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Preguntas a los reyes magos
La televisión de Cataluña ha informado de los despidos de SEAT...

La ley de dependencia: socialdemocracia demediada
La aprobación de la ley de dependencia el pasado 23 de diciembre...

El crimen de San Gervasio como síntoma
El execrable crimen de una antigua secretaria de dirección caída en desgracia por tres jóvenes de un buen barrio...

Breve Luna de diciembre
Crónica

La Biblioteca de Babel
· Joaquín Herrera Flores, Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto
· John Berger, Aquí nos vemos
· Alberto Méndez, Los girasoles ciegos

Páginas amigas
· Nómadas
· Rebelión
· La Insignia

Revista mientras tanto
Contenido del número 95


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Preguntas a los Reyes Magos

     La televisión de Cataluña ha informado de los despidos de SEAT en Martorell de un modo poco frecuente, contando los dramas y frustraciones de las personas afectadas, y no sólo los “problemas económicos y financieros” de “la empresa” derivados de la feroz competencia que impera en una economía globalizada. Aparte del escándalo de los despedidos de la CGT, con medidas de represalia por motivos ideológicos que violan los derechos amparados por la Constitución, se han podido escuchar en los telediarios a mujeres y hombres contando sus historias individuales. Una persona llevaba 17 años en la empresa. Otra quedaba “colgada” con una hipoteca de la vivienda. Una tercera invocaba su avanzada edad. Y así sucesivamente. Una vez más, historias de seres humanos rebajados a la categoría de cosas, de factores productivos, de material desechable. Los dueños del capital gozan de soberanía sobre las vidas de cientos y miles de personas que han contribuido durante años a llevar adelante la empresa y a generar beneficios para los accionistas, y que una vez despedidos quedan privados de sus recursos de vida y hasta de supervivencia.

     Si el capital privado no puede garantizar la subsistencia de los trabajadores, queridos Reyes Magos, ¿por qué no socializarlo? Hay varias fórmulas posibles, desde la propiedad cooperativa hasta la estatalización, pasando por otras formas, incluso mixtas, de propiedad o intervención de otras administraciones públicas.

     Si trabajar para el mercado implica siempre riesgos debido a las fluctuaciones de la demanda, ¿por qué no constituir conglomerados de empresas cooperativas que cubran el suministro de distintos bienes y servicios, reduciendo así las incertidumbres? De esta manera, si disminuye la demanda de automóviles, se puede destinar parte del personal y de la inversión a otras líneas cuya demanda esté en alza. La polivalencia sería un seguro contra las incertidumbres del mercado. Además, si los trabajadores son los dueños, estarán interesados en políticas de empresa que garanticen los lugares de trabajo. (Se puede criticar a la corporación de cooperativas de Mondragón por varios motivos, pero durante más de 20 años han sorteado la crisis industrial vasca sin perder un solo puesto de trabajo de los más de 60.000 socios cooperativistas.) En estos momentos, las industrias ligadas al ahorro energético y a las energías renovables pueden ser industrias con futuro, sobre todo si los gobiernos hacen políticas de fomento de las mismas. ¿Por qué resignarse a la política de tierra quemada del gran capital?

     El gasto en vivienda en España, ya sea el pago del alquiler o el de la hipoteca, consume la mitad de los ingresos de los españoles. ¿Qué políticas podrían acabar con esta situación? ¿Socializar el suelo? ¿Modificar el modelo tributario de los municipios para evitar que los ayuntamientos caigan en la tentación de favorecer ilimitadamente la obra nueva? ¿Aumentar la inversión pública? ¿Fomentar las cooperativas de viviendas, de promoción sindical u otra? Sabemos que la enorme especulación con el suelo y la edificación y el lavado de dinero negro ha contribuido al aumento desorbitado de los precios. Se ha sugerido proclamar el derecho a la vivienda como un derecho básico. No es mala idea: se trata de una necesidad básica que todo el mundo debería poder satisfacer sin grandes sacrificios (hay viviendas de sobras para todos en el país). Ahora que tanto se habla de reformar la Constitución valdría la pena considerar la introducción en ella de este nuevo derecho básico. Claro que ello no exime de buscar soluciones materiales al problema. Ya sabemos que la proclamación constitucional de un derecho no garantiza su ejercicio efectivo, como muestra lamentablemente el “derecho al trabajo” proclamado por nuestra actual Constitución. Sería, sin embargo, un refuerzo moral y político a los esfuerzos que se hicieran para hacerlo efectivo.

