelen ganar nada con la privatización. Al contrario. Entre ellos se cuentan los ferrocarriles, la banca, la energía y las comunicaciones. ¿Cuándo seremos capaces de reivindicar la socialización de esos servicios y su funcionamiento como reales servicios públicos? Lo que necesitamos no es una competición ficticia entre operadores privados que lleva a una fragmentación, a marear al usuario, a aumentar las tendencias consumistas, sino una fiscalización de esos servicios, una vez socializados, por asociaciones independientes de consumidores y usuarios y por auditorías competentes. Hay casos que claman al cielo. En un momento en que el ahorro energético es un imperativo insoslayable, la propiedad privada en el sector de la energía es contraproducente, puesto que si se hace negocio vendiendo energía es prácticamente imposible que las empresas estén interesadas en ahorrarla.

     Finalmente, ¿no es acoso comercial también la apabullante presencia de los reclamos comerciales –mal designados con el noble nombre de publicidad– en los medios de comunicación, un acoso que no sólo persigue de manera inmisericorde al telespectador, sino que tiene efectos nefastos al convertir la “guerra por la audiencia” en prioridad absoluta (porque aumenta la cotización de los anuncios) y en factor de degradación de la calidad de las emisiones? ¿Hasta cuándo toleraremos tanto acoso? [Joaquim Sempere]

 

¿Quién conoce a Bubakar Diallo?

     Bubakar Diallo es uno de los dos niños senegaleses que resultaron muertos por accidente días atrás durante el rallye Lisboa-Dakar. Del otro se desconoce el nombre. Los organizadores se han justificado diciendo que la seguridad ha mejorado: ahora queda pendiente “la educación del público”. Los dos muertos de este año no han merecido ningún gesto, a diferencia de dos muertos más ilustres –éstos europeos: Thierry Sabine, el inventor del rallye, y Daniel Belavoine, muertos hace 20 años al estrellarse el helicóptero en que viajaban–, cuya pérdida ha sido conmemorada este año justamente. De hecho ya han muerto 31 personas en total durante las 28 ediciones (¿cuántos africanos?, la mayoría...). Ya se sabe, los deportes de riesgo se cobran tarde o temprano sus víctimas. El problema es que aquí las víctimas no son los que disfrutan del festival, descargan su adrenalina y se llevan su recompensa, sino unos espectadores tal vez ilusionados, pero también atónitos ante la exhibición de un lujo tecnológico insultante, aunque seductor. El Dakar es una muestra impúdica y prepotente del desprecio europeo por África. El automóvil, uno de los fetiches de una civilización despilfarradora, se exhibe sin pudor ante los ojos de quienes carecen de todo, exaltando una máquina cuyo uso habría que embridar y no jalear. El Dakar es un símbolo del despropósito, la petulancia, la irresponsabilidad de nuestra sociedad. ¿Cuándo acabaremos con él? [Joaquim Sempere]

Pequeña Luna. Enero 2006

El fracaso de la educación para la paz.

     Las Navidades han sido altamente educativas. A los años de actividad de los grupos de educadores para la paz –¿recordais los inventos de juegos infantiles para la solución dialógica de conflictos? ¿Recordais los esfuerzos de tantos pedagogos y tantos pacifistas? – les cae encima una Navidad cualquiera. Ésta, por ejemplo: la Navidad, el tiempo de la paz, “Noche de Paz”: con anuncios televisados de juguetes bélicos, con publicidades ahora computerizadas de destrucción; con juegos para la play station en que es la simulación del juego; con películas y anuncios de película que magnifican la destrucción. Y, naturalmente, con el reportaje de la violencia cotidiana, desde las muertes de las guerras del petróleo a las muertes de la carretera. La televisión educa, ¡y tanto que educa! En unas semanas, arrasa con todo el trabajo de la educación para la paz, con el microscópico esfuerzo por poner las bases de una cultura social diferente. Y ¡hala, a volver a empezar!

La libertad de expresión

     ¿Es esto, la libertad de expresión? ¿La libertad que ampara a los perversores de los juegos por ordenador y de las películas de entretenimiento? Está claro: no lo es.

     La libertad de expresión individual es una garantía democrática, que protege a las personas en su manifestación salvo que según un juez traspasen los límites legales acordados. No hay libertad de expresión para propugnar crímenes, por ejemplo. Pero la ley no ha impedido la extensión de esta libertad no ya a las personas, sino incluso a las industrias del espectáculo y de la publicidad, y éstas la usan para cultivar lo morboso, un impulso psíquico común y por tanto útil, y ofrecer iconos sociales aberrantes presentándolos como modelos. El poli “con licencia para matar”; el poli eficaz frente a los jueces y políticos timoratos; el grupo de rambos que matan y matan y matan. Y los juegos que consisten en matar. Eso tiene nombre: forma parte del sistema de educación informal. Luego, los mejor educados por el entretenimiento y la publicidad (y padres imbéciles) queman a los indigentes y apalean a los inmigrantes por juego.

