Preguntas a los
Reyes Magos
La televisión de Cataluña ha
informado de los despidos de SEAT en Martorell de un modo poco
frecuente, contando los dramas y frustraciones de las personas
afectadas, y no sólo los “problemas económicos y financieros” de “la
empresa” derivados de la feroz competencia que impera en una economía
globalizada. Aparte del escándalo de los despedidos de la CGT, con
medidas de represalia por motivos ideológicos que violan los derechos
amparados por la Constitución, se han podido escuchar en los telediarios
a mujeres y hombres contando sus historias individuales. Una persona
llevaba 17 años en la empresa. Otra quedaba “colgada” con una hipoteca
de la vivienda. Una tercera invocaba su avanzada edad. Y así
sucesivamente. Una vez más, historias de seres humanos rebajados a la
categoría de cosas, de factores productivos, de material desechable. Los
dueños del capital gozan de soberanía sobre las vidas de cientos y miles
de personas que han contribuido durante años a llevar adelante la
empresa y a generar beneficios para los accionistas, y que una vez
despedidos quedan privados de sus recursos de vida y hasta de
supervivencia.
Si el capital privado no puede
garantizar la subsistencia de los trabajadores, queridos Reyes Magos,
¿por qué no socializarlo? Hay varias fórmulas posibles, desde la
propiedad cooperativa hasta la estatalización, pasando por otras formas,
incluso mixtas, de propiedad o intervención de otras administraciones
públicas.
Si trabajar para el mercado
implica siempre riesgos debido a las fluctuaciones de la demanda, ¿por
qué no constituir conglomerados de empresas cooperativas que cubran el
suministro de distintos bienes y servicios, reduciendo así las
incertidumbres? De esta manera, si disminuye la demanda de automóviles,
se puede destinar parte del personal y de la inversión a otras líneas
cuya demanda esté en alza. La polivalencia sería un seguro contra las
incertidumbres del mercado. Además, si los trabajadores son los dueños,
estarán interesados en políticas de empresa que garanticen los lugares
de trabajo. (Se puede criticar a la corporación de cooperativas de
Mondragón por varios motivos, pero durante más de 20 años han sorteado
la crisis industrial vasca sin perder un solo puesto de trabajo de los
más de 60.000 socios cooperativistas.) En estos momentos, las industrias
ligadas al ahorro energético y a las energías renovables pueden ser
industrias con futuro, sobre todo si los gobiernos hacen políticas de
fomento de las mismas. ¿Por qué resignarse a la política de tierra
quemada del gran capital?
El gasto en vivienda en España, ya
sea el pago del alquiler o el de la hipoteca, consume la mitad de los
ingresos de los españoles. ¿Qué políticas podrían acabar con esta
situación? ¿Socializar el suelo? ¿Modificar el modelo tributario de los
municipios para evitar que los ayuntamientos caigan en la tentación de
favorecer ilimitadamente la obra nueva? ¿Aumentar la inversión pública?
¿Fomentar las cooperativas de viviendas, de promoción sindical u otra?
Sabemos que la enorme especulación con el suelo y la edificación y el
lavado de dinero negro ha contribuido al aumento desorbitado de los
precios. Se ha sugerido proclamar el derecho a la vivienda como un
derecho básico. No es mala idea: se trata de una necesidad básica que
todo el mundo debería poder satisfacer sin grandes sacrificios (hay
viviendas de sobras para todos en el país). Ahora que tanto se habla de
reformar la Constitución valdría la pena considerar la introducción en
ella de este nuevo derecho básico. Claro que ello no exime de buscar
soluciones materiales al problema. Ya sabemos que la proclamación
constitucional de un derecho no garantiza su ejercicio efectivo, como
muestra lamentablemente el “derecho al trabajo” proclamado por nuestra
actual Constitución. Sería, sin embargo, un refuerzo moral y político a
los esfuerzos que se hicieran para hacerlo efectivo.
¿Por qué, ciudadanos Gaspar,
Melchor y Baltasar, las cajas de ahorros no cumplen una función
realmente social, función para la cual fueron creadas hace un siglo?