     ¿Por qué, ciudadanos Gaspar, Melchor y Baltasar, las cajas de ahorros no cumplen una función realmente social, función para la cual fueron creadas hace un siglo? ¿Por qué han acabado convertidas en bancos convencionales? ¿Por qué no son más que centros impulsores de negocios capitalistas y de concentración de poder político-económico? Dado que no son empresas privadas, sino semipúblicas, ni siquiera un gobierno decente tendría que expropiarlas. Bastaría dotarlas de directivos adecuados y de políticas sociales, devolviéndoles las finalidades para las que fueron creadas. Con el potencial financiero que tienen las cajas, ¿no podrían promoverse políticas de vivienda racionales, fomentarse el cooperativismo, financiarse industrias ecológicamente sostenibles?

     Como veis, queridos Reyes Magos, ni siquiera pedimos regalos, sino respuestas a unas cuantas preguntas. Cuando las tengamos, tal vez seremos capaces de movilizarnos para lograr las soluciones. Saludos republicanos. [Joaquim Sempere]

 

La ley de dependencia: socialdemocracia demediada

     La aprobación de la ley de dependencia el pasado 23 de diciembre es de entrada una buena noticia. Significa el reconocimiento social de un importante problema social y de la necesidad de ser abordado desde la perspectiva de los derechos de ciudadanía. En su gestación han pesado tanto la mayor conciencia social sobre la importancia de las situaciones de dependencia como la presión de diversos movimientos sociales, especialmente el feminista, en demanda de una nueva línea de intervención pública. Y hay que reconocer que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido capaz de reconocer la importancia del tema y plantearlo como un nuevo avance del estado de bienestar. El debate no se plantea tanto sobre la necesidad como sobre el modelo concreto de aplicación. Y ahí es donde surgen las dudas sobre el mismo.

     No se trata tanto de discutir el plan de despliegue —siempre es discutible opinar sobre la velocidad del mismo— sino de analizar los condicionantes del modelo. En primer lugar está la cuestión financiera. Cualquier nuevo servicio público debe contar con medios. Pero esta necesidad choca con el dogma dominante de negativa a aumentar los impuestos, por lo que la capacidad de financiación del nuevo servicio quedará limitada a las reducidas posibilidades financieras del actual sistema fiscal o conducirá directamente al copago, a que sean los usuarios los que financien directamente parte del servicio. Esta limitación presupuestaria tiene efectos directos sobre muchos de los aspectos clave que debe contemplar un servicio de este tipo: equidad, accesibilidad, condiciones laborales etc. Se podía haber hecho de otra forma: partir del reconocimiento de la cobertura de la dependencia como una nueva necesidad social básica —en parte relacionada con el envejecimiento de la población y con la aparición de nuevos factores generadores de dependencia (accidentes de tráfico, sida, etc.)— y plantear un debate público en el que quedara claro que el reconocimiento del problema exige una mayor proporción de provisiones colectivas, esto es, más impuestos para garantizar este servicio básico en detrimento del consumo corriente. Pero éste es un planteamiento que hoy parece vetado por la ortodoxia económica imperante, la presión de los grandes organismos internacionales y los obscenos recordatorios-amenazas de los grandes grupos empresariales, según los cuales los impuestos van contra la competitividad. España, tras esta reforma, seguirá estando en el pelotón de cola del gasto social europeo.

     El control del gasto que se deriva de esta política se realiza por vías diversas. En primer lugar, limitando el acceso a los servicios mediante un sistema de evaluación tanto de las necesidades asistenciales de cada persona (si hay recortes presupuestarios aumenta el rigor en el reconocimiento de las misas) como de la determinación de los niveles de copago en función de la renta y el patrimonio. No se trata sólo de la mayor capacidad de evasión de información que tienen los no asalariados, sino también de a cuánto se fija el nivel de ingresos que da derecho a acceder a un servicio gratuito. No podemos olvidar al respecto que hace un año el gobierno aprobó un nuevo índice para fijar las prestaciones sociales básicas (el IPREM) y desvincularlas del salario mínimo que se quería mejorar. Manipulando el nivel del IPREM, el gobierno tiene capacidad de limitar el acceso a las prestaciones o su cuantía (en el caso de prestaciones monetarias).