     Los juristas tienen trabajo: inventar conceptos que impidan todo eso sin tocar ni un ápice de la libertad de expresión individual.

Sentimientos Navideños

     Sabiendo lo que sabemos acerca de los millones de personas que están sufriendo hambre y miseria en el mundo, el sentimiento más auténtico de las Navidades lo experimentamos al internarnos en cualquier planta de El Corte Inglés.

Militares: la Pascua

     Vuelve a haber rumor en los cuarteles; hasta ahora es sólo rumor. Pero un teniente general no habla si no sabe que han hablado otros. Y la prensa dice que en la Junta de Jefes del Estado Mayor se ha hablado del Estatut, aunque esto no consta en acta (lo que es muchísimo peor). En el fondo, el penoso art. 8 de la Constitución, que sólo modifica un ‘insti’ por un ‘consti’ el artículo correspondiente de la Ley Orgánica del Estado franquista.

     Hay además otra cosa: circula una ominosa lista con nombres: nombres de personas de izquierda. Fabricada al parecer en Miami. Son los nombres de la gente que habría que detener en seguida en caso de golpe de estado.

     Es verdad que estamos lejos de eso a pesar de la retórica apocalíptica del PP. Pero mientras esté Bush en la presidencia americana estas cosas hacen muy, pero que muy, poca gracia.

     Conviene tener claro que en caso de emergencia hay que salir con toda decisión a defender las libertades políticas. Recuérdalo tú, recuérdalo a otros.

Los despidos de SEAT

     Seat ha acordado con la administración el despido de 660 trabajadores. La selección de los despedidos ha sido además una ignominia. CCOO y UGT han aceptado esa barbaridad. Las administraciones estatal y de la comunidad autónoma le han dado a la empresa muchos millones de dinero público. Y Seat le ha transferido al grupo Volkswagen bastante más que las ganancias acumuladas desde 1996. La multinacional pretende simplemente reducir costes laborales. Más en general, la patronal quiere abaratar y agilizar los despidos. Las concesiones de la Generalitat catalana al grupo VW, impropias de un gobierno nacional, preanuncian lo que puede venir si se lleva adelante el Proyecto de Reforma Laboral ahora en trámite.

Reforma laboral

     Pues los empresarios quieren abaratar aún más el despido y hacer “más flexible” el empleo, o sea, ahora trabajas y ahora no. Los lectores jóvenes no sabrán, seguramente, que los gobiernos socialistas son mucho mejores para estas cosas que los gobiernos de la derecha derecha: ésta no puede hacer ciertas cosas porque todo el mundo se les echaría encima. Un gobierno “socialista”, a efectos empresariales, Baden-Baden.

La Segunda República

     El 14 de abril la proclamación de la II República española cumplirá 75 años. Aquella gran institución de libertades debe recibir nuestro recuerdo y nuestro homenaje.

Nucleares otra vez

     La insostenibilidad de la civilización basada en el petróleo cuando el petróleo escasea se va volviendo manifiesta. Y ahora se ha generado un multilateral lobby pro-nuclear, que prepara el terreno para construir nuevas centrales. Lector: habrá que revisar los primeros números de nuestra revista mientras tanto para recordar los argumentos contrarios a este peligroso (biológica y socialmente) tipo de energía.

     Es insostenible el modelo de crecimiento. El crecimiento de las megalópolis en particular: es cada vez mayor el número de las personas que viven lejos de su lugar de trabajo, con medios de transporte públicos incómodos, insuficientes, lentos, trabajosos. Una movilidad insostenible. El tipo de organización territorial que le corresponde se debe frenar y sustituir. Luchar por eso es luchar por el socialismo hoy.

Prodigios de la tecnología

     La CIA, mediante su sistema de satélites, puede ver los espacios exteriores de toda la Tierra. Hasta leer la matrícula de un automóvil. Casi como Dios, vamos. Y puede bombardear mediante un avión no tripulado incluso una remota aldea del Pakistán. El resultado de estos prodigios tecnológicos ya lo conoceis.

Guantánamo

     Sigue estando ahí. Hay que cerrarlo y encerrar a los que lo inventaron y lo sostienen. También nosotros hemos de hacer una lista de nombres y de hechos: para llevarlos al Tribunal Penal Internacional.

     El país de la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal y la horca ha condenado a tres años de prisión a un suboficial por torturar hasta la muerte a un general del derrotado ejército iraquí. Y uno se pregunta si no le habrán condenado, quizá, por inutilizar un depósito de información.

     Para la lista antes dicha, el trato a los prisioneros de guerra.

 

La biblioteca de Babel

R. Pollin
Los contornos del declive

Akal, Barcelona, 2005.