¿Por qué han acabado convertidas en bancos convencionales? ¿Por qué no
son más que centros impulsores de negocios capitalistas y de
concentración de poder político-económico? Dado que no son empresas
privadas, sino semipúblicas, ni siquiera un gobierno decente tendría que
expropiarlas. Bastaría dotarlas de directivos adecuados y de políticas
sociales, devolviéndoles las finalidades para las que fueron creadas.
Con el potencial financiero que tienen las cajas, ¿no podrían promoverse
políticas de vivienda racionales, fomentarse el cooperativismo,
financiarse industrias ecológicamente sostenibles?
Como veis, queridos Reyes Magos,
ni siquiera pedimos regalos, sino respuestas a unas cuantas preguntas.
Cuando las tengamos, tal vez seremos capaces de movilizarnos para lograr
las soluciones. Saludos republicanos. [Joaquim Sempere]
La ley de
dependencia: socialdemocracia demediada
La aprobación de la ley de
dependencia el pasado 23 de diciembre es de entrada una buena noticia.
Significa el reconocimiento social de un importante problema social y de
la necesidad de ser abordado desde la perspectiva de los derechos de
ciudadanía. En su gestación han pesado tanto la mayor conciencia social
sobre la importancia de las situaciones de dependencia como la presión
de diversos movimientos sociales, especialmente el feminista, en demanda
de una nueva línea de intervención pública. Y hay que reconocer que el
Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido capaz de reconocer la importancia
del tema y plantearlo como un nuevo avance del estado de bienestar. El
debate no se plantea tanto sobre la necesidad como sobre el modelo
concreto de aplicación. Y ahí es donde surgen las dudas sobre el
mismo.
No se trata tanto de discutir el
plan de despliegue —siempre es discutible opinar sobre la velocidad del
mismo— sino de analizar los condicionantes del modelo. En primer lugar
está la cuestión financiera. Cualquier nuevo servicio público debe
contar con medios. Pero esta necesidad choca con el dogma dominante de
negativa a aumentar los impuestos, por lo que la capacidad de
financiación del nuevo servicio quedará limitada a las reducidas
posibilidades financieras del actual sistema fiscal o conducirá
directamente al copago, a que sean los usuarios los que financien
directamente parte del servicio. Esta limitación presupuestaria tiene
efectos directos sobre muchos de los aspectos clave que debe contemplar
un servicio de este tipo: equidad, accesibilidad, condiciones laborales
etc. Se podía haber hecho de otra forma: partir del reconocimiento de la
cobertura de la dependencia como una nueva necesidad social básica —en
parte relacionada con el envejecimiento de la población y con la
aparición de nuevos factores generadores de dependencia (accidentes de
tráfico, sida, etc.)— y plantear un debate público en el que quedara
claro que el reconocimiento del problema exige una mayor proporción de
provisiones colectivas, esto es, más impuestos para garantizar este
servicio básico en detrimento del consumo corriente. Pero éste es un
planteamiento que hoy parece vetado por la ortodoxia económica
imperante, la presión de los grandes organismos internacionales y los
obscenos recordatorios-amenazas de los grandes grupos empresariales,
según los cuales los impuestos van contra la competitividad. España,
tras esta reforma, seguirá estando en el pelotón de cola del gasto
social europeo.
El control del gasto que se deriva
de esta política se realiza por vías diversas. En primer lugar,
limitando el acceso a los servicios mediante un sistema de evaluación
tanto de las necesidades asistenciales de cada persona (si hay recortes
presupuestarios aumenta el rigor en el reconocimiento de las misas) como
de la determinación de los niveles de copago en función de la renta y el
patrimonio. No se trata sólo de la mayor capacidad de evasión de
información que tienen los no asalariados, sino también de a cuánto se
fija el nivel de ingresos que da derecho a acceder a un servicio
gratuito. No podemos olvidar al respecto que hace un año el gobierno
aprobó un nuevo índice para fijar las prestaciones sociales básicas (el
IPREM) y desvincularlas del salario mínimo que se quería mejorar.