     Existe otra forma de controlar el coste del sistema. En la medida que se trata de actividades que requieren una enorme carga de trabajo, limitando los salarios de los empleados en estos servicios se consigue este objetivo. El hecho que no se cree un nuevo servicio general de dependencia (al estilo del Insalud), y se adopte explícitamente un modelo de cooperación entre operadores públicos y privados, indica bien a las claras esta orientación. Es de hecho lo que ya está ocurriendo allí donde operan servicios de este tipo, en que lo habitual es la subcontratación del servicio a empresas privadas que se caracterizan por ofrecer condiciones salariales y laborales deplorables. Hay serios riesgos de que se desarrolle un servicio de dependencia avaro en cuanto a cobertura de necesidades y condiciones laborales del personal que lo debe llevar a cabo.

     Esta situación no sólo se explica por las limitaciones presupuestarias. Obedece en parte a los intereses de los operadores que se han ido consolidando en el sector en ausencia de un sistema público integral. Entre ellos se encuentran tanto empresas privadas (desde los grandes grupos contratistas, como Eulen, ACS, etc. hasta pequeños operadores bien relacionados con los Ayuntamientos), como una gran cantidad de fundaciones privadas (muchas de ellas relacionadas con la Iglesia Católica) que encuentran aquí un espacio en el que obtener capacidad de influencia social. Es este pacto continuo entre un estado de bienestar a medio cocer y poderosos intereses privados lo que caracteriza buena parte de nuestro sistema de servicios colectivos: sanidad, educación. En tiempos neoliberales el modelo de atención a la dependencia no podía ser una excepción.

     Por encima de todo ello planea otra cuestión crucial: la de la familia y el género. Si la atención a la dependencia no se desarrolló anteriormente es sobre todo porque se consideraba una carga familiar, de la que las mujeres se debían encargar en la práctica. Si ahora se replantea es tanto por la lucha reivindicativa de las propias mujeres, como porque se evidencian cambios que hacen insostenible el modelo tradicional. Por un lado, aparecen nuevas enfermedades (especialmente las relacionadas con el envejecimiento, como es el caso del Alzheimer) cuyas características desbordan completamente las posibilidades de atención individual. Por otro lado, resulta incongruente propiciar un aumento del empleo femenino manteniendo intactas las cargas familiares. Pero aunque todo esto influye en el nuevo enfoque, el “familista” sigue pesando en muchos elementos del modelo. El primero y más obvio es la posibilidad de retribuir a personas que se dediquen a la asistencia a tiempo completo —una especie de “salario del ama de casa”— que sin duda atrapará a muchas mujeres mayores con graves problemas familiares y situación precaria en el mercado laboral. (Y las atrapará en muchos aspectos: el mayor es que convertirse en cuidadora a tiempo completo de determinados enfermos no es una profesión, es algo que condiciona toda la vida personal, como demuestra el habitual descuido de la propia salud por las cuidadoras de otros). También la selectividad en la concesión de prestaciones cuenta siempre con el complemento de la aportación familiar, y ésta descansa casi siempre en las mujeres. Y las bajas condiciones laborales del sector se legitiman por su “baja productividad”, un criterio poco medible pero que se sustenta en la idea de que se trata del mismo tipo de actividad que han hecho tradicionalmente las amas de casa, cuyas labores se suponen poco cualificadas. Es el viejo argumento circular por el cual la productividad se supone a cada persona en función de su posición social, y ya sabemos que las mujeres han padecido una larga y persistente marginación. No parece que una ley tan preocupada por acotar el gasto y tan poco promotora de un servicio universal de calidad vaya a romper el círculo.