     La combativa editorial Akal vuelve a permitir al lector en español ponerse al día de nuevos trabajos de economía en clave heterodoxa. Esta es al menos una buena noticia para quienes estamos hartos de encontrar estantes llenos de libros de management o de mera apología neoliberal. El libro de Pollin es una buena muestra de la producción reciente del pensamiento radical americano, aunque también de sus limitaciones.

     Lo que encontrará fundamentalmente el lector es un magnífico y bastante asequible análisis de lo que han representado las políticas de Clinton y Bush, tanto en el plano nacional de los EE.UU. como en las políticas desarrolladas en otros países siguiendo el “consenso de Washington”. Se muestran las diferencias, pero también las importantes continuidades en la lógica de unas políticas económicas diseñadas sustancialmente en beneficio de los ricos. Donde el estado ha jugado un papel muy importante (reduciendo por ejemplo el alcance de los desastres financieros), en un neto sentido procapitalista. Se trata por tanto de un texto que ayuda a entender las políticas actuales (incluida la de nuestro gobierno).

     Donde las cosas son más discutibles es en el plano propositivo, en el que se muestran las limitaciones de los economistas alternativos a la hora de generar nuevas propuestas. En primer lugar resulta pasmosa la forma como se pasa por alto la cuestión medio-ambiental, posiblemente la que suscita más problemas para los proyectos alternativos, y la insistencia en el crecimiento económico como objetivo y como elemento crítico. En segundo lugar el limitado paquete de propuestas que se incluyen en el “proyecto de esbozo igualitario” –básicamente se reducen a la regulación del sistema financiero y el aumento del salario mínimo–. Si bien ambas parecen acertadas, resultan a todas luces insuficientes para sostener un cambio social sustancial. Y aunque se propugnan medidas para el mundo en desarrollo se echan en falta reflexiones más articuladas en el plano internacional. Y es que la economía radical aún no ha superado en gran medida el paradigma de la producción y el estado nacional que establecieron alguno de los grandes pensadores liberales. [A.R.A.]

 

Vicenç Navarro (dir.)
La situación social en España: un estudio comparado

Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, 675 págs.

     La protección social, los mercados de trabajo, desempleo e inmigración, la educación, la salud, las políticas de ayuda a las familias, las desigualdades fiscales, de renta y la pobreza, estos son los grandes temas que aborda este estudio.

     Aporta datos y reflexiones que desmienten los nuevos dogmas neoliberales como la hipertrofia del estado español, y permiten comprender en qué situación nos hallamos: por ejemplo, que el gasto social español ha estado en el periodo 2004-2005 a la cola de la Europa de los 15.

     En esta labor de documentar y explicar se abordan los procesos de privatización de los servicios sanitarios, la dualización del sistema educativo (que perjudica claramente al sistema público), la polarización social, las desigualdades existentes, la pobreza, la escasez de vivienda social...

     En definitiva, un estudio comparado que radiografía mediante datos y palabras las graves deficiencias del modelo asistencial español. [Antonio Madrid]

 

 

PÁGINAS-AMIGAS
Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

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Revista mientras tanto

Contenido del número 96
Notas editoriales:
“El muro de Melilla y nosotros”; “El Katrina y la política”; “...y mañana, y pasado y el otro”.
Artículos de
JM Ripalda, “Habermas y Europa”; L. Vasapollo, “Pobreza típica y trabajo atípico”; Giaime Pala, “Sobre el camarada Ricardo”; J-R. Capella, “Cervantes fuera de palacio”; J. Sempere, “La democracia y los técnicos”; J.M. Benítez, “El concepto de cultura como eufemismo y sustitutivo ideológico de la raza”; J. Büchner, “Aportaciones a un debate: la apropiación privada de la innovación social”; R. Campderrich, “Occidente en la encrucijada”; J. Torrell, “Nadie hablará de nosotros”.
Reseñas
. Documento. Cita.

Avance del número 97
Notas editoriales: “Desconcierto y división de la izquierda en el debate estatutario”; “Dilemas de la izquierda ante el debate estatutario”; “Modesta contribución al debate sobre el Estatut”; “Autoritarismo de escaparate en Barcelona”; “La revuelta de la banlieu: ¿dónde está la izquierda?”.
Semimonográfico: «Materiales para la memoria»: Sergio Gálvez, "Las víctimas y la batalla por el derecho a la memoria: la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo"; Jordi Borja, “Memoria histórica y progreso democrático”; Xavier Doménech, "Espejo roto"; Ermengol Gassiot, “Arqueología forense de la guerra civil: justicia y memoria de la represión fascista”; y
Textos de
Francisco Espinosa y Jordi Font.
Artículos
de Josep Torrell, “Mi memoria del cine”; Octavi Pellissa, “¡Alemania, Alemania!”; y Giaime Pala, “Entre paternalismo e igualitarismo”.
Cita.

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