Manipulando el nivel del IPREM, el gobierno tiene capacidad de limitar
el acceso a las prestaciones o su cuantía (en el caso de prestaciones
monetarias).
Existe otra forma de controlar el
coste del sistema. En la medida que se trata de actividades que
requieren una enorme carga de trabajo, limitando los salarios de los
empleados en estos servicios se consigue este objetivo. El hecho que no
se cree un nuevo servicio general de dependencia (al estilo del
Insalud), y se adopte explícitamente un modelo de cooperación entre
operadores públicos y privados, indica bien a las claras esta
orientación. Es de hecho lo que ya está ocurriendo allí donde operan
servicios de este tipo, en que lo habitual es la subcontratación del
servicio a empresas privadas que se caracterizan por ofrecer condiciones
salariales y laborales deplorables. Hay serios riesgos de que se
desarrolle un servicio de dependencia avaro en cuanto a cobertura de
necesidades y condiciones laborales del personal que lo debe llevar a
cabo.
Esta situación no sólo se explica
por las limitaciones presupuestarias. Obedece en parte a los intereses
de los operadores que se han ido consolidando en el sector en ausencia
de un sistema público integral. Entre ellos se encuentran tanto empresas
privadas (desde los grandes grupos contratistas, como Eulen, ACS, etc.
hasta pequeños operadores bien relacionados con los Ayuntamientos), como
una gran cantidad de fundaciones privadas (muchas de ellas relacionadas
con la Iglesia Católica) que encuentran aquí un espacio en el que
obtener capacidad de influencia social. Es este pacto continuo entre un
estado de bienestar a medio cocer y poderosos intereses privados lo que
caracteriza buena parte de nuestro sistema de servicios colectivos:
sanidad, educación. En tiempos neoliberales el modelo de atención a la
dependencia no podía ser una excepción.
Por encima de todo ello planea
otra cuestión crucial: la de la familia y el género. Si la atención a la
dependencia no se desarrolló anteriormente es sobre todo porque se
consideraba una carga familiar, de la que las mujeres se debían encargar
en la práctica. Si ahora se replantea es tanto por la lucha
reivindicativa de las propias mujeres, como porque se evidencian cambios
que hacen insostenible el modelo tradicional. Por un lado, aparecen
nuevas enfermedades (especialmente las relacionadas con el
envejecimiento, como es el caso del Alzheimer) cuyas características
desbordan completamente las posibilidades de atención individual. Por
otro lado, resulta incongruente propiciar un aumento del empleo femenino
manteniendo intactas las cargas familiares. Pero aunque todo esto
influye en el nuevo enfoque, el “familista” sigue pesando en muchos
elementos del modelo. El primero y más obvio es la posibilidad de
retribuir a personas que se dediquen a la asistencia a tiempo completo
—una especie de “salario del ama de casa”— que sin duda atrapará a
muchas mujeres mayores con graves problemas familiares y situación
precaria en el mercado laboral. (Y las atrapará en muchos aspectos: el
mayor es que convertirse en cuidadora a tiempo completo de determinados
enfermos no es una profesión, es algo que condiciona toda la vida
personal, como demuestra el habitual descuido de la propia salud por las
cuidadoras de otros). También la selectividad en la concesión de
prestaciones cuenta siempre con el complemento de la aportación
familiar, y ésta descansa casi siempre en las mujeres. Y las bajas
condiciones laborales del sector se legitiman por su “baja
productividad”, un criterio poco medible pero que se sustenta en la idea
de que se trata del mismo tipo de actividad que han hecho
tradicionalmente las amas de casa, cuyas labores se suponen poco
cualificadas. Es el viejo argumento circular por el cual la
productividad se supone a cada persona en función de su posición social,
y ya sabemos que las mujeres han padecido una larga y persistente
marginación. No parece que una ley tan preocupada por acotar el gasto y
tan poco promotora de un servicio universal de calidad vaya a romper el
círculo.