     En definitiva, estamos ante un intento de cuadrar el círculo de ampliar el estado de bienestar sin aumentar el peso del sector público, de alterar las cargas laborales de género manteniendo el papel fundamental de las mujeres como cuidadoras. No se ha entrado en un debate a fondo que permita mostrar que la dependencia es una situación que debe ser asumida colectivamente. Y que para cubrirla adecuadamente es necesario articular mecanismos que eviten la exclusión y garanticen condiciones laborales y servicios aceptables. Es una política pacata. Quizás lo más optimista sea esperar que, como ha ocurrido en otras ocasiones, los pequeñas reformas generen una nueva avalancha de demandas sociales. [Albert Recio]

El crimen de San Gervasio como síntoma

     El execrable crimen de una antigua secretaria de dirección caída en desgracia por tres jóvenes de un buen barrio de Barcelona, en una sucursal de La Caixa, tiene visos de convertirse en un nuevo culebrón informativo (“La investigación de un crimen”, titula La Vanguardia su cobertura del suceso). No es el primer caso de este tipo que conocemos: el mismo juzgado que lo instruye ya investigó la muerte de un ghanés quemado vivo en la Nochebuena de 2002. Pero esta vez, la procedencia social de los delincuentes, la existencia de imágenes grabadas y el propio salvajismo del delito han provocado una atención periodística superior. En la conciencia colectiva flota una tímida pregunta: “¿qué habremos hecho mal?”.

     Hechos como éste provocan inmediatamente rabia, estupor y aun sorpresa. Pero lo auténticamente sorprendente es que sean tratados aisladamente en la crónica de sucesos de los informativos, donde comentaristas de todo pelaje especulan sobre el móvil para mantener viva la llama de la noticia durante algún tiempo. Periodistas y “expertos” muestran una aparente incomprensión ante comportamientos tan abominables, como si no supieran realmente cuál es el problema. Y a fin de cuentas, la manta de una “culpa colectiva” acaba por ocultar el problema real para dejarnos a todos con las manos limpias.

     Se ha hablado bastante de la procedencia social de los muchachos pero no tanto de sus aficiones por los videojuegos, las fiestas, o las motos, que no difieren mucho de las del resto de jóvenes de las metrópolis consumistas. Los medios de comunicación que ahora se sorprenden por este crimen forman parte del negocio, en cuanto instrumentos de la industria de la evasión y de la competición en la que se socializan los jóvenes y sus familias. Por eso no pueden, en realidad, colocar la noticia más allá de la crónica de sucesos (o de la discusión sobre medidas represivas como las que puede traer el anteproyecto de reforma de la Ley Penal del Menor, otro síntoma de la incapacidad social para dar respuesta al problema cultural de fondo).

     El asesinato del barrio de San Gervasio pone en evidencia que la criminalidad es hoy un fenómeno difuso, no exclusivo de sectores sociales deprimidos o de mafias. Forma parte de la aculturación consumista que se ceba, sobre todo, en los jóvenes desposeidos de raíces culturales no meramente superficiales. Desde esta lógica se pueden leer otros fenómenos como la violencia y el fracaso escolares, las palizas y vejaciones que sufren cotidianamente los inmigrantes pobres, o explosiones de violencia como la de los suburbios parisinos atestados de más jóvenes insatisfechos y desarraigados. Y también otras noticias de estos días.

     Por ejemplo, los organismos oficiales encargados de la Salud informan que el número de abortos en España aumentó un 73 % de 1994 a 2004 (entre los 20 y 29 años se han duplicado los casos; y casi lo mismo entre los 15 y los 19) y que en Cataluña se han recetado más de 79.000 píldoras postcoitales de octubre de 2004 a octubre de 2005. Esto pone en evidencia que, año tras año, el aborto —practicable sin dificultad en centros privados— y las píldoras de emergencia son tomados como métodos anticonceptivos normales por decenas de miles de jóvenes, y no como prácticas extremas de consecuencias indeseables, sobre todo en mujeres adolescentes.

     Hace treinta años, Pasolini ya nos advertía sobre la creciente infelicidad de los jóvenes —hoy padres— socializados en el mundo contemporáneo. Sus Escritos corsarios y Cartas luteranas se referían a una criminalidad difusa e interclasista en la Italia embarcada en el grupo de los países más ricos y polemizaba sobre la libertad sexual sin educación sexual, signos a su juicio inequívocos de un cambio de época. Pedía a la prensa y a los políticos, como hoy hay que hacerlo más que nunca, que no trataran estos fenómenos como una suma de hechos aislados, que no rehuyeran la búsqueda de una lógica común que nos convierte a todos en responsables de tanta infelicidad.