En definitiva, estamos ante un
intento de cuadrar el círculo de ampliar el estado de bienestar sin
aumentar el peso del sector público, de alterar las cargas laborales de
género manteniendo el papel fundamental de las mujeres como cuidadoras.
No se ha entrado en un debate a fondo que permita mostrar que la
dependencia es una situación que debe ser asumida colectivamente. Y que
para cubrirla adecuadamente es necesario articular mecanismos que eviten
la exclusión y garanticen condiciones laborales y servicios aceptables.
Es una política pacata. Quizás lo más optimista sea esperar que, como ha
ocurrido en otras ocasiones, los pequeñas reformas generen una nueva
avalancha de demandas sociales. [Albert
Recio]
El crimen de San
Gervasio como síntoma
El execrable crimen de una antigua
secretaria de dirección caída en desgracia por tres jóvenes de un buen
barrio de Barcelona, en una sucursal de La Caixa, tiene visos de
convertirse en un nuevo culebrón informativo (“La investigación de un
crimen”, titula La Vanguardia su cobertura del suceso). No es el primer
caso de este tipo que conocemos: el mismo juzgado que lo instruye ya
investigó la muerte de un ghanés quemado vivo en la Nochebuena de 2002.
Pero esta vez, la procedencia social de los delincuentes, la existencia
de imágenes grabadas y el propio salvajismo del delito han provocado una
atención periodística superior. En la conciencia colectiva flota una
tímida pregunta: “¿qué habremos hecho mal?”.
Hechos como éste provocan
inmediatamente rabia, estupor y aun sorpresa. Pero lo auténticamente
sorprendente es que sean tratados aisladamente en la crónica de sucesos
de los informativos, donde comentaristas de todo pelaje especulan sobre
el móvil para mantener viva la llama de la noticia durante algún tiempo.
Periodistas y “expertos” muestran una aparente incomprensión ante
comportamientos tan abominables, como si no supieran realmente cuál es
el problema. Y a fin de cuentas, la manta de una “culpa colectiva” acaba
por ocultar el problema real para dejarnos a todos con las manos
limpias.
Se ha hablado bastante de la
procedencia social de los muchachos pero no tanto de sus aficiones por
los videojuegos, las fiestas, o las motos, que no difieren mucho de las
del resto de jóvenes de las metrópolis consumistas. Los medios de
comunicación que ahora se sorprenden por este crimen forman parte del
negocio, en cuanto instrumentos de la industria de la evasión y de la
competición en la que se socializan los jóvenes y sus familias. Por eso
no pueden, en realidad, colocar la noticia más allá de la crónica de
sucesos (o de la discusión sobre medidas represivas como las que puede
traer el anteproyecto de reforma de la Ley Penal del Menor, otro síntoma
de la incapacidad social para dar respuesta al problema cultural de
fondo).
El asesinato del barrio de San
Gervasio pone en evidencia que la criminalidad es hoy un fenómeno
difuso, no exclusivo de sectores sociales deprimidos o de mafias. Forma
parte de la aculturación consumista que se ceba, sobre todo, en los
jóvenes desposeidos de raíces culturales no meramente superficiales.
Desde esta lógica se pueden leer otros fenómenos como la violencia y el
fracaso escolares, las palizas y vejaciones que sufren cotidianamente
los inmigrantes pobres, o explosiones de violencia como la de los
suburbios parisinos atestados de más jóvenes insatisfechos y
desarraigados. Y también otras noticias de estos días.
Por ejemplo, los organismos
oficiales encargados de la Salud informan que el número de abortos en
España aumentó un 73 % de 1994 a 2004 (entre los 20 y 29 años se han
duplicado los casos; y casi lo mismo entre los 15 y los 19) y que en
Cataluña se han recetado más de 79.000 píldoras postcoitales de octubre
de 2004 a octubre de 2005. Esto pone en evidencia que, año tras año, el
aborto —practicable sin dificultad en centros privados— y las píldoras
de emergencia son tomados como métodos anticonceptivos normales por
decenas de miles de jóvenes, y no como prácticas extremas de
consecuencias indeseables, sobre todo en mujeres
adolescentes.