     Toda crítica será inútil si no nos interrogamos por nuestra parte individual de responsabilidad. Si no nos distanciamos radicalmente de este mundo que socializa a los jóvenes mediante conductas exógenas homologadas por los audividuales, conviertiéndolos en infelices, cuando no en criminales. Si no nos preguntamos si merece la pena priorizar la atención sobre la identidad nacional antes que sobre la fragmentación de las raíces comunitarias que está por debajo de la honda insatisfacción juvenil: algo que no pueden hacer prensa, radio y televisión, ni tampoco los políticos alejados de la calle. [Antonio Giménez Merino]

 

Breve Luna de diciembre

Gran cambio en Bolivia

     La mejor noticia del mes de diciembre es la elección de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Accede al cargo un campesino, un sindicalista, un dirigente socialista. Y lo hace con un triunfo arrollador, con enorme apoyo social, como resultado de un amplísimo movimiento de oposición a la venta de las riquezas recientemente descubiertas en Bolivia en las condiciones que quería para sí la industria petrolera y del gas.

     El gas es la nueva gran riqueza boliviana. Evo puede ser decisivo para que esta riqueza elimine la miseria; para poner las bases de una sociedad menos injusta. En estas elecciones no se ha elegido sólo a un presidente, sino que se ha institucionalizado la representación de un amplio movimiento social de los de abajo. Gracias al humilde pueblo boliviano.

El juego de matar a pobres quemándolos

     Eso es lo que han hecho en Barcelona unos jóvenes descerebrados, de la llamada “gente bien” por añadidura: apalear y finalmente quemar a una pordiosera que había encontrado refugio para resguardarse del frío de la noche en el cubículo de La Caixa, en un “cajero”.
No basta exigir que los autores de este crimen sean severísima y ejemplarmente castigados. Hay que preguntarse también por otras responsabilidades.

     De sus familias, para empezar: ¿qué opinaban o comentaban sus padres, en casa, de los mendigos, de los limpiacoches, de los pobres? ¿Qué habrán oído decir a sus padres esos jóvenes?.

     Es difícil que el ministerio fiscal pueda hacer una investigación en este sentido, que vaya al fondo de las cosas. Incluso, tratándose de jóvenes “con posibles”, es de temer un juicio en el que se usen todas las garantías del derecho para negar o atenuar la evidencia. La criminal evidencia. Pero ahí tiene que intervenir la opinión pública. ¿Se puede permitir que haya vecinos que no sepan inculcar a sus hijos no digo ya la compasión, sino el mero respeto, al menos, por los desgraciados que no tienen donde dormir?

     Y otra importante responsabilidad indirecta: la del Ayuntamiento de Barcelona, de mayoría “progresista”. Entendámonos: el alcalde Clos, como ya se ha dicho en estas páginas, es un cadáver político viviente. Y como ha empezado a intuirlo, gesticula para tratar de seguir a flote. Ha promovido y aireado con algunos de sus socios y con la ayuda de la conservadora CiU una “ordenanza de civismo” en la que, dicho pura y llanamente, son criminalizados los pobres y los mendigos; sus comportamientos se consideran incívicos.

     Si el Ayuntamiento considera incívicos a los mendigos, ¿qué pueden pensar sobre ellos los jóvenes? El consistorio barcelonés, confundiendo el culo con las témporas, aprovecha las quejas vecinales contras los guiris que evacuan su cerveza en la vía pública para dictar una ordenanza por la que quienes pagan el pato son los pobres. Es un consistorio de burgueses.

     El horroroso crimen de la indigente quemada pone al descubierto demasiada mierda, esa es la pura verdad.

Ratas

     Me refiero, naturalmente, a los políticos que hoy ocupan la Casa Blanca, a sus generales, a la gente de la CIA y a los legisladores norteamericanos. Todos tienen responsabilidades en la tortura de seres humanos, en los secuestros, las guerras, en violaciones de la legalidad internacional, que han dinamitado. Unos por acción y otros por autorizar una legislación de excepción que es la vergüenza del derecho en todo el mundo. Ya sé que el lector lo sabe, pero no hay que cansarse de repetirlo.

     Toda esa gente convino en llamar “guerra” al atentado terrorista de las Torres Gemelas. Y así inventó y “normalizó” unas nuevas “leyes de guerra” que subordinan el derecho interno norteamericano y el derecho internacional a la paranoia política de sus gobernantes y altos funcionarios. La guerra estaba ya en el programa de Bush cuando accedió a la presidencia. La guerra que prosigue por el petróleo y por el gas. Pero ha pasado el tiempo; ahora sabemos que la videovigilancia y el control de las comunicaciones configuran desde hace meses un presente orwelliano en la primera potencia mundial.

     Año nuevo sin vida nueva: ésa es la pura verdad. Salvo en Bolivia. [JRC]

La biblioteca de Babel

Joaquín Herrera Flores Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto
Los libros de la Catarata, Madrid, 2005, 296 págs.

     Escrito desde una concepción antropológica amplia, negadora la superioridad de la cultura occidental sobre el resto, la principal baza de este nuevo estudio sobre los derechos humanos consiste en tratarlos como los productos culturales, históricos, que son. Herrera se ocupa de mostrar la ambivalencia de los mismos dentro del contexto cultural moderno en el que se hallan insertos: como entidades funcionales a las relaciones de dominación social, étnica, territorial y sexual (aspecto ya tratado en su también reciente De habitaciones propias y otros espacios negados, Universidad de Deusto, 2005); pero también como

canales para movilizaciones populares de signo antagónico. De esta manera, en el libro se abre paso una concepción dinámica de los derechos humanos que atiende al “principio de dignidad” de todo ser humano, y no al habitual humanismo abstracto, para postular una interpretación de los derechos universales que tenga en cuenta las desigualdades reales en el grado de distribución de poder entre las personas y en el correspondiente acceso a las necesidades básicas, aspectos que impiden una vida “digna” a la mayoría. [Antonio Giménez Merino]

 

John Berger Aquí nos vemos
Alfaguara, Madrid, 2005.

     Berger vuelve en este libro a la narración. Historias breves, en apariencia dispares, componen una trama que le resulta al lector

completamente empática. Para estar con nosotros mismos, escuchar la voz de nuestro amigo John Berger. Indispensable. [JRC]


Alberto Méndez Los girasoles ciegos
Anagrama, Barcelona, 2004 (7ª edición, oct. 2005)

     Deberíamos haber hablado aquí de este libro hace tiempo. Las siete ediciones realizadas revelan sin embargo un interesado público lector. Una novela magnífica, única. Elabora la memoria histórica de la inmediata postguerra

(de nuestra guerra civil). A pesar de sus sólo 155 páginas, es la gran novela de los vencidos, Narraciones aparentemente no conexas, pero que sí lo están. Por desgracia el autor, uno de los nuestros, falleció el año 2004. [JRC]

 

PÁGINAS-AMIGAS
Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

www.ucm.es/info/nomadas

 

Revista mientras tanto

Contenido del número 96
Notas editoriales:
“El muro de Melilla y nosotros”; “El Katrina y la política”; “...y mañana, y pasado y el otro”.
Artículos de
JM Ripalda, “Habermas y Europa”; L. Vasapollo, “Pobreza típica y trabajo atípico”; Giaime Pala, “Sobre el camarada Ricardo”; J-R. Capella, “Cervantes fuera de palacio”; J. Sempere, “La democracia y los técnicos”; J.M. Benítez, “El concepto de cultura como eufemismo y sustitutivo ideológico de la raza”; J. Büchner, “Aportaciones a un debate: la apropiación privada de la innovación social”; R. Campderrich, “Occidente en la encrucijada”; J. Torrell, “Nadie hablará de nosotros”.
Reseñas
. Documento. Cita.

Avance del número 97
Notas editoriales: “Desconcierto y división de la izquierda en el debate estatutario”; “Dilemas de la izquierda ante el debate estatutario”; “Modesta contribución al debate sobre el Estatut”; “Autoritarismo de escaparate en Barcelona”; “La revuelta de la banlieu:¿ dónde está la izquierda?”.
Semimonográfico: «Materiales para la memoria»: Sergio Gálvez, "Las víctimas y la batalla por el derecho a la memoria: la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo"; Jordi Borja, “Memoria histórica y progreso democrático”; Xavier Doménech, "Espejo roto"; Ermengol Gassiot, “Arqueología forense de la guerra civil: justicia y memoria de la represión fascista”; y
Textos de
Francisco Espinosa y Jordi Font.
Artículos
de Josep Torrell, “Mi memoria del cine”; Octavi Pellissa, “¡Alemania, Alemania!”; y Giaime Pala, “Entre paternalismo e igualitarismo”.
Cita.

 

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