Hace treinta años, Pasolini ya nos
advertía sobre la creciente infelicidad de los jóvenes —hoy padres—
socializados en el mundo contemporáneo. Sus Escritos corsarios
y Cartas luteranas se referían a una criminalidad difusa e
interclasista en la Italia embarcada en el grupo de los países más ricos
y polemizaba sobre la libertad sexual sin educación sexual, signos a su
juicio inequívocos de un cambio de época. Pedía a la prensa y a los
políticos, como hoy hay que hacerlo más que nunca, que no trataran estos
fenómenos como una suma de hechos aislados, que no rehuyeran la búsqueda
de una lógica común que nos convierte a todos en responsables de tanta
infelicidad.
Toda crítica será inútil si no nos
interrogamos por nuestra parte individual de responsabilidad. Si no nos
distanciamos radicalmente de este mundo que socializa a los jóvenes
mediante conductas exógenas homologadas por los audividuales,
conviertiéndolos en infelices, cuando no en criminales. Si no nos
preguntamos si merece la pena priorizar la atención sobre la identidad
nacional antes que sobre la fragmentación de las raíces comunitarias que
está por debajo de la honda insatisfacción juvenil: algo que no pueden
hacer prensa, radio y televisión, ni tampoco los políticos alejados de
la calle. [Antonio Giménez
Merino]
Breve Luna de
diciembre
Gran cambio en
Bolivia
La mejor noticia del mes de
diciembre es la elección de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.
Accede al cargo un campesino, un sindicalista, un dirigente socialista.
Y lo hace con un triunfo arrollador, con enorme apoyo social, como
resultado de un amplísimo movimiento de oposición a la venta de las
riquezas recientemente descubiertas en Bolivia en las condiciones que
quería para sí la industria petrolera y del gas.
El gas es la nueva gran riqueza
boliviana. Evo puede ser decisivo para que esta riqueza elimine la
miseria; para poner las bases de una sociedad menos injusta. En estas
elecciones no se ha elegido sólo a un presidente, sino que se ha
institucionalizado la representación de un amplio movimiento social de
los de abajo. Gracias al humilde pueblo boliviano.
El juego de matar a pobres
quemándolos
Eso es lo que han hecho en
Barcelona unos jóvenes descerebrados, de la llamada “gente bien” por
añadidura: apalear y finalmente quemar a una pordiosera que había
encontrado refugio para resguardarse del frío de la noche en el cubículo
de La Caixa, en un “cajero”.
No basta exigir que los autores de este
crimen sean severísima y ejemplarmente castigados. Hay que preguntarse
también por otras responsabilidades.
De sus familias, para empezar:
¿qué opinaban o comentaban sus padres, en casa, de los mendigos, de los
limpiacoches, de los pobres? ¿Qué habrán oído decir a sus padres esos
jóvenes?.
Es difícil que el ministerio
fiscal pueda hacer una investigación en este sentido, que vaya al fondo
de las cosas. Incluso, tratándose de jóvenes “con posibles”, es de temer
un juicio en el que se usen todas las garantías del derecho para negar o
atenuar la evidencia. La criminal evidencia. Pero ahí tiene que
intervenir la opinión pública. ¿Se puede permitir que haya vecinos que
no sepan inculcar a sus hijos no digo ya la compasión, sino el mero
respeto, al menos, por los desgraciados que no tienen donde
dormir?
Y otra importante
responsabilidad indirecta: la del Ayuntamiento de Barcelona, de mayoría
“progresista”. Entendámonos: el alcalde Clos, como ya se ha dicho en
estas páginas, es un cadáver político viviente. Y como ha empezado a
intuirlo, gesticula para tratar de seguir a flote. Ha promovido y
aireado con algunos de sus socios y con la ayuda de la conservadora CiU
una “ordenanza de civismo” en la que, dicho pura y llanamente, son
criminalizados los pobres y los mendigos; sus comportamientos se
consideran incívicos.
Si el Ayuntamiento considera
incívicos a los mendigos, ¿qué pueden pensar sobre ellos los jóvenes? El
consistorio barcelonés, confundiendo el culo con las témporas, aprovecha
las quejas vecinales contras los guiris que evacuan su cerveza en la vía
pública para dictar una ordenanza por la que quienes pagan el pato son
los pobres. Es un consistorio de burgueses.
El horroroso crimen de la
indigente quemada pone al descubierto demasiada mierda, esa es la pura
verdad.
Ratas
Me refiero, naturalmente, a los
políticos que hoy ocupan la Casa Blanca, a sus generales, a la gente de
la CIA y a los legisladores norteamericanos. Todos tienen
responsabilidades en la tortura de seres humanos, en los secuestros, las
guerras, en violaciones de la legalidad internacional, que han
dinamitado. Unos por acción y otros por autorizar una legislación de
excepción que es la vergüenza del derecho en todo el mundo. Ya sé que el
lector lo sabe, pero no hay que cansarse de repetirlo.
Toda esa gente convino en llamar
“guerra” al atentado terrorista de las Torres Gemelas. Y así inventó y
“normalizó” unas nuevas “leyes de guerra” que subordinan el derecho
interno norteamericano y el derecho internacional a la paranoia política
de sus gobernantes y altos funcionarios. La guerra estaba ya en el
programa de Bush cuando accedió a la presidencia. La guerra que prosigue
por el petróleo y por el gas. Pero ha pasado el tiempo; ahora sabemos
que la videovigilancia y el control de las comunicaciones configuran
desde hace meses un presente orwelliano en la primera potencia
mundial.
Año nuevo sin vida nueva: ésa es
la pura verdad. Salvo en Bolivia. [JRC]
La biblioteca de
Babel
Joaquín Herrera
Flores Los derechos humanos como productos culturales.
Crítica del humanismo abstracto Los libros de la Catarata,
Madrid, 2005, 296 págs. |
Escrito desde una concepción
antropológica amplia, negadora la superioridad de la cultura
occidental sobre el resto, la principal baza de este nuevo estudio
sobre los derechos humanos consiste en tratarlos como los
productos culturales, históricos, que son. Herrera se ocupa de
mostrar la ambivalencia de los mismos dentro del contexto cultural
moderno en el que se hallan insertos: como entidades funcionales a
las relaciones de dominación social, étnica, territorial y sexual
(aspecto ya tratado en su también reciente De habitaciones
propias y otros espacios negados, Universidad de Deusto,
2005); pero también como |
canales para
movilizaciones populares de signo antagónico. De esta manera, en
el libro se abre paso una concepción dinámica de los derechos
humanos que atiende al “principio de dignidad” de todo ser humano,
y no al habitual humanismo abstracto, para postular una
interpretación de los derechos universales que tenga en cuenta las
desigualdades reales en el grado de distribución de poder entre
las personas y en el correspondiente acceso a las necesidades
básicas, aspectos que impiden una vida “digna” a la mayoría.
[Antonio Giménez
Merino] |
John Berger Aquí nos
vemos Alfaguara, Madrid, 2005. |
Berger vuelve
en este libro a la narración. Historias breves, en apariencia
dispares, componen una trama que le resulta al lector
|
completamente
empática. Para estar con nosotros mismos, escuchar la voz de
nuestro amigo John Berger. Indispensable. [JRC] |
Alberto Méndez Los girasoles
ciegos Anagrama, Barcelona, 2004 (7ª edición, oct.
2005) |
Deberíamos
haber hablado aquí de este libro hace tiempo. Las siete ediciones
realizadas revelan sin embargo un interesado público lector. Una
novela magnífica, única. Elabora la memoria histórica de la
inmediata postguerra |
(de nuestra guerra
civil). A pesar de sus sólo 155 páginas, es la gran novela de los
vencidos, Narraciones aparentemente no conexas, pero que sí lo
están. Por desgracia el autor, uno de los nuestros, falleció el
año 2004. [JRC] |